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Imelda Daza / Candidata de las FARC a vicepresidenta de Colombia

“No tengo vinculación alguna con las armas. Formo parte de la sociedad civil”

Francesc Relea Valledupar (Colombia) , 10/01/2018

<p>Imelda Daza, durante una entrevista en Valledupar. </p>

Imelda Daza, durante una entrevista en Valledupar. 

Michelle Bonett

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La vida de Imelda Daza en Suecia era apacible y sin sobresaltos. Tenía todas las necesidades cubiertas, y sus tres hijos, que se han criado y estudiado allá, son felices en su trabajo. Con su marido, Flavio Ocampo, vivían como dos jubilados suecos, sin miedo y en un clima de libertad, propio de las sociedades escandinavas. Pero sin grandes emociones. Un día, Imelda emplazó a su esposo: “¿Qué vamos a hacer aquí como pensionistas? ¿Entretener el día a día mientras llega la muerte? No quiero sentarme a esperar la muerte, prefiero que me sorprenda. Y si me sorprende en Colombia será tratando de construir la paz”.

Imelda Daza Cotes nació hace 69 años en el departamento de Cesar y fue criada en la Guajira, en el Caribe colombiano. “Nuestro Nobel [Gabriel García Márquez] dice que uno es de donde aprende a leer y escribir, y eso lo hice en Villanueva, Guajira”, precisa. En la escuela de monjas despertó su conciencia social y en la Universidad Nacional se graduó en Economía. “Mi formación de economista me permitió conocer los problemas del país, hacer un diagnóstico y reconocer que hay soluciones. Quienes han gobernado nunca han tenido voluntad política de resolver los problemas de las mayorías”.

Militó en la Unión Patriótica (UP), una fuerza política que nació en los años 80, tras los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La guerrilla pretendía crear un brazo político propio, que fue brutalmente exterminado. En una alianza siniestra, miembros del Ejército, terratenientes, políticos locales y paramilitares arrasaron con todo lo que oliera a izquierda. Hubo unos 3.000 asesinatos desde la irrupción de la UP en el escenario político.

Imelda Daza, en el mitin de lanzamiento de la candidatura de la Unión Patriótica (UP) en Pueblo Bello (Cesar), el 15 de junio de 1985 / Archivo de I.D

Imelda Daza, en el mitin de lanzamiento de la candidatura de la Unión Patriótica (UP) en Pueblo Bello (Cesar), el 15 de junio de 1985 / Archivo de I.D

Entre las víctimas, dos candidatos a la Presidencia y cientos de líderes regionales y locales. Imelda Daza vivió para contar el genocidio de la UP en la región Caribe. Fue la única superviviente de los siete concejales y un diputado electos en los comicios de mayo de 1986. “Me fui asustada por aquel genocidio. Los paramilitares amenazaban para advertir que iban a matar. Dejaron en la puerta de mi casa una corona de flores con una invitación a mi sepelio”.

Acto político de la UP en Valledupar (Cesar), en julio de 1986 / Archivo de I.D

Acto político de la UP en Valledupar (Cesar), en julio de 1986 / Archivo de I.D

El camino hacia el exilio tuvo una primera parada en Perú, donde el Gobierno de Alan García no le concedió permiso de residencia. En Suecia obtuvo asilo político para toda su familia, trabajó de profesora de bachillerato y en la Universidad, y compitió en varias elecciones municipales y legislativas. Fue concejal del Partido Socialdemócrata durante 12 años, y candidata al Parlamento en tres ocasiones. En 2014 resultó elegida nuevamente concejal, esta vez por el partido de Izquierda. Todavía conserva hasta 2018 el acta de edil del municipio de Aneby. 

Imelda Daza regresó a Colombia después de 26 años de exilio y en plenas negociaciones de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, la guerrilla más longeva de América Latina. El acuerdo final se firmó en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, después de un largo y difícil proceso de discusiones que transitó por Oslo y La Habana, y que estuvo a punto de descarrilar cuando el 'No' a la paz con la guerrilla ganó en el plebiscito por un exiguo margen del 0,43% de los votos.

En el año transcurrido desde la firma, las FARC se han desmovilizado, han entregado o destruido todo su arsenal y han dejado de ser una organización armada para transformarse en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), un partido político que mantiene las mismas siglas, pero que rechaza todo tipo de violencia. El paso más sobresaliente en esta nueva etapa ha sido el anuncio de la candidatura de la FARC a las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, con la fórmula de Rodrigo Londoño, alias Timochenko (candidato a presidente), e Imelda Daza Cotes (candidata a vicepresidenta).

Mi participación en la candidatura del partido FARC, al que no pertenezco, muestra que las candidaturas no están sólo reservadas para los ex combatientes”, explica. “Una ciudadana como yo, de la que nadie puede sospechar que tenga vinculación alguna con las armas. Formo parte de la sociedad civil, y creo que tengo autoridad moral y política para hacer este acompañamiento. Esto es lo que me llevó a aceptar esta candidatura”.

A punto de cumplir 70 años, la vida de Imelda Daza ha dado un giro radical desde que regresó a su país. Ha vuelto a la política colombiana, su pasión. Primero fue candidata a gobernadora de Cesar por la UP refundada, y respaldada por un conjunto de fuerzas progresistas. Después, durante todo 2017, ha sido portavoz en el Congreso de Voces de Paz y Reconciliación, el grupo que ha representado a las FARC en los debates sobre los acuerdos de paz. Y a finales de año aceptó ir en la candidatura de la FARC para las presidenciales de 2018.

Varias amenazas de muerte precedieron a un atentado fallido que sufrió cuando participaba en un acto político en Cartagena de Indias en mayo de 2016, a los pocos meses de su regreso. “Hay que aprender a convivir con eso”, comenta. “La única opción que tengo es cuidarme más, con medidas como evitar la rutina, cámaras en la casa, alambres eléctricos en la verja del jardín”. Imelda Daza y los dirigentes de la FARC cuentan con escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección, a cargo del Gobierno. En los viajes largos se desplaza en avión, y por tierra lo hace siempre en vehículo blindado con hombres armados. Los gastos corren a cargo del Ejecutivo.

Varias amenazas de muerte precedieron a un atentado fallido que sufrió cuando participaba en un acto político en Cartagena de Indias en mayo de 2016, a los pocos meses de su regreso

Unos 1.200 ex guerrilleros de base han sido entrenados para convertirse en escoltas, según establecen los acuerdos de paz. Están autorizados a portar armas cortas y, en ocasiones, armas largas. “Cuando llego a un lugar, el escolta revisa mi trayecto. Bajo del vehículo y voy directa a la puerta de entrada, no me detengo a hablar con nadie. No tengo vida social, asisto únicamente a foros, seminarios y debates donde hay otras personas. Hay que ser muy prudente. Aprendí mucho de los descuidos que tuvimos cuando el genocidio de la UP. Algunos trivializaron las amenazas y los mataron a todos. Me salvé porque me fui”. Así transcurre la vida de doña Imelda.

Desde la firma de los acuerdos de paz, el país registra los índices más bajos de homicidios y violaciones de derechos humanos relacionadas con el conflicto armado con las FARC, según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC). Persiste una violencia sistemática y selectiva, a cuentagotas, que se concentra en el asesinato de líderes populares y ex guerrilleros. “No creo que se repita un genocidio como el que ocurrió con la UP”, asegura Imelda Daza. “El paramilitarismo no tiene hoy la estructura organizativa de antaño, ni los vínculos con el aparato estatal y con las Fuerzas Armadas. Nuestro único mecanismo de defensa era la palabra y la razón. No disponíamos ni de un cortauñas para defendernos”.

En su vuelta del exilio, Imelda Daza encontró un país “más o menos igual en términos de pobreza y desigualdad, y mucho más acentuada la corrupción en la Administración pública, más deteriorada la democracia, más pervertido el proceso electoral. Después de una guerra tan prolongada la gente ha banalizado el mal. Los valores se han tergiversado. No hay un rechazo frontal a la muerte violenta, a los homicidios, a la violencia contra la mujer. La reacción es débil y en muchos casos lo que hay es indiferencia”.

El encuentro con la Colombia real se produjo durante la campaña de las elecciones a gobernadora de Cesar. “Ahí me dije, no tengo derecho a regresar a disfrutar de la comodidad sueca. Me quedo. Mi compromiso está aquí. Y conste que no tengo alma de mártir ni de heroína”. 

Por paradójico que parezca, algo tan indispensable como la paz divide a los colombianos y a las fuerzas políticas después de más de 50 años de guerra. El debate sobre la puesta en marcha de las leyes y decretos del acuerdo de paz ha acaparado la mayor parte de la actividad política del Gobierno y del Parlamento a lo largo de 2017. Los opositores al acuerdo, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, hoy senador, actúan desde distintos frentes, instituciones, medios de comunicación, fundaciones, organizaciones empresariales, de ganaderos, de terratenientes, etc.

Imelda Daza ha sido testigo en la Cámara de Representantes de las artimañas de los uribistas para torpedear, entorpecer o eternizar los debates sobre la paz firmada con la guerrilla. El 30 de noviembre concluyó el período de fast track (vía rápida) del procedimiento legislativo especial y abreviado para implementar los acuerdos de paz, que por mandato constitucional tenía un año de vigencia.

“El balance es bastante pobre, si tenemos en cuenta que el mecanismo de fast track fue concebido para agilizar la aprobación de la normativa. Los representantes votaban el articulado en bloque de los distintos proyectos. Para que el acuerdo de paz pudiera aplicarse de obligado cumplimiento por todas las instancias gubernamentales se requería la aceptación de unos 25 proyectos de ley. Durante la primera etapa, hasta julio pasado, sólo se aprobaron seis”.

“En la segunda etapa, una sentencia de la Corte Constitucional obligó a abandonar la vía rápida, por lo que los proyectos de ley se votaron artículo por artículo, con un número ilimitado de enmiendas. Apenas pudieron discutirse tres proyectos de ley –Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), las circunscripciones especiales de paz y la Ley de Reforma del Sistema Político. La Ley Estatutaria de la JEP aprobada distorsiona por completo lo que se había acordado. La de circunscripciones especiales, está pendiente de una decisión en el Senado. Y la reforma política, que afecta básicamente al sistema electoral, ha quedado archivada”.

La candidata de la FARC recuerda las dificultades que tuvo para hacer oír su voz en la Cámara de Representantes y el maltrato sufrido. “Los voceros de Paz y Reconciliación nunca tuvimos asiento asignado, ocupábamos los escaños de los representantes ausentes, y cuando estaban todos nos tocaba quedarnos de pie. No teníamos derecho de voto y fuimos injuriados por los miembros del Centro Democrático (uribista) y algunos del Partido Conservador y de Cambio Radical. Así es la precaria democracia colombiana”.

El relato de Imelda Daza me transporta a una sesión maratoniana del Congreso a la que pude asistir a finales de noviembre desde la tribuna de invitados. Un diputado uribista clamaba desde su escaño contra la participación en política de antiguos miembros de las FARC, a quienes se refería como “estos bandidos lo que tienen que hacer es rendir cuentas ante la Justicia”. “Es un desafío al Congreso”, gritaba otro. Los representantes a favor del acuerdo de paz exhibían carteles desde sus escaños “La guerra terminó”. “No a la JEP. No más impunidad”, rezaban los carteles colocados en los escaños de quienes rechazan el acuerdo.

Costó reunir el quórum necesario a la hora de votar, porque los representantes contrarios al acuerdo abandonaban la sala de plenos entre gritos de “¡No se vayan!”, cuando el presidente de la Cámara anunciaba la votación. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, trataba de convencer a la Cámara de que el acuerdo de paz “anima a los que cometieron delitos a reconocerlos y a pedir perdón”, y pedía el rechazo de las enmiendas de los uribistas. El Gobierno del presidente Santos se ha empleado a fondo para vencer la resistencia de los parlamentarios y han sido varios los ministros que han desfilado por el Congreso para defender el acuerdo de paz.

El Gobierno del presidente Santos se ha empleado a fondo para vencer la resistencia de los parlamentarios y han sido varios los ministros que han desfilado por el Congreso para defender el acuerdo de paz

La guerrilla y el nuevo partido que ha surgido de ella despiertan pocas simpatías entre sus señorías. ¿Cómo será la participación de la FARC en un ambiente tan hostil? “Será muy difícil, pero no somos ingenuos. Nadie creyó que sería fácil”, reconoce Imelda Daza. “Sabemos que el Congreso colombiano está compuesto en su mayoría por politiqueros de tradición, amarrados al poder económico y político, que se creen dueños de la voluntad popular y del destino de Colombia. Competir con ellos por el poder es muy complicado, pero es lo que tenemos que hacer, por difícil que resulte. En el Congreso podemos esperar que los insultos de asesinos, criminales, secuestradores, narcoterroristas sean lo rutinario”.

Para los dirigentes del partido político surgido de la guerrilla lo relevante es que la FARC tiene garantizados 10 congresistas por derecho propio, cualquiera sea el resultado electoral, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. “Diez parlamentarios son una fuerza con la que convendrá negociar. Diez parlamentarios que actuarán al unísono, con derecho a voz y voto, serán una fuerza decisoria en el Congreso, con la que habrá que contar. Los voceros de Voces de Paz y Reconciliación sólo teníamos derecho a voz, por eso no fuimos tenidos en cuenta”.

Las encuestas sitúan muy lejos de una victoria electoral a la FARC. Sin embargo, Rodrigo Londoño, Timochenko, candidato a presidente de la República, tiene mejor intención de voto que un exprocurador general de la Nación y un exministro de Defensa y exembajador en EE.UU. Timochenko obtendría en estos momentos el 2%, es decir unos 600.000 votos. “Nuestra aspiración es situarnos en el escenario político nacional. Que la FARC sea una fuerza que se haga sentir. Personalmente, aspiro a que nuestra lista logre un millón de votos en las presidenciales”, afirma convencida Imelda Daza.

Timochenko ha sido el último líder del último movimiento guerrillero de América Latina. El ejército colombiano, uno de los más poderosos del continente, nunca pudo acabar con él. Cuando su imagen empezó a aparecer en televisión con motivo de las negociaciones de paz en La Habana, la mayoría de colombianos poco o nada sabía de Timochenko. Su semblante recuerda más a un abuelo bonachón que al de un líder rebelde con 182 procesos judiciales pendientes y 141 órdenes de captura, después de 40 años en la guerrilla.

La campaña para las presidenciales de mayo será un buen entrenamiento en el salto mortal de la FARC, de la vida en el monte o en la selva y la lucha bélica a la vida urbana y la actividad política. “Tendrá que servirnos para identificar posibles candidatos a alcaldías, a gobernaciones, a consejos y a Asambleas. Que se muestren desde ya los líderes y los candidatos posibles para las elecciones de 2018”, dice Imelda Daza.

La aspirante a la vicepresidencia nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada. “Nadie logró convencerme de que era posible tomar el poder por las armas. Un ejército de 500.000 hombres frente a 25.000 guerrilleros. Me parecía un imposible que aquellos muchachos tan sacrificados y tan valientes pudieran tomar el poder”. La crítica a los métodos violentos del pasado no le impide reconocer su admiración por la capacidad política de los antiguos guerrilleros. “Tienen un conocimiento diáfano del país. Me atrevo a decir que lo conocen mejor que cualquier político, porque tienen una visión mucho más acertada, dada su formación política y filosófica. Tienen más elementos para comprender mejor la realidad colombiana. Con la palabra como única arma”.

La FARC como partido político enfrenta la actual coyuntura desde el aislamiento. Todas las fuerzas políticas, incluidas las de izquierda, toman distancia

La FARC como partido político enfrenta la actual coyuntura desde el aislamiento. Todas las fuerzas políticas, incluidas las de izquierda, toman distancia. “Son muy cautelosos, muy prevenidos y también muy oportunistas. Es algo con lo que se contaba. Cualquiera que sea el resultado en las urnas la decisión es continuar el trabajo, seguir adelante. Si se obtiene un resultado bueno, esas fuerzas que hoy dicen yo soy de centro y en mi partido no caben las FARC, o los que dicen con las FARC no quiero nada… Esperemos el resultado electoral y dentro de un tiempo quizá los escucharemos opinar de manera contraria. No hay prisa”.

Imelda Daza ha visto cumplido el sueño de la firma de la paz. A partir de ahora, asegura, todo es posible. “Creo que es un proceso irreversible. La FARC es una organización conformada en su mayoría por gente con total vocación de poder, con gente resuelta a dar la vida por una causa política. Esa convicción y ese compromiso es la garantía de que esa fuerza política nueva va hacia delante. Va a incidir positivamente en la vida de los colombianos pobres y olvidados. No sé si alcanzaré a verlo, pero estoy segura de que llegará al Gobierno”.

Imelda Daza lleva dos años y medio en Colombia, con la voluntad de trabajar en el nuevo escenario político que se vislumbra. Pero en su bolso están siempre sus dos pasaportes (colombiano y sueco), las llaves del apartamento en Suecia y una tarjeta de crédito. “Me permitiría comprar en cualquier momento dos billetes para regresar a Suecia. No descartamos que eso ocurra algún día. Dependerá de las condiciones de seguridad. Si las amenazas y el hostigamiento se vuelven asfixiantes no vacilaré en regresar. No lo tomaría como una tragedia, o un fracaso. Hice el intento, vine a aportar, creo que ya he aportado bastante”.

La revuelta “institucional” contra el acuerdo de paz
 
La feroz oposición en el Parlamento colombiano de los partidos contrarios al acuerdo de paz “ha sido una revuelta institucional en la recta final del segundo y último mandato del Gobierno de Santos, que ha alterado sustancialmente lo acordado”, según afirma el abogado español Enrique Santiago, 53 años, asesor jurídico de las FARC.
“Estamos cerca de la campaña electoral para las legislativas y presidenciales de marzo y mayo, respectivamente, lo que condiciona todo. Ahora se abre un paréntesis en la implementación de los acuerdos. La continuidad dependerá del nuevo ciclo político, de las nuevas mayorías parlamentarias y del futuro presidente de la República”.
Santiago, dirigente del Partido Comunista de España (PCE), trabaja en asuntos de derechos humanos en Colombia y refugiados desde el año 1991. Se incorporó al proceso de paz entre el Gobierno y los insurgentes en los primeros compases. Fue el asesor jurídico de la delegación de la guerrilla en La Habana, y lo es también del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Su papel ha sido clave a la hora de destrabar temas espinosos como el de la Justicia. La privilegiada posición de Santiago al más alto nivel en las negociaciones contrasta con la ausencia del Gobierno español en todo el proceso de paz.
Un año después de la firma del acuerdo Gobierno-FARC, Santiago recuerda que es el cuarto proceso de paz desde 1984, “los tres anteriores resultaron fallidos”, y repasa los principales temas no resueltos:
Acceso de la tierra. “No ha habido implementación del acceso de los campesinos colombianos a 10 millones de hectáreas que se acordó en La Habana titularizar a favor de campesinos sin tierra”.
– Circunscripciones transitorias especiales de paz. Son 16 zonas que han sido las más afectadas por el conflicto y el abandono, donde se debe promover la representación política de la población. “No se han aprobado por falta de quórum”.
– Reforma política. “Se trata, básicamente, de reformar el sistema electoral. El proyecto, de momento, no se ha podido sacar adelante”.
– Justicia. “No ha habido avances sobre medidas contra el paramilitarismo, ni reformas constitucionales para crear la Unidad Especial de Investigación. Se ha creado una dependencia dentro de la Fiscalía para los crímenes de los paramilitares, que ya existía”.
– Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Quedan excluidos los mandos de las fuerzas beligerantes. Se han endurecido los requisitos para que los ex guerrilleros sean juzgados por la JEP. Lo más grave es que no podrán ser magistrados de la JEP quienes hayan trabajado en defensa de derechos humanos”. 
– Amnistía presos de las FARC. “De momento, sigue siendo competencia de la Justicia ordinaria, que aplica la amnistía a cuentagotas. De 4.000 presos de las FARC cuando se aprobó la ley de amnistía, se han excarcelado unos 3.000. Hay muchos exguerrilleros a quienes no se han suspendido las órdenes de captura”.
 Pese a la lista de asignaturas pendientes, Enrique Santiago afirma con rotundidad que no hay vuelta atrás: “Está absolutamente descartado que la FARC vuelva a las armas. Sus dirigentes lo han dicho de todas las maneras posibles, y Naciones Unidas ha certificado el desarme. Tampoco veo posible que un nuevo gobierno, por muy de derecha que sea, anule el acuerdo de paz. Políticamente, sería un problema de ámbito internacional muy grave, y porque se ha aprobado la norma constitucional que obliga a cumplir el acuerdo a todas las instituciones durante 12 años.

 

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