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Democracia oligárquica

Colombia: pueblo vs. terrorismo de Estado

El Paro Nacional demuestra que el viejo orden conserva su frágil, su desquiciado control del Estado y las instituciones, pero en el imaginario colectivo ya está completamente derrotado

Iván Olano Duque Bogotá , 17/05/2021

<p>Protestas en Cali contra la reforma tributaria el pasado 1 de mayo.</p>

Protestas en Cali contra la reforma tributaria el pasado 1 de mayo.

Remux

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El miércoles 28 de abril –primer día de Paro Nacional en Colombia–, el presidente Duque presentó una nueva emisión del programa de televisión que inició en marzo del año pasado, de lunes a viernes a las seis de la tarde, con la excusa de la pandemia, pero con el propósito de revertir su creciente impopularidad. Estaba confiado, con su banderita de juguete y su frasco de gel antibacterial. Poca gente lo ve, pero después de 300 programas ininterrumpidos ha adquirido confianza trumpista ante las cámaras, y entonces dijo que la reforma tributaria –que desencadenó el Paro– seguiría su trámite en el Congreso, pasara lo que pasara. Confiaba en que la amenaza de la pandemia regresaría a la gente a sus casas, que el oligopolio mediático lograría vender, a fuerza de consultar a “expertos”, que era imprescindible aumentar el IVA a los alimentos, los servicios públicos y los combustibles, y que la represión de la Policía en las calles haría el resto del trabajo. 

Esa misma noche las redes estaban llenas de videos de abusos de la fuerza pública; ocho manifestantes asesinados sólo en la primera jornada. En lugar de amedrentar, esto hizo que el 29 de abril la multitud en las calles fuera incluso más numerosa. El 30 de abril, los trabajadores bloquearon el acceso al puerto de Buenaventura (el más importante del país) y más sectores se sumaron a la huelga. Esa tarde, el expresidente Álvaro Uribe publicó un tuit en el que defendía “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas” contra el “terrorismo vandálico” (es decir, manifestantes, en el argot uribista). El tuit fue borrado por la plataforma ante las denuncias masivas, pero ya la orden se había difundido: en las horas siguientes, la Policía repitió un operativo de terror que ya había utilizado en el anterior Paro contra el gobierno Duque, en noviembre de 2019, y en las protestas contra la brutalidad policial de septiembre de 2020. Hordas de policías en todo el país persiguiendo a manifestantes y entrando a los barrios a disparar indiscriminadamente con munición letal. El resultado: un número indeterminado de heridos de bala y al menos nueve ciudadanos asesinados.

De modo que el sábado primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, fue uno de los días con las manifestaciones más grandes en la historia de Colombia. Desde Cali hasta San José del Guaviare, en la región Amazónica; desde los márgenes petroleros de Barrancabermeja hasta los pueblos de la costa Caribe –donde los terratenientes siguen decretando quién vive y quién muere– el pueblo salió a marchar con la conciencia sacudida por los videos de madres llorando a sus hijos asesinados por la Policía. Crecía y se multiplicaba la determinación popular contra la Reforma, contra la violencia oficial, contra la barbarie neoliberal, contra el gobierno uribista, contra el régimen bicentenario de exclusión y desigualdad extrema.

Fue tan grande y contundente y liberadora la movilización social, que al día siguiente, cuando el presidente Duque anunció que retiraría del Congreso su reforma tributaria, el consenso entre los sectores populares fue que ese no sería el punto final. Había muchos muertos, heridos y desaparecidos. El cinismo de la élite política en sus declaraciones a los medios, como si nada hubiera pasado, generaban incluso más indignación. Además, la pedagogía popular de esos días contra la batería de reformas neoliberales que preparaba el gobierno surtió efecto, y hasta sectores conservadores sintieron que debían movilizarse ante un régimen que se perpetúa en la violencia. 

Así que esos cinco días fueron sólo un preludio. Duque anunció que aumentaría la “asistencia militar” en las ciudades, escalando así el tratamiento de guerra a la protesta social; el general Zapateiro, comandante del Ejército, asumió un rol incluso más activo y peligroso, arengando a la Policía –que no pertenece a su cadena de mando– y declarando ultimátums; y el expresidente Uribe, desde su latifundio, redobló su delirante campaña ultraderechista en la que hasta las sombras son agentes terroristas y demandaba a la fuerza pública “gestos de autoridad firme”.

Socio comercial, puntal ideológico y avanzada militar

El resultado ha sido una masacre cotidiana ejecutada por policías y paramilitares en las ciudades. Cuando escribo esto, la ONG Temblores ha determinado que en el marco del Paro Nacional en Colombia 39 personas han sido asesinadas por la Policía, y al menos 7 casos más están siendo corroborados. Además, han registrado 362 víctimas de violencia física, 1.055 detenciones arbitrarias, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos con arma de fuego y 16 mujeres víctimas de violencia sexual, todo por parte de la fuerza pública. Y los casos aumentan cada día.

Como si esto no fuera suficientemente alarmante, hay más de 500 desaparecidos después de haber sido detenidos por la Policía en medio de las protestas (3 de estos ya fueron encontrados muertos). Boaventura de Sousa Santos ha escrito que “esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial”. Y aun así, la gente continúa en las calles, resistiendo. Entonces vuelve la pregunta: ¿por qué esta masacre no abre los informativos de los grandes medios internacionales ni es portada de todos los periódicos? ¿Por qué no hay declaraciones contundentes e informes de la OEA? ¿Por qué esas jefaturas diplomáticas que suelen ser tan activas con Rusia o Venezuela no tienen siquiera un comentario frente a lo que sucede en Colombia? Si después de varios días empezaron a salir algunas notas en grandes medios internacionales no fue tanto por la gravedad de los acontecimientos, sino porque fueron tantos los videos de brutalidad policial circulando en redes –y replicados por famosos– que ya fue inevitable referirse a ellos. Y de todos modos, en la mayoría de los casos la información se da en términos complacientes, como vanos desordenes consecuencia de la pandemia y accidentes sin responsables concretos. 

El cinismo de la élite política en sus declaraciones a los medios, como si nada hubiera pasado, generaban incluso más indignación

No sobra apuntarlo: las noticias internacionales de todo el mundo –términos, duración, énfasis, omisiones– son siempre una lección práctica de geopolítica. Un tiroteo en París convoca corresponsales de todo el mundo durante varias semanas, mientras que un atentado explosivo con casi seiscientos muertos en Somalia merece, en el mejor de los casos, un comentario rápido. Así mismo, las masacres en Colombia (socio comercial, puntal ideológico y avanzada militar de Estados Unidos en Latinoamérica), la represión en Ecuador o Brasil, o los golpes de Estado de supremacistas neoliberales en Bolivia o Brasil siempre serán menos importantes –ocuparán menos tiempo y tendrán un barniz de frivolidad y justificación– que el estornudo de un adversario de Estados Unidos o la Unión Europea. 

Hasta que llegó el colapso

De modo que para hablar de las raíces del Paro, la irrupción popular en Colombia y la reacción violenta del uribismo hay que empezar por refutar algunas interpretaciones comunes en la prensa. La reforma tributaria fue la chispa, sí, pero cuando tratan de identificar el combustible, dicen: “esto es consecuencia de la crisis provocada por la pandemia”.

Esa es la narrativa que más le conviene al establishment colombiano, pero es falsa. Ya desde el Proceso de Paz con las FARC (2012-2016) hubo una reactivación significativa del movimiento social –particularmente criminalizado en los años anteriores– y se habló constantemente del posconflicto: un nuevo periodo en el que disminuiría el gasto militar y al fin se haría frente a pilares de la violencia histórica como la extrema desigualdad en la propiedad de la tierra. En 2018, el candidato de izquierda Gustavo Petro empezó a llenar las plazas de todo el país con la idea de que la paz, más que el silencio de los fusiles, es –como decía Jorge Eliécer Gaitán– la justicia social. Y habló de exclusión histórica, de la necesidad de dejar atrás la economía rentista y extractivista, de derechos fundamentales que debían salir del papel y volverse efectivos en las instituciones y el sentido común. Su triunfo en las elecciones parecía inminente, pero la vieja oligarquía colombiana tiró del freno de mano y lo apostó todo al candidato de Uribe que había prometido hacer trizas el Acuerdo de Paz; es decir, preferían volver al escenario autoritario y filofascista de 2002, cuando el proyecto paramilitar fue más fuerte y Uribe llegó a la presidencia, en lugar de aceptar un gobierno que asumiera la deuda social. De modo que con el 56% de los votos frente a un 44% Duque ganó las elecciones en 2018, pero una parte significativa de la población –sobre todo los más jóvenes– ya había acogido el nuevo relato de soberanía popular, justicia social y derechos fundamentales.

¿Por qué esas jefaturas diplomáticas que suelen ser tan activas con Rusia o Venezuela no tienen siquiera un comentario frente a lo que sucede en Colombia? 

Es así como Duque, desde el inicio mismo de su mandato, no ha dejado de enfrentar una movilización creciente en las calles. En términos de Gaitán, el país político –militarista y al servicio de la industria financiera– no se corresponde con el país nacional. El anterior Paro Nacional, en noviembre de 2019, ya recordaba las inmensas movilizaciones del Paro Cívico Nacional de 1977. Y es por esto que me parece tan importante aclarar que la pandemia del coronavirus no es la causa del Paro que inició el pasado 28 de abril. Desde luego la pandemia no puede sacarse de la ecuación, pero creo que es más acertado cambiar su signo, su rol: cuando mucho, la pandemia se atravesó, funcionó como una represa ante la movilización, y el malestar social y las injusticias se siguieron acumulando en su espalda hasta que llegó el colapso. 

Maldita hambre

Incluso las cifras de organismos oficiales indican que la pobreza ya estaba disparada antes de la pandemia. Después de varios años de descenso sostenido, en 2018 un 34,7% de la población estaba en condición de pobreza monetaria, de los cuales 8,2% en pobreza extrema. Entonces empezó un rápido aumento de la pobreza en 2019 y principios de 2020. La pandemia aceleró la tendencia, no la creó.

En 2020 la pobreza monetaria llegó a 42,5% y la pobreza extrema a 15,1%. En otras palabras, 3,9 millones de colombianos pasaron a ser pobres, para un total de 21,2 millones, y la pobreza extrema prácticamente se duplicó: aumentó en 3,5 millones de personas, para un total de 7,55 millones. Y todo indica que la situación en 2021 es incluso peor. 

Acá no estamos hablando de un simple descenso en el confort, sino de hambre, de maldita hambre, de desnutrición, de niños que no han desayunado a las cinco de la tarde. Según el mismo centro oficial de estadística de las cifras anteriores, en el marco de la pobreza extrema (repito: al menos siete millones y medio de personas) ya no estamos hablando de gente que se queda sin una de las tres comidas diarias, sino de gente que incluso puede acceder en promedio a una comida al día. O menos. 

El neoliberalismo y su agresividad innata

Gran parte de la población colombiana ni siquiera lucha para llegar a fin de mes, como la clase trabajadora en medio mundo, sino para llegar apenas al día siguiente. Y ante una subida general de impuestos al consumo de productos básicos, ¿cómo no se iba a romper la represa que contenía la movilización popular? Este es el resultado de políticas neoliberales y su agresividad innata: cuanto mayor sea la crisis y el desorden social, con más fuerza avanza el neoliberalismo en su propósito de poner el Estado y sus instituciones al servicio del gran capital. Es así como el gobierno Duque aprobó en el Congreso a finales de diciembre de 2019, cerca de la medianoche, una reforma tributaria regresiva con nuevas exenciones tributarias a los más ricos y que, al crear un enorme hueco fiscal, apuntaba a nuevas privatizaciones de empresas públicas (“disposición de activos”, decían). Y luego, con el pretexto de la pandemia, endeudó incluso más al Estado, pero no hubo renta básica ni ayudas directas a las pequeñas empresas, sino inyección de liquidez a los bancos y el anuncio de que habría acceso a créditos privados; es decir, los recursos no se dirigieron a proteger a los más vulnerables sino a mantener las utilidades de la industria financiera.

Mientras aumentaba la crisis social y el hambre –mientras los grandes bancos repartían dividendos– la masacre en el campo continuaba. Desde el inicio del gobierno Duque han sido asesinados 768 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y el genocidio de firmantes del Acuerdo de Paz ha añadido un nuevo capítulo a la vieja tradición de la oligarquía colombiana de traicionar a los rebeldes tras entregar las armas: 273 hombres y mujeres de las FARC han sido asesinados desde que se firmó la paz. 

Duque ganó las elecciones en 2018, pero una parte significativa de la población ya había acogido el nuevo relato de soberanía popular, justicia social y derechos fundamentales

Entonces se vuelve importante apuntar que el neoliberalismo en el contexto latinoamericano no es sólo un aparato ideológico sobre el rol del Estado y su relación con el mercado, sino que está imbricado, desde el golpe a Allende en Chile, con una praxis autoritaria y extremadamente violenta. Esto explica el crecimiento proporcional de la desigualdad, el poder de los grandes banqueros, el gasto militar y la represión oficial. Y explica que mientras más gente muere por falta de acceso a servicios de salud y más aumenta la pobreza, más apuntalan el negocio privado de las pensiones y la sanidad. El neoliberalismo avanza cuando huele sangre. Sus tensiones estructurales –en su construcción, sus crisis, su eventual derrumbe– se traducen necesariamente en violencia del poder establecido. Cito de nuevo a Boaventura de Sousa Santos y su artículo sobre Colombia: “El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere”.

Si el rey supiera esto

De manera que las primeras consignas del Paro (“Si un pueblo marcha en plena pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus”) no fueron acogidas como simples hipérboles de agitación política, sino como observaciones tangibles de la realidad. En estos momentos, cuando la ciudadanía está en la calle y hay bloqueos de carreteras diseminados por todo el país, la élite pretende “recuperar el control” y sueña con “volver a la normalidad”, indiferentes a que esa normalidad que ellos añoran ya era infernal para la mayoría de la población. 

Y resalto que es indiferencia, no simple torpeza o ignorancia. Se trata de una disposición sociológica y de una elección política, no de un error puntual o un excusable rasgo de la personalidad. Digo esto porque es muy común encontrarse con análisis mediáticos en Colombia –y que se replican en el extranjero– según los cuales “Duque no escucha”, o “el gobierno no escucha”, o “es necesario que salga a la calle para que se dé cuenta de la realidad”. Claramente estos no son reclamos políticos, sino formas de justificar al poder. Y a veces se interpretan como cordialidad o mesura, pero creo que están más bien cerca de la sumisión señorial. No recuerdo donde la leí, pero se me viene a la cabeza esa frase de un realista en la Colonia al pagarle al recaudador de impuestos: “Ah, si el rey supiera cómo vive su pueblo, no permitiría estas injusticias”.

El impulso apolítico –y por tanto antidemocrático– de opinadores mediáticos en Colombia es muy afín a este tipo de análisis que justifican al poder, que ruegan o solicitan en lugar de exigir, que encubren más de lo que descubren, y hacen todo tipo de piruetas argumentativas para evadir el hecho de que la vieja oligarquía colombiana y su escisión terrateniente ligada al narcotráfico –el uribismo– representan programas políticos e ideológicos bien definidos. Y el desastre social colombiano no es un descuido o un accidente secundario, sino la materialización de esos programas.

Ahora bien, hay otra variante de este discurso apolítico: la afirmación, prácticamente hegemónica, de que Duque es tonto. Desde luego, estas son acusaciones normales a una figura pública, pero la política no se explica en esos términos. E incluso si aceptamos por un momento que sí, que el presidente actual de Colombia es alguien de pocas luces, lo importante es que ahí no termine la discusión sino encadenar la pregunta: de acuerdo, es tonto, pero ¿al servicio de qué y de quién?

Noches de terror

El establishment colombiano siempre funciona en dos planos simultáneos: en uno hace declaraciones públicas extremadamente formales, como un barniz de civilidad y de institucionalidad, y en el otro asesina sin ningún escrúpulo para mantener el orden de los privilegios. Los movimientos sociales, por experiencia, conocen bien este procedimiento. Así que no fue una sorpresa: después de declarar que retiraría del Congreso la reforma tributaria, Duque anunció una “gran mesa de diálogo nacional”, pero esa misma noche se incrementaron los ataques homicidas a los puntos de manifestación. 

No estamos hablando de un simple descenso en el confort, sino de hambre, de maldita hambre, de desnutrición, de niños que no han desayunado a las cinco de la tarde

Policías con el número de placa oculto disparando desde las esquinas, incendios simultáneos en comisarías que son difundidos por los grandes medios incluso antes de suceder, incendios en edificios a media noche cuando al frente sólo está la Policía, antidisturbios disparando gases lacrimógenos directos al rostro, furgones de propiedad oficial llenos de individuos armados y vestidos de civil, motos y camionetas particulares en ataques relámpago a manifestantes en la noche y que regresan a disparar a la misión médica cuando está recogiendo a los heridos... ante la gran cantidad de videos de policías con uniforme disparando, la estrategia cambió: debían hacer lo mismo, pero vestidos de civil. 

El plan fue crear un ambiente de terror. Todos los días de manifestación, sin excepción, se han publicado en redes nuevos videos de individuos vestidos de civil, muy cerca de policías uniformados, disparando a manifestantes. Distintas ONG comenzaron a publicar comunicados de urgencia; no había capacidad logística para registrar y hacerle seguimiento a la violencia oficial simultánea en tantos lugares del país, y los informes eran tan alarmantes, y las cifras de víctimas aumentaban tanto, que no quedaba otra opción que enviar un mensaje de urgencia: “Les rogamos que busquen resguardo y salven su vida”.

Pero ¿acaso esta violencia es extraordinaria? 

Otro relato funcional al establishment colombiano es el que muestra los acontecimientos como una fiebre repentina, como si algo hubiera llegado “a perturbar el paraíso”. Por eso es importante insistir en que toda mención a la violencia de Estado en Colombia debe atarse a su propia historia. Y sí: es cierto que el gobierno uribista está desesperado, que sacaron a los generales afines al Acuerdo de Paz y promovieron a los más guerreristas, los más ultraderechistas, los que continúan al pie de la letra la doctrina del enemigo interno y suscriben variantes de la cátedra “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?” que el ahora preso José Miguel Narváez, subdirector del organismo de inteligencia estatal en el gobierno Uribe, impartía a las filas militares y paramilitares. Pero también es cierto que lo que estamos viendo estos días en vivo y en directo, gracias a la generalización de teléfonos con cámaras de video y redes sociales, no es distinto de lo que se vive en muchas regiones de Colombia desde hace un siglo: el asesinato sistemático, a manos de fuerzas del Estado y siguiendo órdenes oficiales, de toda resistencia popular.

Este es un tema de discusión recurrente en universidades y movimientos sociales, pero probablemente en el extranjero sea menos conocido: hay un grupo paramilitar de extrema derecha que, desde los años de la presidencia de Uribe, escribe amenazas y asesina a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Su nombre es Águilas Negras y abarca todo el territorio nacional: desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el litoral Pacífico hasta la frontera con Venezuela. Ninguna otra organización irregular tiene tanta presencia territorial. Ahora bien, a diferencia de todas las demás organizaciones, no se conoce ni a uno de sus cabecillas, ni la fuerza pública ha capturado o matado a ninguno. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que la organización más extendida sea, al mismo tiempo, la más invisible? Pues bien, sólo hay un grupo armado en Colombia que tiene esa misma presencia territorial: la fuerza pública.

Las Águilas Negras son, pues, una herramienta paramilitar de la fuerza pública. Intimidan, asesinan, desaparecen a líderes sociales. Pero no fue el uribismo –con sus raíces latifundistas y su impronta de los carteles del narcotráfico– el que introdujo estas prácticas, pues ya la vieja oligarquía colombiana las había instaurado con otros nombres. Por todo esto me aparto de los análisis que dicen que estos días ha surgido en Colombia una violencia estatal extraordinaria. No: la violencia ha estado todo el tiempo ahí; lo que pasa es que el exterminio habitual en el campo y pequeñas ciudades fue llevado ante las cámaras. 

La violencia como apuesta

Van a barrios de ladera en Cali con rifles de asalto, e incluso desde helicópteros disparan munición letal y gases lacrimógenos hacia las casas (es decir, también contra ancianos y niños). Más que reprimir, lo que buscan es generar zozobra, calentar los ánimos y escalar la confrontación. ¿Acaso no es comprensible que miles de jóvenes, al ver a su madre o a su abuela ahogada por los gases, sientan que su deber es salir a enfrentar al agresor? 

Esta es una pequeña radiografía del conflicto armado en Colombia. Desde el exterminio de los gaitanistas, incluso antes del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán; pasando por los bombardeos contra lo que un líder conservador en el Congreso llamaba en 1961 “repúblicas independientes” –campesinos autogestionados que no se dejaron exterminar en la Violencia– y que provocaron la fundación de las FARC; hasta los últimos treinta años de traición y exterminio de los guerrilleros que decidieron pactar con el Estado y dejar las armas, es evidente que la violencia y el terror no son una consecuencia, sino un mecanismo de la élite colombiana para preservar el statu quo

Cuanto mayor sea la crisis y el desorden social, con más fuerza avanza el neoliberalismo en su propósito de poner el Estado y sus instituciones al servicio del gran capital

Así mismo, la relación del Estado con el campo colombiano no es de olvido o descuido –como se suele decir–, sino de sometimiento. Y el relato de ese sometimiento, también escrito por las élites, ha servido para controlar políticamente las ciudades. Pero ahora mismo el oligopolio mediático ya no es suficiente para transmitir el mensaje de terror. Por eso pasean aviones de guerra en el cielo caleño –como si hubiera un bombardeo inminente–, pasean tanques de guerra en las calles de Bogotá, varios helicópteros sobrevuelan los barrios de ladera, apuntan y hostigan a las misiones médicas, despliegan al ejército, caravanas de cientos de policías llegan a invadir pueblos pequeños y las nuevas tanquetas de la Policía, con sistemas de disparo múltiple de granadas de aturdimiento, retumban en medio de los barrios. Las ventanas complementan la televisión en la construcción de una atmósfera de guerra.

La apuesta es el miedo, el terrorismo de Estado. El apostador –el gatillero– es el uribismo, pero el dueño de las fichas es la vieja oligarquía colombiana; son los viejos apellidos que heredan la burocracia y los grandes banqueros, los hombres más ricos del país que han comprado todos los grandes medios de comunicación, que reciben los contratos de obra pública y se reparten los baldíos de la nación. Todos ellos están mirando el futuro inmediato de la pandemia y el paquetazo neoliberal que ya tienen escrito, pero sobre todo las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. 

Esa es la amenaza que no los deja dormir. No pierden de vista el entusiasmo popular que despertó el proyecto político liderado por Gustavo Petro en 2018, ni el hecho de que, según todas las encuestas, él sea el más probable ganador de las elecciones del próximo año. Está muy por delante de los demás candidatos, lo que ha encendido las alarmas en esa vieja oligarquía. Son conscientes de su desventaja táctica. Ya quemaron los cartuchos en 2018 y lo apostaron todo a un proyecto filofascista que se creía agotado. Pero ahora ese proyecto, el uribismo, ya no posa como opositor (nunca lo ha sido), sino que se ha desgastado en un gobierno que, como lo demuestra el Paro Nacional, se cae a pedazos. Así que saben muy bien que le han dejado una autopista libre a Petro y a la posibilidad de un verdadero proyecto democrático.

¿Qué van a hacer? ¿Cómo mantener el poder si agotaron la efectividad del freno de emergencia? El neoliberalismo muere matando; el régimen bicentenario de exclusión y sometimiento, también. Si le hacemos caso a la historia y a los últimos acontecimientos, sólo ven una salida: redoblar la vía autoritaria, la atmósfera de guerra y el terrorismo de Estado.

La escuela política

En Cali, la ciudad que más puntos de manifestación permanente ha desarrollado –y en la que han sucedido la mayoría de asesinatos a manos de la fuerza pública– se ha generalizado esa vieja costumbre emancipatoria de rebautizar los lugares: la Loma de la Cruz se llama ahora Loma de la Dignidad, Puerto Rellena se conoce como Puerto Resistencia, el Paso del Comercio es el Paso del Aguante, y el Puente de los Mil Días es el Puente de las Mil Luchas.

En estos momentos hay asambleas barriales, nuevos tejidos de discusión y organización, declaraciones políticas y pliegos de exigencias construidos por los mismos vecinos. Y junto al relato creciente de la resistencia y la interdependencia, hay cocinas populares, abastecidas por redes de solidaridad, y un testimonio recurrente y estremecedor: muchos jóvenes afirman que en estos días de Paro han comido mejor que nunca. 

El viejo orden conserva su frágil, su desquiciado control del Estado y las instituciones, pero en el imaginario colectivo ya está completamente derrotado. Y por eso mismo, en este momento de crisis y reajuste, es incluso más peligroso. Pero sea cual sea su reacción, sea cual sea la ruta que se discuta en los salones de la Casa de Nariño (sede presidencial) y en las juntas de los banqueros, las voces en la calle son cada vez más fuertes, más conscientes, más determinadas. Y no hablo sólo de los movimientos sociales establecidos, del movimiento indígena, los estudiantes y los trabajadores organizados; hablo también de los jóvenes de los barrios más marginados que no tienen ni estudio ni trabajo, que los han puesto siempre a enfrentarse entre ellos, que han sido siempre usados como una cantera de cuerpos para la guerra, pero que hoy dicen “somos pueblo y estamos en resistencia”. Y esa es la mayor conquista política de las mayorías sociales y la mejor clave del futuro. 

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Iván Olano Duque es escritor. Premio de ensayo “Miguel de Unamuno” por su libro El sueño de la especie. Siete ensayos al borde del abismo (Devenir, 2019).

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