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Jaime Doreste / Abogado y activista

“En la Comunidad de Madrid, la Ley del Suelo se modifica todos los años para facilitar pelotazos”

Yayo Herrero 2/05/2021

<p>Jaime Doreste.</p>

Jaime Doreste.

Cedida por el entrevistado

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El pasado 22 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid realizada en junio de 2014 y que permitía la destrucción de las Cocheras históricas de Cuatro Caminos por las deficiencias de su evaluación ambiental. Jaime Doreste (Madrid, 1978) era el abogado que llevaba el recurso. No es ni mucho menos la primera sentencia que gana. Él dice que no es solo mérito suyo y que esos éxitos son compartidos con un particular bufete de abogados y abogadas activistas: el área jurídica de Ecologistas en Acción.

¿Por qué estudiaste Derecho?

Desde niño estaba decidido a estudiar biología. Me encantaban los bichos y el campo. Estar en la naturaleza era lo que me hacía más feliz. Pero me topé con la química, y por más que lo intenté no me entraba.

Me di cuenta que lo que más me interesaba era el comportamiento de los ecosistemas y los animales, y que podía estudiarlo y comprenderlo sin necesidad de estudiarlo en la universidad y que, sin embargo tenía mucha más facilidad para las letras. La verdad es que sentía como más mías las asignaturas de ciencias sociales. Así que consideré que el Derecho era un buen instrumento que aunaba el poder defender la Tierra y combatir la injusticia contra las personas.

¿Fuiste directo al Derecho Ambiental?

Sí. Desde el primer día tenía claro que me dedicaría al derecho ambiental. Entonces no existía como asignatura y lo que hacía era escoger como asignaturas de libre configuración todas las que tenían que ver con la ecología o biología.

Empecé dando algunas charlas y seminarios en la asociación de estudiantes. En 1999 y 2000 estuve de Erasmus en Pisa, intenté entrar de voluntario en alguna organización ambientalista, pero era una ciudad pequeña y no había muchas opciones. En cuanto volví, ese mismo 2000 entré en Ecologistas en Acción y fui de cabeza al área jurídica de la organización. Todavía ni me había licenciado y ya quería dar guerra.

El primer asunto que llevaste en Ecologistas en Acción no fue un caso cualquiera y eras muy joven...

En 2005 llevé mi primer asunto ‘en solitario’, que fue el recurso contra la reforma y ampliación de la M-30, incluido el soterramiento de los tramos de las terrazas del Manzanares. Fue un caso muy relevante, tanto desde el punto de vista ecologista como jurídico.

Era el proyecto bandera de la legislatura de Alberto Ruiz Gallardón, que consistía básicamente en incrementar la capacidad de carga de la M-30. Fue un proyecto que hipotecó las cuentas de Madrid durante 35 años. Sólo que plantado en clave electoral: se tenía que diseñar, tramitar y ejecutar en cuatro años, antes de las siguientes elecciones.  Y eso era algo imposible de hacer cumpliendo la legislación ambiental. Hablamos de un proyecto de una envergadura tremenda, la infraestructura municipal más grande y más cara de Europa y lo aprobó y ejecutó sin Evaluación de Impacto Ambiental. Supuso, además, la destrucción del patrimonio arqueológico que había debajo de las terrazas del Manzanares.

Era bestial, tuvieron que utilizar unas tuneladoras gigantes fabricadas ex profeso para el proyecto. Luego no se sabía que hacer con ellas. Creo que ahora están alquiladas para algo que se está haciendo en Chicago.

Todos los demás recurrentes que impugnaron los proyectos de reforma de la M-30 habían perdido y nos dimos cuenta que con el derecho interno no teníamos mucho que hacer y que quizás era más fácil con el derecho comunitario. Acudimos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (planteando la primera cuestión prejudicial comunitaria en materia de medio ambiente que formulaban los Tribunales españoles), donde nos dieron la razón. No se podía trocear lo que era una obra completa y justificar así que no se requería Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sostenían además que la M30 era una “vía urbana”, una calle (y no una carretera) y que por eso no requería EIA. Pero el TJUE vio con claridad que aunque fuese una vía urbana de titularidad municipal, la M30 es una vía destinada en exclusiva al tránsito de vehículos y no de peatones (no tiene pasos de peatones,  semáforos, ni paradas de autobús…). Se trata de una autovía y su reforma requería realizar una EIA. La sentencia nos dio la razón.

El Ayuntamiento de Madrid recurrió y el TSJ volvió a fallar a nuestro favor. Fue una victoria pírrica porque era imposible que deshiciesen lo hecho pero sentó un importante precedente y creo sinceramente que fue un punto de inflexión.

Y a partir de entonces, muchas más sentencias ganadas.

Hemos aprendido a jugar en este terreno. En torno a 2008 las abogadas de la Comisión Jurídica empezamos a ganar mayoritariamente nuestros recursos. Adquirimos mucha experiencia y aprendimos un montón.

El ganar todas esas sentencias ha hecho que cambie el paradigma. En los Tribunales ya saben que no decimos marcianadas, que tenemos un sólido conocimiento jurídico y que hay administraciones que sistemáticamente incumplen las legislaciones que ellas mismas han promovido o aprobado.

No denunciamos y recurrimos por el gusto de hacerlo, sino que cuando acudimos a los Tribunales es porque tenemos posibilidades de ganar. No hacemos perder el tiempo a los jueces y magistrados con pretensiones absurdas. Si la acción jurídica no es consistente, el movimiento ecologista usa otros instrumentos de lucha, de los cuales el activismo judicial siempre será una herramienta más, que suma pero no sustituye al activismo ecologista.

Ahora cuando nos metemos en un juicio vamos cargados de sólidas razones ambientales y jurídicas y sabemos encauzarlo procesalmente. Ganamos muchos más juicios de los que perdemos y no somos un gran despacho de abogados. Somos activistas que en muchos casos dedicamos nuestro tiempo personal a estos procedimientos. Lo malo es que muchas veces cuando ganamos llegamos tarde y les ha dado tiempo a llevarse por delante el territorio y el patrimonio común.

¿Es la Comunidad de Madrid uno de los lugares más duros para dedicarse al Derecho Ambiental desde el lado ecologista?

Madrid es el monocultivo de la derecha neoliberal económica. Se hace lo que ellos quieren. Un indicador claro es que la Ley del Suelo, de 2001, ha sido modificada todos los años. Cada modificación ha tenido nombre y apellidos y servía para facilitar un pelotazo especulativo.

Hay algunos ejemplos tremendos… Una de las últimas modificaciones que introdujeron permite que el promotor monetice las cesiones para dotaciones que debería entregar a la ciudad para garantizar la calidad ambiental de la misma. Este cambio legislativo se hizo para posibilitar el ‘pelotazo’ del Taller de Precisión de Artillería (TPA), en el Distrito de Chamberí, que es el que tiene mayor déficit de toda la ciudad de Madrid de zonas verdes y espacios libres. Y al edificar en la parcela se incrementa la población residencial y disminuyen correlativamente las zonas verdes de las que puedan disfrutas las vecinas.

Cuando recurrimos la ampliación del Bernabeu fue, entre otras cosas, porque Florentino Pérez pretendía que las zonas verdes que compensasen el incremento edificatorio del estadio estuvieran en Usera. Personas como Florentino Pérez han protagonizado todo tipo de tejemanejes. Se nota que ha movido los hilos de la política mucho tiempo.

El caso es que si la ley no sirve, se modifica para que siga el business as usual.

¿Es el suelo el principal recurso en la economía madrileña?

Esto lo contaba muy bien nuestro querido Ramón Fernández Durán cuando hablaba del tsumani urbanizador. Ningún sector puede generar esas burbujas y esos rendimientos. En la Comunidad de Madrid, el suelo es exclusivamente un recurso económico y no el hábitat de los madrileños y madrileñas.

Buen ejemplo de ello son los tremendos desarrollos que aún hoy se prevén, como la Operación Chamartín, la mayor operación urbanística de Europa en la actualidad y que también hemos recurrido.

O los grandes desarrollos del sureste (el Ensanche de Vallecas, Valdecarros…) que avanzan hacia el vertedero más grande de Europa, con las deficientes condiciones que ello implica.

La Comunidad de Madrid se ha negado a que haya ni un solo parque eólico; no hay impulso de desarrollo de energías alternativas

En Valdemingómez, además, las plantas de compostaje funcionan con las puertas abiertas, porque si no los trabajadores que hay dentro se asfixiarían, porque las plantas están mal diseñadas, deficientemente ejecutadas y peor mantenidas (consecuencias de las adjudicaciones a la oferta económica más ventajosa) por las mismas empresas constructoras que manejan la economía y la política de este país. Según como sean los vientos dominantes y las condiciones térmicas y de humedad, los olores de toda esa materia orgánica en plena descomposición se meten dentro de las casas. En Vallecas, Valdemoro, Perales del Río y por el otro lado en Rivas, las vecinas y vecinos tienen que convivir con olores pestilentes, lo que afecta de una forma tremenda a su calidad de vida... Es un diseño nefasto de la ciudad. Valdemingómez ya estaba allí cuando se planificaron los ensanches pero todo valía si se ganaba dinero, la gente no les importa.

Hace falta un cambio real en la política madrileña, que sea capaz de distanciarse de los intereses de los grandes grupos económicos. No es casualidad que el refugio de la Presidenta durante el confinamiento se lo proporcionase Sarasola. Existen estrechísimos vínculos entre las élites políticas y económicas que es preciso desmontar…

Otro ejemplo, vivimos en una Comunidad en la que la propia regulación del Parque Nacional del Guadarrama, en su vertiente madrileña, (el PORN) es menos restrictiva  en el uso de suelo que la regulación de usos en el suelo no urbanizable de la Ley del Suelo, que no es precisamente garantista. Hay publicidades que anuncian polígonos industriales al pie de un Parque Nacional…

La Comunidad de Madrid se ha negado a que haya ni un solo parque eólico; no hay impulso de desarrollo de energías alternativas, ni tampoco estrategias de ahorro de energía; el sector agrícola está despreciado y maltratado.

No hay ley de caza. Se aplica la de 1970. El sector cinético, mayoritariamente vinculado a Vox y al PP, no quiere que se toque y así estamos, con una ley preconstitucional. Grandes cotos de caza en los que pueden hacer lo que quieran.

¿Alguna amenaza o intento de soborno?

No. A mí no, aunque sí a otros compañeros y compañeras.

Sí que se han producido avisos o recomendaciones. “Hombre, dadle cuartelillo a este concejal”, “No deis tanta caña”, que entran por un oído al tiempo que salen por el otro…

Cuando recurrimos la ampliación del Bernabeu, Florentino se quería reunir con nosotros. Lo alucinante es que un concejal se postuló como mediador. Dijimos que no, por supuesto.

La última sentencia ganada en Madrid  ha sido la de las Cocheras de Cuatro Caminos.

Sí. El recurso fue presentado por la Asociación Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde Chamberí y por la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, a quienes defendí yo. Aquí la Sala del TSJ de Madrid ha estimado que debe anularse la modificación al PGOU de 2014 que permitía la destrucción de las cocheras históricas de Metro y levantar en su lugar una torre de viviendas porque carecía de un estudio correcto de impacto ambiental y una evaluación económica del coste financiero del mantenimiento que esas infraestructuras iban a suponer para las cuentas municipales.

Antes fue la del TPA, aunque allí llegamos tarde y ya se lo habían cargado. En las Cocheras hemos llegado a tiempo y aún no se han derribado. Hemos recurrido los instrumentos urbanísticos que se han aprobado tanto en la época de Botella como en la de Carmena, cuyo gobierno no actuó bien en tema de urbanismo, salvo excepciones como la del Edificio España.

También llevaste ese procedimiento…

Sí, lo trabajé con Nines Nieto. La presión de Ecologistas en Acción hizo que el Ayuntamiento hiciese algo valiente: plantarle cara a Wanda. Ahí se hizo bien. Luego llegó un empresario de Murcia que compró el edificio. Dijo que no formalizaba la venta si no se retiraba la demanda. No sabíamos qué hacer. No teníamos experiencia en ese tipo de negociaciones,  y no solo éramos nosotros sino que la demanda se sostenía con un crowdfunding. Decidimos desistir del recurso si el Ayuntamiento hacía una contrarreforma urbanística e incrementaba la protección. Acabaron haciéndolo y al aprobarla, retiramos la demanda. Así se salvó el edificio de su demolición, que ahora luce completamente restaurado y en uso.

A algún salón del nuevo Edificio España tendrían que ponerle el nombre de Nines...

Años más tarde, durante la legislatura de Ahora Madrid tuviste que volver sobre la sentencia de la M-30.

Ahora Madrid impulsó una auditoría de la deuda. Parecía imposible que se pudiese hacer, pero se hizo. Se creó una comisión de investigación sobre la M-30 que era imprescindible. Fue una enorme obra pública que benefició a grandes constructoras. En ese momento, ya estaba en los tribunales la Querella Bárcenas que puso de manifiesto que algunas grandes constructoras ejercían de corruptoras  y algunos políticos de corrompidos. La Querella Bárcenas mostró la forma parasitaria que ha tenido el Partido Popular de fagocitar las instituciones.

La nueva corporación madrileña empezó a investigar y vio la enorme deuda generada. La M-30 se financió con préstamos bancarios e hipotecarios. Era un despropósito. La investigación tenía sentido por la forma en la que se acometió la obra y por su coste.

Se permiten hablar así, en ese tono y con esa falta de respeto porque consideran que las instituciones son suyas

Nos llamaron a declarar a Ecologistas en Acción. Acudió Paco Segura (actual co-coordinador confederal) porque había sido la persona que más conocía y había seguido el tema. Me pidió que le acompañase. En un momento determinado, una concejala del PSOE se dirigió a mí y me pidió que explicase porqué los Tribunales habían dictaminado que la obra era ilegal. No sabíamos que según el reglamento, los comparecientes podían ir acompañados pero sus acompañantes no podían intervenir. Según empecé a abrir la boca saltó un concejal del PP – que estaban visiblemente tensos por todo lo que aquello podía destapar – y dijo “aquí no va a hablar cualquier personaje”. Así hablaban en un acto oficial… Me eché a reír. Luego Paco Segura en su declaración se refirió a mí como el “personaje” que les había ganado en los tribunales...

Se permiten hablar así, en ese tono y con esa falta de respeto porque consideran que las instituciones son suyas. Se estaban abriendo las ventanas y se veían todos los chanchullos. Se violentaban y perdían las formas porque nos consideraban advenedizos que estábamos donde no nos correspondía.

Años después de haber comenzado tu carrera profesional, ¿sigues pensando que tu apuesta merece la pena?

Me siento orgulloso. Hay abogados que tienen que defender cosas injustificables porque defienden a quien paga. Tengo la suerte de dedicarme mayoritariamente a la defensa del medio ambiente. Se hace fácil y motivador el trabajo cuando al hacer tu trabajo sabes que tienes razón. Defendemos la casa de todos, nuestra tierra.

Tengo la suerte de haber crecido con gente muy honesta y muy firme. Son los abogados y abogadas que llevaban mucho tiempo en Ecologistas en Acción o en otras organizaciones ecologistas y que nos apoyaron a las y los jóvenes. En un bufete convencional es casi imposible que una persona muy joven pueda llevar asuntos de ese calado, pero somos activistas y la organización te sostiene y apoya para que aprendas deprisa, y te empuja y confía en ti. Das saltos enormes en muy poco tiempo…

Aprendimos de ellos a confrontar con dureza cuando hace falta y colaborar cuando las cosas van bien. Dicen que nos oponemos a todo, pero no es cierto. Hay cambios y mejoras en leyes y proyectos que vienen de nuestras propuestas.

¿Te consideras un activista?

Sí. Somos activistas que podemos aportar conocimiento jurídico y procesal. Los grupos locales de ecologistas tienen gente que se conoce al dedillo las normativas de gestión de energía, minas, urbanística. Los compañeros nos encaminan muy bien. Nosotros aportamos la toga, el ‘saber procesal’.

Creo que el activismo judicial es un pilar fuerte, al menos en Ecologistas en Acción.

Por la naturaleza descentralizada de la organización podemos estar al pie de cada batalla.

Los mismo demandamos al gobierno junto a Greenpeace por la insuficiente ambición climática, que recurrimos una instalación ganadera en un municipio de Burgos que amenaza un acuífero. Creo que hacemos realidad eso de ‘piensa global y actúa local’. Esto además nos da un rodaje continuo.

¿Se van incorporando activistas más jóvenes?

Sí. Ahora está habiendo relevo generacional. Durante algunos años yo era el eterno joven de la comisión. Después empezaron a llegar personas, alcanzamos la paridad entre hombre y mujeres. Ahora, la comisión está coordinada por un compañero y una compañera.

Y además tenemos a quienes nos han llegado de Fridays for Future. Hay, por ejemplo, una chica haciendo las prácticas conmigo que vale muchísimo. Hay que abrirles las puertas de par en par, dejarles hacer, dar facilidades para que hagan de nuestras organizaciones las suyas.

Ahora sí que el Derecho Ambiental es una asignatura obligatoria…

Sí. Y no solo en Derecho. Yo ahora soy profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid y doy clase en Geografía y Ciencias Ambientales. Me encanta compartir lo que he aprendido. A mi alumnado también le viene bien, creo, comprender la importancia de la legislación ambiental y su sentido, cómo las leyes que defienden la naturaleza y a otros seres vivos son también leyes que protegen a las personas. Creo que el hecho de que lo estudien con personas que están en los tribunales, en los casos concretos es importante… Ven en tiempo real cómo el derecho es importante y funciona.

Me decías que sigues en el turno de oficio como cuando empezaste...

Siempre he sido consciente de que yo pude estudiar en una universidad pública porque el conjunto de la sociedad contribuye a que se sostenga. Creo que hay que devolverlo. Ser abogado de quien no tiene medios es importante. Lo único que se interpone entre el aparato represivo y coercitivo del Estado y una persona empobrecida acusada es una abogada de oficio.

En mi experiencia, en la mayor parte de las ocasiones en el turno no defiendes a personas malas, sino a personas pobres y desgraciadas.

Desde que he tenido hijos no puedo asistir en las guardias, porque no puedo salir corriendo en cualquier momento de la noche, pero sí que sigo en el turno de oficio.

Autora >

Yayo Herrero

Es activista y ecofeminista. Antropóloga, ingeniera técnica agrícola y diplomada en Educación Social.

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