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Victoria Tauli-Corpuz / Relatora de la ONU para los Indígenas

“Los pueblos indígenas deben poder acceder a órganos judiciales que los protejan”

Álex Blasco Gamero Madrid , 25/07/2018

<p>Victoria Tauli-Corpuz.</p>

Victoria Tauli-Corpuz.

UN Human Rights

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A comienzos de 2018, Naciones Unidas cifró a los pueblos indígenas en más de 5.000 grupos, con cerca de 400 millones de ciudadanos repartidos en 70 países. Pese a su cuantía y reconocimiento, la situación de estas personas lejos de mejorar con los cambios a regímenes democráticos y la internacionalización de los derechos humanos parece estancarse: muchos son silenciados diariamente por grupos económicos internacionales que explotan los medios naturales donde residen dichos pueblos. CTXT ha conversado con Victoria Tauli-Corpuz, líder indígena en Filipinas, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que esta semana ha dado una conferencia en la Universidad Carlos III de Madrid. 

En los años 70 usted ya luchaba por los derechos de los pueblos indígenas como líder del pueblo kankanaey Igorot de la Región Cordillera de Filipinas, más tarde viajó a América siguiendo con esta lucha en distintos países en regímenes dictatoriales y de ahí pasó a organismos internacionales, como el Foro permanente para las cuestiones indígenas, y a ayudar a redactar la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo fue esa lucha durante los años de las dictaduras y cómo cambió con el nuevo siglo y con el paso a sistemas democráticos y a un marco legal internacional?

La situación de los pueblos indígenas después de los regímenes dictatoriales, particularmente en Filipinas, cambió drásticamente en lo que respecta al marco legal. Después de la dictadura, organizamos un movimiento masivo para elaborar una nueva constitución que reconociera los derechos de la población indígena, que reconociera sus territorios, sus “dominios ancestrales” y pertenencias, es decir, sus tierras. En 2007, la ONU creó una declaración de los derechos de los pueblos indígenas que reconocía la “propiedad” de sus territorios para controlarlos ellos mismos, y poseer títulos sobre las tierras además de un derecho de autodeterminación de dichos pueblos, que salvaguardase sus principios culturales. En términos de reconocimiento de derechos, para los indígenas representó un gran cambio comparado con lo que había anteriormente, porque antes no eran pueblos ni territorios reconocidos por el gobierno, y sus tierras podían ser confiscadas.

Pero los abusos de los estados contra sus pueblos indígenas se mantienen. ¿Es real decir que con la transición de sistemas dictatoriales a democráticos ha existido un mejor trato? ¿Existe una responsabilidad legal a nivel nacional e internacional?

Sí, el trato es mejor, el mundo cambió y las posibilidades de estos pueblos aumentaron exponencialmente. La reclamación de sus tierras se convirtió en una realidad y esto fue un gran cambio. Definitivamente hay unos estándares internacionales con respecto a estos derechos, a la autodeterminación de los pueblos indígenas y la ley internacional los avala. La Declaración supuso un reconocimiento de los derechos de estos grupos tanto a nivel individual como colectivo. La mayor parte de los Estados han elegido la opción de acogerse a un sistema normativo común. Pero por supuesto que los intereses y los poderes son los que terminan eligiendo o no acogerse a la ley, y hay casos criminales de empresas y Estados que se hacen por la fuerza con dichos territorios.

Aun así, son los mismos Estados los que permiten la entrada de las empresas extractivistas.

Al final el estilo de vida de muchos estados modernos depende de la extracción de determinados recursos de la tierra, y por ello se acogen al modelo económico mundial de explotación de recursos naturales, como el gas, el petróleo, distintos metales e incluso el agua, de estas tierras. Muchos países permiten el paso de estas empresas potenciando el beneficio económico por encima de la salud del medioambiente y de su población. Y ahora necesitamos un cambio drástico en las políticas, creer en una nueva generación de extracción solidaria y responsable. La situación es costosa y problemática para la población del mundo entero.

De los casi 400 millones de indígenas del globo, dos tercios se sitúan en Centroamérica y el Amazonas. El empeño de distintas compañías, como ACS, Endel o Gold Corp en Guatemala y otras tantas en el Amazonas, por la explotación y destrucción de estas tierras ha llevado a que sean investigadas y juzgadas. ¿Existe responsabilidad de estas empresas por restaurar o reparar el daño causado a estos pueblos y a estas zonas?   

En muchos casos no, porque estas comunidades no se encuentran protegidas por ninguna organización u ONG suficientemente solvente como para poder reclamar estos derechos a nivel nacional o internacional, y para compensar económicamente a estos pueblos después del paso de las compañías. La situación es mala pues a las compañías de extracción de recursos no les beneficia rehabilitar a estas poblaciones, deberían ser los gobernantes de estas regiones quienes garantizasen los derechos y el bienestar de estas personas. En el caso del Amazonas y Centroamérica, es una responsabilidad de la Comisión Latinoamericana y las organizaciones de derechos humanos. Pero el problema en muchas ocasiones radica en un acceso muy limitado a la justicia de estos pueblos, en la comunicación entre estas personas y las instituciones; las organizaciones criminales con intereses económicos mundiales son las primeras interesadas en que esto no suceda.

¿Cual es la situación del resto pueblos indígenas del mundo, de África, de Asia, de Oceanía…?

Ciertamente la situación es similar, la colaboración de los gobernantes con las corporaciones internacionales de extracción es común en todo el globo, no se limita solo a Latinoamérica. Las formas, las relaciones de poder económicas de las personas que gobiernan suelen terminar cayendo del lado de los intereses económicos, y los gobernantes realizan sus políticas en beneficio de estos grupos en Latinoamérica, en África o en Asia, aunque en muchas ocasiones estas relaciones terminen siendo ilegales con grupos criminales. En el caso de Latinoamérica muchos países ratificaron en 2009 la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas y se hicieron cargo de la defensa de sus comunidades, pero en muchos otros sitios los intereses económicos han limitado esta situación haciendo que estos pueblos pierdan sus derechos en detrimento de distintas compañías, y los gobiernos llegan a colaborar con organizaciones criminales para atemorizar y someter a estos pueblos.

Estamos asistiendo a un aumento de asesinatos y secuestros, como en los casos de las Maras y los cárteles en Centroamérica o de grupos criminales en África y Asia. ¿Cuál es la situación real y cuáles son las posibilidades de que se defiendan estos pueblos?

El ideal de justicia de los estados es que esta actividad violenta no se de internamente, y afortunadamente esto suele ser la norma. Pero en muchos casos los sindicatos criminales establecidos en determinados países llevan a que la justicia en determinados momentos y lugares no actúe de forma correcta; un claro ejemplo es México, con la colaboración de la policía con los distintos grupos dedicados al narcotráfico. Esto es un gran problema para el empoderamiento de estos pueblos indígenas y los lleva a ser aún más marginales.

La Comunidad Internacional es la que debe garantizar que los distintos estados acepten y garanticen los derechos humanos como norma garantista de un estándar de vida correcto, obligando a que todos sus actores internos defiendan dichas normas como propias, no permitiendo que actores estatales y no estatales se salten impunemente la ley. Pero esto no es fácil en muchos países debido a la corrupción y la inestabilidad institucional. Al final la iniciativa de los países depende de su capacidad de defender a su pueblo, de defenderse a sí mismos; en muchas ocasiones la violación de estos derechos muestra la incapacidad organizativa de estos lugares, y por ello el resto de las organizaciones tenemos que ayudar a plantear soluciones. Afortunadamente estos son casos puntuales; las instituciones suelen actuar para que esto no suceda.

 ¿Y sobre el número de mujeres violadas, secuestradas y vendidas? Las cifras crecen, pero parece que muchos gobiernos no toman medidas.

 Existen convenios, como el Convenio de la eliminación de la discriminación racial contra la mujer. Existen mecanismos como el Special Rapporteur contra la violencia de las mujeres, que sirven también para proteger a las mujeres indígenas. Por supuesto, tenemos el Comité que sirve para recibir denuncias de violaciones de estos derechos. También hay mecanismos internacionales y regionales que reciben este tipo de denuncias, pero en Latinoamérica todavía queda mucho trabajo por hacer porque muchas indígenas están en comunidades remotas con alto nivel de analfabetismo y en sus propias comunidades son marginadas, especialmente en comunidades en la que el patriarcado sigue siendo la norma. Las mujeres indígenas tienen que empoderarse sistemáticamente, y también conocer los lugares donde puedan denunciar cuando sean víctimas de violencia y tráfico. Tienen que trabajar conjuntamente con otras ONGs de derechos humanos para poder tener la posibilidad de exponer sus situaciones y obtener justicia. Existen mecanismos, pero ellas no suelen tener acceso a ellos.

¿Algún plan de futuro de Naciones Unidas como solución?

La Organización de Naciones Unidas tiene un plan, y tiene un organismo que es el UN Woman que protege y permite que mujeres indígenas se junten para defender sus derechos desde una perspectiva de género; temas como seguridad y la paz, y la defensa de estos. La ONU ya hace un gran esfuerzo en esto, pero el problema es cómo asegurar que los mecanismos sean accesibles a las mujeres indígenas más vulnerables. Pasa lo mismo con la población indígena en general. Existen mecanismos como Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples o Permanent Forum on Indigenous Issues o el Special Rapporteur. Son los lugares donde se pueden tratar estos temas para que sean más conocidos por la Comunidad Internacional, y conseguir respuestas positivas. Pero el problema sigue siendo las posibilidades de acceso de estos grupos, apartados en los estados, a organismos que los protejan tanto como pueblos indígenas como seres humanos que son. Ahí está el principal problema donde debemos actuar.

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Autor >

Álex Blasco Gamero

De Leganés, pero no madrileño. Estudió periodismo y cª políticas –eso dicen dos papeles muy caros–. Actualmente es miembro de la redacción de CTXT.

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