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Femicidios de Estado

En 20 días, 15 mujeres han sido asesinadas en Argentina. Una niña de 12 fue forzada a parir y otra de 14, violada en manada. Pibas, mujeres, lesbianas, trans... estamos en riesgo. Ante la violencia machista, más feminismo

María Florencia Alcaraz (ANFIBIA) 13/02/2019

<p>Ilustración con las caras de las mujeres asesinadas en Argentina.</p>

Ilustración con las caras de las mujeres asesinadas en Argentina.

María Elizagaray Estrada / Sebastián Angresano

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Denuncialo. Llamá. Hay líneas de ayuda. Salí del círculo de la violencia. Cortá con esa relación. Pedí ayuda. Hay una ley. Andá a la fiscalía, a la comisaría. Buscá una abogada. Hay grupos para hablar de esto. Te van a acompañar. Pedí una restricción de acercamiento, una exclusión del hogar. La perimetral. Deciles que te den el botón antipánico. Ratificá la denuncia. Accioná el botón para que no te mate. Mandá la ubicación. No camines esas cuadras de noche. Mejor tomate un taxi. Por las dudas no vuelvas sola. Mandame un mensaje. Amiga, avisá cuando llegues. Llegá. Que no te violen. Te violaron. Sos una nena. No elegiste ser madre. Es tu derecho. Podés interrumpir ese embarazo. Te amenazaron. En ese hospital te van a hacer un aborto. Así lo dice la ley. Hay un protocolo. Lo dijo la Corte Suprema. Estos médicos te van a acompañar. Que no te torturen.

Todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias machistas y todas tenemos derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La lucha por la autonomía individual se volvió autonomía encarnada y colectiva

Ser piba, mujer, torta, trava, trans es todos los días un challenge de supervivencia al patriarcado. Un reto que atravesamos juntas con los apoyos de las amigas, cercanas y conocidas pero cada vez con menos asistencia estatal. En los últimos años los feminismos tuvieron una fuerza inédita para ampliar la conciencia social sobre dos cuestiones elementales que son la base de su plataforma programática: todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias machistas y todas tenemos derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La lucha por la autonomía individual se volvió autonomía encarnada y colectiva. Aquello que comenzó como lema en 2015, montado sobre la historia y el linaje, se volvió un poder feminista que fracturó parte de un paradigma cultural. 

Los 11 femicidios y cuatro muertes violentas de mujeres en los que los sospechosos son varones (según los casos aparecidos en los medios de comunicación) y la historia de la nena de doce años de Jujuy víctima de violación y amenazas, sometida al sufrimiento físico y moral de una cesárea, desbordan el hartazgo y abren las preguntas: qué hacer ante los niveles de desprotección institucionales. A pesar de que nunca en la historia tuvimos una conciencia tan amplia sobre las violencias machistas, tampoco nunca estuvimos así de expuestas a la “pedagogía de la crueldad” patriarcal y a la misoginia. Una brecha se abre entre la cantidad de normativas de protección existentes y el insuficiente presupuesto, los pocos esfuerzos estatales y la escasa creatividad en la materia desde que la violencia machista se volvió un tema de conversación cotidiano en Argentina. Las empresas parecen estar pensando más en interpelar a los varones para que dejen de matarnos, menospreciarnos y vulnerar nuestras vidas a través de las publicidades comerciales que el propio Estado. 

El enunciado del activismo señala: “Vivas y libres nos queremos”. Ni muertas ni forzadas a maternar. Un Estado que condena a las víctimas de violencia machista a una muerte lenta cuando no las ayuda o no las busca es un Estado femicida. Un Estado que impone la reproducción biológica como destino es un Estado que esclaviza.

A pesar de que nunca en la historia tuvimos una conciencia tan amplia sobre las violencias machistas, tampoco nunca estuvimos así de expuestas a la “pedagogía de la crueldad” patriarcal y a la misoginia

Hoy, cada una que rompe el círculo de violencia, que denuncia, sabe que la violencia machista no es normal ni natural. Que existen mecanismos de protección estatales que deben activarse y que la justicia debe intervenir. Lo sabía Carla Soggiu, una mujer de 28 años, madre de dos hijos, de 2 y 4. Vivía en el barrio de Pompeya. Había denunciado a su expareja Sergio Nicolás Fuentes por secuestrarla en su propia casa, golpearla y violarla. Ella sufría hidrocefalia. En una operación le colocaron una válvula intracraneal. Una vez que ella denunció, él terminó preso en Marcos Paz con prisión preventiva por los delitos de “abuso, lesiones, y privación ilegítima de la libertad”. A ella le dieron un botón antipánico como medida de protección. El martes 15 de enero Carla salió del trabajo y no volvió a su casa. Lo último que se supo fue que pidió ayuda dos veces a través del botón antipánico que la conectó con un operador de la Central de Alarmas de la Policía de la Ciudad. Dijo que estaba perdida, desorientada, que tenía “la cara tapada por el agua”. La comunicación se cortó y durante cuatro días no se supo nada de ella. La mañana del sábado 19 de enero un trabajador de limpieza vio un cadáver flotando en el Riachuelo. Era Carla. No la encontró la Policía de la Ciudad ni la Prefectura Naval. Ni la fiscalía que la buscaba ante la denuncia por su desaparición.  

La muerte de Carla fue la número 12 en un mapa de nombres propios, trayectorias vitales, hijos e hijas que quedan huérfanes y futuros coartados que atraviesa todo el país, diferentes edades y recorridos. Detrás de cada asesinato hay una historia de violencia, de abuso sexual y una muerte que se podría haber evitado. El primer femicidio de 2019 fue el de Celeste Castillo, de 25 años. La mató a tiros el esposo, el policía Héctor Montenegro, el 1º de enero en Santiago del Estero. Luego se suicidó. Lo mismo hizo Elías Juárez, de 63 años, que asesinó de un escopetazo a su hija, Valeria Silvina Juárez, de 32 años en la provincia de Chaco el 4 de enero. Tres días después Daiana Moyano, de 24 años, volvía de trabajar en colectivo. Se bajó dos paradas antes de su casa: la abusaron sexualmente, golpearon y estrangularon en un descampado en Córdoba. La descartaron en un baldío. Darío Coronel está imputado y preso por el crimen. Es un vecino de Ciudad Mi Esperanza, el barrio en el que ella también vivía. Ese mismo día apuñalaron 17 veces en la cara y 15 veces en la espalda a Joselin Nayla Mamaní, una nena 10 años, en su casa de Longchamps. La mamá Sara Mamani la encontró en la cocina. Está investigado la ex pareja de la mujer, Carlos Correa, por femicidio vinculado. 

El octavo día del año Gisel Romina Varela, de 33 años, fue baleada en las calles de Mar del Plata. Por el crimen está detenido Sergio Alejandro Cejas, que tenía una orden de restricción de acercamiento desde agosto de 2018. Un día después en la provincia de San Juan murió Liliana Loyola, de 64 años. En noviembre de 2018 la habían quemado: no sobrevivió. El principal sospechoso es el hijo adoptivo Juan Eduardo Echegaray. 

El 12 de enero, en Mar del Plata, asesinaron a Susana Yas, una jubilada de 77 años. La investigación apuntó a uno de sus hijos, con el que mantenía restricciones de acercamiento recíprocas. Un día después encontraron el cuerpo de Agustina Imvinkelried de 17 años en Esperanza, Santa Fe. La adolescente había ido a bailar. El principal sospechoso es Pablo Trionfini, quien se suicidó en su casa. A Danisa Canale la mataron a martillazos en la ciudad de Galvez, Santa Fe. El marido, Jorge Trossero, admitió el femicidio ante la policía. A Romina Ugarte la balearon el 16 de enero en su casa en la ciudad bonaerense de Cañuelas. El principal sospechoso es la pareja, el policía Nicolás Fernando Agüero, de 19 años. Ese mismo día en un basural en Guaymallén, Mendoza, la policía encontró el cadáver de una mujer. Estaba desnuda. Todavía se desconoce su identidad. 

La mañana del 19 de enero comenzó con el hallazgo del cuerpo de Carla Soggiu en el Riachuelo. A Silvia Pereyra, de 59 años, la mataron ese mismo día en su casa de la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. La investigación judicial no descarta la hipótesis de femicidio. Liliana Ramona Olguín fue asesinada en su propia casa, en la provincia de Mendoza. Con un arma blanca le abrieron el cuello, el tórax, los brazos y las piernas. Pocas horas después detuvieron al marido, Alberto Sosa. Estaba escapando por la ruta 52. Anoche en el partido de San Miguel un hombre de 20 años mató a la ex pareja, una mujer de 22 años de apellido Romero.

Los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense señalaron que Carla Soggiu murió ahogada. Los datos que rodean a su muerte, en cambio, complejizan el panorama. Amigas y familiares de la mujer contaron que la familia de su ex la hostigaba. El padre del hombre preso es ex agente de la Policía Federal. Y la paliza que ella sufrió profundizó sus problemas de salud. Carla estaba en riesgo. 

Aunque el Estado proponga idénticas respuestas burocráticas y securitarias para todos los femicidios (medidas de protección y resguardo, botones antipánico, pulseras magnéticas, aplicaciones para celulares para denunciar); las violencias femicidas no son lineales. Solo para sumar a los femicidios de enero, el primer día del año cinco jóvenes quedaron detenidos por violar a una nena de 14 en Miramar, otros cuatro en Las Lajitas por el mismo delito sexual y una adolescente denunció que la violaron siete varones en Villa Elisa. 

En el país que supo hacer del grito de Ni Una Menos un emblema internacional, los 15 asesinatos en 20 días de enero deben ser mirados bajo la lupa de femicidios de Estado

Hay capas de terrorismo sexista acumulado y preexistente al momento en que detiene la vitalidad. Algunas de estas formas de violencias dejan huellas, otras son invisibles. Las violencias femicidas a veces son mucho más complejas que un examen de ADN, una pericia de laboratorio, un resultado forense, una huella en el cuerpo. Cuando las marcas, la firma femicida, quedan en los cuerpos, los cuerpos hablan. Otras veces no. Siempre es necesario poner la lupa sobre el contexto. Aquello que no hicieron, por ejemplo, los jueces que dejaron impune el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata a fines de noviembre. 

Hay crímenes que queda impunes y sirven para pensar la complejidad de las violencias femicidas, como el de Suhene Carvalhaes Muñoz. El lento femicidio se extendió por 241 días. Empezó la madrugada del 19 de julio de 2014 cuando la pareja, Damián Loketek, la golpeó e intentó ahorcarla en el departamento que compartían en el barrio porteño de Belgrano. Ella nunca pudo recuperarse de las heridas que le dejó la violencia machista en forma de piñas: una trombosis del seno venoso cerebral, hidrocefalia y un edema en el nervio óptico que le desvió la mirada. No murió en el momento, falleció ocho meses después, el 16 de marzo de 2015. En un comienzo la investigación a cargo del Juzgado de Instrucción 31 estaba caratulada como “lesiones agravadas” aún con la joven muerta. Ella tenía 26 años y quería ser veterinaria. El hombre que la golpeó y le provocó lesiones mortales hoy está prófugo. El femicidio quedó impune para la justicia tradicional. La hermana y la mamá mantienen encendida su memoria en cada movilización por Ni Una Menos. 

Los feminismos tienen un extenso corpus desarrollado para ampliar la mirada. En los ’90 Jill Radford y Diana Russell caracterizaron al feminicidio como el extremo de un continuum de terrorismo sexista que incluye “una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como: violación, tortura, esclavitud sexual abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento”. “Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en femicidios”, escribieron las investigadoras.  

Más tarde la mexicana Marcela Lagarde definió: “la inexistencia o debilidad del Estado de derecho, en la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo” para que estos crímenes se extiendan en el tiempo. “Por eso, para diferenciar los términos, preferí la voz feminicidio y así denominar el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado”, dijo. 

En el país que supo hacer del grito de Ni Una Menos un emblema internacional, los 15 asesinatos en 20 días de enero deben ser mirados bajo la lupa de femicidios de Estado. La responsabilidades institucionales y políticas -más allá de los responsables materiales- deben ser investigadas, de una vez por todas. 

Las movilizaciones han insistido en la construcción de una memoria, verdad y justicia por cada víctima que no encontró respuestas en la justicia tradicional

De acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios realizado por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven en los últimos tres años hubo una muerte de estas características cada 29 horas: en total fueron 895. Y al menos 925 niñxs quedaron huérfanes durante la gestión de Cambiemos. La enumeración de todo lo que no se hizo sigue casi intacta. El patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una deuda pendiente aunque es ley. Para septiembre de 2018 sólo se había ejecutado el 24,2 por ciento del presupuesto anual del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable. La Educación Sexual Integral sigue sin ejecutarse en todas las escuelas del país. La reforma de la ley N 26.150 de ESI, planteada en septiembre de 2018, buscaba garantizar su implementación en todo el país pero no fue acompañada por todos y todas les legisladores oficialistas. 

Según el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, hay un caso de violencia sexual cada dos horas. De los 36 refugios planificados por el gobierno de Mauricio Macri solo se hicieron nueve y solo tres son propiamente de la gestión, el resto son herencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con este panorama, de acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA) comparando con el presupuesto destinado a combatir la violencia machista vigente de 2018, se verifica una caída en términos reales de 19,1 por ciento para el 2019.

El activismo no espera quieto que se desarrolle un plan de abordaje integral, novedoso, serio y creativo que de respuestas nuevas a la problemática. Ni que el gobierno piense en políticas de prevención reales directamente enfocadas a los varones violentos. En estos años se han tejido numerosas redes de cuidado y acompañamiento desde los ámbitos comunitarios. Las movilizaciones han insistido en la construcción de una memoria, verdad y justicia por cada víctima que no encontró respuestas en la justicia tradicional. 

El próximo 8 de febrero a las 18 en la Mutual Sentimiento (Federico Lacroze 4181) hay una cita para la asamblea feminista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las convocatorias para organizar el paro del 8M se multiplican en todo el país. Las asambleas son espacios abiertos donde se discute la movilización pero también se construye estrategia y política feminista. Porque los deseos del feminismo nunca se alinearán con un gobierno neoliberal, conservador, ceo-machista, como el de Cambiemos. Pero hay compromisos internacionales y responsabilidades estatales asumidas para que sobrevivir deje de ser el desafío diario de las pibas, viejas, mujeres, tortas, trans, travas y todas puedan abrazar infinitos futuros de libertad.

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Este artículo se publicó originalmente en Anfibia

Autora >

María Florencia Alcaraz (ANFIBIA)

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