Núñez de Balboa, Francisco Pizarro... Puede parecer una breve lista de “los conquistadores” extremeños. Y lo es. Pero en este caso sirve para nombrar a las que serán las dos mayores plantas fotovoltaicas construidas en Europa. Dos instalaciones gigantescas, de mil hectáreas cada una, que juntas sumarán una capacidad instalada de 1000 MW. Para entendernos: a plena luz del día, producirán la misma electricidad que uno de los siete reactores nucleares que todavía existen en la península ibérica. 

Y esto no ha hecho más que empezar. Las dos plantas extremeñas son sólo el botón de muestra de las inversiones previstas por Iberdrola, propietaria de las instalaciones, y que llegarán a sumar 30.000 MW de potencia eléctrica renovable de aquí a 2030. Si se considera el conjunto del mercado, hasta el verano, el Gobierno había dado el visto bueno a la instalación de 56.100 MW de energía fotovoltaica. Al tiempo que otros 91.600 esperaban autorización. La potencia eléctrica instalada en todo el país, que suma centrales nucleares, centrales térmicas, de ciclo combinado, presas hidroeléctricas, biomasa, parques eólicos y otras renovables no llegaba por esas fechas a los 100.000 MW de potencia. En el caso de que todas estas solicitudes tuvieran viabilidad, prácticamente toda la electricidad consumida en el país en 2030 podría llegar a ser renovable.

Es tiempo de elecciones, y una de las consignas que se deja caer por parte de Podemos, de Errejón e incluso de algunas voces del PSOE, es la del llamado ‘Green New Deal’. Se trata de una eslogan, sí. Pero en su primera factura en Estados Unidos tenía pretensiones de propuesta. Entre mediados y finales de la década de los 2000, varios equipos políticos vinculados a los verdes y a distintas agrupaciones socialistas desarrollaron lo que en la lengua semipolítica semirreligiosa de Estados Unidos llaman “una visión”. La idea consistía en una aceleración de las políticas de transición energética por medio de incentivos fiscales, y sobre todo del gasto público, un rápido aumento de la inversión y el empleo en estos sectores, todo ello acompañado de políticas sociales distributivas. Un nuevo New Deal pero en verde.

Este nuevo New Deal se asemejaba al antiguo (el de los años treinta) en un punto crucial. Consistía básicamente en un fuerte paquete de estímulos keynesianos que empujaría la inversión y el empleo, al tiempo que se ejercía una eficaz política distributiva. A este paquete se ha añadido recientemente la llamada Teoría Monetaria Moderna (TMM). La TMM parte de una idea del dinero como moneda fiduciaria, esto es, que puede ser emitida prácticamente a voluntad por el Estado, en otras palabras, dinero gratis para la transición energética y para las nuevas políticas sociales. Difícilmente se podría discutir esta teoría en este artículo, de inspiración también netamente keynesiana. De todos modos, sus validez política se debería contrastar con el actual poder de los mercados financieros y la integración de la cadena de producción global, esto es, con los serios límites a la autonomía de este tipo de políticas de base exclusivamente monetaria. Por el momento, basta con destacar que la TMM aportaría un soporte ilimitado a las políticas de inversión y expansión del nuevo capitalismo social verde. Sería algo así como su soporte económico, tanto teórico como material.

A excepción quizás de algún experto que escapó a nuestro radar, no busquen en la política española un desarrollo muy elaborado de un Green New Deal a la española. El eslogan sigue operando como consigna. Y sin embargo, el país está hoy embarcado en algo parecido a una efectiva transición energética. Existe actualmente una asunción puramente interna a los sectores económicos y a una parte de la clase política, de que merece la pena apostar por eso que llamamos “transición energética”, por limitada que esta sea.

El aspecto más destacable reside en el nuevo boom de las renovables, el mismo que nos devuelve a Pizarro y Núñez de Balboa transfigurados en plantas fotovoltaicas. La nueva explosión de las renovables tiene por base un fuerte abaratamiento de la tecnología fotovoltaica, la típica afluencia de capitales en busca de rentabilidad –estamos efectivamente ante un fenómeno de burbuja financiera, de momento centrado en las autorizaciones de instalación– y unas políticas públicas favorables, tras casi diez años de crisis y la recusación de las primas a este tipo de energías del primer Gobierno Rajoy. Valga como muestra de esta nueva voluntad política que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), redactado por el Gobierno español en febrero pasado, ha recibido el “premio a la ambición” entre todos los planes elaborados por los países miembros de la UE. 

Los objetivos del PNIEC, todavía insuficientes desde una perspectiva dirigida a la completa descarbonización de la economía y con ello al control de la espiral climática, son sin embargo casi los únicos en toda Europa que se acercan a los compromisos de París de contener el incremento de temperaturas en 1,5º C. El plan español establece para 2030 una reducción del 21 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990. Al finalizar el año 2017, España estaba todavía 18 puntos porcentuales por encima de ese umbral de referencia.

Según el documento, en 2030 se debería alcanzar una cuota para las renovables del 42 % sobre el uso de energía final del país. En el caso de la generación eléctrica, el porcentaje de renovables se situaría en el 74 %, que en 2050 alcanzaría el 100 %. Además se preveía que 4,5 millones de los vehículos en circulación fueron eléctricos, al tiempo que cuatro de las siete centrales nucleares deberían cerrar. En el 2025 tendrían que desaparecer también todas las centrales térmicas de carbón. De hecho, 9 de las 14 centrales de este tipo de que dispone el país están abocadas al cierre el próximo año 2020, algunas incluso han adelantado la fecha. Las centrales de carbón son las instalaciones más contaminantes del sistema energético español, producen un 58 % del CO2 de la generación eléctrica.

La transición ecológica en la producción de electricidad y la electrificación parcial de la economía es ya demasiado barata como para generar un ciclo de crecimiento industrial global 

La hoja contable del plan también resultaba ambiciosa. El tránsito a una economía parcialmente descarbonizada debería movilizar unos 236.000 millones de euros entre 2021 y 2030. El 80 % de estas inversiones serían efectuadas por el sector privado y el 20 % restante, unos 47.000 millones, responderían a inversiones de las distintas administraciones públicas. En conjunto se calculaba una inversión anual para los próximos diez años de alrededor del 1,5 % PIB. En términos de empleo, se estimaba que todo el sector de renovables alcanzaría los 120.000 empleos, con la espectacular instalación de 90.000 MW de renovables. Hacia 2030, el número de empleos en el sector podría acercarse al medio millón.

Se trata de cifras impresionantes, que en caso de cumplirse pondrían al país a la cabeza mundial de la llamada transición energética. No es objeto de este artículo cifrar las innumerables insuficiencias de una posible generalización internacional del ejemplo español, tampoco los límites a la electrificación de la economía (una economía eléctrica sin uso de motores de combustión), los cuellos de botella tecnológicos del transporte por carretera y almacenamiento en baterías, los problemas de recursos como el litio y otros minerales necesarios para este proyecto de transición, etc. Lo que aquí se pretende valorar es otro aspecto de la discusión, que muchas veces se deja de lado. Con los datos señalados, ¿puede la descarbonización de la economía o la transición energética ser la dinamo económica, que tantas veces aparece en el debate público, como el gran articulador de un proyecto de reforma social y de nuevo “modelo económico”? ¿Es viable el proyecto de capitalismo social verde, en definitiva, el Green New Deal?

El Green New Deal, como su predecesor rooseveltiano, proyecta una fuerte política de inversión pública y privada, capaz de generar empleo y redistribución de rentas. En la base de esta hipótesis encontramos una nueva forma de economía keynesiana cuyos pivotes son inversión, crecimiento, empleo y redistribución. Tomemos de nuevo el ejemplo español.

El PNIEC preveía una inversión de aproximadamente el 1,5 % del PIB anual en el conjunto de sectores claves de la transición energética desde las renovables al coche eléctrico, pasando por la eficiencia energética. Los niveles de inversión requeridos pueden parecer alucinantes, e incluso lo podrían ser más si los aumentásemos al 2-2,5 % de inversión que es la cifra que muchos expertos ofrecen como óptima para detener el calentamiento global. Comparemos ahora estos datos con los que estimularon el gran ciclo de crecimiento de la economía española en democracia entre 1995-2007, cuando el país crecía a un ritmo mayor que cualquiera de los de su entorno. En ese periodo, el ritmo inversor en infraestructuras de transporte (carreteras, AVE, aeropuertos), en su mayor parte cubiertas con fondos públicos, rondó el 1 % del PIB. Mientras, la inversión privada y pública en construcción (en términos de Formación Bruta de Capital Fijo), base del ciclo de crecimiento, alcanzó en algunos años niveles del 20 % del PIB y rara vez bajó del 15 %. Un ciclo de crecimiento industrial requeriría al menos cifras de inversión del 5 % del PIB para convertirse en un verdadero motor económico. Pero las cifras de inversión del PNIEC, e incluso las de un 2,5 %, no están muy alejadas de la requeridas por el reemplazo y amortización de instalaciones energéticas que se producirían de mantener el modelo energético convencional. Esto quiere decir, sencillamente, que la transición energética, aun en los escenarios más ambiciosos, no alcanza a movilizar niveles de inversión suficientes para obtener los efectos requeridos en la multiplicación de beneficios, empleo y, por ende, en el crecimiento económico general.

Podemos comparar, de hecho, estas cifras de inversión previstas en España con las que nos ofrece la Agencia Internacional de la Energía. En 2018, se invirtieron en instalaciones de producción de electricidad, y extracción y transporte de material energético 1,85 billones de dólares, aproximadamente un 3 % del PIB mundial. De esta cifra, 300.000 millones fueron a parar a las energías renovables, siendo el año récord de instalaciones, con una cifra que suponía casi el doble de lo invertido en centrales de carbón, gas y nucleares. Sin embargo esa cifra no alcanzó la mitad de lo que se invirtió en refinerías, oleoductos y pozos de petróleo y gas. La misma Agencia Internacional de la Energía considera que una cifra óptima de inversión en un horizonte ecológicamente sostenible para sus criterios (algo menor a 2º C en 2100) implicaría una inversión anual de al menos 1,5 % del PIB mundial, esto es, prácticamente lo mismo que se invierte anualmente en refinerías, oleoductos y pozos de petróleo y gas.

Paradójicamente, el problema de la transición energética no es (o al menos no es solo) un problema de escasez de recursos o de tecnología, aunque ciertamente hay cuellos de botella y problemas en algunos de los ámbitos señalados. Se trata de un problema económico, pero en los estrictos términos capitalistas de inversión y rentabilidad. La transición ecológica en las materias fundamentales de la producción de electricidad y la electrificación parcial de la economía es ya demasiado barata como para generar un ciclo de crecimiento industrial global, con efectos significativos en el empleo y en la redistribución de rentas, al menos en la actual relación de fuerzas entre trabajo y capital.

Volvamos al ejemplo de la tecnología fotovoltaica, pilar de la transición energética: básicamente esta se ha vuelto demasiado asequible, poco rentable. Los paneles fotovoltaicos se han abaratado algo más de un 90 % en la última década. Tapizar con ellos 200 o 300.000 hectáreas de suelo en España –más o menos la cantidad estimada para producir toda la electricidad (incluso algo más) que se consume hoy por hoy en el país– resulta ya demasiado “poco” en términos de inversión y empleo, al menos para generar impactos económicos sustanciales y ser el soporte de un ciclo económico realmente expansivo.

A la hora de considerar, por lo tanto, los cruces entre la economía política del capitalismo actual y los requerimientos de la transición energética, se nos presenta una situación anómala. El problema de la transición energética (al menos de la electrificación parcial de la economía) del capitalismo actual no es tanto que carezca de soluciones tecnológicas o de que haya poco dinero disponible (inversión). El problema es justo el contrario, las renovables se han vuelto excesivamente baratas como para generar un ciclo industrial con efectos económicos generales. Al mismo tiempo, sumergidos en un ciclo de ya casi 40 años de financiarización de las economías, existe demasiado dinero en búsqueda de rentabilidad como para que los sectores clave de la transición energética puedan absorberlo de forma significativa. El problema es curiosamente de exceso de eficiencia industrial, de exceso de capacidad industrial y de exceso de dinero. Y esto hace a nuestro sistema económico responsable por partida doble de la crisis ecológica actual: en tanto causa de los principales problemas y en tanto resulta impotente a la hora de resolverlos, al menos según su propia lógica.

De acuerdo con lo aquí presentado, el Green New Deal puede ser el enésimo canto de sirena de una izquierda a la búsqueda de un nuevo eslogan, o lo que es lo mismo de una nueva justificación... verde y sin futuro.