El cambio político ya llegó a México: la jornada electoral del 1 de julio despejó las pocas dudas que quedaban y la victoria arrolladora de Andrés Manuel López Obrador con un 53% del voto superó todas las expectativas. Dieciocho años después de las primeras elecciones competitivas –el eufemismo que se usa en México para hablar de la superación de 71 años de régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ese sistema tan particular que nunca fue del todo una dictadura, ni del todo una democracia–, en el tercer intento tras toda una vida en política, López Obrador cumplirá su ambición de ser presidente.

Será el primero que no pertenece al PRI, ni al Partido de Acción Nacional (PAN), dos organizaciones que se alternaron en el poder durante los últimos dieciocho años y lograron ponerse de acuerdo en lo fundamental: una economía abierta al mercado e integrada con Estados Unidos. El PRI queda tocado de muerte tras esta elección: su candidato, José Antonio Meade, sólo obtuvo el 16,4% de los sufragios y el partido será la quinta fuerza de la Cámara de Diputados, detrás del centro derecha y los aliados de Morena. Al PAN y sus aliados no les fue mucho mejor: su candidato, Ricardo Anaya quedó con el 22,5% y, aunque liderarán la oposición, lo harán contra una mayoría absoluta en el legislativo de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, los izquierdistas del Partido del Trabajo y los evangélicos del Encuentro Social (PES).

En su primer discurso como presidente electo, el político mejor conocido como AMLO prometió gobernar para todos los ciudadanos independientemente de sus medios económicos, creencias religiosas o preferencias sexuales. 

Dijo querer poner a “los pobres primero”, y en particular a los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo hizo equilibrios para contentar a todos: a sus bases de izquierda de las ciudades, favorables al derecho al aborto o el matrimonio homosexual y a sus socios ultraconservadores del PES; a las clases más humildes, que son quienes le apoyaron antes, y a las clases medias que temen por la estabilidad de la economía o las subidas de impuestos; a quienes llevan años abogando por una transformación profunda de México y a las élites económicas con las que tendrá que tratar como presidente y a lo largo de los cuatro meses de transición que le esperan al país hasta la toma de posesión el 1 de diciembre.

Por eso, López Obrador aseguró que “los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido” y, al mismo tiempo que les hablaba a los desposeídos, sus primeras palabras sobre la economía quisieron dejar claro que se respetará la autonomía del Banco de México y que “se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros”. Como si más que a un pueblo en júbilo le hablase al Fondo Monetario Internacional, prometió que “el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal”.

Los retos de la nueva etapa

López Obrador ofrece tres cosas básicas a su pueblo: el fin de la corrupción; paz y reconciliación y la inclusión social de los más desfavorecidos a través del desarrollo económico.

La lucha contra la corrupción fue su caballo de batalla durante toda la campaña electoral después de un sexenio que ha dejado la imagen del PRI por los suelos, escándalo tras escándalo. Los mexicanos perciben a su país como uno de los más corruptos del mundo y le dan una nota de 29 sobre 100 en la lucha contra ese mal, según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017.

El presidente electo nunca ha ofrecido propuestas detalladas sobre cómo va a ponerle coto y a menudo ha sostenido que su ejemplo de honradez bastará para que el resto de la administración actúe con rectitud. No obstante, la contundencia de su discurso y la ausencia de grandes sombras en una carrera política de más de cuarenta años que le llevó incluso a ser jefe de gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2005 parecen haber sido suficientes para que los votantes le den una oportunidad. 

El difícil camino hacia la paz

Todo apunta a que el mayor giro del nuevo Gobierno de México será el de las políticas de seguridad, después de doce años de militarización de la seguridad pública que coincidieron con un aumento dramático de la violencia, las desapariciones forzadas y los desplazamientos de población. Durante la campaña, AMLO mencionó la posibilidad de abrir un proceso de amnistía para delitos menores relacionados con el narcotráfico en el marco de un proceso de reconciliación y paz.

La noche del domingo 1 de julio reiteró su propuesta y anunció que convocaría a organizaciones de Derechos Humanos, líderes religiosos e instituciones internacionales para concretar ese proceso durante los meses de transición. También reiteró su invitación al Papa Francisco para ayudar en ese proceso.

En una entrevista con France Press esta semana, la designada secretaria de Gobernación –equivalente a ministra del Interior–, Olga Sánchez Cordero, dio más detalles: anunció que propondría la legalización de la marihuana recreativa y toda su cadena productiva; se contemplará el cultivo regulado de amapola para opiáceos legales de uso farmacéutico y especificó que la amnistía podría dirigirse a jóvenes reclutados forzosamente por el crimen organizado. 

También se espera un retiro paulatino del Ejército en las labores de seguridad interior. No está claro en qué tiempos podría suceder después de doce años en los que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han desplegado decenas de miles de militares por el territorio con el objetivo declarado de luchar contra las organizaciones criminales y el narcotráfico. Esa política aumentó exponencialmente la violencia durante esos años, en los que se cuentan más de 240.000 homicidios.

Pobreza y economía

Las mayores incógnitas del nuevo Gobierno tienen que ver con la economía. En México hay 53 millones de pobres para una población total de 127. A ellos les ha hablado AMLO en primer lugar durante toda su vida política y la batalla contra la corrupción debería beneficiarles más que a nadie.

“La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y la violencia que padecemos”, dijo después de que el Instituto Nacional Electoral y el presidente Peña Nieto reconocieran su victoria en las urnas. 

López Obrador ha argumentado que mediante el combate a la corrupción y un “plan de austeridad republicana” en la administración pública se liberarán los recursos suficientes para invertir en la economía productiva y crear empleos sin aumentar los impuestos a ningún segmento de la población. Entre otras cosas, ha prometido dar becas para que los jóvenes estudien o aprendan oficios y se alejen de las redes de la delincuencia, crear una pensión universal para adultos mayores o aumentar el salario mínimo –hoy de poco más de 115 euros al mes– a un ritmo del 15,6% anual.

También ha prometido un plan para recuperar la productividad del campo mexicano, uno de los sectores más golpeados por la competencia estadounidense tras la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) en 1994. No obstante, y a pesar de las dudas que ha sembrado Donald Trump sobre la renegociación en curso de este acuerdo tratado, el nuevo presidente mexicano quiere mantenerlo.

La economía de México está fuertemente vinculada con la de Estados Unidos, en particular con estados fronterizos como Texas, bastión electoral republicano. El año pasado intercambiaron bienes por alrededor de 43.500 millones de euros, con una balanza comercial favorable para México. No obstante, el TLC no ha cumplido por completo sus promesas de desarrollo y, aunque ha contribuido al desarrollo de la industria mexicana, los salarios han permanecido estancados y el crecimiento de la economía relativamente bajo.

La incógnita de la política internacional

AMLO ha tendido la mano a su vecino del norte y ha enfatizado la necesidad de defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. El presidente electo conversó con Trump el lunes 2 de julio, y a la prensa ha trascendido que propuso tratar de reducir la migración y la inseguridad en la frontera mediante apoyo de Estados Unidos al desarrollo económico de México.

Más incierta es la posición que tomará México respecto a los países de Sudamérica, a pesar de las muestras de apoyo recibidas de las principales figuras de izquierda. Por el peso de su economía en la región, algunos han querido equiparar el giro progresista de México con la llegada de Lula da Silva al poder, pero la economía brasileña estaba mucho más integrada con la sudamericana y los vínculos políticos eran y son más fuertes. 

Por el momento, el presidente ha declarado la intención de recuperar “los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias”. México también tiene el reto de hacer frente a una oleada de migrantes y refugiados centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza de El Salvador, Honduras y Guatemala, y encuentran en la frontera sur de Norteamérica la primera línea de contención.

Los nuevos retos de México están a la altura de la esperanza de 29 millones de votantes que dieron su apoyo a López Obrador. “Confieso que tengo una ambición legítima: quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”, dijo el domingo. Por fin podrá ponerse a prueba.