Una economía al servicio de las personas es aquella que pone en valor primero de todo a las personas, sus emociones y  su cuidado. Que no solo se fundamenta en cuestiones mercantiles ni productivistas del modelo hegemónico capitalista patriarcal que nos es impuesto a las mujeres; sino que se centra en la organización de la vida de las personas desde lo ético, teniendo en cuenta el impacto socioambiental del contexto donde vivimos, desde una mirada feminista, intercultural e interseccional.

Una economía donde las intenciones de cambio y transformación social sean compartidas para un entendimiento y diálogos saludables y respetuosas con las personas, principalmente con las mujeres, relegadas mayoritariamente al ámbito privado y del hogar, lo que las excluye, muchas veces, de la participación política y comunitaria directa.

Como colectivo de mujeres migrantes que conformamos Sindihogar (primer sindicato independiente de mujeres migrantes Trabajadoras del Hogar y los Cuidados) reivindicamos y visibilizamos que somos parte fundamental de esta economía capitalista y patriarcal. La inmigración, nuestras migraciones, son la base de la “cadena global de cuidados” que permite a este sistema capitalista opresor reproducirse y generar más ganancias para unos pocos (jerárquicos, hegemónicos, explotadores de las élites y corporaciones). Con nuestra mano de obra (precarizada y explotada) se arman las piezas claves dentro del sistema economicista y mercantil donde se desarrolla.

El sistema económico actual urge que sea humanizado, que las personas, principalmente las mujeres, no seamos meras mercancías al servicio del patriarcado y del sistema financiero. Creemos que una nueva economía debe enfocarse siempre hacia el respeto y consideración de las mujeres, sean de donde sean. Como Sindicato de trabajadoras del hogar, la limpieza y los cuidados, reclamamos que se valoren nuestros derechos fundamentales que la Ley de Extranjería y el Régimen Especial de la Seguridad Social nos niega sistemáticamente, entre ellos: acceso a la tarjeta de residencia y trabajo sin el requisito del contrato de trabajo de 1 año y 40 horas (que ni siquiera muchas personas locales tienen); la incorporación al Régimen General de la Seguridad Social, eliminando así el Régimen Especial que nos tiene esclavizadas sin derecho al paro, a prestaciones, a baja por maternidad, y a una jubilación digna. Luchamos por una normativa que responda a las necesidades reales de las trabajadoras del THC y no siga favoreciendo a los empleadores como hasta ahora: horarios extensos, salarios, seguridad laboral, conciliación familiar, Riesgos laborales… reclamamos el principio universal de Justicia Social”.

Nosotras somos productoras de beneficios (porque lo damos todo: cuidamos a personas y cuidamos el hogar), pero ese beneficio no es para nosotras mismas, sino para el otro, ese otro que nos convierte en mercancía y nos explota, nos vulnera, nos discrimina.  

Nosotras, las trabajadoras del THC, somos consideradas como objetos y meras mercancías en nuestros lugares de trabajo en beneficio del sistema capitalista y patriarcal, que nos infravalora, nos precariza con salarios paupérrimos y nos invisibiliza sin derechos. Pero nosotras no somos un objeto, una mercancía barata que está en venta. Somos humanas, vivas, sentimos, damos, amamos, deseamos reciprocidad.

Necesitamos un cambio radical del sistema en donde la desmercantilización de la vida pase por una valoración real de las personas y de las mujeres (migrantes), sobre todo.

En nuestro caso, necesitamos ser valoradas realmente por nuestros trabajos de cuidados de la vida (organización y reproducción) y como personas que somos. Necesitamos voz, y ser nosotras mismas las que ponemos el valor a “nuestro” trabajo según nuestras capacidades y habilidades, y obtener una retribución justa, para poder cubrir dignamente nuestras necesidades y deseos.

Urge acabar con la invisibilidad sobre la importancia de lo que hacemos y aportamos a esta sociedad, sea de forma remunerada como la no remunerada también.

A su vez, como mujeres migrantes que somos, en este país estamos sometidas a la ley de extranjería, nuestra vida se cruza sistemáticamente con la ley de extranjería: la cual señala a grupos humanos como “no válidos”, “como ilegales”, los deshumaniza y les quita derechos fundamentales como la libre circulación, la sanidad o la educación. La ley de extranjería es una “carga” más para las mujeres migrantes del THC y, por ende, ejerce violencia de género (porque aunque estemos formadas y tengamos estudios de todo tipo, nos obliga a ocupar el “nicho laboral” de los cuidados del hogar y las personas, simplemente por ser mujeres migrantes, un trabajo no valorado en todos los sentidos y sin derechos reconocidos.

Los caminos que estamos recorriendo en Sindihogar, en consonancia con una economía feminista al servicio de las personas, son proyectos de autogestión y de economía feminista basados en la práctica de la Mimopolítica (sabernos humanas y no mercancías, poner en el centro a los mimos, los cuidados propios y colectivos, a las personas ante todo, y como primera parte de cualquier acción política). Esto significa practicar una economía no basada en los pilares mercantiles-capitalistas ni patriarcales, sino gestionada de forma horizontal, valorando a las personas, dialogando, bajo principios no jerárquicos y colectivizando todas las acciones, propuestas y nuestras historias, porque somos sujetas políticas en todo momento. Gestamos proyectos culinarios, textiles y de arte político para la transformación social.

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Rocío Echeverría Valverde (Perú) es comunicadora social, especializada en Marketing Social en Lima. Lleva un año y medio en Barcelona, donde ha trabajado como trabajadora del hogar, la limpieza y los cuidados sin contrato laboral ni documentación en regla.