Emmanuel Macron ha batido un nuevo récord del que no se sentirá demasiado orgulloso. Tras la dimisión, el lunes 16 de diciembre, del ministro de las Pensiones, Jean-Paul Delevoye, el Ejecutivo ya ha perdido a 16 integrantes en dos años y medio de mandato. Ningún otro presidente había sufrido antes tal sangría. Aunque en el marco constitucional de la Quinta República la figura del presidente es casi intocable, el juego de las sillas en el que se ha convertido su gobierno refleja la inestabilidad política en Francia, una inestabilidad que acecha también a buena parte de Europa. La crisis social ha entrado en su segunda temporada con la fuerte contestación a la reforma de las pensiones.

Delevoye, el reformador de las pensiones, ha sido el primer soldado en caer en esta batalla. Tras haber olvidado declarar diez cargos ante el organismo de transparencia pública, su puesto en el gobierno pendía de un hilo. Además de sus responsabilidades gubernamentales, este histórico chiraquista ocupaba otros once puestos en paralelo –un total de 14 en los últimos cinco años–. Por algunos de ellos, recibió salarios netos de 5.600 y 6.500 euros. Una acumulación que no solo es ilegal, sino que evidenciaba un conflicto de intereses al tratarse, entre otros, del puesto de consejero del IGS, un instituto especializado en formación en el campo de los seguros, o de la presidencia del instituto Parallaxe, también en el mismo sector.

Además de sus responsabilidades gubernamentales, Delevoye, un histórico chiraquista, ocupaba otros once puestos en paralelo –un total de 14 en los últimos cinco años–

Aunque Macron peleó por la permanencia de Delevoye, este terminó saltando como un fusible la víspera la tercera huelga general convocada en diciembre. La fuerte presión social se cobra así su primera víctima: el arquitecto de la reforma de las pensiones, que desde el otoño de 2017 preparaba el nuevo sistema. Delevoye se va, pero sus polémicas medidas permanecen.

Tras la movilización masiva del 5 de diciembre, el Ejecutivo centrista sigue ignorando el malestar popular. Catorce días de huelga en los transportes ferroviarios y metropolitanos no han frenado, por ahora, la reforma del modelo de pensiones francés, uno de los más avanzados y progresistas del viejo continente. Pese a algunas concesiones menores, la ley presentada el 11 de diciembre es una de las versiones más duras de los proyectos esbozados en los últimos meses. No solo se mantiene la transformación del actual modelo de 42 regímenes de cotización en un único sistema por puntos, con la amenaza de una disminución significativa de las prestaciones públicas, sino que se retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.

Primer frente sindical unido desde 2010

La subida de la “edad de referencia” a los 64 unió a todos los sindicatos en las protestas. Macron se sacó de la chistera este concepto de “edad de referencia” para evitar incumplir su promesa electoral de que no modificaría la edad legal más allá de los 62. Pero en realidad su propuesta equivale a retrasar dos años la edad de jubilación. El gobierno “ha sobrepasado claramente una línea roja”, lamentó Laurent Berger, secretario general de la moderada CFDT, el sindicato con un mayor número de afiliados que hasta la semana pasada se oponía a las protestas.

El 17 de diciembre la movilización no solo aumentó, sino que en numerosas localidades se situó en niveles parecidos o incluso superiores a los del 5-D. Y los sindicatos ya han anunciado nuevas acciones para las vacaciones

Por primera vez desde 2010, todas las organizaciones sindicales se movilizaron conjuntamente el martes 17 de diciembre. Al menos 615.000 personas, según el Ministerio del Interior, 1,8 millones según los sindicatos, participaron en centenares de protestas. Tras años de impotencia ante la ofensiva neoliberal, los sindicatos revivieron viejos tiempos el 5 de diciembre, primer día de huelga general, al sacar cerca de un millón de personas a la calle, en la mayor movilización social desde la lucha contra la reforma de las pensiones de Nicolas Sarkozy hace nueve años.

La participación decayó, sin embargo, a la mitad en la huelga del 10 de diciembre. “Eso explica los motivos por los que el gobierno no quiso finalmente hacer ninguna concesión”, explica Dominique Andolfatto, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Borgoña, experto en sindicalismo francés. Una inflexibilidad por la que el ejecutivo macronista puede ahora pagar un alto precio.

El 17 de diciembre la movilización no solo aumentó, sino que en numerosas localidades se situó en niveles parecidos o incluso superiores a los del 5-D. Y los sindicatos ya han anunciado nuevas acciones para las vacaciones. “¿Vamos a hacer una tregua durante las Navidades? ¡Para nada! El regalo que le quiero hacer a mis hijos es la jubilación a los 62 años”, cuenta Leila Saib, de 41 años, profesora de secundaria y militante de la CGT, desde las primeras filas de la manifestación en París, más imponente que la del primer día de huelga.

En la cabecera de la marcha parisina, en medio de un grupo de Chalecos Amarillos, militantes antifascistas y anarquistas, también está Brigitte Baly-Borrull, de 66 años: “Soy una moderada, no una revolucionaria. Pero ahora están intentando destruir el sistema de pensiones. En los momentos importantes hace falta salir en la calle. Lo hice en 1995 y aún me acuerdo de Alain Juppé que no paraba de repetir que se mantendría firme en su reforma de las pensiones y de la seguridad social”. Al final, el entonces primer ministro conservador terminó cediendo.

Según un sondeo publicado en el Journal du Dimanche, el 54% de los franceses apoya o simpatiza con la huelga (un punto más que la semana pasada) y solo se opone a ella el 30%

“Estas movilizaciones son comparables a las que de 1995 y 2010. En ambos precedentes hubo manifestaciones masivas contra medidas que afectaban al sistema de pensiones”, explica Jean-Marie Pernot, reputado especialista en organizaciones sindicales. Según recuerda este politólogo del Instituto de Investigación Económica y Social, “en Francia hay memoria histórica de lo que significa ser un jubilado pobre. Antes la jubilación era sinónimo de gran precariedad, pero desde principios de los ochenta ya no”. Así lo reflejan los datos: en Francia hay un 8% de pensionistas en riesgo de pobreza, mientras en Alemania son el 18%, y en España un 15% .

El 54% de los franceses, a favor de la huelga

Pese a los contratiempos en los transportes, sobre todo en la región parisina, la opinión pública sigue respaldando las protestas. Según un sondeo publicado en el Journal du Dimanche, el 54% de los franceses apoya o simpatiza con la huelga (un punto más que la semana pasada) y solo se opone a ella el 30%. El ejecutivo se concentró en presentar la huelga como una movilización exclusiva de trabajadores de empresas públicas que disponen de regímenes especiales de cotización, como el grupo ferroviario SNCF, la RATP de los transportes metropolitanos de París o las eléctricas EDF y Engie. Es decir, tachar de “privilegiados” a trabajadores con condiciones de jubilación dignas, que les permiten jubilarse un poco antes.

Sin embargo, esta estrategia comunicativa ha resultado un fracaso. “No nos manifestamos solo para defender nuestros intereses privados”, defiende Christian, de 46 años, agente ferroviario en la Gare de l’Est de París, en huelga desde el 5 de diciembre y presente en las sucesivas manifestaciones parisinas. “Los regímenes especiales no son ningún privilegio, sino el resultado de luchas sociales del pasado”, afirma este conductor de trenes que vive la banlieue parisina. Equipado con el distintivo chaleco naranja de los cheminots y una gorra azul de conductor, Christian enumera las fatigas de su empleo: trabajo nocturno, cambios constantes de horarios, tener que dormir fuera de casa o la responsabilidad de un empleo que no se ejerce a cualquier edad.

“Quieren instalar un clima de división entre los trabajadores, enfrentar a unas profesiones contra otras”, lamenta Christian. No obstante, la indignación impera en numerosos sectores. Agentes ferroviarios, maestras, abogados, artistas, enfermeras, estudiantes, periodistas de Radio France, la radio pública... Entre ellos destaca el sector educativo, con niveles de niveles de seguimiento de la huelga inéditos desde 2003.

Los profesores, en lucha

“Si la reforma se aprueba, los profesores podemos llegar a perder hasta 1.000 euros de pensión al mes”, dice François H., de 32 años. “Los servicios públicos no han parado de degradarse en los últimos años: los hospitales, las residencias de ancianos, las condiciones laborales de policías o bomberos…”, explica este maestro de escuela en el nordeste de París, quien recuerda la fuerte pérdida de poder adquisitivo experimentada por los profesores, que “a principios de los noventa cobraban el doble del salario mínimo y ahora este solo representa 1,3 veces”.

Este maestro participó como representante del distrito XIX en la asamblea que los trabajadores en huelga de la educación primaria de París celebraron el 10 de diciembre. En el pabellón de la escuela Saint-Jacques del Barrio Latino, decorado con una foto de Macron en una pared y una estatua de Marianne en la de enfrente, más de 200 representantes del sector educativo votaron declararse en huelga indefinida. Una decisión que no era vinculante para todo el sector, pero que sí reflejó la importancia de las asambleas en la organización de estas protestas, después de que en las últimas semanas proliferaran en diversos sectores y localidades.

“En  empresas como la RATP o la SNCF, las bases impulsaron acciones espontáneas y esto ha obligado a las direcciones sindicales a salir de sus rutinas y superar sus divisiones para construir conjuntamente este movimiento social”, explica Dominique Andolfatto, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Borgoña, experto en el sindicalismo francés y autor del libro La démocratie sociale en tension. Las movilizaciones de este mes ya empezaron a gestarse el 13 de septiembre cuando los trabajadores del metro de París organizaron una primera huelga con un seguimiento masivo. “Como ya sucedió con los chalecos amarillos, esta movilización se caracteriza por haber sido impulsada desde abajo”, defiende el politólogo Thomas Guénolé.

“La revuelta de los Chalecos Amarillos empezó con el aumento del precio del combustible. En Líbano fue por un tasa sobre el uso de WhatsApp y en Chile por el precio del metro. Ahora en Francia la reforma de las pensiones no es más que un pretexto. En realidad estamos hartos del sistema”, asegura Sandrine, de 29 años, militante de los chalecos amarillos y que dice ser “la única asalariada de mi empresa que hace huelga”. “Muchos trabajadores del sector privado tienen miedo de desertar  de su puesto de trabajo ya que no quieren que los despidan”, reconoce.

Hace un año la revuelta de los chalecos amarillos logró sacar de la resignación a personas poco asiduas a manifestarse. Doce meses después un frente sindical reforzado ha tomado el relevo del malestar en Francia. Pese a la presión de la calle, Macron se aferra a su ofensiva neoliberal contra el sistema de pensiones. Una sordera social que puede resultar contraproducente.

“Todas las manifestaciones actuales evidencian el fracaso de todas las iniciativas adoptadas por el gobierno francés para zanjar la crisis de los chalecos amarillos”, asegura Perno, quien considera que “el gran debate nacional no sirvió para nada”. Según advierte este politólogo, “el menosprecio a las formas de contestación tradicionales no hará más que dar la razón a aquellos que apuestan por manifestarse cometiendo disturbios y violencias materiales”. Y reforzará aún más la crisis de régimen de la Quinta República.