Se despidió de su padre a los 9 años, desde el barco que lo llevó a Buenos Aires. Lo hizo de nuevo a los 17, cuando avisaron por carta de que había sido asesinado por falangistas en Portomarín, en Lugo, por su actuación como alcalde de Castro de Rei en favor de los despojados. Y aún se despidió otra vez en 2005 cuando fue capaz de exhumar su cuerpo de la fosa común en la que lo habían escondido. La historia de este gallego residente en la Argentina dio inicio al histórico proceso judicial que está investigando los crímenes del franquismo entre 1936 y 1977.

La taza tiene un tamaño singular. No va con las de su talla, las del café, que son pequeñas. Pero tampoco casa con las grandes, las del té. «Entonces se hacían los juegos bajo petición y mi padre había comprado las doce piezas tradicionales con su platito y además esta enorme para beber él en ella a su gusto, y también una muy pequeñita para mí, que era el menor de los hijos», recuerda Darío Rivas, 97 años, en la serenidad de una tarde en el extrarradio de la ciudad de Buenos Aires a la que llegó de Lugo en 1930. Aunque aquí el tiempo paró hace muchas horas, las referencias dicen que solo en esta semana, este gallego que ahora guarda la taza en una vitrina con dedos rápidos, participó en cuatro actos y pasó dos veces por los tribunales porteños acompañando a nuevos declarantes en la querella que presentó en 2010 para investigar los crímenes del franquismo.

El proceso judicial iniciado el 14 de abril de 2010 en la capital argentina —coincidiendo con el 79 aniversario del inicio de la II República en España— tenía la firma de colectivos de defensa de los derechos humanos, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España y de las Abuelas y las Madres de la Plaza de Mayo. Con todo, el caso insignia, el que permitió que la justicia abriera unas puertas siempre difíciles, siempre bien cerradas, fue justo el caso que presentó Darío Rivas. «Pasé décadas reuniendo todos los documentos. Todo lo denunciado está probado por escrito y con sellos y firmas», dice y pega con el dedo índice sobre la mesa para acompañar las últimas sílabas. 

La querella no se andaba con rodeos: denunciaba al Estado español como responsable de los delitos cometidos entre el día 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones después de la muerte del dictador Francisco Franco. Se entiende que se trata del genocidio de parte de la población y de crímenes de lesa humanidad y que, como tales y a pesar de la Ley de Amnistía de 1977, no prescriben bajo el criterio de la justicia universal. Con el patrocinio del abogado Carlos Slepoy, el requerimiento de Rivas junto con Inés García Holgado, también familiar de un represaliado, y Silvia Carretero, torturada en Extremadura y Madrid, pedía a la jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría que buscase la información necesaria para hacer una lista de los ministros de aquel período, de los responsables militares y policiales y de los dirigentes de la Falange, así como también de las víctimas: los represaliados, desaparecidos, torturados, asesinados, sin olvidar el detalle de las fosas comunes sembradas por toda la Península y referencias sobre los niños y las niñas apropiadas ilegalmente con la ayuda, en no pocos casos, de la propia Iglesia católica. Por último, también querían el nombre «de las empresas beneficiadas con el trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos».

La justicia argentina pidió precisiones a los jueces españoles. Las respuestas, cuando llegaban, siempre ponían por delante la Ley de Amnistía de 1977, una añagaza, ya que este tipo de normas no pueden pasar por encima del derecho internacional. Así las cosas, el 18 de septiembre de 2013, Servini de Cubría pidió la extradición de cuatro represores españoles —dos de ellos ya fallecidos—. El 30 de octubre de 2014 la jueza dictó una  orden internacional de detención preventiva y extradición contra el ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa, acusándolo, entre otros delitos, del asesinato de los cinco obreros tiroteados en Vitoria en marzo de 1976. Desde entonces, Martín Villa, con la ayuda de la justicia española, ha tenido que entablar un largo litigio para evitar ser extraditado. Uno de los últimos intentos fue la solicitud de prestar declaración en Argentina con la condición de quedar en libertad, petición que denegó María Servini. 

El tiempo ya no corre en esta casa bonaerense en la que Darío Rivas retira ahora de la vitrina una pequeña bandeja conmemorativa del homenaje que le hizo a su padre en el año 1994, casi una década antes de poder sepultarlo. Y cuenta. Porque en el origen de la querella que ya hizo historia hay un padre y un hijo. Y también un gabán y una placa.  

«Recuerdo bien mi casa, era enorme, como un pazo. Por la izquierda tenía la cuadra para los animales y también un horno de piedra. Y por la derecha, un jardín. Más allá, estaba el sitio en el que se cortaban los robles para hacer las traviesas del tren», vuelve Rivas, ahora mismo un niño pequeño en un mundo de adultos. Fue el más pequeño de nueve hermanos y, aunque no lo dice de todo, puede que fuese también el más mimado por el padre que, en pocos años, quedó viudo y con el chaval de cinco años por criar, además de los otros ocho hijos. 

Mucho ha hablado Darío Rivas sobre su padre, Severino Rivas Barja, alcalde de Castro de Rei, fusilado en una cuneta pocos meses después del Alzamiento, el 29 de octubre de 1936. Tanto ha contado sobre este gallego que 68 años después de su asesinato se transformó en el primero exhumado e identificado en Galicia, que ahora se ve en el problema de tener que ajustar las historias publicadas sobre su recuerdo. 

«Dicen que mi padre era socialista. Pero no. Yo no le recuerdo participación alguna en mítines ni en cosas de la política», quiere corregir el hijo que escapa de los intereses partidarios como de la peste. La confusión tendrá inicio, a lo mejor, en el hecho de que el señor Severino era un hombre bueno y generoso. Aún se repiten las historias en Castro de Rey sobre como recuperaba tierras sin dueño —o con un dueño que no las atendía— y se las asignaba a los despojados para que pudieran trabajar en ellas las semillas que él incluso les conseguía. 

No se lo contaron. Darío lo vivió: «En mi casa, la matanza se hacía para los nuestros y para el resto. Mi padre nos mandaba a los más pequeños llevar paquetes de carne a las personas más pobres de la aldea. ‘¡Y cuidadito con aceptarles ni una peseta!’, nos advertía». El señor Severino no es que fuera rico, pero había tenido la inteligencia necesaria para sacar beneficio de las oportunidades. Trabajaba sus tierras, arrendaba otras que también explotaba y administraba las de los señores de la zona. Cuando tuvo oportunidad, también se hizo con unos robles que luego cortaba para hacer traviesas para el tren, que vendía. 

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