Ya hay gobierno en Austria y en España. Solo queda Bélgica sin formar un ejecutivo tras las elecciones del 26 de mayo de 2019. Y no parece que la solución esté próxima y si la hubiera sería un gobierno débil. Podrían convocarse nuevos comicios pero no resolverían el embrollo actual; en todo caso acentuarían la tendencia hacia los extremos (derecha en Flandes, izquierda en Valonia) según las encuestas.

La situación política belga es endemoniada pero no explosiva. La casi total ausencia de diálogo directo entre las fuerzas mayoritarias, los nacionalistas flamencos (Nueva Alianza Flamenca-N-VA) y los socialistas valones (PS), francófonos, ha bloqueado la formación del ejecutivo. Pero que nadie espere salidas extemporáneas o reclamaciones fuera de la legalidad vigente. Los nacionalistas flamencos van paso a paso y, en medio siglo, han conseguido darle la vuelta al país. Ahora plantean una nueva reforma constitucional para crear un Estado confederal, al que se oponen radicalmente los socialistas y el resto de los partidos valones.

Bélgica cuenta con 11,4 millones de habitantes de los cuales casi el 60 por ciento vive en Flandes

Desde mayo, ya son cuatro los encargos del rey para intentar encarrilar el proceso, sin que hasta ahora se haya conseguido ningún resultado positivo. Todas las combinaciones chocan con la realidad de los números en el Parlamento. Además, el actual ejecutivo en funciones está en minoría desde diciembre de 2018, cuando la N-VA rompió la coalición en desacuerdo con que Bélgica firmase el pacto de emigración de Marrakech propuesto por la ONU. Coalición que presidía el liberal francófono Charles Michel del Movimiento Reformista (MR) quien, a su vez, fue nombrado presidente del Consejo Europeo el 1 de diciembre pasado. Ha sido sustituido interinamente por Sophia Wilmès, liberal francófona, que es la primera mujer en ser primera ministra. Por tanto, más de un año con un gobierno en minoría y que solo despacha asuntos corrientes.

La realidad es que los nacionalistas flamencos no se han esforzado en resolver el problema: creen que las circunstancias les favorecen. Bélgica cuenta con 11,4 millones de habitantes de los cuales casi el 60 por ciento vive en Flandes; es la región más productiva, con menos paro y transfiere una parte sustancial de sus recursos al sostenimiento del país (según sus cálculos, del orden de 6.500 millones de euros al año, dato no oficial). Las ciudades de Brujas, Gante y Amberes y toda la costa están en su territorio. Su presencia en un Gobierno federal no es imprescindible, pero obliga a pactos complejísimos y contra natura. Si acceden a negociar será para buscar una solución confederal. Escocia y Cataluña son sus referencias, pero no echarán un pulso a la legalidad vigente, esperarán para aplicar sus propuestas.

El país está dividido, tras seis reformas constitucionales, en tres comunidades (flamenca, francófona y germanófona) y tres regiones (Flandes, Valonia y Bruselas) y tiene seis presidentes: el federal ocupado interinamente por Sophie Wilmès; el de Flandes que es Jan Jambon de la N-VA en coalición con democristianos de CD&V y liberales de Open VLD; el de Valonia, Elio di Rupo del Partido Socialista (PS), en coalición con los liberales del MR y verdes de Ecolo; el de Bruselas, Rudi Vervoort del PS, en coalición con Ecolo, Défi y Open VLD; el de la comunidad francófona, Pierre Yves Jeholet, liberal del MR, en coalición con PS y Ecolo; y el de comunidad germanófona (muy pequeña y nada significativa, no llega a los cien mil habitantes), Oliver Pasch de un partido local.

Todos ellos han sido elegidos después de los comicios del 26 de mayo tras complejas negociaciones. Pero queda pendiente el gobierno federal tras más de 220 días (hay que recordar que Bélgica tiene el récord mundial de un gobierno democrático en funciones, 541 días entre 2010 y 2011).  Es imprescindible que en la coalición estén flamencos y francófonos dada la dispersión de formaciones políticas. No hay más que ver la composición del Parlamento nacional (150 diputados) para entender el bloqueo: N-VA, nacionalistas flamencos, 24 escaños; PS, socialistas francófonos, 20; Vlaams Belang, extrema derecha flamenca, 18; MR, liberales francófonos, 14; Ecolo, verdes francófonos, 13; CD&V, democristianos flamencos, 12; Open VLD, liberales flamencos, 12; PTB, izquierda radical francófona y flamenca, 12; PS.A, socialistas flamencos, 9; Groen, verdes flamencos, 9; CDH, democristianos francófonos, 5; Défi, federalistas independientes francófonos, 2). 

Armar una mayoría es muy complicado. Muchos expertos interpretan la exigencia de la N-VA de un Estado confederal como el penúltimo paso antes de la separación total. Algo que los socialistas rechazan de plano. Su líder, Paul Magnette, alcalde de Charleroi, ha dejado claro que no van “a discutir de confederalismo, del fin de Bélgica o de la separación de la Seguridad Social porque pensamos todo lo contrario”. Idea compartida, más o menos, por los francófonos. 

En uno de los encargos del rey, en noviembre pasado, Magnette había apalabrado un gobierno que aquí denominan arcoíris: socialistas (rojo), liberales (azul) y ecologistas (verde) que les daba una mayoría ajustadísima siempre que contaran con los partidos de esas familias de las dos regiones y el apoyo de democristianos. En ningún caso incluirían al PTB de izquierda radical que no está dispuesto a pactar. Ni con Vlaams Belang, al que se le aplica el cordón sanitario por ser de extrema derecha. Pero el arcoíris dejaría fuera a la N-VA y obligaría a cuadrar el círculo a sus socios en Flandes, liberales y democristianos, que apoyarían una solución en su región y otra en el federal. Demasiado arriesgado. Y fácil de desmontar: “El arco iris significa sobre todo regalos para los valones pero pasando la factura a los flamencos” en opinión de la diputada Valerie Van Peel de N-VA. El argumento de que los francófonos viven del esfuerzo de los flamencos siempre funciona. 

El Rey encargó a un liberal francófono y un democristiano flamenco que sigan explorando soluciones después de que Magnette no lograse su objetivo

El Rey encargó a un liberal francófono y un democristiano flamenco que sigan explorando soluciones después de que Magnette no lograse su objetivo, pero tampoco han dado con la tecla. Ahora, dos liberales, una francófona y un flamenco, continúan intentándolo. Y la N-VA sigue sin inmutarse. Ellos han hecho su trabajo reeditando el gobierno de su región con liberales y democristianos y sin contar con Vlaams Belang, la formación xenófoba de extrema derecha que más creció electoralmente y que es la única amenaza a su mayoría. Son independentistas, pero sin estridencias. Aun así, Jan Jambon, el presidente flamenco, ha elegido Cataluña para su primera salida al extranjero. La N-VA siempre ha apoyado al independentismo catalán –Carles Puigdemont está exiliado en Bélgica con su colaboración– y viene reclamando la implicación de la Unión Europea en este asunto. Jambon exigió públicamente, en esa visita a Barcelona, que Charles Michel, el que fue ministro del Interior, intervenga en Cataluña desde su nueva responsabilidad europea. Algo impensable desde la perspectiva comunitaria.  

Si hubiera una nueva reforma constitucional sería en el mismo sentido que las anteriores: descafeinar el gobierno federal, dar competencias a las regiones y desmantelar poco a poco el Estado que durante más de un siglo fue controlado por los francófonos, cuando Valonia (Lieja, Charleroi, Mons, Namur) era poderosa gracias al carbón y al acero. Desde los años 60 del siglo pasado la economía y el equilibrio financiero se han revertido totalmente: crisis en la Valonia francófona con el cierre y desmantelamiento industrial, nueva pujanza de Flandes, una de las regiones más ricas de Europa. Hoy de Bélgica solo quedan, según Bart de Weber, alcalde de la productiva Amberes y líder de la N-VA, algunos signos identitarios simbólicos: “el chocolate, los mejillones con patatas fritas, el Atomium, los diablos rojos (selección de fútbol) y la Casa Real” y, habría que añadir, la cerveza. En su opinión no es que se separen de Bélgica, es que se disuelve sola. 

Al Gobierno federal le quedan pocas pero poderosas competencias: asuntos exteriores, seguridad y ejército, justicia, investigación, sanidad, seguridad social, finanzas (más 90% de los impuestos) y grandes empresas públicas: correos, ferrocarriles, energía atómica. Y la deuda, que es una de las más altas de Europa, en torno al 100% del PIB. Con el Estado confederal habría que dividir todo eso y resolver el caso de Bruselas, la capital y los 19 municipios que la rodean que forman una región propia oficialmente bilingüe (aunque es muy mayoritario el francés que entiende el 87% de la población frente al 16% del flamenco, superado ya por el inglés con un 34%, según el último barómetro lingüístico de una entidad independiente) y sede de la mayoría de los órganos oficiales de la Unión Europea. Un asunto nada baladí.   

Es cierto que son dos comunidades que viven de espalda una de la otra, encerradas en sus límites lingüísticos (hay muchos más flamencos que hablan francés, que valones que hablen flamenco) pero según Eurostat, no obstante, ocho de cada diez belgas se sienten bien en su país y con su vida, uno de los índices más altos de Europa. Quizá sea porque tienen unos salarios consistentes (3.558 euros brutos mensuales de media según el último dato, de diciembre, de la Oficina de Estadística, y son más altos en Bruselas y en Flandes). Pero la división sigue ahí, esperando el momento de ejecutarla sin estridencias ni golpes sobre la mesa. 

LOS ESTANDARTES

Para entender la complejidad política belga basta con examinar la trayectoria de los dos principales líderes, sobre los que recae la mayor responsabilidad de formar gobierno: Bart de Wever, alcalde de Amberes desde 2012 y presidente de la N-VA desde 2004, a la que ha llevado a repetidos triunfos electorales y Paul Magnette, alcalde de Charleroi también desde 2012 y recién elegido presidente del PS francófono.

Magnette (Lovaina, 1971), profesor de Ciencia Política en la Universidad Libre de Bruselas es un tipo abierto, moderno, la esperanza de su partido tras limpiar las corruptelas de Charleroi, que encabezó la rebelión de Valonia contra el CETA (el pacto de libre comercio entre la UE y Canadá que retrasó la firma del mismo) y decidido a defender una Bélgica unida de forma razonable y con datos. Ha dado la cara y ha aceptado el reto de formar un gobierno federal. No lo ha conseguido pero ha acercado muchas posturas distantes, dado su carácter dialogante. Pero es alcalde de una ciudad en reconversión, tras el cierre de las minas y de las industrias siderúrgicas y del vidrio, a la que está imprimiendo un giro radical para engancharse a las nuevas tecnologías. Una transformación que va lenta porque Charleroi está avejentada, con índices de paro y delincuencia por encima de la media. Una rémora del glorioso pasado valón. Es la cruz de esta historia.

De Weber (Mortsel, 1970), universitario, ejerció como editor de revistas pero su principal ocupación es la N-VA desde 2004. Clásico, de derechas, pero sobre todo nacionalista flamenco. Ha hecho todo lo posible para que no le encarguen la formación del gobierno federal, pese a que preside el partido con más diputados. Escurridizo y hábil, su meta es la independencia y evita, por tanto, compromisos que quiebren su ideario principal. Es alcalde de la ciudad más vigorosa y competitiva del país, Amberes, la segunda en población tras Bruselas. Un gran puerto de enorme potencial, en una encrucijada en el medio de la Europa más próspera, la capital mundial del diamante, la convierten en una ciudad comercial, dinámica y a la altura de su tiempo. La cara de la moneda belga.