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El juez que libera al Open Arms reconoce que Libia no es un puerto seguro

El auto señala las violaciones de derechos humanos e incide en que devolver a migrantes al país contradice los tratados internacionales. Sus argumentos ponen en cuestión el acuerdo entre la Unión Europea y las milicias libias, firmado en 2017

Pablo Jiménez Arandia 25/04/2018

<p>Misión de rescate en el Mediterráneo de Open Arms.</p>

Misión de rescate en el Mediterráneo de Open Arms.

Open Arms

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Exactamente un mes ha estado el barco de Proactiva Open Arms anclado en el puerto de Pozzallo, en Sicilia. El lunes 16 un juez italiano decidió levantar el secuestro preventivo de la nave, que deberá pasar ahora una revisión completa y diversas reparaciones antes de volver a sus labores de salvamento en el Mediterráneo central, como ha anunciado la ONG española. Los 30 días en puerto han sido duros para el barco.

Mientras esto ocurre, el Astral, el velero que se hizo famoso de la mano del programa Salvados, le sustituirá en el corredor marítimo que separa Italia de Libia. La frontera más mortífera que hay hoy en el mundo, según reconoce la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Pero las condiciones bajo las que se producirán los inevitables rescates siguen siendo un océano de dudas.

“Hemos pedido que se aclare el marco legal en el Mediterráneo. Para saber qué reglas hemos de cumplir en aguas internacionales”, decía esta semana Óscar Camps, co-fundador y portavoz de Proactiva, tras conocerse la decisión del juez de instrucción italiano.

Los hechos y la investigación en curso 

El relato de los hechos, recogidos con precisión en el auto del magistrado, comienza el 15 de marzo. La misión número 43 de Proactiva recibe de madrugada un mensaje del centro de coordinación de salvamento marítimo de Roma. En él se informa de que una lancha con migrantes flota a unas 40 millas al noreste de Trípoli. El Open Arms es el primer buque en llegar y comienza el rescate.

Un rato después aparece un barco de la Guardia Costera de las milicias libias, que exige a los socorristas españoles que trasladen a los migrantes a la cubierta de su barco. El capitán del Open Arms desoye las órdenes y las amenazas de los libios y, en medio de una gran tensión, los guardacostas acaban por abandonar el lugar.

Tras alrededor de 15 horas en altamar, un helicóptero evacúa en dirección a Malta a una madre y a su bebé de tres meses, ambos en grave estado de salud. Por la tarde del día siguiente al rescate, y con 216 migrantes a bordo, el barco de Proactiva llega por fin a puerto italiano. Allí se comunica al capitán y a la jefa de misión que un fiscal italiano les acusa de organización criminal y de promoción de la inmigración ilegal. Por el mismo motivo, el buque queda inmovilizado junto a un amarre del puerto siciliano.

Aunque el juez instructor ha levantado las medidas cautelares, las investigaciones por parte de las fiscalías de Catania (por grupo criminal) y de Ragusa (tráfico de personas) continúan. Las pesquisas, según explicaba Eduard Aguayo, asesor legal de la ONG, seguirán probablemente durante otros seis meses, prorrogables hasta un año. “Seguimos preocupados”, afirmó Camps tras agradecer ante la prensa el apoyo recibido en las últimas semanas.

Libia, puerto inseguro para los migrantes

A pesar de que el auto del magistrado italiano Giovani Giampiccolo –que se puede leer al final del artículo– no es una sentencia propiamente dicha, este texto judicial recoge por primera vez una evidencia: que Libia a día de hoy no es un puerto seguro en el que desembarcar a personas rescatadas en el mar. Y lo razona del siguiente modo: 

“Sobre la base de la información disponible actualmente”  –y cita como pruebas un informe de Amnistía Internacional de diciembre de 2017 y un segundo documento de la Comisión de Defensa del Senado italiano–, “Libia es un lugar donde se cometen graves violaciones de derechos humanos, con personas detenidas en condiciones de hacinamiento, sin acceso a atención médica y nutrición adecuada, y sometidas a maltrato, violación y trabajo forzado”.

Este reconocimiento abre muchos interrogantes en torno al acuerdo que en febrero de 2017 firmaron Italia y el resto de Estados de la Unión Europea con una de las milicias del país norteafricano. Un acuerdo cuyo objetivo fundamental es dotar al Gobierno de Reconciliación Nacional libio –la autoridad con sede en Trípoli reconocida por la UE– de los medios y recursos para controlar su frontera. Y específicamente su zona SAR (Search and Rescue) de salvamento, evitando así la llegada de botes hasta suelo europeo.

Los términos y los argumentos utilizados por el juez ponen en cuestión la viabilidad de este pacto, según reconocen fuentes de la defensa de Proactiva Open Arms. 

“Las operaciones SAR de rescate no terminan con la mera recuperación de migrantes en el mar, sino que deben completarse y concluirse con el desembarco en un lugar seguro”, señala el magistrado. “Un lugar donde las vidas de las personas rescatadas ya no están amenazadas y donde es posible satisfacer sus necesidades básicas, como alimentos, vivienda y atención médica”. En este sentido Giampiccolo advierte de que “por el momento no hay pruebas de la existencia de un lugar seguro en el territorio libio, capaz de acomodar a los migrantes rescatados en las aguas SAR, respetando sus derechos fundamentales.” 

“Nuevos límites del derecho humanitario”

A lo largo de su argumentación de por qué no ve delito en la actuación de los tripulantes del Open Arms, el magistrado siciliano sostiene de un modo indirecto que el capitán del barco con bandera española desobedeció a la Guardia Costera libia durante el rescate, a pesar de que ésta figuraba, por orden de Roma, al mando del mismo. Sin embargo justifica esta posición en base a un principio jurídico de mayor rango: el deber de cualquier tripulación y su capitán de proteger a personas en peligro de naufragio. Primero rescatándolas y luego trasladándolas a un puerto seguro.

“El tema está claramente relacionado con el principio de no devolución colectiva, con el derecho internacional de los refugiados y, más en general, con los derechos humanos fundamentales”, señala el texto. 

Jaime Rodrigo de Larrucea, experto en derecho marítimo y uno de los responsables de la defensa del caso, incide en dicho punto. “El auto del juez dice una cosa revolucionaria al argumentar que la zona SAR también es proporcionar a los rescatados un puerto seguro”. Condiciones que el puerto norteafricano no cumple. “Ya no se trata de facilitarles medios, recursos, etc.”, apunta De Larrucea en alusión al acuerdo de la UE con las milicias del país. “Libia es hoy un estado fallido. Y devolver allí a migrantes atenta contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)”, señala.

En el mismo sentido este veterano abogado amplía el campo de visión del caso. “Es como lo que está ocurriendo con los bomberos de Sevilla –acusados de tráfico ilegal de personas por rescatar a migrantes en Lesbos (Grecia). Estamos ante los nuevos límites del derecho humanitario: las ONG llegan donde no llega un Estado. Y un Estado llega donde no lo hace una ONG. Pero tiene que haber un juego de equilibrios”. Una redefinición en la que, sin embargo, no tienen cabida las acusaciones que algunos lanzan contra los que rescatan y salvan vidas, apunta.

Pinchazos telefónicos y seguimiento contra las ONG

Quizás la voz que ha puesto más empeño en criminalizar a las ONG que trabajan en el Mediterráneo central proviene de un despacho en Catania. El fiscal de la segunda ciudad de Sicilia Carmelo Zuccaro inició hace un par de años una cruzada contra estas organizaciones, acusándolas de formar parte de un grupo criminal ideado para llevar migrantes de manera irregular hasta suelo europeo.

Aunque al comienzo su campaña se limitó a declaraciones en medios de comunicación, poco después abrió una investigación formal contra las escasas ONG que todavía se mantienen en la zona –muchas la abandonaron el verano pasado tras negarse a firmar el nuevo código de conducta impuesto por Italia–, entre las que se incluyen Save the Children o Sea-Watch. En estos dos años Zuccaro ha ordenado seguimientos, pinchazos telefónicos y otras labores de vigilancia sobre los investigados. 

 

El resultado es una causa de unos 500 folios que sigue en marcha y de la que el fiscal no ha logrado sacar ni una prueba concluyente que apoye sus tesis, denuncian desde Proactiva. De hecho, su mayor victoria hasta el momento ha sido mantener inmovilizado en puerto durante un mes al Open Arms.

Aun así, en la ONG con sede en Badalona (Barcelona) se muestran cautos. También sobre cómo proceder en base al reciente auto del juez de instrucción. “Queremos tener las cosas claras”, señalan fuentes de su defensa. Y más teniendo en cuenta el eco mediático que ha levantado el caso y sus implicaciones, tanto en España como en el país transalpino. “En Italia la batalla jurídica se hace no solo en los juzgados, también en los medios de comunicación”, apuntan.

Alternativas para zanjar el caso

Una de las opciones que ahora están sobre la mesa es llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Existe además un precedente de condena en un caso similar contra el Estado italiano, recuerdan en Proactiva. En 2012 los jueces de Estrasburgo resolvieron que Italia, entonces gobernada por Silvio Berlusconi, violó diversos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos al devolver en caliente a un grupo de migrantes a Libia (caso Hirsi Jamaa).

Otra alternativa para zanjar el proceso judicial todavía en marcha contra la ONG y parte de los integrantes de la misión 43 es acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Esta entidad, que apenas ha resuelto un puñado de casos a lo largo de su historia, es la última instancia a la que recurrir en conflictos relacionados con el derecho marítimo. De hecho, antes de conocerse la liberación del barco de Proactiva, esta era la primera opción entre el equipo de abogados de la organización.

Aun así, para acudir a este tribunal, sería necesario hacerlo de la mano del Gobierno español. Se trata de un requisito indispensable para presentar cualquier recurso, explican. En ese sentido, en el equipo legal de Proactiva se muerden la lengua al ser preguntados por el soporte recibido en estas semanas desde el Ejecutivo. “El apoyo ha sido muy tibio”, señalan. “Hay que entender que, en ningún caso, es un conflicto entre España e Italia. Es normal que España acompañe a los suyos frente a un fiscal italiano. No vamos contra un Estado”.

Presión política desde las instituciones

Finalmente, y elevando el tiro sobre cómo resolver el sudoku que hoy son las aguas del Mediterráneo central, en la ONG insisten en la importancia de aclarar las reglas de juego. “Pedimos que se haga un estudio del marco legal, y que se aclare qué debemos hacer ante estas deportaciones en aguas internacionales”, insistía esta semana Óscar Camps. En la misma línea se expresaba Eduard Aguayo: “Ahora mismo se desconocen los detalles del acuerdo de colaboración entre Italia y Libia. Y por tanto se incumple el principio de seguridad jurídica”.

Para llevar estos temas a la agenda de medios y de políticos, en Proactiva trabajan desde hace meses conjuntamente con europarlamentarios españoles y algunos grupos del Congreso. Al mismo tiempo, y mientras buscan un cuarto barco para seguir con los rescates en altamar, la ONG anunció esta semana una nueva línea de acción directa en los países de origen de los migrantes que tratan de llegar a Europa.

Lo harán llevando hasta allí las historias de las personas rescatadas en los últimos años en el Mediterráneo. “Tenemos que abordar el origen del problema. Todos, en Europa, estamos llamados a encontrar soluciones para este trágico flujo de personas”, argumenta Camps. “Llevaremos estas historias para que sepan que Europa no les quiere recibir, que los dejan morir en el desierto y en el mar, y que se jugarán la vida si lo intentan”.

Aquí, el auto completo del magistrado italiano Giovani Giampiccolo:

Autor >

Pablo Jiménez Arandia

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