Análisis
De cómo ejercer el poder sin respaldo parlamentario
El PP repite la prórroga presupuestaria. Quien crea que los recortes se han acabado, se equivoca: Rajoy seguirá limitando el gasto sin pasar por el Parlamento
Emilio de la Peña 30/01/2018
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Los manuales de derecho político suelen considerar el Presupuesto como el principal instrumento de poder que tiene el que gobierna. “La lucha por el manejo del Presupuesto ha equivalido siempre a la lucha por el poder político estatal” se señala en uno de ellos. Eso explica que sea el principal medio que tiene el Parlamento para controlar al Gobierno. No se puede gobernar sin que el poder legislativo apruebe el Presupuesto. Esto en teoría. La realidad, desde luego la realidad española, es muy otra.
Durante todo lo que llevamos de legislatura no ha habido un solo año en que la aprobación del Presupuesto se haya realizado con normalidad. En 2016 se aplicaron unas cuentas públicas elaboradas y aprobadas antes de tiempo por el Parlamento anterior. Así, el PP se aseguró un Presupuesto con mayoría absoluta, pese a que desde el principio de ese 2016 Rajoy ya no contaba con diputados suficientes para constituir un Gobierno. Para 2017 se prorrogó ese Presupuesto y con ello tiró Rajoy, investido con el consentimiento del PSOE y el apoyo de Ciudadanos. Sólo en junio se aprobaron los Presupuestos de ese año. Estamos en 2018 y no hay cuentas públicas de este ejercicio. El Gobierno no consigue apoyos suficientes para aprobarlos y ha prorrogado los del año pasado. Necesita los votos del PNV y este ha dicho que no se los dará mientras persista la intervención de la Generalitat de Cataluña. Total, en lo que llevamos de legislatura sólo se ha aprobado un Presupuesto y a mitad de año. ¡Todo un ejercicio de control democrático al Gobierno!
La prórroga de los Presupuestos puede ser algo normal en situaciones especiales: cuando hay por medio unas elecciones generales y aún no se ha podido constituir el Gobierno que tiene que elaborarlos y ejecutarlos. Así ha ocurrido en varias ocasiones. La última en 2016, cuando no fue posible aprobar las cuentas de 2017. Entonces se multiplicaron los llamamientos para que se antepusiese la presentación de los Presupuestos a la necesidad de formar un Gobierno que de verdad representase el sentir de los españoles. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se empleó a fondo. “Necesitamos aprobar unos Presupuestos y necesitamos tomar medidas de las que depende el bienestar de muchos españoles”, dijo entonces. Y añadió más: “Nos encontramos ante decisiones que afectan a todas las Administraciones y a los ciudadanos, pensionistas, funcionarios o personas que reciben subvenciones, que necesitan de esos Presupuestos”. El chantaje tenía por objeto forzar un nuevo Gobierno de Rajoy en minoría. Políticos de la vieja guardia socialista, expertos económicos, la Comisión Europea y medios de comunicación se sumaron a esa presión: debe renovarse el poder al PP, aunque no tenga mayoría porque no es posible mantenerse sin presupuestos.
Esa “estabilidad” que reclamaban fue sólo un farol para asegurar la continuidad de Rajoy. Desde entonces se ha aprobado un Presupuesto que ha estado plenamente en vigor tan sólo medio año y prorrogado lo que llevamos de 2018. Pero la preocupación de Rajoy y su equipo, de los medios de comunicación o de todos lo que justificaron su continuidad por la necesidad de aprobarlos, ha desaparecido. Cuando en la rueda de prensa de final de año se preguntó a Rajoy por las consecuencias de la falta de Presupuesto quitó hierro al asunto: “Las consecuencias serían la prórroga presupuestaria, que ya se ha acordado. Es decir, si no hay Presupuestos en el año 2018, estaremos en prórroga, como ocurrió el año pasado, hasta que se aprueben los Presupuestos. Insisto, siempre es mejor aprobar los Presupuestos, pero este año, 2017, estuvimos prácticamente medio año con los Presupuestos prorrogados”. Ahora parece que no peligra el bienestar de los ciudadanos, que tanto preocupó a la vicepresidenta.
La consecuencia en realidad no es que los pensionistas o los funcionarios no puedan recibir su exiguo aumento ni cosas por el estilo, como amenazó Sáenz de Santamaría en 2016. El resultado será que el Gobierno podrá decidir a su antojo el ajuste presupuestario. Ya lo hizo el año pasado en gran medida por la manga ancha de que goza para gobernar aun en minoría, pero ahora, sin que las cuentas públicas pasen por el Parlamento, lo hará todavía más.
Recientemente la Cadena SER informó de que el Gobierno había decidido ya un ajuste sin siquiera anunciar su cuantía: mientras no haya presupuestos nuevos, los ministerios y demás organismos no podrán conceder subvenciones o ayudas, ni suscribir convenios, aunque el presupuesto prorrogado contemple dinero suficiente para ello. Necesitarán una autorización expresa de Hacienda. Esta decisión sí que puede afectar al bienestar de ciudadanos cuyos ingresos dependan de esas subvenciones, ayudas o actuaciones de la Administración. Y no porque sea inevitablemente así, sino porque lo ha decidido el Gobierno.
Cuando se prorrogaron los Presupuestos de 2016 para 2017, el Gobierno acordó que se dejarían de gastar, se recortarían, 5.000 millones de euros para el nuevo año con el objeto de reducir el déficit del Estado impuesto por Bruselas. Esta vez no ha revelado cuánto recortará, se ha limitado a señalar en el documento que mandó a Bruselas que no hay ninguna limitación en los recortes que imponga a los presupuestos prorrogados. Eso sí que es una victoria rotunda en la lucha por el manejo del Presupuesto, en la lucha por el poder político estatal. Eso explica la tranquilidad de la Comisión Europea, convencida de que así, sin límite al recorte, sin dar cuenta a nadie, es factible que el Gobierno de Rajoy consiga reducir en más de la mitad el déficit del Estado.
Dicho en dinero, para cumplir con Bruselas, Rajoy debe recortar el déficit en 10.177 millones de euros. Esto sólo el Estado, al margen de la Seguridad Social o de las Comunidades Autónomas. Suponiendo que la recaudación de impuestos aumente como ha previsto el Gobierno, de esos 10.000 millones largos de euros, casi 9.000 millones deben rebajarse por la vía del recorte de gastos. Y todo ello sin pasar por el Parlamento. Eso sí que afecta al bienestar de muchos españoles, recordando las palabras de la vicepresidenta.
Yo miro, escucho y leo y no encuentro nada de esto en la preocupación o en el debate de analistas económicos o medios de comunicación. Tan sólo palabras retóricas, o más exactamente hipócritas, de algún dirigente europeo, como el Comisario de Asuntos Económicos y socialista, Pierre Moscovici: “No vamos a pedir más ajustes”. O del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, diciendo que la austeridad ha sido tal vez el mayor error europeo de la crisis.
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Autor >
Emilio de la Peña
Es periodista especializado en economía.
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