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Tribuna

¿El problema catalán tiene solución?

Si en Cataluña ninguno de los bloques tiene mayoría para imponer al otro su proyecto político, pero España pretende mantener y mantenerse pacíficamente allí queda solo el camino estrictamente político

Sofía Royo Andreu 4/04/2018

J.R. Mora

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El discurso de José Ortega y Gasset ante las Cortes Generales de la IIª República el 13 de mayo de 1932 en la discusión sobre el proyecto de Estatuto para Cataluña es considerado una clase magistral. En este venía a decir que el problema catalán no tenía solución. Como tal, entendía Ortega, había que conllevarlo. Para ello proponía una solución relativa. En esencia consistía, de un lado, en aislar del problema la “porción insoluble”, lo que amenazaba y disociaba la convivencia, identificado en el anhelo soberano de Cataluña; del otro, en reformular la cuestión en términos de autonomía, ergo cesión y retracción de poderes. De ahí el intenso debate para determinar la figura concreta que se le podía otorgar.

La Constitución de 1978, de una forma quizá eufemística, permitió eso. De tal forma que, durante treinta años (aproximadamente), la siempre conflictiva relación entre Cataluña y España ha transcurrido dentro de los límites conllevables que él preconizó. Así, la última pudo asentar la necesaria democracia y la primera disfrutar del ansiado autogobierno. Si esta experiencia ha sido un éxito o no habrá que valorarlo en otra ocasión, en la medida también que pueda o no renovarse y flexibilizarse ese pacto. Porque la realidad es tozuda y el tiempo pasa y todo vuelve y desde la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de 2006 no nos conllevamos. Buena muestra de ello es que ochenta y seis años después, este debate podría ser el propio de cualquier diario de sesiones de las últimas tres legislaturas. Digo tal vez podría serlo porque eso requeriría obviar algunas cuestiones relativas a ese enigma que se hereda sin perder complejidad y que es la integración de Cataluña en España.

La adhesión a las tesis independentistas no solo es creciente, sino que está hoy en máximo histórico

La primera, al matizar la posibilidad de que Cataluña cambiara su estatus jurídico-político y consecuentemente su relación con el Estado español. Ha mutado la tradición catalanista. La sociedad catalana se ha polarizado y, por ahora, no se vislumbra alteración destacable de fuerza entre bloques (sí dentro de ellos). Por un lado, la adhesión a las tesis independentistas no solo es creciente, sino que está hoy en máximo histórico. Enfrente, encontramos un sentimiento antagónico, igualmente respetable, con una fuerza ligeramente inferior, que sigue, entiendo, la línea de la España que siente Cataluña como un trozo esencial de esa unidad histórica e inquebrantable que dice ser. En medio una porción indefinida, excepto en lo relativo al derecho de autodeterminación.

Y, la segunda, no encontramos la forma de encauzar el conflicto. Las reivindicaciones nacionales de Cataluña, y en menor medida del País Vasco –distinto es el tema gallego–, y la subsecuente reacción, básicamente en forma de bloqueo o desnaturalización, no sólo demuestran que el problema no está resuelto, sino que han hecho aflorar contradicciones e insuficiencias hasta el punto de que estamos inmersos en la mayor crisis constitucional de la historia democrática de España. Y, no hay propuestas concretas para resolverla.

Como antídoto, se acude a la experiencia comparada y se habla en general, básicamente en el marco académico –por cierto, desde la propia elaboración de la Constitución–, de unitarismo y federalismo, de centralismo o autonomía, de la lengua y la cultura, algunas veces incluso se apunta a una nación simbólica… Pero, sobre el problema catalán, sobre lo que hoy es propiamente eso que se llama problema catalán –que a la vista está también es español–, estoy por decir que no he oído mucha parte del discurso orgánico que lo aborde. Por ello, independientemente de la opinión que merezca la situación actual o cómo hemos llegado hasta aquí, en las siguientes líneas analizo la posibilidad de dibujar realidades racionales que puedan traducirse y materializarse jurídicamente para canalizar el conflicto.

Si vamos a lo más inmediato, concreto y primero con que topamos del problema catalán, vemos que, en términos de presupuestos constitucionales, el problema reside en esa facultad de las últimas decisiones, el poder que crea y anula los otros poderes: la soberanía. El conflicto es que las posiciones del Gobierno de España y del Govern comparten la premisa jurídico-política: consideran que la existencia y organización del Estado tiene su origen en un pueblo soberano, indivisible e ilimitado jurídicamente. El Govern apela al derecho de autodeterminación de los pueblos reconocido en el Derecho Internacional mientras que el ejecutivo sostiene que el pueblo soberano es la nación española y, al parecer, le asiste la razón jurídica, el artículo 1.2 de la Constitución.

Es decir, nuestra democracia no permite que iniciativas de este tipo estén excluidas del debate público

Cataluña no cumple con los requisitos que avalan el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Así pues, la cuestión entonces sería si el artículo 1. 2 permite neutralizar esta opción política. En ese sentido, no puede negarse la modificación del artículo 1.2. de la Constitución. Según ha manifestado el Tribunal Constitucional, es posible que Cataluña cambie su relación jurídico-política con el Estado español (eso incluye la posibilidad de independizarse por completo de España). La razón: en la Constitución no hay cláusulas de intangibilidad. Esto significa que al menos formalmente todo el texto puede someterse a revisión. Es decir, nuestra democracia no permite que iniciativas de este tipo estén excluidas del debate público. Menos apelando al imperio de la Ley pues todo Derecho tiene un origen político. Además, una vez ejercida, la soberanía muta su naturaleza, de pre-jurídica a política, limitada y dividida. A partir de entonces no es más que la exigencia de adecuación entre la Constitución y la conciencia jurídica. La garantía de que aquella sea el cauce adecuado de expresión de la voluntad popular y no su obstáculo.

Por tanto, cualquier cambio, incluyendo, si llega el caso, la independencia solo podría ser fruto de una voluntad clara y suficientemente mayoritaria de los catalanes. Para que ello pueda darse, la traslación jurídica requiere la reforma de la Ley Orgánica de las distintas modalidades de referéndum. O, según ha manifestado nuestro Alto Tribunal, la reforma de la Constitución. Acto en el que, de una forma u otra, participarían también el resto de españoles. En todo caso, solo el respeto escrupuloso a la legalidad podría dotar de legitimidad democrática a una decisión de esta trascendencia. No obstante, a la vista está que estos caminos no parecen hábiles.

Y es que seguimos planteado el conflicto cual Ortega como algo insoluble –la soberanía o se tiene o no se tiene, se gana o se pierde, pero en todo caso no se discute– lo que significa que aislamos hoy a la mitad de catalanes. Efectivamente, podríamos entrar a valorar qué mitad de la población sacrificamos y ahondar en las razones históricas, políticas, jurídicas, etc. Un debate que olvida quitar el zoom para analizar con precisión y exactitud el estado de correlación de las fuerzas que integran la opinión pública. No se trata de ensueños politológicos (certeros y necesarios en otros ámbitos), sino de una realidad fáctica que es el segundo obstáculo con el que topamos al tratar de encauzar el debate en términos jurídicos.

Pues, lo verdaderamente trascendente es que el 47% de votos independentistas en Cataluña dificulta, considerablemente, imaginar mayorías de consenso que apoyen elaboraciones y categorías jurídicas que aíslen las razones nacionalistas. Aritmética: el independentismo no tiene base social para implantar la República de Cataluña, pero tiene apoyo suficiente para bloquear al Estado, cualquier iniciativa jurídica, bien adopte forma de reforma constitucional o estatutaria –que por cierto quedó muy tocada tras la última experiencia– o bien pretenda resolver el problema sin tener en cuenta sus anhelos. Lo mismo sirve también para el doble referéndum o la multiconsulta, las alternativas que ahora se proponen como solución.

Si en Cataluña ninguno de los bloques tiene mayoría para imponer al otro su proyecto político, pero España pretende mantener y mantenerse pacíficamente allí (entiendo por ello que en términos generales las nuevas generaciones de catalanes formarán parte del Estado español por libre voluntad), queda el camino estrictamente político. Una senda por ahora intransitada que tuviera por objetivo diluir los bloques siempre y cuando los pros de mantener la polarización fueran inferiores a los contras de salir de esta dinámica. Ello nos sitúa en el plano político, lo que requeriría un estudio adicional.

También queda la opción, nada descartable como vemos, de no hacer nada y ver qué pasa

A grandes rasgos, podemos decir aquí que el estado de correlación de las fuerzas en la opinión pública española en este momento tampoco invita al optimismo. El debate territorial parece auspiciar que el centro-derecha español, Ciudadanos y PP, se recompongan. Todo ello en detrimento, y esto es importante desde el punto de vista de la resolución del conflicto, de PSOE y Podemos. Es clave porque son justamente los partidos que podrían tender puentes entre Catalunya y España los que rehúyen el debate por las tensiones internas que provoca en ellos y por el calendario electoral. Además, dada su posición minoritaria será complicado que logren introducir nuevos temas en la agenda. Me refiero a iniciativas que busquen crear coaliciones entre bloques y diluirlos. En todo caso, en ese marco, también queda la opción, nada descartable como vemos, de no hacer nada y ver qué pasa. Lo que nos sitúa en un debate puramente especulativo, en el que por ahora solo cabe advertir tendencias.

Es evidente que estamos ante un escenario, al menos en el corto plazo, poco favorable a resolver el problema catalán. Lo que no significa que no tenga solución. Más allá de las aventuras y desventuras del Procés, de la inacción o reacción del Estado, con independencia del nombre de la alternativa que se proponga (autonomismo corregido técnicamente, Estado federal cooperativo, competitivo, confederación, Estado unitario), desde todas las perspectivas se llega a la misma salida que, incluso si se retrasa por el contexto judicial en Cataluña, pasa por la Política. Así que ya veremos. Recordemos que la historia demuestra que se nos da mejor echarlo a perder que hacer eso. Lo que abocaría a algo de lo que los constitucionalistas no quieren ni oír hablar: un proceso constituyente o una solución específica para Cataluña. Habría que cambiar entonces las coordenadas.

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Sofía Royo Andreu es politóloga.

 

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  1. Se levanta el telón

    Lo primero que habría que señalar a la autora del texto es que estar por la independencia de Cataluña no necesariamente supone ser nacionalista. Los motivos por los que muchos catalanes desean independizarse no es otro que el deterioro de sus condiciones de vida y el lógico rechazo a seguir vinculados a un Reino de España que pese a la “gloriosa transición” ha seguido manteniendo una estructura de raigambre franquista en cuya perpetuación el papel del PP y PSOE ha sido y sigue siendo clave. Si yo fuera catalán también me querría ir de España no por razones histórico-culturales o folclóricas sino por simple higiene democrática. Que en pleno siglo XXI no se pueda realizar una consulta democrática en Cataluña para ver que piensan sobre cómo quieren organizarse sus habitantes, lo dice todo. Tampoco entiendo por qué para independizarse los catalanes han de demostrar “una voluntad clara y suficientemente mayoritaria” como señala la autora del texto. Mientras, que yo sepa, para seguir en España no se exige esa misma “voluntad clara y suficientemente mayoritaria”. Convendría no marear más la perdiz. La solución es más sencilla de lo que muchos “expertos” nos quieren hacer creer, consiste en poner sobre la mesa todas las opciones y proyectos sobre Cataluña para que la población pueda elegir y votar. Aunque fuera solo por un voto, la opción ganadora es la que habría que respetar. Así de simple. Para acabar, José Sacristán y el coro de los de la ceja zapateril podrán decir misa, pero la realidad es clara: la derecha catalana ha hecho más por democratizar España que la “izquierda española” en 40 años. Quién lo iba a decir.

    Hace 3 años 7 meses

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