En los últimos días, Paraguay ha registrado un feminicidio: el de Basilia Echeverría, de 51 años. Un transfemicidio: el de Naomi Gomes, de 29 años. Y un caso que concentra la mayor parte de la indignación colectiva: 25 militares de la Armada violaron en manada a una adolescente de 13 años. Todo en la misma semana.

Ante la ola de casos de violencia machista, la Articulación 8M Paraguay, que engloba a organizaciones por los derechos de las mujeres y feministas autoconvocadas, llamó a manifestarse y a permanecer en alerta para exigir el fin de la impunidad.

“Estamos hartos, hartas y hartes de que el Estado viole los derechos de mujeres, niños, niñas y personas LGBTI. Estamos hartos, hartas y hartes de explicar por qué no deberían matarnos, por qué no deberían violarnos”, denuncia la Articulación. 

Más de un feminicidio a la semana

El 2 de septiembre, Basilia Echeverría fue apuñalada en la vena principal de su pierna, y murió desangrada. Su pareja, un hombre que había sido denunciado por violencia, está siendo investigado por un presunto feminicidio. En lo que va de 2018, otras 41 mujeres, adolescentes y trans fueron asesinadas en circunstancias parecidas en todo el país. El dato supone más de un caso de feminicidio a la semana en Paraguay, un país con apenas siete millones de habitantes.

La cifra está basada en el recuento de una organización civil, el Centro de Documentación y Estudios (CDE), según los presuntos feminicidios que aparecen en medios de comunicación. La Fiscalía, por su parte, registró más de 9.000 denuncias por violencia familiar en la primera mitad del año. Hasta finales de mayo, el Ministerio de la Mujer detectó 164 tentativas de feminicidio.

Los datos de 2018 son similares a los del año anterior, cuando se registraron un total de 53 asesinatos contra mujeres –49 según el Ministerio de la Mujer–, en la mayor parte cometidos por sus parejas o exparejas. En 2016, fueron 42 las víctimas de este tipo de crímenes.

Ese año, el Congreso paraguayo aprobó la ley 5.777, de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. La norma introduce el tipo penal del feminicidio, pero la palabra “género” fue borrada en todo su texto. Esto implica que las mujeres trans –que asumen una identidad de género femenina– no quedan protegidas por la ley, a pesar de ser blanco de múltiples violencias. 

El crimen de odio contra Naomi

Naomi Gomes, una mujer trans de 29 años, vivía cerca de la ciudad de Piribebuy (unos 100 kilómetros al este de Asunción). Durante tres años, trabajó en el ayuntamiento de esta ciudad, hasta que fue despedida por discriminación a causa de su identidad de género, contó a CTXT Yren Rotela, activista trans y referente de la organización Panambí (mariposa, en guaraní), que nuclea a travestis, transexuales y transgénero en Paraguay.

Hace seis meses, Gomes fue contratada para trabajar en una dependencia del Ministerio de Agricultura de Paraguay encargada del control de semillas y productos vegetales. Estaba feliz e ilusionada. Pero a comienzos de septiembre, desapareció. Días más tarde, la policía interrogó a un hombre de 19 años, que confesó que había matado a la joven a machetazos, y llevó a los agentes al lugar donde la había enterrado.

“Exigimos justicia por el crimen de Naomi, y que se investigue si más personas fueron cómplices o participaron en el asesinato. No queremos más impunidad”, expresó Rotela. 

El caso de Naomi no es aislado. Desde que en 1989 un golpe de Estado puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner –la más larga de Sudamérica–, 60 personas trans han sido asesinadas por su identidad de género. La mayoría de estos casos no han sido esclarecidos. El odio es el móvil de la mayor parte de las agresiones contra personas trans en Paraguay, que recientemente habilitaron una línea telefónica para recoger denuncias.

La manada paraguaya

A los casos de violencia contra mujeres adultas, tanto trans como cisgénero, se le suman los abusos sexuales contra niñas y adolescentes. El último involucra a 25 militares de la Armada paraguaya acusados de haber participado en la violación grupal de una adolescente de 13 años. La niña, que padece un retraso cognitivo, fue engañada a través de una red social para que acudiera al cuartel, ubicado en Asunción. Allí fue alcoholizada, y violada en manada. Los militares grabaron la agresión con sus teléfonos móviles, y luego compartieron el vídeo.

La ministra de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Teresa Martínez, calificó la agresión de “animalada”, y se refirió a los militares como “una jauría”. Hasta el momento, trece militares han sido detenidos y enviados a prisión preventiva, acusados de abuso sexual y pornografía infantil.

“Es movilizante e indignante la forma en la que se está tratando el caso”, dijo a CTXT Cintia Escurra, integrante de la organización Somos Pytyvohára (acompañantes, en guaraní), que promueve la educación integral de la sexualidad para niños, niñas y adolescentes en Paraguay. “No se protegieron los datos de la víctima. El Estado no actúa para prevenir estos casos. Y la sociedad misma está revictimizando a la niña, trasladándole la culpa a ella”, declaró Escurra. 

En lo que va de año, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia recibió más de 2.000 denuncias por abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Para Escurra, “la impunidad, la naturalización de la violencia, y el machismo que hace ver a niñas y mujeres como objetos de uso y abuso” son las causas detrás de estos casos de violencia sexual.

Otras voces opinan incluso que Paraguay cuenta con una “tradición” de violencia sexual contra niñas y adolescentes, heredada de la dictadura militar. “En la época de Stroessner era muy común que se secuestrara a niñas, que después eran abusadas sexualmente”, dijo a CTXT Sol Rodríguez, una estudiante de 17 años. 

Relatos como el de Julia Ozorio Gamecho, que narró su testimonio de esclavitud sexual en un libro, o el de Malena Ashwell, que lo denunció en su época al periódico Washington Post, revelan que los harenes de niñas eran frecuentes en el entorno del dictador.

Estado violador 

Frente a los casos de violencia, la Articulación 8M denuncia la inacción del Estado paraguayo, la falta de políticas públicas de prevención del abuso sexual, y la poca atención a las víctimas. “Por eso decimos que estamos frente a un Estado violador”, afirman en su manifiesto.

Las activistas recuerdan que, en 2017, el entonces ministro de Educación, Enrique Riera, prohibió enseñar acerca de la “teoría y/o ideología de género” en las escuelas públicas de todo el país. Varias organizaciones consideran que esta medida retrasa la posibilidad de implantar educación sexual en las escuelas, y obstaculiza así la prevención del abuso sexual. 

“La educación está muy influida por la Iglesia, que distorsiona los temas de equidad de género y educación sexual con esa historia de la ideología de género, que les da tanto miedo porque les puede hacer perder poder”, dijo a CTXT Marina León, activista de la sección paraguaya de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir.

León criticó también el caso del cura Félix Miranda, a quien un tribunal condenó, a finales de agosto, a pagar una multa de poco menos de 900 dólares a un hospital del sur de Paraguay, tras haber violado a un niño de cinco años. “Es un ejemplo más de impunidad”, declaró.