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A principios del mes de agosto se vivió un desolador episodio cuando Margarita Robles –como ya hiciera Pedro Morenés en 2015 para minimizar el problema de acoso sexual en las Fuerzas Armadas ante Zaida Cantera, entonces víctima y ahora compañera de Robles– afirmó que no existía ningún problema de acoso sexual en la milicia española porque la tasa de denuncias era muy baja. Exactamente, un “400% menos que en la sociedad”. La actual ministra de Defensa ha asegurado que “en un colectivo de 120.000 hombres y mujeres, parece que hay 47 denuncias, de las cuales 22 están en trámite. Es un número tan absolutamente mínimo que pone de relieve que el acoso sexual es una conducta excepcional en las Fuerzas Armadas”. Entre ambos solo hay una diferencia: Pedro Morenés no mintió cuando realizó tal afirmación, puesto que la misma se basaba en datos reales (en 2015 se produjeron solo 2 denuncias por acoso sexual), pero Robles ha engañado a la ciudadanía y a los parlamentarios con premeditación y alevosía.

la única solución para terminar con la impunidad del acoso y las agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas es eliminar o restringir la Justicia Militar, que constituye una vulneración del Estado de Derecho y una anomalía en Europa

La realidad es que las denuncias en las Fuerzas Armadas españolas son hasta ocho veces superiores a las que se producen en la sociedad. Si para la ministra la tasa es muy baja es porque se hace dos trampas. Por un lado, en lugar de tener en cuenta el número de denuncias totales (judiciales y administrativas) por acoso sexual en los últimos tres años (20 en 2016, 42 en 2017 y 28 en 2018), solo considera las denuncias por acoso sexual que se tramitaron judicialmente (16 en 2016, 16 en 2017 y 15 en 2018), lo que reduce a la mitad la tasa (47 denuncias penales de 90 denuncias totales). Obvia, además, que la responsabilidad de rebajar el porcentaje de denuncias penales con respecto a las administrativas se debe, en gran medida, a las Unidades de Protección frente al Acoso (UPAs). Por otro lado, divide el número de denuncias penales entre el total de efectivos militares (120.000) cuando la realidad es que el acoso sexual es sufrido casi en su totalidad por mujeres, y estas no llegaban a 15.000 a 31 de diciembre de 2018 (14.893). Este segundo engaño permite reducir la tasa de denuncias en más de un 90% sobre el anterior 50%. Casi nada. 

La realidad muestra la existencia de un problema muy grave de acoso sexual en las Fuerzas Armadas españolas, un problema que la ministra de Defensa no puede ni podrá esconder.

Con los datos del propio Ministerio del Interior, comprobamos que en los últimos tres años (2016, 2017 y 2018) –en los únicos que hay cifras anuales en las Fuerzas Armadas españolas sobre denuncias de acoso sexual como tal– se produjeron en la sociedad 8.026 denuncias en 2016, 8.716 en 2017, y 10.727 en 2018, mientras que en las Fuerzas Armadas españolas el total de denuncias, administrativas y penales, fueron de 20, 42 y 28 respectivamente. Pues bien, si tenemos en cuenta que en España había en 2019 (provisionalmente) un total de 23.926.770 mujeres, la tasa de denuncias en la sociedad española en su conjunto fue de una denuncia por cada 2.981 mujeres en 2016, una cada 2.745 mujeres en 2017, y una cada 2.230 mujeres en 2018. Si ahora hacemos el mismo ejercicio y dividimos el total de denuncias en el ámbito militar entre la población femenina militar encontraremos que en las Fuerzas Armadas españolas se produjo una denuncia cada 754 mujeres militares en 2016 (15.080 mujeres militares), una denuncia cada 354 en 2017 (14.904 mujeres militares) y una denuncia cada 531 (14.893 mujeres militares). 

Es decir, en las Fuerzas Armadas españolas se produjeron con respecto a la sociedad española casi el cuádruple de denuncias en 2016 (x3,95), casi el óctuplo en 2017 (x7,75) y algo más del cuádruple en 2018 (x4,19). 

Aunque solo tuviéramos en cuenta las denuncias de acoso sexual que tuvieron carácter jurídico y descartáramos aquellas que fueron desviadas hacia procesos administrativos (solo 16, 16 y 15 terminaron en 2016, 2017 y 2018 respectivamente en procesos penales), la tasa de denuncias seguiría siendo mucho más alta en el mundo militar que en la sociedad civil. Con esta pequeña trampa las denuncias habrían sido una cada 942 mujeres militares en 2016, una cada 931 mujeres militares en 2017 y una denuncia cada 992 mujeres militares. Por tanto, estamos hablando del triple de denuncias en el mundo militar que en civil en 2016 (x3,16), casi el triple en 2017 (x2,94) y más del doble en el año 2018 (x2,24).

Además, resulta alarmante que en un contexto de incremento de denuncias, tanto en la sociedad española (8.026, 8.716 y 10.727 en 2016, 2017 y 2018) como a nivel internacional (movimientos como Me too), dentro de las Fuerzas Armadas, en el último año del que tenemos datos (2018) –con gobiernos del PP y del PSOE–, la tasa de denuncias haya sufrido un retroceso de casi un 70%. Recordemos que en los últimos tres años el número de denuncias ha sido, respectivamente, de  20, 42 y 28. En las denuncias de origen penal, el retroceso ha sido menor (16, 16 y 15). En ese mismo período, de 2017 a 2018, en el que las denuncias en el ámbito militar disminuyeron un 70%, las denuncias en la sociedad española se incrementaron un 23%.

El problema puede ser todavía mayor

Hay tres elementos objetivos, tal y como queda demostrado en el ensayo En la Guarida de la bestia (Luis Gonzalo Segura, Akal, 2019), para pensar que el problema todavía puede ser mayor:

1) los pocos estudios que existen en otros ejércitos del mundo, como el belga a principios de siglo o el canadiense hace escasos años (2015), muestran tasas muy superiores de episodios de acoso sexual de diferente magnitud que las denuncias interpuestas en las Fuerzas Armadas españolas.

2) el alto número de mujeres que han abandonado las Fuerzas Armadas españolas (más de 7.314, pues ingresaron más de 22.207 mujeres y a día de hoy solo continúan siendo militar 14.893, lo que supone más de un 32,93%) por causas no naturales encaja con las estadísticas de acoso sexual en los anteriores estudios realizados en ejércitos (Patricia Ortega, actual general, de la primera promoción de 1988, todavía no ha terminado su carrera militar y el número de mujeres de tropa que ha abandonado las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años es muy reducido).

3) las denuncias que afirma recibir un bufete especializado en el mundo jurídico militar (unas 200 al año) también encajan estadísticamente en los mencionados estudios.

La impunidad y la posición del PSOE

Con todo, el mayor problema no es el número de denuncias, que ya hemos comprobado que es hasta ocho veces superior en la milicia española que en la sociedad, sino la arquitectura de impunidad. Tras el análisis de un número significativo de casos –casi 40– en el ensayo En la guarida de la bestia, se pueden extraer una serie de patrones que se repiten una y otra vez: 1) una estructura de silencio para impedir las denuncias; 2) impunidad de los acosadores y agresores gracias a la Justicia y la cúpula militares; y 3) acoso laboral, bajas y despidos de las denunciantes y víctimas.

Por último, no me cabe sino lamentar que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, junto a su compañera en el PSOE, Zaida Cantera, en lugar de solucionar un problema de tamaña gravedad y del que necesariamente son bien conocedoras, esgriman los mismos argumentos que en su día arguyó Pedro Morenés para desacreditar la denuncia de la propia Cantera. Argumentos a los que, además, le añaden elementos de engaño. La una por el grave problema personal que padeció, que ya parece muy lejano, y la otra por su condición de magistrada y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, deberían haber implementado la única solución que, tanto ellas como aquellos que conocemos el problema en profundidad, sabemos válida para terminar con la impunidad del acoso y las agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas: eliminar o restringir la Justicia Militar. Justicia, por otra parte, que constituye a día de hoy un anacronismo, un privilegio franquista, una vulneración del Estado de Derecho y una anomalía en Europa.

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Luis Gonzalo Segura es exteniente expulsado por denunciar corrupción en el Ejército de Tierra y autor de 'Un paso al frente' (2014), 'Código rojo' (2015), El libro negro del Ejército español (2017) y En la guarida de la bestia (2019).