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Virginia Álvarez / Amnistía Internacional

“El sistema no está preparado para entender y atender a las víctimas de violencias sexuales”

Amanda Andrades / Adriana M. Andrade Madrid , 25/11/2019

<p>Virginia Álvarez.</p>

Virginia Álvarez.

Amnistía Internacional

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En España entre 2012 y 2018 las denuncias por agresión y abuso sexual pasaron de 6.732 a 10.727, según datos del Ministerio del Interior. Un aumento que no necesariamente indica, según las expertas, un incremento de la violencia sexual, sino una mayor conciencia social de que esta es un delito. La eclosión del movimiento feminista en las calles, la indignación por sentencias como la de La Manada y el #Yosítecreo han roto el silencio, han puesto el foco en los estereotipos de género y las lagunas del sistema para la prevención, condena y erradicación de esta violación de derechos humanos. Y, sin embargo, aún queda demasiado por hacer. 

A finales de 2018 Amnistía Internacional publicó el informe Ya es hora de que me creas, un análisis de las políticas públicas estatales y de cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Galicia).  Una de sus demoledoras conclusiones fue que el sistema “cuestiona y desprotege” a las víctimas. “La violencia sexual está invisibilizada y no ha sido una prioridad de las autoridades”, sigue alertando Virginia Álvarez (Madrid, 1971), responsable de esa investigación, un año después.

¿A qué se debe la omisión de la violencia sexual en las políticas públicas?

En primer lugar, a la invisibilización que ha existido. Quizá a los prejuicios y estereotipos que cuestionan muchas veces el comportamiento de la mujer, como hemos podido comprobar hasta la saciedad. Y quizá a una falta de interés o quizá al fijarse solo en un tipo de violencia sexual muy concreta, la violación. Ahora se están empezando a recoger datos por parte del Ministerio de Interior, sobre todo, pero no hay datos, no hay seguimiento. Y las violencias sexuales no tan obvias, no las que todo el mundo tiene en el imaginario, una violación violenta, una agresión sexual, están totalmente ocultas. Por ejemplo, las violencias dentro de la familia, las violencias hacia personas con algún tipo de discapacidad intelectual que se producen en el entorno más cercano. Y ya ni te cuento cuando estamos hablando de violencias que sufren mujeres en situación de irregularidad. Son violencias totalmente ocultas y que la Ley Integral obvia. Incluso, aunque esta sí contempla la violencia sexual dentro de la pareja o expareja, también ahí termina siendo muy invisibilizada. Quizá hay una aceptación... Todo el patriarcado que nos sigue impregnando influye también en el abordaje de este tipo de cuestiones.

La principal conclusión de vuestro informe Ya es hora de que me creas, publicado hace un año, fue que el sistema “cuestiona y desprotege” a las víctimas. ¿En qué se basaron para afirmarlo? ¿Qué hallaron a lo largo de la investigación? 

Lo primero que hicimos fue mirar cuáles son las políticas públicas, cuáles son los protocolos existentes cuando una mujer sufre algún tipo de violencia sexual. Lo que nos encontramos es que no hay nada. A nivel estatal no hay ningún tipo de política pública que haya abordado este asunto. Además, lo que hay es lo que se denomina en derecho internacional normas neutras al género. Estamos hablando de delitos que afectan de una manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas y en cambio no hay una perspectiva de género que permita entender cuáles son las particularidades y cómo ese tipo de delitos afectan a un grupo muy concreto de población. Fuimos viendo también que no hay protocolos de actuación unificados, protocolos que la gente tenga claro.  Y luego analizamos cómo toda esa falta de políticas afecta a las mujeres. La existencia de estereotipos, por ejemplo. No lo dice Amnistía, hay un estudio muy completo de la Delegación de Gobierno de Violencia de Género del 2018 que arroja datos alarmante sobre cómo la sociedad española sigue normalizando ciertas violencias y sigue culpando a la mujer. Todo eso impregna no solo a la sociedad en general, sino también a los actores que están implicados en la asistencia a estas mujeres en particular.

Una mujer que ha sufrido violencia de género en el ámbito de pareja o expareja va a tener una asistencia letrada antes de presentar la denuncia, pero cuando es violencia sexual no tienen derecho a esa asistencia previa

¿Quiénes son esos actores?

Es todo un proceso desde el primer momento. Por ejemplo, no existe un teléfono especializado, no existe una asistencia integral que garantice un acompañamiento. Al final muchas veces la asistencia está muy dirigida solo al tema sanitario. Tenemos una policía que sí está siendo formada en violencia de género en el ámbito de pareja o expareja, pero no en violencia sexual. Aunque en muchos sitios existe una policía especializada en mujer, la UFAM, no tiene en muchos casos una formación adecuada. Ojo, hay muy buenas y muy buenos profesionales, pero no hay un interés por parte de la Administración en asegurar que esas personas están formadas. Al final depende de la sensibilidad del profesional, de las ganas de profesional de entender el problema. Y eso no puede pasar. No puede ser una lotería. 

Tenemos jueces, juezas, fiscales con estereotipos de género y lo vemos en las sentencias, donde al final, muchas veces lo que se cuestiona es el comportamiento de la mujer. 

Una mujer que ha sufrido violencia de género en el ámbito de pareja o expareja va a tener una asistencia letrada antes de presentar la denuncia, pero cuando es violencia sexual no tienen derecho a esa asistencia previa. Es más, hay reticencias por parte de la Administración, de las autoridades policiales, a que esa persona vaya acompañada de un o una letrada, porque hay una presunción de que se lo puede estar inventando, de que puede estar maquinando.

La mujer no solo es víctima de la agresión sexual por parte de esa tercera persona que la ha violentado, sino que desde que se acerca a las autoridades empieza a ser  revictimizada por un sistema que no está preparado y que no las entiende.

¿No las entiende? 

No se entiende la violencia sexual, no se entienden los procesos que pueden llevar a una mujer a denunciar más tarde o más temprano. ¿Y qué pasa? Pues que si yo he sido violentada, por ejemplo, por mi jefe y tardo tres meses en denunciar, hay una presunción de no creerme, porque en el imaginario estereotipado existente, si sufres una agresión tienes que denunciarlo inmediatamente. Hay que entender cuáles son los procesos por los que puede pasar una mujer. No se entienden los condicionamientos, las desigualdades de poder que se dan, etcétera. Y se sigue sin trabajar sobre ello para que los actores que están en contacto directo con las víctimas entiendan y no prejuzguen. 

Una sociedad no puede de ninguna manera consentir que las mujeres terminen diciendo: “Si lo sé, no denuncio, porque es traumático desde el primer momento”. Además, si te exigen que denuncies para poder acceder a todo el catálogo de servicios que hay, ya te están limitando.Hay mujeres que tardan, que necesitan un proceso de acompañamiento para poder denunciar. Por ejemplo, encontramos una buena práctica, el SAVA [Servicio de Asistencia a la Víctima] de Andalucía, dónde hay un acompañamiento independientemente de que haya denunciado. Después de eso, después de que las ayudan también a trabajar todo lo que les está pasando, es cuando deciden dar el paso y denuncian. Hay que respetar los tiempos de las mujeres.

¿La denuncia previa no debe ser un requisito imprescindible para acceder a la atención? 

Eso es fundamental. Lo primero es el acompañamiento a la víctima. Cuando se exige la denuncia volvemos al delito típico de la agresión sexual, la violación. Las mujeres agredidas por sus empleadores y aquellas en situación irregular no van a denunciar. Seguramente cualquier abogada les diga que tengan cuidado si lo hace porque se podrán enfrentar a un expediente de expulsión. También hay mujeres que no saben cuál es el camino que quieren seguir y si quieren denunciar o no. 

¿Cómo es el proceso que deben seguir las víctimas de violencia sexual? 

Según donde vivas casi tienes que hacer un curso para saber qué tienes que hacer si has sido agredida. En la Comunidad de Madrid si eres agredida en Alcalá de Henares podrás ir al hospital, tendrás atención sanitaria, se empezarán a recoger pruebas, y no se te exigirá denuncia. Si esto te pasa en Madrid capital solo podrás ir a una comisaría, la de Cuatro Caminos, y tendrás que poner la denuncia, de ahí solo podrás ir al Hospital de la Paz. En el Clínic de Barcelona tienen su propio protocolo, es el hospital de referencia, hay un acompañamiento, se recogen pruebas y se pregunta si quieren o no denunciar, si es así el propio hospital llama a la policía y estos se desplazan al hospital. En Andalucía en los testimonios que recogemos nos explicaron que los médicos forenses se acercarán donde estén las víctimas dependiendo del trabajo que tengan, pues si están en un levantamiento de cadáver no irán.  

Es completamente posible recoger pruebas garantizando la cadena de custodia sin tener que poner a la víctima en una tesitura en la que va a tener que esperar horas para declarar, después ir al hospital, esperar al médico forense, sin poderse duchar. En la última persona en la que se está pensando es en ella. En nuestro informe recogemos el testimonio de Blanca, quien fue violada por la noche y tuvieron que pasar 24 horas para poder ducharse. Este tipo de cosas no se pueden permitir. 

Si cambias el Código Penal, pero no cambias las dinámicas, la formación, no abordas los estereotipos de género, no va a cambiar nada

Una de las promesas que varios partidos han hecho en estas últimas elecciones es la reforma del Código Penal? ¿Es necesaria?

Sí, es necesario ordenar el Título Octavo, porque es bastante farragoso. En España no tenemos como tal un delito de violación, tenemos un delito de agresión sexual y un delito de abuso. Tanto en uno como en otro se recoge lo que se entiende como violación, pero de una manera farragosa. Es necesario empezar a llamar a las cosas por su nombre porque cuando estamos hablando de abuso, en el imaginario colectivo, estamos hablando de algo de menor identidad. Y es muy grave. Por ejemplo, en el caso de la manada de Manresa, les han condenado a 10 años, una pena grave, pero también es necesario tener un tipo específico de violación que determine con claridad que cualquier acto sexual no consentido es violación y a partir de ahí podremos ver cuáles son los agravantes, si existen o no existen. 

En Amnistía internacional estamos pidiendo una ley integral en el mismo sentido que se hizo la Ley Integral de Violencia de Género. Porque si cambias el Código Penal, pero no cambias las dinámicas, la formación, no abordas los estereotipos de género, no va a cambiar nada. No te vale de nada tener un tipo penal estupendo si luego los jueces van a seguir cuestionando a la mujer. 

¿Sería suficiente con la reforma del Código Penal para que hubiese una reparación de las víctimas? El Código Penal no se deja de ser una vía punitiva.

Exacto, por eso hablamos de una ley integral que tiene que tener en primer lugar medidas de prevención, porque el Código Penal lo que hace es castigar un acto concreto. Medidas de prevención que tienen que abordar de una manera seria el ámbito educativo, educación afectivo sexual que ahora mismo no se está abordando y que es una manera de evitar esas conductas. Debe haber una asistencia integral a la víctima porque el juicio puede reparar pero no lo es todo. Si no hay un acompañamiento y una serie de ayudas… Hay que revisar todas las leyes que pueden afectar a este proceso, como la ley de delitos violentos y violencia sexual de 1995, que está prácticamente obsoleta y que es casi imposible que las mujeres puedan cumplir los requisitos. Tiene que haber unos servicios especializados que entiendan bien la violencia sexual, que no se reduzca al aspectos sanitario, que aborde las necesidades emocionales y psicológicas a largo plazo. El derecho a la reparación, desde el punto de vista de los estándares internacionales –garantías de no repetición, rehabilitación, indemnización– no están contemplados en la legislación española. Es el gran vacío que debe ser abordado. También pedimos que se creen centros de crisis, especializados y multidisciplinares que hagan un acompañamiento integral. Actualmente el sistema sanitario no está preparado en este sentido. 

Tiene que haber unos servicios especializados que entiendan bien la violencia sexual, que no se reduzca al aspectos sanitario, que aborde las necesidades emocionales y psicológicas a largo plazo

¿Existen referentes internacionales de buenas prácticas de los que podamos aprender? 

No solemos hacer comparaciones entre países porque en todos lados hay luces y sombras. Pero si es verdad que los centros de crisis que proponemos llevan existiendo en el mundo anglosajón desde los años 70. Estos surgieron de grupos de mujeres que habían sufrido agresiones y que se ha ido profesionalizando a lo largo de los años. El propio Consejo de Europa recomienda centros especializados. 

Muchas comunidades autónomas tienen centros especializados pero son las organizaciones sociales quienes se ocupan de ellos, y muchas veces están infra financiadas y no disponen de recursos. No hay una red pública que garantice el acompañamiento. 

¿La Ley de extranjería está contribuyendo a la vulnerabilización de las mujeres en situación irregular?

Por supuesto, porque lo que primero se ve es su condición de mujer irregular. Hubo un caso flagrante. Una mujer rusa fue agredida sexualmente por desconocidos, acudió a la comisaría, con la mala suerte de que en aquel momento estaba en vigor el Real Decreto en el que se le negaba la asistencia sanitaria a personas migrantes, a pesar de que recibió tratamiento de urgencia –que teóricamente estaba incluido– recibió una factura de la asistencia sanitaria. Además, la policía pensó que estaba intentando aprovecharse del sistema y se le citó una segunda vez para expulsarla. No se tuvo en cuenta la agresión sexual que había sufrido y se primó su condición de inmigrante irregular. La protección que se le dió fue enviarla al centro de internamiento de Madrid para intentar expulsarla a su país de origen. En este caso tuvo que intervenir incluso el Defensor del pueblo. 

¿De qué manera deberían abordar los medios de comunicación las violencias sexuales?

El tratamiento de los medios es esencial para visibilizar todas las violencias. Entiendo que son más llamativas las violaciones, pero deberían visibilizar todas. Es fundamental que ayuden a comprender las dinámicas de poder, la desigualdad de género. 

¿Qué piden al próximo Gobierno? 

Deseamos que no haya ni un paso atrás en relación a todo lo conseguido en violencia de género. Hay serias preocupaciones de que pueda haber pasos atrás, hay discursos de odio muy peligrosos a los que se les debería hacer un cordón sanitario. Y tiene que seguir habiendo pasos adelante, sobre todo en políticas públicas. Hay que seguir avanzando en visibilizar otras violencias. En educación en derechos humanos, la educación afectivo sexual tiene que entrar en las escuelas, es fundamental. 

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Amanda Andrades

De Lebrija. Estudió periodismo, pero trabajó durante 10 años en cooperación internacional. En 2013 retomó su vocación inicial. Ha publicado el libro de relatos 'La mujer que quiso saltar una valla de seis metros' (Cear Euskadi, 2020), basado en las vidas de cinco mujeres que vencieron fronteras.

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