El Gran Seleccionador o el Gran Colocador de jueces en este país se llama Carlos Lesmes. 

Es el Zar.    

Lesmes (1958) subió los primeros peldaños de su carrera política nada más ganar las elecciones José María Aznar.

En el Ministerio de Justicia ocupó los cargos de director general de Objeción de Conciencia –entre 1996 y 2000– y director general de Relaciones con la Administración de Justicia –entre 2000 y 2004–, y  muchos años después, tras pasar por la Audiencia Nacional y tres años por la Sala Tercera del Supremo –Lesmes siempre definió a esta rama del derecho, el contencioso-administrativo, como el equivalente de la academia norteamericana militar de West Point frente al concepto de que cualquiera puede ser penalista–, resultó nombrado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en diciembre de 2013.

No las tenía todas consigo para el puesto, pero es un hombre de baraka y sabe exprimir las contradicciones de los políticos.

Lesmes adaptó aquella expresión de Alfonso Guerra de octubre de 1982 referida a España. Cambió España por judicatura y se prometió que no la reconocería ni la madre que la parió

El Partido Popular apoyaba para el puesto a Manuel Marchena, entonces magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero el exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2012, vetó a Marchena y apoyó a Lesmes.

Rubalcaba se quedó con la sangre en el ojo cuando Marchena y su colega y amigo José Manuel Maza –más tarde fiscal general del Estado– presentaron un voto particular, en febrero de 2010,  contra la mayoría en la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba, con ciertas medidas de precaución, el nuevo sistema de escuchas telefónicas Sitel, sistema que el entonces ministro del Interior había adquirido.

EL GAL y la selección nacional del PP

En diciembre de 2013, Lesmes comenzó su primera ronda de nombramientos de jueces por un periodo de cinco años. Aparte de ser un seleccionador incondicional de jueces conservadores o próximos al Partido Popular, Lesmes impuso un criterio particular. No solo aplicaba el rodillo mayoritario conservador para elegir a magistrados de derechas. Seleccionaba también a algunos jueces con marchamo de progresistas porque respondían a un rasgo fundamental: eran miembros de lo que en la jerga iniciática de la judicatura se llama el GAL, o Grupo de Amigos de Lesmes. Uno de los ejemplos más estelares fue la creación del puesto de vicepresidente del Tribunal Supremo, y la decisión de nombrar a un magistrado progresista en la persona de Ángel Juanes. 

Pero el requisito para su designación era un secreto a voces: Juanes compartía urbanización en el sur de España con Lesmes y salía a navegar en el barco del nuevo presidente del Supremo y del CGPJ. También en el órgano de mando del CGPJ, la comisión permanente, Lesmes se ganó la complicidad de vocales progresistas, como la magistrada Mar Cabrejas o el abogado y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.

El rodillo funcionó de una manera irrefrenable durante cinco años en los que una carrera tradicionalmente conservadora todavía daría un salto hacia posiciones más extremas. Lesmes adaptó aquella expresión de Alfonso Guerra de octubre de 1982 referida a España. Cambió España por judicatura y se prometió que no la reconocería ni la madre que la parió.

Sin complejos

Desde el minuto uno, Lesmes no mostró complejos. Y los vocales del nuevo Consejo no tardaron en percibir su falta de escrúpulos. Por aquellos días de 2014, la preocupación en el Partido Popular tenía nombre alemán: Gürtel. Y apellido breve: Ruz. 

Pablo Ruz, un joven magistrado, estaba en comisión de servicios, renovable cada seis meses, en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y estaba a cargo de la trama de corrupción de Francisco Correa, gürtel en alemán.

El PP había decidido apoyar a Ruz en la instrucción de los Papeles de Bárcenas, en la primavera de 2013, frente a una fugaz incursión de Javier Gómez Bermúdez, la bestia negra del PP, tras el juicio del atentado del 11-M en Madrid, cuya sentencia confirmó la autoría yihadista de la masacre frente a las teorías de la conspiración.

Pero pronto, al advertir el carácter de Ruz y su independencia en la investigación, el PP lo convirtió también en otro de sus peores enemigos. 

Lesmes consintió en renovar el mandato de Ruz en junio de 2014. Pero sería una y no más. Ese verano, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recibió presiones directas de su partido para acabar con la comisión de servicios de Ruz a finales de ese mismo año. El juez sabía que tenía los días contados. Y por tanto aceleró la investigación de dos de las casi diez piezas de la trama: Gürtel 1999-2005 y Papeles de Bárcenas o Contabilidad B del PP.

La cobertura de la operación para quitarse de en medio a Ruz la aportaría el ministerio de Justicia: la necesidad de sacar a concurso un número importante de puestos para cubrir plazas de jueces. Entre  los primeros 360 se incluiría el sillón del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional.

Valle y De la Mata

Pero la tarea de Lesmes no se limitaría a liquidar a Ruz. Había que asegurar la plaza para un candidato próximo al PP, aún quedaban importantes piezas para instruir en el caso Gürtel. Uno de los colaboradores de Lesmes en la Comisión Permanente del CGPJ, Gerardo Martínez Tristán, hizo de cazatalentos y encontró lo que buscaba: Carlos Valle, magistrado de los juzgados de Plaza Castilla. Era un valor seguro. Por ideología y por antigüedad. Valle había protagonizado en 1986 el ataque contra centros de planificación familiar y clínicas abortistas de Madrid en el que ordenó detener a 39 trabajadores. Y en 2006 había exonerado a dos militantes del PP que agredieron al ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

Valle pareció acoger con entusiasmo la idea, pero finalmente se echó atrás por razones de salud, al borde del concurso de adjudicación. Así, la plaza la ganó el juez Pepe de la Mata. Al PP le salió el tiro por la culata. Se había cargado a través del CGPJ a Ruz y ahora, en abril de 2015, la plaza la ocuparía un juez que, entre 2009 y 2011, había sido director general de Modernización de Justicia durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Vade retro!

Ruz finalizó la instrucción de Gürtel 1999-2005 y dejó enfilada la de Papeles de Bárcenas, antes de acabar su comisión de servicios. Los temores del PP se vieron confirmados en diferido, cuando en mayo de 2018 la sentencia de Gürtel 1999-2005 dejó constancia de que Francisco Correa creó con el PP una “estructura de colaboración estable” ...que llevó a un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, una frase crucial para la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy.

Prueba de fuego

La militancia de Lesmes, empero, tendría una prueba de fuego con el procés. En aquellos días de diciembre de 2014, Lesmes ya había consumado una primera cruzada victoriosa.

Una de las miembros de la Comisión Permanente era la abogada Mercè Pigem, exdiputada en el Congreso de los Diputados por Convergencia Democrática de Cataluña. El 11 de noviembre de 2014, Pigem acude a la reunión de dicho órgano. Tan solo dos días antes, se había celebrado en Catalunya la consulta del 9-N, con las preguntas “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.

––¿Qué ha pasado el domingo, Mercè? ¿Cómo ha ido?– preguntó Lesmes.

Pigem, de 60 años, contestó en clave de humor.

––Bueno, yo vivo en La Bonanova y todos son pijos. El domingo vamos a misa y después nos pasamos a votar en la consulta.

La ira de Lesmes era visible. Pigem, lejos de esconder el hecho de que había sido una de los 2.305.290 votantes en el “acto de participación ciudadana”, según las cifras oficiales ofrecidas por la Generalitat, lo estaba  reconociendo.

Lesmes bramó subiendo el tono de voz y amonestando a Pigem, que  aguantó estoica.

La cobertura de la operación para quitarse de en medio a Ruz la aportaría el ministerio de Justicia: la necesidad de sacar a concurso un número importante de puestos para cubrir plazas de jueces

Las cosas no quedarían ahí. Tres semanas más tarde, Lesmes ejecutó su vendetta. Pigem acompañaba a su hermana en un viaje a Andorra para hacer compras para las Navidades. Pigem llevaba encima 9.500 euros. En un control de las fuerzas de seguridad del Estado, le encontraron el dinero y, al comprobar su nombre, una integrante de la Guardia Civil decidió abrir un expediente. La noticia se filtró. El 28 de noviembre de 2014, Lesmes llamó por teléfono a Pigem y le arrancó la renuncia al CGPJ. Lesmes no tenía ninguna autoridad para ello. Los miembros de la Comisión Permanente son designados por el Pleno del CGPJ y deben responder ante el mismo. El caso del dinero en metálico de Pigem se archivó sin sanción administrativa. 

Tres años después, durante la toma de posesión de magistrados del Tribunal Constitucional, Mercè Pigem y Lesmes se reencontraron. “Siento cómo fue todo”, le dijo el presidente del CGPJ a la jueza catalana, como si no fuera con él.

Así es Lesmes.

Macías y Ramírez Sunyer, contra el procés

La operación Pigem fue muy provechosa para Lesmes y para el PP. Una vez más, no se trataba solo de cargarse a alguien, sino de quién le sustituiría. Y en una nueva operación, Lesmes consiguió deshacerse del primer candidato suplente, Antonio María Álvarez-Buylla, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, para dar entrada al segundo suplente, el exmagistrado y abogado socio del bufete Cuatrecasas José María Macías.

Macías se convertiría rápidamente en la mano derecha intelectual de Lesmes y, sobre todo, formó con él y con el magistrado Pablo Llarena una troika durante la instrucción de la causa del procés en el Supremo. La cuarta pata era el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Macías y Ramírez Sunyer se habían conocido en la Escuela Judicial Española, en 1990. A raíz de una denuncia del abogado Miguel Durán, el exdirector de la ONCE, Sunyer se había convertido en el caballo de Troya del procés con la ayuda del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, a cargo de la policía judicial, desde febrero de 2017.

La instrucción de Llarena sobre los hechos del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, precisamente, contaba con el trabajo de recopilación de indicios de Ramírez Sunyer y sobre todo, los atestados de Baena que ya trabajaba sobre lo que consideraba “el clima insurreccional de Catalunya” desde noviembre de 2015 a las órdenes del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

El magistrado mantiene excelentes relaciones con los gobiernos. En el último año y medio ha visitado a Pedro Sánchez, se ha hecho querer aportando información y está a partir un piñón con la vicepresidenta Carmen Calvo

Cuando Ramírez Sunyer estaba muy enfermo, a punto de morir, Macías aconsejó a Lesmes enviarle una carta de agradecimiento por los servicios prestados en la instrucción. Se cree que el borrador lo elaboró el propio Macías, quien ya preparaba el obituario de su amigo. En la carta, enviada el 2 de noviembre de 2018, Lesmes lo felicita por las “dimensiones heroicas” que adquirió la labor del juez en el contexto “hostil” del  1-O, y le muestra su respeto a “la persona que es capaz de perseguir tan tenazmente aquello en lo que cree, lo que constituye su ilusión y su meta: el servicio a la Justicia y al Estado, a España, y el cumplimiento del deber que ese servicio entraña”. Lesmes finalizaba agradeciéndole a Ramírez Sunyer “defender el Estado de Derecho y la Justicia sin vacilaciones ni miedos en tiempos tan convulsos”, y añadía: “Siempre serás un referente para mí y para todos los compañeros de profesión”.

A su vez, Macías revelaba en su obituario de fecha 4 de noviembre de 2018 la verdadera importancia de la instrucción de su amigo fallecido.

“Su trabajo como juez, siempre impecable, se hizo noticiable cuando asumió la investigación inicial de los hechos que desembocaron en los sucesos del 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía de la Generalitat. Posteriormente, su investigación constituyó en buena medida la base de la que, a su vez, ha llevado a cabo el Juez Llarena por los acontecimientos del 1 de octubre de ese año”.

Triste, Marchena y final

Pero he aquí que después de seleccionar ese plantel a lo largo y ancho de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia, cuando ya vencían algunos de los primeros mandatos de cinco años de los elegidos por Lesmes –con su mayoría conservadora en la comisión permanente y en el Pleno del CGPJ–, y ante el vencimiento del mandato del propio Lesmes y de los vocales nombrados en 2013, una conspiración liderada por el exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, con mandato de Pablo Casado, y apoyo del gobierno de Pedro Sánchez, volvía a reeditar el año pasado la situación creada en 2013. 

En septiembre de 2018, Manuel Marchena, ahora presidente de la Sala Segunda y del tribunal del procés, dio su apoyo para que le nombrasen único candidato para suceder a Lesmes.

Con todo, no pudo ser. Un oportuno whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, explicaba a sus conmilitones, críticos con el pacto entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ, que el acuerdo en ciernes era ampliamente beneficioso para la derecha. El PP permitía al sector llamado progresista del CGPJ contar con 11 vocales contra 9 de los conservadores, con la presidencia para Marchena. El pacto, explicó Cosidó, era muy bueno para el PP porque con él se estaba “controlando la Sala Segunda [la que enjuicia a los aforados] desde detrás”.

La renovación del CGPJ fue cortocircuitada. Y Lesmes vio prorrogado su mandato sine die. En estos meses, ha aprovechado su interinidad para renovar o depurar aquellos primeros mandatos de hace cinco años que han ido venciendo. De facto habrá acometido la tarea de dos mandatos casi completos en materia de nombramientos clave.

Lesmes se representa a sí mismo y a su grupo de amigos. Y mantiene excelentes relaciones con los gobiernos. En el último año y medio ha visitado a Pedro Sánchez, se ha hecho querer aportando información y está a partir un piñón con la vicepresidenta Carmen Calvo.

Tras la moción de censura de junio de 2018, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que había sido jefe de Lesmes en los años de Aznar en Justicia, llamó a Lesmes.

––La culpa de todo esto esto la tienes tú, Carlos. Y que sepas que también Rajoy piensa así.

No era cierto que Mariano Rajoy pensara de esa manera. Pero Catalá se lo inventó para dramatizar el escenario. 

Catalá le echaba en cara a Lesmes que no hubiese movido un dedo para impedir que Rajoy tuviese que acudir personalmente –en lugar de hacerlo por videoconferencia desde La Moncloa– a declarar a la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, el 26 de julio de 2016 en calidad de testigo en el caso Gürtel.