“Somos tres familias en nuestra casa, una familia en cada estancia. En nuestra habitación vivimos mi marido, mi hijo y yo”. El relato integra la iniciativa Perdí mi casa, que cuenta historia de personas que se han quedado sin piso en Lisboa. Se trata de uno de los talleres del Festival HabitACÇÃO, que a lo largo de septiembre trató de poner el tema de la vivienda en la agenda pública en Portugal.

Pintados en azulejos, los testimonios de las personas que perdieron sus casas están pegados a las paredes del barrio de Anjos. Son solo unas pocas historias de las 9.000 familias desahuciadas entre 2013 y 2016, según los últimos datos disponibles de la Oficina Nacional de Alquiler de Portugal. Aunque dramática, la cifra está lejos de los números reales. “Es un problema sistémico”, señala Sara Fernandes, activista por la vivienda, que colabora con asociaciones como Habita o Stop Despejos. “Hay que tener en cuenta también los desahucios invisibles”, advierte esta integrante de la organización del Festival. Las estadísticas oficiales no incluyen los casos de personas que pierden sus hogares pero no tenían un contrato de alquiler, familias desalojadas de viviendas sociales, o personas que abandonan voluntariamente sus hogares cuando finalizan los contratos, aunque no tengan alternativa.

El problema no afecta solo a los más pobres, también a la clase media. Desde que las ciudades portuguesas, en especial Lisboa y Oporto, entraron en el radar de las inversiones internacionales, el coste de la vivienda no ha parado de subir. Entre 2012 y 2018, los precios de venta de los pisos han subido un 50%, mientras los sueldos de los lisboetas se han incrementado tan solo un 10%. Según datos de un informe publicado por el portal especializado Confidencial Imobiliário, los precios del alquiler se dispararon un 71% desde 2013. En un país donde el salario medio no supera los 900 euros mensuales, encontrar un piso en Lisboa por menos de 1.000 euros es tarea casi imposible, lo que convierte la capital portuguesa en la ciudad donde el esfuerzo para pagar el alquiler es el más elevado de Europa.

Turistas en lugar de residentes

Cuando los contratos de alquiler terminan, los propietarios se vuelcan cada vez más en alquileres de corta duración, intentando obtener más rentabilidad en plataformas como Airbnb. Mientras los centros históricos de ciudades como Lisboa y Oporto se inundan de turistas e inversores extranjeros, los residentes habituales son empujados a las periferias.

el salario medio en Portugal no supera los 900 euros mensuales, encontrar un piso en Lisboa por menos de 1.000 es tarea casi imposible

Entre 2014 y 2018 el número de pisos en Airbnb en Portugal se ha quintuplicado, pasando de 14.000 a 77.000. Solo en Lisboa hay más de 15 mil registros, número que supera al de Madrid, ciudad con una población seis veces mayor. Según un análisis de la agencia de rating Moodys sobre el mercado de vivienda portugués, en la capital hay 30 apartamentos en alquiler de corta duración por cada 1.000 habitantes. La tasa supera incluso a la de ciudades como Barcelona, Roma, París o Ámsterdam.

El boom inmobiliario y turístico ha contribuido a la reactivación de la economía del país, generando empleo y favoreciendo la restauración de edificios en las ciudades, pero la mayoría de familias portuguesas no se han beneficiado de las entradas de capital.

El turismo ha creado empleado, pero este suele ser “muy precario”, señala Isabel Ribeiro, presente en la manifestación que este domingo 29 cerró el Festival HabitACÇÃO. Sabe de lo que habla ya que ha tenido distintos trabajos vinculados a este sector, tanto en tiendas de souvenirs como en pisos de Airbnb. “Contribuye al aumento de las desigualdades”, crítica.

Lisboa es la capital que más población pierde en Europa: cayó un 7% desde 2011. En los barrios históricos, la caída es todavía más importante. Alfama, Castelo, Mouraria han perdido un 20% de sus habitantes desde 2013. “Estamos siendo expulsados de los lugares donde vivimos”, lamenta Fernandes, para quien la sustitución de los vecinos de toda la vida por turistas “está destruyendo el tejido social” de los barrios, con “efectos dramáticos para los residentes”.

Inversores internacionales

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los inversores extranjeros pagan de media un 60% más que los portugueses por un piso. Muchos llegan cautivados por la belleza de sus cascos históricos, el clima o la gastronomía del país. Pero miles de pensionistas de países europeos vienen también atraídos sobre todo por los beneficios fiscales concedidos a ciudadanos extranjeros. Además, desde 2012 se han emitido más de 7.000 visados gold, que atribuyen permisos de residencia a quienes adquieran inmuebles por más de medio millón de euros. “Son privilegios injustos, destinados a personas que muchas veces ni habitan en la ciudad”, apunta Fernandes. Por eso, hace años que los colectivos piden su revocación.

En plena campaña electoral, de cara a las legislativas del próximo día 6 de octubre, los colectivos sociales esperan que los partidos dediquen más atención a la crisis de la vivienda. “A pesar de estar consagrado en la Constitución, el derecho a vivienda no es una realidad”, lamenta Fernandes. “Hay una responsabilización individual de algo que debería ser asegurado por el Estado porque es una necesidad básica”. La principal demanda de los movimientos anti desahucios es el lanzamiento de una “verdadera” política de vivienda pública, que hoy representa poco más del 2% del parque habitacional. El porcentaje es similar al de España, pero es uno de los más bajos de toda Europa. En Holanda alcanza el 32%, en Austria el 23%  y en Reino Unido el 18%.

Todas las formaciones políticas recogen medidas en torno a la vivienda en sus programas. El Partido Socialista, que busca revalidar su gobierno, ha reconocido que el Estado social ha prestado “menos atención a la vivienda” que a otros asuntos y se compromete a “eliminar todas las carencias en vivienda de aquí a 2024”. Mucho más específico es el Bloco de Esquerda, el único que indica el número concreto de pisos con un alquiler asequible que pretender poner en marcha durante la próxima legislatura: 100.000. El Partido Comunista defiende la recuperación de inmuebles abandonados para programas de renta asequible. Y el Partido Social Democrata, de centro derecha, propone una exención de impuestos en la adquisición de la primera residencia permanente.

Maria Fortes ha sido desahuciada con cuatro de sus siete hijos. Hace pocas semanas ha conseguido una vivienda municipal. Pese a ello, ha querido  participar en la manifestación que este domingo 29 cerró el Festival HabitACÇÃO. Tiene claro que la crisis de vivienda está “lejos de ser solucionada” y que son necesarios“más pisos públicos y de calidad”.