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La UNAM se levanta contra el miedo

A cincuenta años del movimiento del 68, la universidad mexicana ha empezado el curso académico con reminiscencias de lo peor y lo mejor de su historia

Carlos Heras 19/09/2018

<p>La marcha llegando al área del Rectorado en Ciudad Universitaria. A la izquierda, la icónica Biblioteca Central.</p>

La marcha llegando al área del Rectorado en Ciudad Universitaria. A la izquierda, la icónica Biblioteca Central.

Carlos H.R.

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La Universidad Nacional Autónoma de México, la más grande de América Latina con 350.000 estudiantes, se vuelve a levantar. A cincuenta años del movimiento del 68, la UNAM ha empezado el curso académico con reminiscencias de lo peor y lo mejor de su historia. El 3 de septiembre, grupos de choque porriles irrumpieron en Ciudad Universitaria y atacaron con violencia inusitada a un grupo de estudiantes de bachillerato que protestaban en la explanada del Rectorado por deficiencias académicas en sus escuelas periféricas y por el reciente secuestro y feminicidio de una joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, Miranda Mendoza, de dieciocho años, que desapareció a la salida de su centro de estudios el 20 de agosto. Los porros hirieron a al menos catorce estudiantes, dos de ellos de gravedad por heridas punzocortantes.

La irrupción de los porros, grupos de choque financiados y protegidos por sectores de poder relacionados con la Universidad que ya fueron protagonistas reventando manifestaciones en el movimiento el 68, se encontró con la movilización de los estudiantes. El mismo lunes, las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas entraron en paro e interpelaron al resto de facultades y escuelas para imitarles. El miércoles 5 de septiembre los estudiantes desbordaron el campus central de la UNAM, patrimonio cultural de la humanidad, con una manifestación de 30.000 personas.

Decenas de facultades y escuelas habían pactado paros para entonces, incluidas algunas habitualmente reacias como la de Derecho –que acordó su paro mediante una consulta democrática en la que votaron más de 2.000 personas y no se sumaba a uno desde la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, hace cuatro años– o Contaduría.

Los universitarios seguían la iniciativa de los estudiantes de bachillerato de CCH de Azcapotzalco y Oriente, centros de secundaria superior que forman parte de la estructura de la UNAM. Los primeros protestaban porque no había profesores asignados para varios grupos al inicio de curso y porque la administración había mandado borrar los murales pintados en el centro por varias generaciones de estudiantes; los segundos se les unieron por la indignación ante el feminicidio de su compañera Miranda Mendoza, cuyo cuerpo apareció calcinado al día siguiente de que la secuestraran.

La concentración del lunes podría haber pasado desapercibida de no haber sufrido el ataque de los grupos de choque, que precipitó la indignación de la comunidad universitaria. Miriam Estrada, estudiante de Derecho y representante de los estudiantes en el Consejo Académico de su Facultad, explica que los porros son “grupos corporativos que las mismas entidades universitarias financian, promueven, protegen, crean”. Aunque hacía años que no actuaban en el campus central de la UNAM, tienen una presencia cotidiana en las escuelas periféricas de secundaria de la UNAM, donde estudian alrededor de 110.000 jóvenes de entre quince y dieciocho años.

“Básicamente son grupos de choque que buscan desarticular y desmovilizar a cualquier organización o grupo estudiantil a través de la violencia”, explica la estudiante, que señala que tienen conexiones con partidos políticos y con grupos de poder en la universidad. Miriam conjetura que quienes ordenaron el ataque querrían desestabilizar al actual rector, Enrique Graue, y relaciona este propósito con la próxima entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. “Graue ya se ha reunido [con López Obrador] y se ha mostrado abierto a que ciertas propuestas tienen que llevarse a cabo, como ampliar la matrícula o eliminar el examen de admisión. Son cuestiones que mueven mucho los intereses internos de los grupos de poder de la universidad”, explica.

Violencia machista e inseguridad

la universidad no es ajena a la dinámica de violencia que vive el país, donde 240.000 personas han sido víctimas de homicidio y al menos 37.000 de desaparición forzada en los últimos doce años

Un sentir transversal dentro de la protesta es que la universidad no es ajena a la dinámica de violencia que vive el país, donde 240.000 personas han sido víctimas de homicidio y al menos 37.000 de desaparición forzada en los últimos doce años. “Era una especie de mito que la UNAM era un espacio seguro, ya que más bien los campus de la Universidad Nacional son un reflejo de lo que está pasando allá afuera”, dice Miriam. “Hay muchas víctimas de nuestra comunidad estudiantil que han muerto en circunstancias poco claras”, señala, y denuncia que las autoridades universitarias, en lugar de facilitar pruebas y acompañar los procesos judiciales, los entorpecen. “Colocan trabas en el proceso judicial y desaniman a las víctimas a iniciar una denuncia”, lamenta.

En años recientes ha habido varios homicidios, feminicidios y desapariciones en el recinto universitario. El caso de Lesvy Berlín, una joven de 22 años que preparaba las pruebas de acceso a la universidad y apareció ahorcada en una cabina telefónica del campus en mayo de 2017 después de ser agredida por su novio, según registraron las cámaras de la universidad, marcó un punto de inflexión para muchas.

“El feminicidio de Lesvy hizo que nos empezásemos a articular más y de ahí salieran este tipo de protestas”, explica Dian Esbrí, estudiante de Geografía que prepara su tesis de licenciatura y forma parte del colectivo Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, que surgió a partir de ese caso y el acompañamiento a la madre de la estudiante fallecida.

Dian destaca que uno de los detonantes de las protestas de este mes fue otro feminicidio, además de la entrada de los grupos de choque. A los casos más extremos se deben sumar muchos otros de acoso y hostigamiento por parte de profesores y también estudiantes, una dinámica que incluye a los CCH y preparatorias, centros de secundaria que dependen de la UNAM.

“El contexto de México hace que vivamos con mucho miedo, y creo que eso muchas veces apaga la participación de personas jóvenes y a veces grandes”, dice la estudiante de Geografía, que al mismo tiempo espera que el alcance de estas protestas sea un elemento de confianza.

Las mujeres del movimiento estudiantil se han dedicado a revisar el protocolo de atención a víctimas de violencia de género y han llegado a la conclusión de que es “engañoso”, porque es contradictorio con otros apartados de la legislación universitaria y, sobre todo, porque en la práctica las autoridades revictimizan a las mujeres que sufren acoso y agresiones y no ayudan a los procesos de denuncia, o incluso los entorpecen para proteger a los agresores.

Marcha de estudiantes en la Ciudad Universitaria de la UNAM el 5 de septiembre.

Por eso creen que las estudiantes y profesoras deben revisar esos protocolos y participar en el diseño de políticas públicas de la universidad, incluidas las que afectan a la seguridad de las mujeres. Miriam, la consejera estudiantil de la Facultad de Derecho, se expresa en la misma línea. “Hay que entender que parte de la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el interior de nuestros campus tiene que ver con que las autoridades no toman en cuenta a los estudiantes para procesos de participación en materia de seguridad, y los que ponemos los muertos o los heridos somos nosotros”.

Problemas estructurales

Desde la Facultad de Derecho, explica Miriam, han propuesto al resto de asambleas promover cambios de la legislación universitaria, concretando así la demanda de democratizar la universidad. “Uno de los más grandes logros de este movimiento es visibilizar los problemas estructurales de la universidad”, dice.

se visibilizó que no existen condiciones normales para tomar clases, para meterse a un aula y estudiar

Lo mismo opina Diego Gutiérrez, estudiante de noveno semestre de la Licenciatura de Letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras, y participante en la asamblea de la facultad, una de las más activas durante las movilizaciones. Cree que, con el ataque de grupos de choque en pleno campus, “se visibilizó que no existen condiciones normales para tomar clases, para meterse a un aula y estudiar”.

“Una educación pública de calidad, la educación como derecho humano no está garantizada con darte un espacio en la universidad, hay muchas otras condiciones que tienes que tener en cuenta”, explica. Si los estudiantes se exponen a asaltos, secuestros y violaciones en sus trayectos diarios; si las jóvenes tienen que sufrir el acoso de algunos profesores o compañeros; si los alumnos que vienen de provincias deben asumir los costes de su alojamiento y manutención, entonces no se está garantizando el derecho a la educación y a la seguridad, señala. Además, muchas escuelas y facultades comparten un déficit de medios materiales y de personal para garantizar la oferta académica.

De acuerdo con Diego, el malestar expresado por el ataque de los grupos porriles al campus ha dado paso a una demanda más general que reclama la educación pública como un derecho humano. Así, la construcción de un entorno universitario seguro, libre de violencia machista, democrático, con espacios y medios suficientes y que preserve el principio de gratuidad debería ser el horizonte que articule al movimiento que debe seguir. Después de una asamblea que comenzó el viernes por la tarde y duró dieciocho horas, las facultades deben un pliego petitorio de toda la universidad esta semana. Algunas, como la de Filosofía, decidieron reanudar sus paros.

Los estudiantes señalan la responsabilidad del actual rector en todo lo sucedido. Graue condenó los hechos desde el primer momento, pero se le acusa de haberlo permitido y de no implicarse lo suficiente para solucionar los problemas. Después, anunció la suspensión del responsable de seguridad de la universidad, Teófilo Licona; expulsó e hizo públicos los nombres de dieciocho porros que supuestamente habrían participado en el ataque del 3 de septiembre y, después de la masiva manifestación del 5, se comprometió a aceptar las peticiones del CCH Azcapotzalco.

Ecos del 68

La comunidad estudiantil no se conforma con el cierre de esta crisis, sino que quiere construir un movimiento permanentemente movilizado que apela a las autoridades federales de la República

La comunidad estudiantil no se conforma con el cierre de esta crisis, sino que quiere construir un movimiento permanentemente movilizado que, en última instancia, apela a las autoridades federales de la República, que deben dotar de presupuesto a la universidad. Además de las asambleas, la movilización de los estudiantes del 13 de septiembre quería emular la Marcha del Silencio del 68, con el mismo recorrido del Museo de Antropología al Zócalo –la plaza central de Ciudad de México– y exactamente cincuenta años después de una manifestación multitudinaria que protestaba contra la represión a los estudiantes y la negativa al diálogo del gobierno de entonces.

Tanto Miriam como Diego señalan la importancia de la memoria histórica de los estudiantes como un elemento importante para la identidad y la organización de las protestas. “No creo que sea que estamos intentando emularlos, no creo que nada más estemos intentando a nuestra manera reproducir de manera vacía este movimiento, pero sí es algo que se construye como parte de la identidad universitaria, de que los universitarios somos quienes luchamos y nos movemos, y en México no hay mayor ejemplo que el movimiento del 68”, dice Diego.

El estudiante de la Facultad de Filosofía lamenta que a menudo se hable de ese movimiento en pasado, como si ya se hubiesen conseguido las cosas que demandaban entonces. “Los problemas que hace cincuenta años tenía la UNAM son los mismos que enfrentamos hoy: los grupos porriles, la represión, la falta de libertad de expresión, de libertad artística”, asegura. Las próximas semanas traerán fechas claves para la memoria, lejana y reciente, de los estudiantes: el 26 de septiembre se cumplirán cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el gran escándalo humanitario de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, y el 2 de octubre se conmemoran los 50 años de la masacre de Tlatelolco, el asesinato de decenas –o cientos según algunas estimaciones– de estudiantes por el Ejército que puso fin al movimiento del 68. Algunos, medio siglo después, esperan un comienzo.

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Autor >

Carlos Heras

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