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El dragón chino no duerme, aunque lo parezca. Vigila con millones de ojos que paga con dinero e influencia. Y esos ojos se clavaron en España el 11 de mayo. Ese día, dos de los 271 ciudadanos chinos detenidos en 2016 por participar en una macroestafa telefónica que operaba desde Madrid fueron entregados a Pekín para ser juzgados bajo las estrictas leyes que el gigante asiático aplica a los casos de corrupción. “La sentencia habitual es la pena de muerte”, advierte Salvador Pimentel, abogado y director de la Fundación Internacional Pro Derechos Humanos (FIPDH) en España, una organización que lleva más de un siglo denunciando vulneraciones humanitarias en el mundo. La ONU ha pedido al Gobierno que frene la deportaciones del resto de ciudadanos encarcelados por la causa. 

“No me cabe duda de que España ha cedido a la presión”, apunta Pimentel. La cuantía del fraude perpetrado no es fácil de calibrar pero China asegura que afectó a miles de ciudadanos chinos de clase baja. La instrucción indica que los 271 detenidos hacían creer a sus víctimas que estaban siendo investigadas por la policía y ofrecían su protección a cambio de dinero. “La autoridades chinas cifran la estafa en 16 millones de euros, pero no especifican quienes eran los verdaderos líderes de la trama. Los arrestados eran quienes hacían el trabajo sucio, las llamadas, desde 20 casas que también servían de viviendas mientras eran vigilados por los jefes de forma severa”, revela el director de la FIPDH. Casos idénticos se detectaron el pasado años en Estonia y Letonia pero, a diferencia de España, las autoridades judiciales dieron la espalda a China.

Si ninguna de las apelaciones en curso hace descarrilar los trámites iniciados con el resto de implicados, la Audiencia Nacional (AN) continuará dictando órdenes de extradición a lo largo de los próximos meses. Tiene prisa en cerrar este engorroso sumario. Por el momento, ya ha anunciado que todos los acusados cumplen los requisitos exigidos para su entrega a China. Ni el Gobierno español, al que se han dirigido expresamente los abogados defensores en busca de indulgencia, ni las cuatro secciones de la Sala de lo Penal de la AN que participan en el proceso, encuentran motivos para aplazar la cita de los 269 reclusos restantes con los tribunales populares de Pekín. En los autos de extradición no aparece ni un reproche a la demanda del gigante asiático. Ni una leve referencia al uso y abuso de la pena capital en China. Nada. El coordinador del imponente dispositivo judicial desplegado para acelerar los trámites de este caso –seis fiscales, seis letrados de la administración de justicia, una treintena de funcionarios y seis intérpretes– recayó en el juez José de la Mata y los interrogatorios corrieron a cargo de Santiago Pedraz, Carmen Lamela y Alejandro Abascal. Los magistrados advierten en sus conclusiones que de haber optado por negar la entrega de los dos primeros imputados, Tsungchun Huang y Yi Shiou Chiang, se habría creado un espacio de impunidad no previsto en la normativa vigente “plenamente cumplimentada por el Estado reclamante”. Es decir, por China.

Los letrados de la defensa critican esta actuación con dureza. Tras casi dos años en prisión, ninguno de los detenidos ha sido investigado por los delitos cometidos. “La justicia sólo ha trabajado en su entrega, omitiendo que fueron captados por mafias en sus países de origen y que los trajeron a España por los mismos cauces delictivos que se utilizan en la trata de personas”, añade Pimentel. 

En el último informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, Pekín figura como el mayor ejecutor del mundo por enésimo año consecutivo

Ante este panorama, organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la propia FIPDH han pedido denegar la entrega de estos presos, y más aún a un país como China que practica ejecuciones sumarias con sangriento sarcasmo. En el último informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, Pekín figura como el mayor ejecutor del mundo por enésimo año consecutivo, pese a seguir manteniendo sus aterradoras cifras bajo un acerado secreto de Estado. El director de la FIPDH aporta otro dato perturbador a este proceso. “De los 271 imputados, sólo 53 tienen nacionalidad de la República Popular China. El resto procede de la República Nacional China, el nombre oficial de Taiwán, con quien mantiene un enfrentamiento histórico”. 

De hecho, los dos primeros extraditados, Tsungchun Huang y Yi Shiou Chiang, son taiwaneses y fueron entregados cuando aún se encontraban a la espera de la respuesta al recurso de amparo interpuesto por sus abogados. El fallo llegó con cinco días de retraso. Demasiado tarde para ellos. “Es un comportamiento ilegal que viola los derechos humanos de los detenidos. Lo peor es que el secretismo y la falta de garantía que rodea su situación actual en China nos hace pensar que han podido ser víctimas de desaparición forzosa. Tenemos miedo”, asegura  Pimentel. El director de la FIPDH es todavía más preciso cuando se le pregunta si la nacionalidad de esos dos reclusos pudo influir en el proceso: “Por supuesto”. 

Su sospecha es que el dragón se ha salido con la suya. China, un poder omnímodo a nivel planetario, se ha convertido en un mercado descomunal para muchas empresas españolas pese al pobre respeto que el régimen muestra por los derechos humanos y el descubrimiento reciente de que mafias dedicadas al blanqueo de capitales han encontrado acomodo en España. “Su influencia es enorme”, repite Pimentel. Poseedor del 20% de la deuda española, el régimen chino ya le torció el brazo al Gobierno español en 2011 con la reforma del Poder Judicial que redujo a cenizas la justicia universal, es decir, la competencia de los jueces españoles para investigar y juzgar delitos cometidos fuera del país. El motivo para tan ardorosa celeridad diplomática era la admisión de una querella contra exmandatarios del país asiático por el genocidio en Tíbet. 

Pero en el fondo de este caso aparece Taiwán, aliado preferente de Washington y enemigo declarado de Pekín. Mao dijo en una ocasión que, si fuera necesario, esperaría cien años para aplacar las veleidades independentistas de la pequeña isla. Pero la paciencia del gigante asiático hace tiempo que se agotó. Aprovecha cada oportunidad que se presenta para atizar las aguas del estrecho de Formosa y mostrar al Gobierno de Taipéi sus afilados dientes de dragón. En el auto contra los dos taiwaneses extraditados, el tribunal no valora esta disputa territorial pero deja claro que, desde el punto de vista meramente jurídico, “la República Popular de China es un Estado reconocido internacionalmente, miembro permanente del Consejo de la ONU, que mantiene relaciones diplomáticas con el Reino de España desde al menos 1978”. A Taiwán, sin embargo, le reservan un papel casi marginal al contar sólo con una aceptación internacional de carácter residual. Toda una retórica de la realpolitik que navega por aquellos agitados mares, contra la que poco o nada han podido hacer las apelaciones y recursos presentados por las defensas. Al menos, en el caso de Tsungchun Huang y Yi Shiou Chiang. De los 269 presos restantes, 219 son taiwaneses y 50 chinos. Todos esperan aterrados las próximas decisiones de la AN. Saben que si son entregados, su destino es morir entre rejas. O con un tiro en la nuca, el más devastador castigo contra los asediados cimientos de los derechos humanos en el mundo.