En su voluminoso libro All out war, Tim Shipman relata la larga historia que llevó al referéndum de 2016. Todo comenzó en 1992 en un pub del londinense barrio de Pimlico, suficientemente alejado del Parlamento como para despistar a los periodistas y frecuentado por turistas poco interesados en los tejemanejes de un grupo de políticos conservadores que se reunían allí con un único objetivo: Sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Eran lunáticos. Nostálgicos del imperio. Nacionalistas furibundos. Shipman los llama “paleoescépticos”. Nosotros los llamaríamos “populistas de extrema derecha”. Eran políticamente marginales, pero muy molestos. Entre ellos estaban John Redwood y Michael Spicer, que habían vivido su propia epifanía euroescéptica con la ratificación del Tratado de Maastricht que entendían como una humillante pérdida de soberanía, como el primer paso hacia un superestado europeo que aplastaría la singularidad británica. 

Con el paso del tiempo, las circunstancias conspiraron para que este grupo pudiera capitalizar la insatisfacción ciudadana. Años de abandono económico, políticas de austeridad y la llegada de casi un millón de inmigrantes de Europa del Este entre 2004 y 2009. El resultado: cuatro millones de votos para el UKIP y decenas de diputados conservadores temiendo perder su escaño. Aquel grupo salvaje dejó de ser marginal. Ahora cosechaba simpatías. Para contentarle, David Cameron prometió y convocó el referéndum de salida de la UE. Esperaba ganarlo sin problemas. Pero Cameron subestimó la ambición de su amigo Michael Gove y la determinación del grupo de Pimlico. Con unas cuantas caras nuevas, y ahora bajo las siglas ERG (European Research Group), los “chicos malos del Brexit” como los llama Arron Banks, estaban dispuestos a contar las mentiras que hiciera falta para ganar. Por ejemplo, si ayudaba decir que Turquía entraría en la Unión Europea en 2019 y que un flujo masivo de trabajadores turcos colmaría las fronteras británicas, se decía.

Ese mismo grupo no tuvo reparos en violar la ley electoral y en contratar a Cambridge Analytica para usar datos de votantes obtenidos fraudulentamente en redes sociales. Esa caterva de hombres opulentos y privilegiados, quizá también aburridos, entre los que se sospecha que el dinero ruso ha fluido libremente, es el grupo que más ha determinado la política británica estos últimos días. En esta nueva entrega de Brexiteando, les explicaré cómo ha sido y está siendo. Pero vamos rapidito y al tema porque hay mucho que contar y tengo que ir a comprar regalos antes de que la libra se desplome aún más. 

Después de unas semanas más o menos plácidas, Theresa May y la UE anunciaron que por fin habían llegado a un acuerdo que pronto sería sometido a ratificación. Como les he ido contando, un plan factible de salida de la Unión pasaba inevitablemente por la cesión de soberanía comercial si se quería evitar una frontera “dura” en Irlanda del Norte. El arreglo era complejo, pero se puede resumir en que para evitar que la región tuviera una legislación diferente a la del resto del país (es decir, la de la UE), la primera ministra había consentido en colocar al Reino Unido al completo dentro de la unión aduanera por un periodo de transición indefinido. En otras palabras, el país debía regirse en cuestiones de intercambio de bienes y servicios por la legislación europea hasta que se encontrara una solución técnica al problema norirlandés. Como bien saben los partidarios del brexit, esa solución no existe. Al menos en el mundo real. El acuerdo de May implica por tanto un brexit perpetuo, un limbo en el que el Reino Unido estaría formalmente fuera de la Unión pero sujeta a sus leyes y por tanto sin voz ni voto. Los brexiters, y el ERG entre ellos, hablaron de vasallaje. Y tenían razón. El acuerdo era, perdonen el chiste fácil, una soberana cesión de soberanía. 

Se sucedieron las dimisiones, incluidas la del ministro Jo Johnson, mucho más sensato en apariencia que su hermano Boris. May perdía más ministros por minuto que yo, snif, pelo. La anunciada negativa de los laboristas al plan y la revuelta entre los Tories aseguraban su fracaso y, probablemente, el fin de May como primera ministra. Así que, cuando, tras cinco días de debates en la Cámara de los Comunes, llegó el momento de votar el plan, Theresa May repitió una de sus piruetas habituales: hacer lo que dijo que nunca haría. Aplazó la votación alegando que renegociaría el acuerdo con Bruselas. La primera ministra sabía perfectamente que eso no sucederá. Los 27 no volverán a sentarse con ella en la mesa negociadora. En realidad, lo que May había intentado era lo que los politólogos de Stanford llaman “hacer un Tsipras”. Apurar los plazos al máximo, empujar la votación todo lo cerca posible del límite, en este caso el 29 de marzo, y colocar a los diputados en una disyuntiva: mi plan o el caos. Así, sin tiempo de reacción ni opciones, incluso sus más recalcitrantes enemigos agacharían la cabeza. 

Pero May no calculó que su maniobra era obvia ni tampoco el enfado que su decisión había causado entre sus compañeros. La primera ministra había tirado a la basura sus días de preparación y trabajos para defender el plan en sede parlamentaria y además había expuesto a sus colaboradores al escarnio mediático al asegurarles hasta esa misma mañana que el plan se votaría. El escándalo fue tal que el presidente de la Cámara declaró oficialmente, y por primera vez en la historia, que el gobierno había despreciado al Parlamento. El ERG, que llevaba tiempo queriendo descabalgar a May, vio entonces una oportunidad clara. Siguiendo el procedimiento establecido, 48 diputados solicitaron al llamado comité 1922 una moción de confianza en May como líder del partido. El número suficiente. Apenas 48 horas después de aplazar la votación, la primera ministra se enfrentaba a la posibilidad de que la derrocara una rebelión interna que ella misma había azuzado. De tener éxito la moción, un grupo de apenas 300 personas reemplazaría a una primera ministra no electa por otro aún menos representativo para conducir a Gran Bretaña durante uno de los momentos más críticos de su historia. 

Pero si el Brexit resulta un problema tan intrincado es porque se trata de una historia de debilidades. Precisamente porque no hay ningún actor suficientemente fuerte como para imponer sus preferencias, el país vive en un impasse desde hace dos años y medio. A muchos tories no les gusta el plan de May, ya sea por timorato o por excesivo, pero les gusta aun menos el ERG. Si May hubiera perdido la moción, alguien como Boris Johnson o Dominc Raab habría tomado las riendas, y el país habría marchado sin remedio hacia el precipicio de una salida sin acuerdo. Precisamente por eso la moción no prosperó (aunque también ayudó que May prometiera no presentarse a la reelección). Tampoco los laboristas poseen la fuerza suficiente para cambiar algo. El sainete de la moción de censura “personal” [en realidad una reprobación de May] presentada-pero-no por Corbyn este lunes lo demuestra. No era más que un farol que intentaba hacer picar a algún conservador suficientemente descontento con la primera ministra. Pero los conservadores enseguida cerraron filas y la moción fue retirada. Ni siquiera el ERG está dispuesto reemplazar a May por un gobierno laborista. 

Lo más probable es que la primera ministra llegue al 21 de enero en su puesto, la nueva fecha límite para la votación de su plan. Hasta entonces hará todo lo posible para que se apruebe. No por supervivencia política, sino porque es una burócrata con una misión que cree que debe cumplir pese a conocer los grandes costes que conlleva: satisfacer la voluntad popular expresada en el referéndum. Pero sería milagroso que lo consiguiera. Los 117 votos contra May en la moción de confianza indican que hay suficientes diputados dispuestos a hacer descarrilar su acuerdo. En el ERG están tranquilos. El tiempo juega a su favor. Saben que, si el 29 de marzo el Reino Unido no ha alcanzado ningún acuerdo con Bruselas, el país saldrá de la UE. No necesitan articular ninguna alternativa, solo obstaculizar cualquier propuesta y crear caos. No les importa. “Sí, habrá problemas, pero como en la época de Thatcher”, dijo un político conservador cuando se le preguntó por el plan de Jaguar de cerrar su planta en Birmingham si el brexit se consuma. Aunque su respuesta hiciera referencia implícita al éxito económico de la Dama de Hierro tras las turbulentas huelgas mineras de los 80, la comparación resulta odiosa. No se trata ahora de reconvertir industrias ineficientes sino de cerrar plantas competitivas. El ERG y los brexiters duros están aislados de las consecuencias de una salida sin acuerdo y pueden tomarse estos “problemas” a la ligera. Están empeñados en que el Reino Unido recobre su soberanía, es decir, que ellos y no Bruselas dicten las normas. El plan de May supondría cederla aún más y por tanto representaría una derrota, el fin de su sueño de aquel grupo de Pimlico. Puede que, por eso mismo, estén dispuestos a aceptar el riesgo de un segundo referéndum. 

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Santiago Sánchez-Pagés es profesor de economía en el King’s College London.