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Tribuna

La crisis de cuidados, un debate pendiente

Uno de los ejes de la próxima huelga convocada el 8M es el de cuidados; hay motivos para parar y evidenciar uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo

Nuria Alabao 20/02/2019

<p>Dependencia</p>

Dependencia

MARÍA ROMERO GARCÍA

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España envejece. En 2033, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística, cifras al nivel de Japón. Más de doce millones de ancianos, frente a los nueve que hay hoy. El envejecimiento de la población es un tema recurrente sobre todo cuando se debate cómo se van a mantener las pensiones. Sin embargo, apenas se habla de cómo vamos a cuidar a esos ancianos que algún día seremos nosotros; una buena parte de ellos dependerá de otras personas en su vida cotidiana. Ya sucede ahora, pero las cifras se están disparando.

Antes, estas cuestiones se solucionaban en el ámbito familiar. Sobre todo, porque las mujeres asumían estos trabajos de cuidados, formaban parte de esas tareas no remuneradas ni reconocidas socialmente que hacíamos “por amor”. Hoy eso ha implosionado –aunque la mayoría de los cuidados en el ámbito del hogar siguen recayendo en nosotras–; ya no es una tarea que hacemos porque no hay alternativa, porque forma parte de lo que nos han dicho que somos las mujeres. Las nuevas generaciones están cada vez menos dispuestas a dejar el mercado laboral para dedicarse al cuidado. Eso las que tenemos trabajos que nos dan una cierta posición social y recursos; otras muchas, en trabajos de mierda, tampoco pueden dejarlos aunque quizás prefieran ocuparse de los suyos, porque simplemente necesitan pagar las facturas. Esto conduce a situaciones imposibles, porque ¿quién se ocupa de los mayores y dependientes si no tienes dinero para traspasar esa tarea a una inmigrante mal pagada y con menos derechos laborales, que es lo habitual? A todo esto le llamamos “crisis de los cuidados”. Este concepto habla de las que ya no pueden o quieren cuidar –y de que la sociedad, y los hombres, tampoco han asumido esas tareas que nosotras abandonamos–; de las condiciones laborales de un sector feminizado e hiperprecario; pero también de las condiciones de vida de los que no pueden ser atendidos adecuadamente, los que ya no producen, y son considerados “sobrantes” por el sistema económico. En palabras de Judith Butler, aquellas “vidas cuya pérdida no será llorada”. Y en este sistema, cada vez son más.

El cuarto pilar

Se dice habitualmente que los cuidados de larga duración y la atención a la dependencia constituyen el “cuarto pilar” del Estado de bienestar. Sin embargo, es evidente que no se considera un tema esencial y que el debate público –y las medidas políticas– que necesitamos para encararlo no se están dando en profundidad. Sigue siendo un problema mayoritariamente “de mujeres”, y eso tiene algo que ver con que sea un problema arrinconado. También está relacionado con las políticas neoliberales y de austeridad que restringen el gasto público o limitan las contrataciones de personal por parte de las administraciones. La gran política pública que se iba a enfrentar a esta cuestión es la Ley de Dependendencia de 2006. Este sistema estaba destinado a garantizar ayuda a domicilio, centros de día y ayudas económicas para las cuidadoras familiares y profesionales. Hoy sabemos que no garantiza la atención suficiente. España está muy por debajo de la media de la OCDE en gasto público en dependencia y en porcentaje de personas atendidas por el sistema o empleados en el sector de cuidados. Además, los recortes impuestos desde la crisis –los presupuestos no aprobados incluían un incremento de su financiación–, las listas de espera, y las trabas burocráticas de todo tipo que se encuentran los solicitantes, conllevan que la tasa real de cobertura del sistema sea del 52%, según un informe del Centro de Estudios Fiscales. (Y esto dentro de su propia definición de dependiente y de sus necesidades; precisamente en este estudio se propone una ampliación de esos parámetros). Estamos hablando de un sistema enorme cuyo coste es de casi 8.000 millones de euros –financiados en un 80% con dinero público y en un 20% por los ciudadanos– y que son claramente insuficientes. Otro problema importante de la ley es que abre la puerta a la externalización de esos servicios. Queda pues todavía mucho por solucionar en este marco.

El peso en la economía de todo este sistema público-privado de cuidados va creciendo. En realidad, podría ser una vía de creación de empleo de calidad, precisamente en sectores muy feminizados. (En países como Noruega, Suecia o Dinamarca, casi el 30% de la población trabaja en sanidad, educación o servicios sociales y un porcentaje elevado son mujeres.) La realidad de hoy en España indica que es un sector hiperprecarizado, tanto en el sector público como en el privado.

Las desantenciones graves, los cuidados que son necesarios y no se prestan implican verdaderos actos de violencia

¿Residencias o almacenes de ancianos?

En relación a las condiciones laborales y de atención hay muchas diferencias regionales. Pero incluso en el País Vasco –donde se invierte más dinero público en residencias y atención a la dependencia–, el Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia –SAD— lleva un año de movilizaciones peleando por determinar condiciones favorables de su convenio colectivo. (El SAD es la atención que se realiza a dependientes en sus propios hogares e incluye servicios personales, cuidados de salud e incluso limpieza del hogar). Con más o menos posibilidades de movilización, las profesionales que se dedican a esas tareas pelean por mejorar sus condiciones laborales. También porque están estrechamente ligadas con la posibilidad de ofrecer una atención de calidad, una atención humana a los dependientes. Es importante recalcar eso. Estamos hablando de personas en ocasiones extremadamente vulnerables. Las desantenciones más graves, los cuidados que les son necesarios y no se les prestan implican verdaderos actos de violencia. Las trabajadoras que se movilizan siempre tienen muy claro que quieren hacer bien su trabajo.

Respecto a las desigualdades entre regiones, probablemente el caso de Madrid sea uno de los más extremos. Las residencias de ancianos sufren falta crónica de personal –tanto las públicas, como las privadas– y están infrafinanciadas. La lista de los problemas que trascienden es de absoluto terror: comidas con cucarachas; ancianos que fallecen y nadie se da cuenta hasta el día siguiente o incluso muertes directamente relacionadas con la desatención –como la de una anciana cuya pierna quedó semiamputada por los barrotes de su cama una noche en la que un solo enfermero tenía que atender a más 340 residentes–. O como el caso de la Residencia de la Fundación Reina Sofía Alzheimer –gestionada por Clece–, donde la empresa está despidiendo a las trabajadoras que recientemente denunciaron falta de material y de medios. Un lugar donde no había pañales o sábanas para cambiar a los ancianos que a veces tenían que pasar días sobre su propia orina. Mientras, esta gran empresa es capaz de mantener salarios de cuidadoras de 600 euros al mes por jornadas completas mientras declara millones en beneficios.

Lo público-privado en el sector de cuidados

Clece es una empresa conocida como parte del Grupo ACS –del magnate y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez–. Hay otras, como OHL Servicios, propiedad de Juan Miguel Villar Mir, promotor de la última reforma laboral en plena crisis. Una reforma que permite externalizar trabajadoras a través de empresas de servicios, justo una parte de su propia actividad. Son ejemplo de grandes empresas del capitalismo familiar español –en este caso constructoras– que se han convertido en las grandes prestadoras de servicios públicos externalizados –privatizados–. En realidad, y pese a toda la retórica neoliberal, dependen totalmente de los recursos públicos para el sostenimiento de sus beneficios. Eran constructoras, y lo que hacen con las autopistas lo replican con las residencias y otros servicios. Para ellos, todo es lo mismo aunque estén en juego vidas humanas.

Precisamente en Madrid, durante las últimas décadas, el ámbito de la intervención social –al igual que el de la educación o la sanidad– ha sido un terreno de experimentación de formas de gestión público-privada dominadas por la “lógica de mercado” y la generalización de la precariedad. Para engrasar la relación entre empresa y política están los mecanismos formales e informales que reproducen esa sorprendente continuidad entre intereses económicos y políticos: la financiación empresarial a partidos, las conexiones familiares, las principales redes clientelares y la “corrupción como sistema”. Sin ir más lejos, el propio yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, ha sido implicado en las tramas Púnica y Lezo.

Hay muchos intereses económicos en juego, sobre todo por parte de las empresas que van abriendo nichos de negocio sobre nuestras vidas, y toda una pelea por presentar en este ámbito –otro motivo más para salir el 8M–. Son muchas las cuestiones a debatir sobre cómo generar una verdadera corresponsabilidad social en este ámbito. Cómo conseguir que este tema importe para que consigamos una suficiente financiación y condiciones laborales adecuadas. Una vía podría ser devolver esos servicios –o una parte– al ámbito público. Para ello habría que ganar probablemente una de las batallas fundamentales a nivel público: acabar con las restricciones presupuestarias y de contratación de personal impuestas por la austeridad constitucionalizada durante la crisis –el famoso 135– que prioriza el pago de la deuda sobre el resto de gasto, también el social: la deuda –los bancos– sobre las personas. Así como su derivación, la Ley Montoro. Pero, que sea público, no garantiza la calidad del servicio ni las condiciones laborales. Tendríamos que conseguir también que las trabajadoras –y las usuarias– tengan más poder sobre sus propias condiciones de trabajo y sobre el propio cuidado, más capacidad de decisión sobre la manera en la que se organiza el trabajo y el servicio.

Dentro del feminismo también hay varios debates abiertos. Por ejemplo si es positivo o no retribuir a las cuidadoras familiares –la Ley de Dependencia lo preveía pero los recortes lo impidieron– o si cualquier ayuda debería formar parte de un servicio público fuera del hogar para desligar cuidado y género completamente. En cualquier caso, en el centro tendríamos que poner el derecho a poder elegir tanto si se desea o no cuidar, como el derecho a cuidar y ser cuidadas en condiciones. Como decimos desde el feminismo, si conseguimos que la sociedad piense en estos términos será el primer paso para cambiarla desde sus cimientos. Primero las personas, luego los beneficios.

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Nuria Alabao

Es periodista y doctora en Antropología. Es miembro de la Fundación de los Comunes.

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1 comentario(s)

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  1. c

    la hipocresia trilera dl PPa$.e : Zpp saca la ley d dependencia y se la carga cn el art 135 que ns somete a recortes del la UE dl PP+FMI...y ahora apoya a $anchez

    Hace 2 años 9 meses

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