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Represión

Luchas y resistencias para desatar la mordaza

La ley de Seguridad Ciudadana pone en el punto de mira a los movimientos sociales mediante el uso de tipificaciones inexactas y la primacía de las versiones policiales. La Asamblea Feminista de València y Arran la han sufrido en primera persona

Divina Carbonell Martins 27/11/2020

<p>Concentración celebrada el 22 de septiembre frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia por el juicio celebrado ese día.</p>

Concentración celebrada el 22 de septiembre frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia por el juicio celebrado ese día.

Cris Centeno

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Las sanciones administrativas y los procedimientos judiciales son la cara más visible de la ley mordaza. Sin embargo, no son los únicos mecanismos de los que esta se alimenta para reprimir. La intimidación y la impunidad legal de los cuerpos policiales ayudan a conformar una ideología de persecución política hacia movimientos y organizaciones que plantean un cambio radical en las estructuras del Estado español. 

“Esta represión es política porque se origina por órdenes concretas de actuación en  situaciones concretas de nuestro activismo”, denuncia la Asamblea Feminista de València, colectivo inmerso actualmente en tres procedimientos judiciales por la imposición de 21 multas en aplicación de la ley mordaza. “El objetivo es criminalizar a los movimientos disidentes”, explica la asamblea, que añade que no solamente ocurre con el movimiento feminista, sino también con los movimientos por el derecho a la vivienda, contra la especulación inmobiliaria, contra el racismo, etc.

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Leyes mordaza, en plural

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2018 se interpusieron 249.665 sanciones debidas a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. De ese total, 26.005 fueron en el País Valenciano. “Habría que hablar de leyes mordaza, porque en 2015 y de una tacada se aprobaron tres medidas legislativas que pretendían limitar los derechos fundamentales”, explica Pedro Oliver Olmo, doctor en Historia por la UPV y coautor del libro Protesta democrática y democracia antiprotesta.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2018 se interpusieron 249.665  sanciones debidas a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana

El historiador hace referencia también a la reforma del Código Penal promovida por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y a los paquetes de medidas extraordinarias contra el terrrorismo en los que se incluían de facto medidas como la cadena perpetua, más conocida como prisión permanente revisable y que fue aprobada con el apoyo del PSOE. “La Ley de Protección de Seguridad Ciudadana –desde muy pronto bautizada como ley mordaza– venía a sustituir a la célebre ley socialista de la patada en la Puerta o Ley Corcuera”, afirma Oliver.

“La utilización de la sanción administrativa para, sobre todo, provocar desaliento en los movimientos sociales hace que se trate de un tipo de represión más fácil de invisibilizar”, expone Oliver, quien coloca el blindaje y la incidencia de la burorrepresión en el centro de los aspectos más lesivos de la ley mordaza.

El pasado 22 de septiembre las feministas valencianas afrontaron su primer juicio por las sanciones impuestas por falta de respeto a la autoridad en las huelgas del 8 de marzo de los años 2018 y 2019. Tan solo unos días después, la asamblea daba a conocer a la prensa que la sentencia del juicio había declarado la anulación de las multas al constatar que no había prueba de cargo suficiente.

La sentencia consideraba que el relato de los agentes de la Policía Nacional carecía de objetividad e imparcialidad al incluir en sus informes valoraciones sobre la  lengua valenciana y la denominación País Valencià sin tener relación con los hechos. Las feministas valencianas todavía están pendientes de otras 18 sanciones administrativas y de las sentencias del segundo y tercer juicio, celebrados el 28 de octubre y el 2 de noviembre.

Blindaje policial como arma represiva

“Nuestras alegaciones han ido dirigidas a desmontar lo que decían los agentes; argumentando que sus declaraciones eran falsas y demostrando que la aplicación de las sanciones en base a ellas vulneraba nuestro derecho a la presunción de inocencia”, detallan las integrantes. Las militantes se refieren al “principio de veracidad” recogido en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y que otorga mayor peso a la versión  policial en estos tipos de pleitos administrativos por su condición de funcionariado público.

“En base a esta presunción se supone que lo que dicen los agentes es cierto y son las sancionadas las que tienen que demostrar que no fue así”, explica Alerta Solidària, organización antirrepresiva encargada de la representación judicial de la Asamblea Feminista de València. “En la práctica es una presunción de culpabilidad muchas veces imposible de destruir porque no cualquier prueba es aceptada para contradecirla”, lamenta Alerta Solidària. La impugnación del principio de veracidad ha sido una estrategia central para la defensa de la Asamblea Feminista.

El documento Algunas propuestas para un debate necesario sobre justicia y derechos  fundamentales elaborado por Juezas y Jueces para la Democracia señala que la Ley de Seguridad Ciudadana está repleta de tipificaciones inexactas y abiertas, como la contenida en el artículo 4.3 que habla de “amenaza concreta” o de un comportamiento “objetivamente peligroso”. Estas previsiones tan amplias se alejan de la concepción de seguridad jurídica y hasta invitan a la arbitrariedad en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, alerta el informe. 

“Si observamos el historial de las protestas queda demostrado que la Ley de Seguridad Ciudadana se fue elaborando de manera reactiva a las protestas que se iban haciendo más impactantes: el 15M, Rodea el Congreso, PAH, acciones ecologistas y Femen”, explica Oliver.

Otros coletazos de represión en el País Valenciano

La Asamblea Feminista de València no ha sido la única que ha sufrido en  primera persona la represión administrativa y judicial de la ley mordaza. Al colectivo independentista Arran le ha llevado a juicio el despliegue de una pancarta antifascista durante la procesión cívica del 9 de octubre en 2019. Se les acusa de “perturbar la seguridad ciudadana en un acto público”, infracción estipulada como grave y que se  encuentra recogida en el artículo 36.1 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

“No se nos puede acusar de perturbación del orden por una pancarta donde ponía ‘Fuera  fascistas’”, denuncia el colectivo. Idea que secunda Alerta Solidària, también encargada  de la representación judicial de Arran. “En el caso de Arran hemos defendido la acción como un ejercicio de libertad de expresión”, explican desde la organización antirrepresiva. Alerta Solidària avisa que es especialmente grave esta acusación por “ser una evidencia de que en el Estado español ya hace unos cuantos años que los derechos civiles y políticos están en pleno retroceso”.

Lucha y apoyo mutuo contra la mordaza

¿Cómo pueden los movimientos sociales combatir la represión administrativa y judicial del Estado? Para Oliver no hay recetas pero sí experiencias más satisfactorias que otras. “Los movimientos sociales no pueden convertirse en meros movimientos reactivos porque es ahí donde el poder quiere verlos, sin capacidad de actuación y a la defensiva,  pero al mismo tiempo deben tomarse en serio la cuestión represiva de la protesta”, expone. El historiador apunta que una manera interesante de defensa es elaborando estrategias de protestas no violentas y pedagógicas. En caso de represión, el experto aconseja valerse de redes de apoyo y de solidaridad como las cajas de resistencia para financiar multas.

Alerta Solidària defiende que la mejor protección contra  la ley mordaza es luchar por su derogación: “La ley mordaza no es más que un  instrumento del sistema para desactivar la disidencia política y garantizar su  supervivencia; por lo tanto, donde hay lucha hay represión”. Otras formas de resistencia  que recomiendan son la formación antirrepresiva y la protección mutua. “Protegernos quiere decir afrontar la represión colectivamente, denunciar los abusos, no asumir las multas y lucharlas tanto jurídica como políticamente”, aconseja la organización.

Tanto la Asamblea Feminista de València como Arran coinciden en que la represión que están sufriendo les ha servido para fortalecer lazos entre compañeras. “Aunque nos ha  quitado tiempo y energía para dedicarnos a otras actividades de interés, hemos sabido  poner en el centro los cuidados hacia las personas encausadas, que en definitiva somos  todas”, reflexiona la Asamblea. Para Arran también ha supuesto una mayor toma de conciencia sobre un objetivo común. “Hemos tejido vínculos profundos porque  compartimos un objetivo revolucionario que nos hace más fuertes que la represión, que  no será capaz de pararnos”.

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