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Zona Cero

Ayuso: una estrategia efectista contra una pandemia desbocada

La Comunidad apuesta por los test baratos mientras limita los supuestos para una PCR. El Gobierno prohíbe la movilidad perimetral en Madrid con las UCIS de todos los hospitales públicos por encima del 100%

Vanesa Jiménez 3/10/2020

<p>Díaz Ayuso, durante su visita a Arroyomolinos para conocer el estudio de seroprevalencia de este municipio.</p>

Díaz Ayuso, durante su visita a Arroyomolinos para conocer el estudio de seroprevalencia de este municipio.

Comunidad de Madrid

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El martes 29 de septiembre, once días después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara en rueda de prensa su medida más efectista contra el avance de la covid-19 –“Vamos a realizar un millón de test, concretamente estamos hablando de 858.193”. “Durante un periodo muy breve de tiempo, durante la próxima semana”–  se empezaron a realizar los primeros test de antígenos del laboratorio Abbott en una zona confinada de la capital. 

La Zona Básica de Salud (ZBS) elegida se situaba en Puente de Vallecas, según la Comunidad, “una de las áreas sanitarias con mayor transmisión de la covid-19”. Y estaban llamadas a las pruebas unas mil personas, que habían recibido un mensaje de texto en sus móviles con la fecha y la hora de la cita. Muchos, según contaron a varios medios aquel día, no entendieron el mensaje, o simplemente no le dieron credibilidad, así que no acudieron. Finalmente, según explicó una portavoz de Summa 112, a las nueve de la noche, hora final de las pruebas, los resultados eran 337 negativos y tres positivos. 

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El criterio de selección recogido en una nota de prensa de la Consejería de Sanidad hablaba de “población que no presenta síntomas ya que, en las citaciones, se descarta a los ciudadanos que, previamente, han resultado con infección”. El fabricante de los tests, sin embargo, los recomienda  “para pacientes con sospecha de infección actual por COVID-19”. 

El 30 de agosto, El País publicó un reportaje con el título Virus de barrio: donde el 75% de las PCR son positivas. El barrio en cuestión era San Diego, en Puente de Vallecas, y los datos de contagio salían del centro de salud Vicente Soldevilla. A nueve minutos a pie, según Google Maps, está el Centro Cultural Lope de Vega Madrid, el lugar que acogió las pruebas del test rápido de Ayuso, el mismo que en Estados Unidos viene patrocinado por Donald Trump y que se comercializa por una farmacéutica en manos de dos fondos de inversión: The Vanguard Group y BlackRock. Los positivos de la primera muestra de este nuevo test no llegaron al uno por ciento, pese a que se hicieron en una de las zonas con mayor transmisión de la covid-19 de Madrid. Esta es una de las explicaciones del laboratorio que comercializa los test: “Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y no se pueden utilizar como el único fundamento para un tratamiento u otras decisiones de gestión”.

Al día siguiente las pruebas continuaron en el mismo distrito, en esta ocasión en la zona de Entrevías. Estaban citadas 1.600 personas, pero solo acudieron 435. Hubo dos positivos. El jueves los test siguieron en el Pozo del Tío Raimundo y en Numancia. A las seis de la tarde, en el primer barrio se habían realizado 386 pruebas. No hubo ningún positivo. En el segundo, 287. Uno.

Contactos sin PCR

Coincidiendo con el arranque de los primeros test rápidos, la Comunidad de Madrid modificó el protocolo de las pruebas diagnósticas de coronavirus. En un documento con fecha del 28 de septiembre al que tuvo acceso la agencia EFE, la consejería de Sanidad limitaba los supuestos en los se que haría una PCR, la prueba más fiable para detectar la infección. A partir de entonces, solo los convivientes, las personas vulnerables, los trabajadores del ámbito sanitario y sociosanitario o aquellos contactos con síntomas tendrían acceso a estos test. El nuevo protocolo también establecía que no sería necesaria una PCR para reincorporarse a la actividad laboral y que los casos que hubiesen requerido ingreso podrían recibir el alta hospitalaria aunque su PCR siga siendo positiva.

En la nueva Estrategia de detección, vigilancia y control de Covid-19 de la Comunidad de Madrid quedaban fuera de las PCR “todos los contactos estrechos de un caso confirmado con infección activa” recogidos en el anterior protocolo, que tenía como “objetivo detectar precozmente nuevos casos positivos”. Y, también, de paso, el rastreo de contagios asintomáticos. 500, 800, 1.000 rastreadores. La cifra real sigue siendo una incógnita. Lo cierto es que el Gobierno de Ayuso no sumó ni un solo voluntario para trabajar como rastreador desinteresado en Madrid cuando hizo el llamamiento a principios de septiembre. El día 24 el Ejército comenzó a actuar en la Comunidad con 64 militares en dos secciones de rastreadores.

La tabla que se muestra a continuación, y que recoge los datos de la Consejería de Sanidad de Madrid de este año, también demuestra que en la Comunidad hay millones de test rápidos pero muy pocos médicos. Y no por los motivos que alega Ayuso [“No hay médicos en España”. “No hay oferta educativa”]. La razón real la dan los propios profesionales: El 50% de nuevos titulados de familia se va de Madrid por la precariedad.

Ayuso se adelanta a Trump

El Gobierno de Ayuso, con cinco millones de test rápidos, y el que encabeza Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía gracias a Ciudadanos y a la ultraderecha, con dos, lideran la compra de las pruebas de Abbott en España. Les sigue Murcia, con medio millón de test. Y, muy por debajo, Aragón, Galicia y Castilla-León. 

Estas pruebas baratas y rápidas (4,5 euros, 15 minutos) e indicadas para detectar la covid-19 en pacientes con síntomas aún no se están usando en Estados Unidos, país en el que el fabricante lanzó los test de la mano del presidente Trump. Era 27 de agosto y solo un día antes habían sido aprobados por la FDA (Food and Drugs Administration). Entonces, la Casa Blanca anunció la compra de 150 millones de test rápidos en un comunicado. Un mes después, el 28 de septiembre, otro comunicado de Trump reiteraba las bondades de las pruebas y anunciaba un plan para distribuirlas “en las próximas semanas, muy, muy pronto”.

La presidenta Ayuso se apresuró a anunciar la compra de dos millones de test rápidos la primera semana de septiembre, a la vez que limitaba a diez personas las reuniones públicas y privadas, prohibía los bailes en las bodas o que hubiese público en los festejos taurinos (Galicia, por ejemplo, ya había prohibido estas reuniones el 7 de agosto y Catalunya lo hizo el 25). Desde hacía más de un mes, las señales de que la pandemia se desbocaba en Madrid eran evidentes. 

El 30 de julio, CTXT publicó este análisis: La curva de contagios en Madrid sube cada vez más rápido. Pese a que las miradas estaban puestas entonces en Catalunya, el artículo apuntaba que la Comunidad estaba aún peor y que solo era cuestión de tiempo. Quince días después, (Madrid dobla la velocidad de transmisión por cuarta semana consecutiva) la incidencia acumulada en 14 días (IA) se había multiplicado por dos en solo una semana, hasta llegar a los 162,35 casos por 100.000 habitantes. Un mes más tarde (Madrid: la segunda ola golpea sobre todo al sur de la capital) la IA en Puente de Vallecas era de 1.043,4 casos por cada 100.000 habitantes.

El cierre de algunas de las áreas más castigadas por la covid en la Comunidad, gran parte de las zonas más pobres del territorio, vino acompañado del anuncio de los test rápidos, que aún no contaban con el respaldo de Sanidad. Pasaron cuatro días hasta que, el 22 de septiembre, la Comisión de Salud Pública actualizó la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 para, entre otros asuntos, incorporar los test antigénicos como “herramienta de diagnóstico y cribado”. “La realización de una u otra [PCR o test de antígeno], o una secuencia de ellas, dependerá del ámbito de realización, la disponibilidad y de los días de evolución de los síntomas”, explicó Sanidad. 

Esa misma semana se conoció el estudio preliminar del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el que Sanidad había basado su decisión de incorporar los test rápidos a su estrategia contra la covid. 

Test para sintomáticos

Jesús Oteo, director del Centro Nacional de Microbiología, que firma el informe junto a Manuel Cuenca, subdirector del ISCIII, explica a CTXT que “se trata de un estudio dinámico en el que se van incluyendo nuevos casos para conseguir una información lo más completa posible”. “El informe posterior emitido el 24 de septiembre de 2020 analiza 704 casos, lo que permite tener una visión muy precisa de la eficacia de estos tests”, añade Oteo.

Según consta en el informe, las pruebas se realizaron a pacientes a los que se iba a hacer una PCR por sospecha clínica o epidemiológica, y que además estaban dentro de los siete primeros días de síntomas. El doctor Oteo aclara que esta “muestra se elige en función del uso indicado en la ficha técnica del producto: personas que cumplen criterios clínicos y/o epidemiológicos de covid-19”.  

“Tras los siete días de evolución –continúa el director del Centro Nacional de Microbiología– la cantidad de virus en vías respiratorias desciende y la sensibilidad de esta técnica también, por lo que se desaconseja su uso en ese contexto. Los resultados de este estudio han mostrado, además, que la sensibilidad es más alta si se realiza en personas con menos de cinco días desde el inicio de los síntomas”. 

Sobre los pacientes asintomáticos pero con contacto con un enfermo, el informe concluye que “la fiabilidad parece comparable”. A este respecto Oteo explica que “los casos de contactos estrechos asintomáticos de los que se dispone información actualmente son 150, es una casuística importante pero inferior a la del estudio general. Los resultados en estos casos muestran un 90% de correlación entre PCR y el test de detección de antígeno”. 

La muestra de pacientes elegida para la investigación no contemplaba a ninguna persona asintomática y sin contacto epidemiológico. Oteo se muestra tajante: “El uso de  los tests rápidos de detección de antígeno no se aconseja en ese escenario, ni por la propia ficha técnica del producto, ni por la OMS, según se recoge en el documento Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays recientemente publicado”. El especialista concreta: “Esto se debe a que en poblaciones en las que la probabilidad pre-test de que éste sea positivo es muy baja (asintomáticos sin contacto epidemiológico, poblaciones con incidencias muy bajas) disminuye el valor predictivo positivo del test (probabilidad de que un positivo sea un verdadero positivo)”. “Si se utiliza en estos contextos, un caso positivo debería confirmarse por PCR”, añade.
El director del Centro Nacional de Microbiología concluye que “las evidencias actuales parecen indicar” que estos test rápidos son adecuados para detectar población asintomática “siempre que haya una sospecha epidemiológica, es decir, siempre que se trate de contactos estrechos de un caso positivo”.

La OMS, por su parte, señala que los test de antígenos tienen gran probabilidad de “funcionar bien en pacientes con cargas virales elevadas que suelen aparecer en los pre sintomáticos (1-3 días antes del inicio de los síntomas) y en fases sintomáticas tempranas (dentro de los primeros 5-7 días de la enfermedad)”. Por este motivo desaconseja su uso en individuos sin síntomas, a menos que sean contacto de un caso confirmado; cuando no hay casos o solo son esporádicos; o en controles fronterizos o aeropuertos. 

The economy, stupid

En las últimas dos semanas, los graves desencuentros entre el Gobierno central y la Comunidad por las medidas necesarias para contener la pandemia en Madrid han venido acompañados de un mantra de la presidenta: “No es posible cerrar Madrid, nos estamos arruinando”. La alternativa de Ayuso eran  “soluciones intermedias creativas”.

Por si la presidenta necesitaba alguna ayuda, un día antes del cierre forzado por Sanidad ABC publicó una noticia con este titular: “Cerrar Madrid dos semanas costará hasta 5.600 millones a la economía española”. El diario explicaba que, “según cálculos de la patronal de empresarios de Madrid a los que ha tenido acceso ABC, las limitaciones tendrán un coste en ingresos de 600 millones de euros por semana, lo que supondrá recortar el PIB de la capital en un 15% cada siete días. Además, la actividad perdida, medida en número de horas trabajadas, será del 18%, según los mismos cálculos”.

El mismo día, el mismo periódico publicaba quizá el único dato sobre el que no hay caja B ni ingeniería contable posible: los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos. Todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid ya superan el 100% de su capacidad en UCI.

La noche del 2 de octubre, las medidas de control de la pandemia decididas por el Gobierno entraron en vigor en Madrid y en nueve municipios de la Comunidad.  El Gabinete de Ayuso presentó ese mismo día un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional por considerar que la decisión era “injusta” y “arbitraria” y que provocará “el caos” entre sus ciudadanos.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas. “Estamos en un momento de extrema gravedad en la Comunidad de Madrid”, dijo Sánchez. Casi al mismo tiempo, dejaba un tuit en su cuenta de Twitter: “Tenemos que trabajar para promover el acuerdo en todas las instituciones de la UE. El Fondo de Recuperación debe estar disponible en el inicio del próximo año. Además de un compromiso político, ha de ser una realidad. En la situación actual es vital dar certezas a la ciudadanía”.

A principios de marzo, Bérgamo era el área de Italia más devastada por la covid-19. Las fábricas continuaron prácticamente todas abiertas hasta el 23, cuando los contagios oficiales en la zona ya eran casi 6.500. Fue una masacre que la patronal no quiso evitar

En Madrid, zona cero de los contagios en Europa, los ciudadanos podrán moverse con libertad por todo el municipio. Podrán salir a trabajar, ir al colegio, a la Universidad, al gimnasio, al teatro… La viróloga e inmunóloga Margarita del Val lo tiene claro: “Hay transmisión descontrolada de coronavirus, un confinamiento perimetral no soluciona nada”. “Lo importante es saber si tenemos suficiente prevención, suficiente rastreo, y suficiente capacidad en la atención primaria”. En Madrid, parece que no hay nada de eso. 

Sí parece que hay, tanto en el Gobierno central como en el autonómico, tremendas presiones económicas por mantener las cuentas de resultados a flote.  Está Europa, y también los grandes del Ibex. Al otro lado, la gente. 

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Autor >

Vanesa Jiménez

Periodista desde hace más de 20 años, cinturón negro de Tan-Gue (arte marcial gaditano) y experta en bricolajes varios. Es directora adjunta de CTXT. Antes, en El Mundo, El País y lainformacion.com.

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