El Consejo de Participación de las Personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) es un órgano colegiado que reúne en su seno a las administraciones públicas (ministerios, CCAA y Locales) y las principales organizaciones sociales del sector, tal y como marca en la Orden IGD/577/2020, de 24 de junio.

La creación de dicho Consejo tuvo la finalidad de institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con la igualdad de trato, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género; y de reforzar la participación en todos los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI y sus familias.

Entre sus funciones tiene la de exponer criterios y observaciones relativas a los proyectos, planes y programas de la Administración General del Estado, así como sobre los planes y programas de ámbito estatal relacionados con la promoción de la igualdad de trato, no discriminación y participación social de las personas LGTBI.

Como órgano de participación social en la presente declaración desearíamos transmitir a los responsables de los medios de comunicación social del Estado español

• Nuestra preocupación por la proliferación y normalización de los discursos de señalamiento y cuestionamiento de la diversidad sexual y de los derechos de las personas LGTBI. Entendemos que en una sociedad democrática es admisible la crítica, pero esta no debería traspasar los límites del respeto a la convivencia entre los ciudadanos ni promover interpretaciones contrarias al respeto de los Derechos constitucionales que amparan a todos los ciudadanos.

• Nuestra preocupación por la proliferación de noticias falsas, afirmaciones desprovistas de conocimiento y reafirmaciones públicas de prejuicios. Sean estas formuladas de manera directa o de manera indirecta, como ocurre con el caso de asociaciones de imágenes a discursos con efectos peyorativos hacia el colectivo LGTBI.
• Nuestra preocupación por la proliferación de acosos y ataques denigratorios en redes y medios de comunicación, muchas veces utilizando mecanismos robotizados que amplifican sus campañas, con anonimato y sin identificación de autoría, y por la repercusión que todas estas conductas está teniendo en los índices de criminalidad por delitos de odio homofóbico y transfóbico, que en los dos años pasados han aumentado de manera preocupante, siendo las peores de todo el histórico desde que existen registros.
  
  Por todo ello, apelamos a los responsables de los medios de comunicación y debate social presentes en España a que realicen una dirección responsable de sus líneas editoriales y a que moderen los discursos que posean una potencialidad de promoción de la discriminación y señalamiento del colectivo LGTBI. Y a que moderen la participación de grupos políticos de odio o contrarios a los valores constitucionales mediante instrumentos como la utilización de robots y campañas que pretenden falsear el statu quo de la opinión pública.