1- Decía MVM que lo peor de tener manía persecutoria es cuando te persiguen.

2- El Sindicat de Llogaters/Sindicato de Inquilinos es, junto a la PAH y a la aceituna rellena, uno de los diseños peninsulares más exitosos, sorprendentes y nutritivos. Se trata de un sindicato nuevo, orientado al consumo y a la vida cotidiana. Por lo mismo, es un objeto beligerante. Y, por lo mismo, uno de esos objetos que permiten aún hablar de sociedad civil donde tiende a no haberla. No son Estado, no aspiran a serlo ni a posicionarse en la dirección sugerida. Sino, visto lo visto, en la dirección contraria. En el interés de un colectivo baqueteado. Los inquilinos.

3- El Sindicat son unas 7.000 personas, en BCN, en 15 municipios Cat, y en MAD. Es un sindicato muy activo que, por la vía de la presión, el diálogo y la protesta no violenta, ha conseguido lujos inauditos. Como la ampliación de contratos de 3 a 5 y 7 años, que las empresas propietarias tengan que pagar los honorarios de los intermediarios en un alquiler, agilizar el retorno de fianzas, así como medias concretas para el municipio de BCN. En otro orden de cosas, el Sindicat, zas, es el responsable de la única ley de regulación de alquileres en funcionamiento en el Estado. 

El Sindicat, una entidad con un lenguaje sereno, en las antípodas del mito, la identidad, la autoconfirmación y los palabros, ha sabido centrarse en lo material

4- Se trata de la Llei 11/2020 de Regulació de Preus de Lloguers. Importante por tres motivos. A saber: 1) es una ley de regulación de alquileres, como su nombre indica; 2) tiene juego de piernas, busca su capacidad de regulación a partir del Dret Civil Cat; es, en ese sentido, un golpe de genio, un buscar y encontrar un asidero legal, resultón, efectivo, donde nadie se lo esperaba a priori. Y, claro, luego está la cosa 3) que les explico en el punto 5.

5- Aprobada en 2020, en un Parlament tóxico, en el que nadie se hablaba ni para pedirse la sal, y en el que era imposible cualquier acuerdo, su itinerario y su éxito final explican una metodología para el pacto y el entendimiento político en estos días de XXXXXX. La centralidad. El Sindicat, una entidad con un lenguaje sereno, en las antípodas del mito, la identidad, la autoconfirmación y los palabros, ha sabido centrarse en lo material. Y ha tenido la habilidad de explicar a la sociedad la regulación del alquiler como un elemento común en otros marcos europeos, que no afecta al pequeño propietario, y que sí beneficia al conjunto de la sociedad. El grueso del Parlament –JxC, PSC, PP, C’s– estaban en contra de esa ley que, por otra parte, inspiraba desconfianza a partidos de izquierda, al no haber participado en ella. Su centralidad hizo, no obstante, que Torra impusiera, de manera forzada y en el último momento, el voto positivo de un JxC que no quería esa ley ni hartos de garnacha. Torra apostó por esa ley a partir, supongo, de esa idea de horizontalidad de la que siempre hablaba, que tenía que confirmar de alguna manera. O/y posiblemente por razones no altruistas y pensando en una rápida, y típica y probable, suspensión de la ley, una vez aprobada. El caso es que la ley fue aprobada. Existe. Se aplica. Es la única ley I+D de la pasada legislaturaZzzzzz cat. Y modula, esta mañana a primera hora, el precio de los alquileres en Cat. Y todo gracias a un sindicato, y no a un partido. Lo sucedido es un indicio de cómo hacer política en biotopos podridos, como lo son Cat o Esp. Con elementos alejados de la política, centrados en la centralidad. Todo ello recuerda la importancia de la palabra centralidad, tan 15M.

6- La ley fue recurrida al TC por el PP en 3, 2, 1. El Gobierno la ha recurrido al TC recientemente, aduciendo que se atribuye competencias que no son cat. Lo que no está mal. Es decir, que podría haber argumentado otra cosa. De peli de miedo. Argumentar eso le obliga, implícitamente, a emitir una ley para todo el Estado. Lo poco apuntado sobre esa futura ley es, a su vez, poco sexi. Pero, en todo caso, y esto es importante, a) el Gobierno no ha congelado la ley cat al llevarla al TC, y por primera vez, b), ha dejado de hablar de “incentivos fiscales”, ese chiste, al aludir a las  medidas a implementar frente al precio dadá de los alquileres. La cosa a) y la cosa b) responden, cabe suponer, a la centralidad de la Llei –esa labor del Sindicat–. Su centralidad, su existencia en un territorio ha variado las coreografías al respecto de los alquileres en Moncloa. Recordemos, hermanos, que PSOE firmó con UP el compromiso de regular los alquileres. Y que, posteriormente, se desdijo. La Llei ha posibilitado que se desdiga de lo desdicho. Algo que, si bien vete a saber lo que significa, espero que no signifique lo que apunta el punto 11.

7- En otro orden de cosas, el Sindicat, y en lo que es una de sus funciones, se interesó por un caso concreto de abuso y acoso inmobiliario, en 2018. Se trataba de Alpha y Fran, una pareja de afiliados al Sindicat que vivían, desde 2010, en un piso sito en un bloque, propiedad de un gran tenedor, que posee más de 100 inmuebles en BCN, ciudad en la que, por cierto, el primer especulador inmobiliario está documentado en el siglo XIV. Un tipo listo, cuyo único error fue haberse llamado Guillem, tan habitual en colgados y tan exótico en especuladores. Bien. El bloque de Alpha y Fran era rico en biodiversidad. En el patio de luces, las ratas habían hecho un think-thank. En todo el bloque, el agua –un canto a la vida unicelular y las tuberías de plomo– no era potable. Varias ventanas del piso de Alpha y Fran no se podían abrir, en tanto las bajantes de agua sucia eran de por sí extrovertidas, y lo pringaban todo y a todos. Para poner la vida más difícil, en 2018 para pareja fue desahuciada. Alpha y Fran optaron por la opción #EnsQuedem /nos quedamos, una campaña en la que participaron 2.000 inquilinos acosados por desahucios, consistente en no dejar de pagar, e intentar presionar para una negociación. El Sindicat, a su vez, puso dos denuncias a los propietarios. Una exigiendo un alquiler social como alternativa al desahucio. Algo que garantiza la ley 17/2019. Y otra por acoso inmobiliario. La primera se tradujo en que la empresa ofreció seguir en el piso a la pareja por 5 años, a razón de 255 euros mensuales. La segunda se tradujo en una multa, sin precedentes, por 90.000 euros.

8- Uno de los movimientos de todos estos ejercicios de presión –los sindicatos, también el de Llogaters, presionan; presionar no es romper las piernas, es ejercer el derecho a la manifestación, por ejemplo– fue una manifestación en la sede de la empresa inmobiliaria –su nombre artístico: Instituto de Belleza Francis–. Esas manifestaciones son comunes en el Sindicat. Exigen negociar y, por lo común, la manifestación finaliza con el compromiso de una reunión, o con una reunión instantánea. Eso fue lo que pasó ese día, en el que el Sindicat se reunió con un abogado de la empresa. No estuve en ese acto, pero he estado en otros. Son actos festivos, pacíficos y no crispados –la crispación no hace centralidad, la aniquila–. No consisten en rodear un rancho y hacer lo que hizo el FBI en Waco. Por eso, sorprende que los inquilinos Alpha y Fran, y Jaime Palomera, uno de los portavoces del Sindicat más conocidos, hayan sido denunciados, por parte del Instituto de Belleza Francis –ahora que lo releo, esto parece un chiste– por coacciones y amenazas.  El egregio Instituto de Belleza pedía algo menos de dos años por bigote. La Fiscalía, ese objeto imprevisible –la justicia no previsible, tiende a dejar de serlo– pide tres años, aun con informes policiales que desmienten que aquello fuera la toma del Palacio de Invierno. La jueza, a su vez, ha optado por el imprevisible rechazo de las testificales de políticos y periodistas que estuvieron en la manifestación. El juicio es hoy lunes, 28 de junio

La jueza ha optado por el imprevisible rechazo de las testificales de políticos y periodistas que estuvieron en la manifestación

9-  International Union of Tenants, la asociación de sindicatos de inquilinos con más de 20 millones de asociados europeos, ha remitido una carta a los presis Aragonès y Sánchez, interesándose por el hecho y por la amenaza que supone al derecho de manifestación. The Shift, The Global Movement to secure the Human Right to Housing, a través de su directora, Leilani Farha, antigua Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, ha hecho lo mismo. Ambas cartas explican el carácter exótico de todas estas coreografías judiciales. 

10- El caso es, de hecho, una nueva amenaza al derecho de manifestación y –hablamos de un sindicato– al derecho de asociación. Una más. Es, además, otro momento de imprevisión de la Justicia, ese objeto cada vez más presente en la vida cotidiana y, por lo mismo, cada vez más frecuente en el TEDH. Pero, en ausencia de políticas gubernamentales ante la locura de los alquileres es incluso otra cosa. O, al menos, puede serlo.

11- Esta rareza, esta aberración, esta descripción de delitos, esta desorbitada petición de condenas ante un grupo que gestiona una centralidad –el abuso, el carácter irreal de los alquileres en muchas zonas del Estado–, y que aboga por la centralidad de un derecho humano –la vivienda–, puede ser, a falta de otra cosa, a falta de una ley de alquileres, la única política de la vivienda efectiva en el Estado.