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La última crisis económica conocida como la Gran Recesión –cuyo comienzo se sitúa en el tercer trimestre del año 2008– ha tenido consecuencias importantes sobre el bienestar y el nivel de vida de los ciudadanos. Se argumenta que el aumento de la desigualdad de la renta (y de la pobreza) así como su persistencia en el tiempo ha sido uno de los peores legados de esta crisis. El caso español tiene un especial interés, pues fue uno de los países de la UE más golpeados. Además de sufrir la recesión económica mundial, se añadieron los efectos de la burbuja inmobiliaria, cuyas consecuencias sobre el empleo y el sistema financiero fueron demoledoras. De 2008 a 2013, la economía española registró una contracción del PIB real del 8,9% y tardó 10 años en volver a los niveles de 2007, es decir, experimentó una década pérdida. La tasa de desempleo, en un mínimo histórico en 2007, 7,8%, aumentó hasta el 27,2% en el primer trimestre de 2013, con el desempleo juvenil (desempleados menores de 25 años) en el 57,2%. En 2014 surgen los primeros brotes de recuperación económica, una recuperación que, a pesar de consolidarse en los años siguientes, aún muestra una sociedad que sufre altas tasas de desempleo y empobrecimiento económico en segmentos importantes de su población.

El impacto económico y social ha sido tan importante que, recientemente, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha manifestado que “el nuevo gobierno debe priorizar la lucha contra la desigualdad”. Para centrar este debate, que atañe no sólo a la clase política y a los economistas, sino también a la sociedad, en general, creemos que es conveniente plantearnos y dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el grado de desigualdad de la renta existente en nuestro país? ¿Es un país muy desigual, cuando se compara con otros de nuestro entorno más próximo? ¿Qué consecuencias ha tenido la crisis sobre la desigualdad de la renta? ¿Qué papel juega el Estado a la hora de amortiguar la desigualdad y, como consecuencia, qué efecto redistributivo ejerce la intervención pública sobre la distribución de la renta en España? ¿Qué grupos socioeconómicos soportan el esfuerzo redistributivo que ejercen las políticas públicas en nuestra sociedad? Intentaremos responderalas brevemente aquí.

Si tenemos en cuenta la renta disponible del hogar –la renta de la que este dispone para el consumo y el ahorro– la desigualdad de la renta de los hogares en España es, según el índice de Gini, de 0,34, mayor que en Francia y Alemania (0,29), pero menor que en el Reino Unido (0,35) y Estados Unidos (0,39) (OCDE, 2014). Un ejemplo de país muy igualitario es Noruega (0,26), mientras que la República de Sudáfrica presenta el mayor grado de desigualdad, (0,62). (El índice de Gini es el indicador que usualmente utilizamos los economistas para medir la desigualdad de la renta y oscila entre 0 y 1, pero estos valores representan dos situaciones extremas, cuando todos los hogares tienen la misma renta, el índice es 0, y cuando un sólo hogar tiene toda la renta de la economía, el índice es 1).

Analizar la desigualdad y su evolución tomando como referencia únicamente la renta disponible del hogar ofrece una visión útil como punto de partida, pero incompleta. Si queremos actuar contra esta desigualdad, debemos entender cuál es su origen, las causas y las variables que la afectan. En este sentido, nuestra aproximación consiste en distinguir la desigualdad de la renta antes de la intervención pública (desigualdad de la renta de mercado) y después de la intervención pública (desigualdad de la renta extendida).

Atendiendo a estos dos conceptos de rentas de los hogares, en este artículo ofrecemos los resultados de nuestra investigación sobre la desigualdad de la renta en España, utilizando como fuente de información muestras constituidas por hogares que representan, de manera fiable, el conjunto de todos los hogares españoles (Encuestas de Condiciones de Vida, INE). Para ello comparamos la situación de los hogares españoles en el año 2007 (pre-crisis) con los años 2012 (crisis aguda) y 2015 (salida de la crisis)¹.

El año 2007 nos brinda el escenario anterior a la recesión, y es con este con el que comparamos los resultados de los años siguientes. El año 2012 corresponde a lo que se conoce como segunda recesión, el período más agudo de la crisis. El año 2015 corresponde ya a una clara recuperación de la economía española (crecimiento del PIB del 3,6%). Además, fue en el período 2012-2015 cuando se implementaron las reformas económicas de mayor impacto: del mercado laboral, de las pensiones y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

España fue el país de la OCDE donde la desigualdad de las rentas de mercado creció más durante la crisis, seguido de Grecia

El gráfico 1 muestra la desigualdad de la renta de los hogares españoles –según el índice de Gini– para los diversos conceptos de renta de los hogares que hemos utilizado. La renta de mercado de los hogares se calcula al sumar todos los ingresos brutos que obtienen los miembros del hogar como propietarios de los factores de producción: salarios, ingresos por cuenta propia, rentas del capital y de la propiedad. La renta de factores se obtiene al sumar a la renta de mercado la ‘renta imputada’ de la vivienda propia. Esta renta imputada no es una renta monetaria, pero tiene el efecto equivalente en términos de una renta de alquiler de mercado que el hogar-propietario se ahorra y que le permite disponer de un mayor nivel de renta respecto a aquellos hogares no propietarios de su vivienda habitual. La renta bruta neta de cotizaciones sociales se obtiene a partir de la renta de factores, al sumar a esta las prestaciones monetarias (pensiones, subsidio de desempleo, etc.) y restar las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por los miembros del hogar. La renta disponible de los hogares se obtiene al restar a la anterior el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio. Por último, la renta extendida de los hogares se obtiene al sumarle a la renta disponible las transferencias en especie que realiza el gobierno a los hogares mediante los servicios de sanidad y educación pública. Estas transferencias deben ser contabilizadas como parte de la renta de los hogares. Vemos así que, partiendo de la renta de factores, las definiciones sucesivas de rentas de los hogares están condicionadas por la actuación del gobierno mediante sus políticas de transferencias e impuestos. Así, en el gráfico 1, y para cada año contemplado, comparando dos índices de Gini correspondientes a dos definiciones de rentas, tendríamos un indicador del impacto de la política gubernamental que relaciona ambas rentas. Por ejemplo, en el 2007, el índice de Gini de la renta de factores fue de 0,43, mientras que el de la renta extendida fue de 0,25. Podemos concluir que, en 2007, la intervención pública redujo prácticamente a la mitad la desigualdad procedente de la renta de factores. El mismo ejercicio lo podemos hacer para cada uno de los conceptos de renta empleados y políticas públicas. Pasamos ahora a analizar con más detenimiento qué papel han jugado dichas políticas públicas sobre la desigualdad de la renta de los hogares.

Gráfico 1. Índices de Gini según diferentes conceptos de renta equivalente del hogar

La desigualdad de las rentas de mercado

Antes de la intervención pública –entendiendo por esta el conjunto de políticas fiscales y de transferencias a las familias realizadas por las administraciones–, los hogares disponen de rentas de mercado. El gráfico 1 muestra que la desigualdad de las rentas de mercado en España es elevada –coeficiente de Gini de 0,5036 en el año 2007, escenario anterior a la crisis– y aumentó significativamente durante la recesión, un 11,9%, entre 2007 y 2012. Un aumento muy significativo en un intervalo de tiempo de tan sólo cinco años. La desigualdad de las rentas de mercado continuó creciendo, 2,3% entre 2012 y 2015, a pesar de la recuperación económica. España fue el país de la OCDE donde la desigualdad de las rentas de mercado creció más durante la crisis, seguido de Grecia.
Las causas de este aumento tan fuerte de la desigualdad de las rentas de mercado, en este periodo de tiempo, hay que buscarlas, básicamente, en el importante aumento de la población desempleada (los trabajadores en paro no tienen rentas de mercado), en el incremento de la desigualdad salarial y, en menor medida, en el incremento de la población de pensionistas. El efecto de la crisis sobre el mercado de trabajo fue desolador. La población con ingresos salariales experimentó una reducción de tres millones de personas entre los años 2007 y 2012. Las cifras de 2015, a pesar de la reducción experimentada en el desempleo, no revelaron mejoría alguna sobre la desigualdad.

El aumento de la desigualdad salarial, especialmente durante el período 2012-2015, afectó más a las categorías más bajas de empleo. Una parte significativa del aumento de la desigualdad salarial está asociada a la alta tasa de temporalidad en el mercado laboral, 27,5%, si la comparamos con la media de los países de la UE, 14,4%. La retribución mensual media de este tipo de contratos es claramente inferior a los contratos fijos, 1.130 euros frente a 2.184 euros, respectivamente, según estimaciones de la propia encuesta para el año 2015. En principio, esta diferencia salarial puede explicarse por la mayor concentración de contratos temporales en sectores que, son en gran medida estacionales (turismo) y/o con bajos niveles de productividad, así como otros factores como el género y el nivel educativo. Sin embargo, también es cierto que hubo una marcada tendencia al alza en el empleo temporal y de contratos de muy corta duración en los últimos años, como consecuencia de la reforma laboral que entró en vigor a partir de 2012.

Hay que tener en cuenta también la evolución de la población pensionista. Los pensionistas, en general, no aportan –o aportan pocas– rentas de mercado. Los hogares pensionistas pueden ser titulares de rentas del capital y de la propiedad, pero la pensión –su principal fuente de renta– no es una renta de mercado, es una parte más del gasto social de la Administración. Durante este período hay un aumento del número de pensionistas –5,3% y del 10,2% para los años 2012 y 2015, con respecto al año 2007– que dejan de percibir ingresos del mercado, y se van incorporando al sistema de Seguridad Social con una pensión media mayor que la media de este colectivo en el año 2007. En resumen, la desigualdad de las rentas de mercado en España es alta y dibuja un panorama de crecimiento muy significativo, de los mayores de la UE.

Antes de estudiar el impacto que tiene la acción del gobierno sobre la renta de los hogares, habíamos añadido un componente más a la renta de mercado, la ‘renta imputada’ de la vivienda propia del hogar, dando lugar así a la renta de factores. En España, a diferencia de otros países (por ejemplo, Francia o Alemania), la consideración de los servicios imputados a la vivienda como un componente de la renta es importante, pues se estima que el 80% de las familias españolas tienen su vivienda en propiedad. Si tenemos en cuenta esta variable, la desigualdad inicial de la renta de mercado se reduce, alrededor de un 14%, durante los años analizados. Aun así, la renta de factores sigue siendo alta, puesto que los índices de Gini oscilan entre 0,44 (año 2007) y alrededor del 0,50 (años 2012 y 2015). Por otro lado, la evolución de la renta de factores durante la crisis económica mostró una fuerte polarización, como consecuencia del empobrecimiento relativo de las clases medias del país. Fueron las familias trabajadoras de la clase media y baja (con miembros adultos entre 18-65 años) las más golpeadas durante las crisis. Tomando como punto de partida la renta de factores, pasamos ahora a evaluar el papel de las políticas públicas y su efecto sobre la distribución de la renta de la renta de los hogares (redistribución).

El papel de las políticas públicas y la redistribución de la renta

Los hogares reciben prestaciones monetarias (pensiones, subsidios al desempleo y ayudas a las familias) y en especie (educación y sanidad) por parte de las Administraciones Públicas. En contrapartida, pagan a estas las cotizaciones sociales y los impuestos sobre la renta personal y del patrimonio. El resultado final de agregar todos estos elementos a la renta de factores da lugar a la renta extendida. Como ya hemos comentado, el gráfico 1 muestra que la desigualdad inicial de la renta de factores contrasta con una distribución de la renta extendida mucho más igualitaria, como consecuencia del efecto igualador que ejercen las transferencias públicas y los impuestos directos a las familias. Si comparamos los índices de Gini de la renta de factores y de la renta extendida, observamos que una parte significativa de la desigualdad inicial se reduce sustancialmente mediante transferencias públicas e impuestos directos. En particular, la actuación del gobierno reduce la desigualdad en un 40,9% en 2007 (antes de la recesión) y en un 43,7% en 2012 y 2015 (durante la recesión). Estas cifras nos dan una idea de las implicaciones de las políticas públicas analizadas sobre la redistribución de rentas entre hogares.

En 2012, las pensiones representaron alrededor del 49% de la redistribución total provocada por todas las políticas públicas analizadas

¿Qué factores contribuyeron a esta reducción tan significativa de la desigualdad inicial de la renta de factores? Por este orden de importancia, el Sistema de Seguridad Social, las transferencias en especie (educación y sanidad) y el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Veamos ahora cómo se comportan cada una de estas políticas en la reducción de la desigualdad.

1. El sistema de Seguridad Social que engloba, por un lado, el efecto conjunto que tienen las pensiones, el subsidio de desempleo y, por otro, las cotizaciones sociales, reduce significativamente la desigualdad de la renta de factores, entre un 23,0%, 27,2% y 27,9%, durante los tres años analizados respectivamente. Estos resultados muestran además que el sistema de Seguridad Social español ha tenido un efecto contracíclico significativo, actuando como un “estabilizador automático” de la desigualdad de ingresos generada por el mercado. Las pensiones desempeñan el papel más importante en la redistribución de la renta, y esto es lógico, pues las pensiones involucran un gran volumen de recursos que aportan renta a los pensionistas. En 2012, por ejemplo, las pensiones representaron alrededor del 49% de la redistribución total provocada por todas las políticas públicas analizadas. Como resulta conocido, nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto, un sistema de redistribución intergeneracional de rentas, donde las familias que pagan contribuciones sociales hoy pagan las pensiones que reciben los hogares pensionistas, que tienden a concentrarse más en la parte baja y media de la distribución del ingreso. Además, parte de las contribuciones sociales se utilizan para financiar prestaciones por discapacidad y enfermedad, que tienden a concentrarse en los estratos de hogares con menos recursos de la población.

Dentro de las políticas de Seguridad Social, también se debe hacer una mención especial del impacto de la prestación por desempleo sobre la desigualdad. Esta prestación es muy progresiva y se dirige a los hogares más pobres. El 20% de los hogares con menor nivel de renta obtuvieron el 24,6% de dicho subsidio en 2007, mientras que recibieron el 29,9% y el 34,3% en 2012 y 2015, respectivamente. En 2012, cuando la recesión fue más aguda, la prestación por desempleo representó el 9,1% del total de la redistribución ocasionada por todas las políticas públicas que analizamos. A pesar de este esfuerzo, la mitad de la población desempleada no recibió ningún subsidio por desempleo durante ese año, ya sea por no tener derecho a cobrar la prestación o agotamiento del período al que tenía derecho.

2. El impacto redistributivo del gasto público en educación y sanidad es notable, representando una reducción de la desigualdad del 23,6% (en el año 2007, pre-recesión) y del 18,7% (años 2012 y 2015 de recesión). Estos servicios públicos son muy progresivos –afectan a toda la población, dado su carácter prácticamente universal– y tienen una incidencia significativa sobre los hogares más pobres, convirtiéndose en el factor más redistributivo de rentas, después de las pensiones. Por ejemplo, en el año 2012, el gasto público conjunto en educación y sanidad representó el 59,2% para el 10% de los hogares más pobres, y el 32,2% de su renta monetaria para la segunda decila de hogares de la economía. En el otro extremo de la distribución, el 10% de los hogares con mayor nivel de ingresos, este gasto público representó sólo el 5,4% de su renta.

3. El impacto del IRPF sobre la distribución de la renta es significativo, reduciendo la desigualdad alrededor de un 10%. La capacidad redistributiva del impuesto sobre la renta no se vio mermada durante la crisis y su recaudación se mantuvo estable. ¿Cómo se explica esto, dado el contexto de la desaceleración económica y el aumento sustancial en los niveles de desempleo? Primero, hay que tener en cuenta que la factura del IRPF la paga, en una gran proporción el 20% de la población de hogares más ricos (alrededor del 66% de toda la recaudación), en particular, el décimo decil, contribuyó con el 47,2% y el 48,1% del total de la recaudación en 2012 y 2015, respectivamente, tres puntos porcentuales más que en 2007. Los hogares más ricos fueron precisamente los grupos de población menos sensibles a la recesión. En segundo lugar, las reformas del Impuesto sobre la renta se orientaron hacia una mayor presión fiscal, con aumentos de los tipos marginales y reducción (en algunos casos, eliminación) de una parte de las deducciones, subsidios y créditos fiscales. Observamos que el 80% de la redistribución generada por el impuesto sobre la renta recae sobre el 10% de los hogares con más nivel de renta, mientras que el 20% restante proviene del noveno decil de hogares más ricos. Sin embargo, también es cierto que la redistribución lograda a través de este impuesto proviene principalmente de los rendimientos del trabajo y de la propiedad. La base impositiva de las rentas del capital (excluyendo las plusvalías) representó una cantidad pequeña, si se compara con el resto de los rendimientos de los hogares. El impuesto sobre la renta es el único impuesto claramente redistributivo del sistema fiscal (los impuestos indirectos no tienen una función redistributiva, pero aportan ingresos para financiar el gasto público).

En resumen, el Estado del bienestar en España, a través fundamentalmente de estos tres factores, ha tenido y tiene una función redistributiva notable a la hora de reducir la desigualdad de la renta que asigna el mercado. Sin embargo, no ha evitado que una buena parte de la población de hogares, golpeados por la crisis, hayan descendido por debajo de la renta que define el umbral de la pobreza. Nuestros resultados muestran que la pobreza y su intensidad aumentaron durante los años de recesión. Utilizando el índice de Sen –que resume tres dimensiones de la pobreza: número de pobres, intensidad de la pobreza y desigualdad entre los pobres– aumentó un 24,3% entre 2007 y 2012, un fenómeno que está estrechamente relacionado con el aumento del desempleo.

Finalmente, nos preguntamos por los cambios en los niveles de renta de los hogares que produce la acción pública ¿Qué hogares mejoran como consecuencia de la redistribución de la renta ejercida por las políticas públicas? El eje vertical del gráfico 2 muestra, para los años 2007 (izquierda) y 2012 (derecha), la renta extendida equivalente anual para diez hogares representativos, calculados por el valor medio de cada decil de renta. La línea horizontal discontinua es una referencia y representa la renta extendida equivalente calculada para toda la población de hogares en el año precrisis de 2007, que es de 23.000 euros anuales.

Gráfico 2. Renta extendida equivalente anual por decila de renta, años 2007 y 2012.

La renta extendida, tal y como se muestra en las barras, se calcula por el balance de dos componentes, la renta de factores (parte no sombreada) y la transferencia de rentas neta de impuestos directos (parte sombreada) asignada a cada hogar después de la intervención pública. Se observa que la acción pública tiende a igualar la renta respecto de la distribución de la renta de factores, aportando recursos hacia los hogares más pobres, y este mecanismo se mantiene en el año más agudo de la crisis, 2012.

la desigualdad de la renta no sólo podría corregirse mediante políticas redistributivas, también mediante políticas orientadas a prevenirla allí donde se genera

En las decilas ricas (especialmente la décima) se observa que el efecto de la acción pública sobre la renta del hogar es negativo, indicando que estos hogares aportan recursos al sistema. Estos cambios que observamos en la distribución de la renta es consecuencia de la redistribución que generan las políticas públicas, que actúan en la dirección correcta, aunque tal y como hemos mencionado, posiblemente insuficiente para reducir y controlar la pobreza.

¿Qué conclusiones podemos extraer de estos resultados?  ¿Qué retos tenemos pendientes?

1. Una conclusión importante es que, en nuestro país, la desigualdad en la renta de mercado es muy elevada, aún en el año precrisis, y la crisis económica ha contribuido a aumentarla más.  Por otra parte, hemos constatado que las políticas públicas redistributivas ligadas al Estado del Bienestar realizan una función redistributiva eficaz reduciendo notablemente la desigualdad de la renta inicial. No obstante, la desigualdad de la renta no sólo podría corregirse mediante políticas redistributivas, sino también mediante políticas específicas orientadas a prevenir la desigualdad allí donde se genera, es decir, en las distribuciones de las rentas del mercado del trabajo y las rentas del capital. Esto no es una tarea fácil y requieren políticas de corto, medio y largo plazo. Estas pueden estar relacionadas incentivando incrementos en la productividad económica, con políticas de incentivos en inversión en capital humano, políticas de investigación y desarrollo, y actuaciones sobre el mercado de trabajo que limiten una desigual distribución de los ingresos.

hoy el Estado de Bienestar español no posee instrumentos específicos destinados a reducir la pobreza

2. El sistema de Seguridad Social es un vector de redistribución importante, proveyendo de rentas a los no activos. Sin embargo, todos sabemos que debemos prestar atención a su evolución y las tensiones financieras que presenta. Durante los años estudiados, la proporción de las pensiones en la renta agregada de los hogares creció, un 16,2% en 2007, y un 22,4% y 25,0% en 2012 y 2015, respectivamente. Este aumento no sólo se debió a una reducción en la renta media del hogar durante la recesión, sino también al aumento en el tamaño de la población de pensionistas y el aumento de la pensión media. La tendencia de estas dos variables en los próximos años tendrá un efecto negativo en la financiación del sistema de pensiones. De hecho, el déficit estructural del sistema se estima a día de hoy en 18.000 millones de euros. Una reforma del sistema debe tener en cuenta los derechos de los pensionistas, y también su viabilidad financiera y el coste de oportunidad que representa este gasto social para la sociedad en su conjunto.

3. La pobreza en España es una asignatura pendiente. La reducción y control de los niveles de pobreza no se han visto compensados por los gastos directamente relacionados con las prestaciones familiares (familia / hijo, exclusión social, prestaciones de vivienda). A diferencia de otros países de la UE, el gasto público social familiar representa una pequeña parte de los gastos totales. En general, vemos que hoy el Estado de Bienestar español no posee instrumentos específicos destinados a reducir la pobreza.

Por último, queremos transmitir al lector que una de las conclusiones que se puede extraer de este trabajo es que, sin ser incompatibles, las políticas públicas pueden también centrarse mucho más en reducir la desigualdad en las rentas de mercado, siendo allí donde se originan. Lo que podría disminuir la presión sobre las políticas de redistribución a posteriori para mejorar la distribución de la renta en nuestra sociedad.

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Samuel Calonge Ramírez y Antonio Manresa Sánchez son profesores de Economía de la Universidad de Barcelona y miembros fundadores del Centro de Investigación en Economía del Bienestar de esta Universidad. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Funcas por la financiación recibida para realizar esta investigación.

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1. Llegados a este punto, es necesario explicar algunos aspectos metodológicos que son útiles para entender la naturaleza y el alcance de nuestra investigación. El primer paso para abordar la medición de la desigualdad de la renta de los hogares consiste en calcular y medir cómo se reparte la renta entre ellos. Para cada hogar se efectúa una estimación de los ingresos que perciben, los impuestos que pagan y las transferencias públicas que reciben. Para comparar los niveles de renta entre hogares que difieren en tamaño y composición, utilizamos la renta por adulto equivalente, o simplemente, renta equivalente, que es una ‘renta per cápita’ que tiene en cuenta las economías de escala dentro del hogar. Teniendo en cuenta el número de adultos y de niños, se obtiene una escala de equivalencia para ponderar la renta de cada hogar. Esta escala asigna el valor uno al primer adulto del hogar, 0,5 a cada uno de los adultos siguientes, y 0,3 a cada uno de los niños menores de 13 años. Siguiendo esta escala, el número de miembros equivalentes a adulto en un hogar formado por una pareja adulta y dos niños de 13 o menos años, es de 2,1. La lógica es que, en un hogar de 4 miembros, como el anterior, se comparten gastos comunes del hogar (alquileres, electrodomésticos, coche, etc.) que no sería posible compartir si cada uno de sus miembros se constituyese en hogares unipersonales. Por tanto, el nivel de renta de un hogar (además de los impuestos que paga y las transferencias públicas que recibe) se calcula dividiendo todos sus ingresos por el número de equivalente a adultos que forman parte del hogar. Una vez calculamos el nivel de renta de cada hogar, ordenamos a estos de menor a mayor renta y los clasificamos en diez grupos de igual tamaño denominados decilas de renta. La primera decila está formada por el 10% de la población de hogares con menor nivel de renta, mientras que la décima decila está formada por el 10% de los hogares con mayor nivel de renta de la población.