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Poco podían imaginar Rajoy y su gobierno cuando aprobaron el 27 de octubre las medidas de aplicación del artículo 155, cesaron al Govern de la Generalitat, disolvieron el Parlament y convocaron elecciones autonómicas el 21 de diciembre lo que se les venía encima.

Una semana más tarde, lo que parecía la jugada maestra que culminaba una estrategia calculada, se revela como el error que puede dañar irremediablemente la carrera política de Rajoy y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España en la primavera de 2018.

Entre otras cosas porque la situación política catalana se inscribe en una crisis estructural del régimen del 78, cuyas costuras han comenzado a estallar como consecuencia de la Gran Recesión. Y si la atención de los medios de comunicación, y las exigencias de la propaganda, han volcado todos los focos en los insospechados y cuanto menos cinematográficos acontecimientos que se han sucedido a la proclamación de la República catalana, otros no menos llamativos se han desarrollado en la penumbra mediática: las conclusiones de la fiscalía en el caso Gürtel y la detención del comisario Villarejo, exponiendo una vez más la corrupción sistémica y las cloacas del régimen; las exigencias de la Comisión Europeade un presupuesto para 2018 que cumpla sus requerimientos de ajuste; los problemas de financiación autonómica que revelan --entre otros los debates presupuestarios de Madrid y Valencia--, la bancarrota que quiso frenar la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y que acabó en el “cuponazo” de los presupuestos generales de Montoro pocos meses después.

Pero la coyuntura se jugaba en una sola decisión: las elecciones autonómicas convocadas de forma extraordinaria mediante el artículo 155. El argumento tan manido estos días de que “legalidad es democracia” podía quizás convencer a los creyentes de la legitimidad de semejante proceso electoral, con la Generalitat intervenida. Pero lo que Rajoy no esperaba es que todas las fuerzas políticas en presencia aceptasen el reto de participar y ganarlas, cuestionando en un pulso de semejante envergadura la legitimidad del gobierno Rajoy.

Incapaz de dar seguimiento a la Ley de Transitoriedad de la proclamada República catalana por la intervención primero del Tribunal Constitucional, después la aplicación del art. 155 y, por último su cese, Puigdemont optó por acompañar la decisión de participar en las elecciones del 21 de diciembre con un gesto simbólico de resistencia y mantenimiento de la legitimidad surgida del referéndum del 1 de Octubre como trasladarse con una parte del Govern cesado a Bruselas. Mientras la mayor parte del Govern, ocho consellers, acababan en la cárcel, con vejaciones incluidas, con el vicepresident Jonqueras a la cabeza, por una decisión de la juez Lamela de la Audiencia Nacional cuyos débiles fundamentos jurídicos son algo más que discutibles.

Tras la orden de detención europea firmada por la misma juez Lamela, Puigdemont y los consellers que le acompañan se han entregado a la policía belga. Será muy difícil que ningún juez belga acepte una extradición por los motivos políticos alegados –teniendo en cuenta que no existen en el código penal belga los delitos de sedición y rebelión--, pero además el procedimiento no culminará antes del 21 de diciembre. Y mientras tanto, Puigdemont ya ha definido los ejes de la campaña electoral del 21-D, presentado su candidatura, y se dispone a utilizar el proceso de extradición como plataforma electoral internacional. Un “acto de cobardía”, lo ha calificado ese ejemplo de resistente clandestino protegido bajo el franquismo y dudoso defensor de la legalidad en los “años del plomo”, Felipe González; mientras la prensa del régimen del 78 convertía el viaje de Puigdemont a Bruselas en una astracanada y en la justificación de la detención de los miembros del Govern restantes. Pero Rajoy callaba, porque es más consciente que este coro tragicómico de la segunda restauración borbónica de que ha perdido de nuevo la iniciativa política.

Hasta hoy 7 de noviembre no se conocerán las coaliciones de estas elecciones plebiscitarias donde las haya, gracias a la política del Gobierno Rajoy. De entrada, el “bloque constitucionalista” que debería apoyar a la candidata del cada vez más derechista Ciudadanos, Arrimadas, a alcanzar la presidencia, no concurrirá unido. De hecho, el PSC no quiere ni oír hablar de él y hace equilibrios como apoyar la aplicación del art. 155, pero condenar (sic) sus consecuencias.

Más fácil lo tiene Catalunya en Comú, que ha decidido mantener su defensa de un referéndum pactado y legal y convertir la campaña en una denuncia de la represión y la intervención de la Generalitat e instituciones catalanas, adelantando la perspectiva de un “bloque soberanista y catalanista” como mínimo denominador común con el “bloque independentista”.

Es el “bloque independentista” el que sufre las mayores tensiones internas, porque ERC tendrá que elegir entre imponer su hegemonía a costa de Junts pel Sí, o aceptar cederla a Puigdemont y, a través de él, al PDdCAT. La CUP, es evidente que a pesar de su indecisión, apoyará cualquier fórmula que decidan ERC y el PDdCAT en nombre de la liberación de los presos y la restauración de Puigdemont como President.

En este escenario electoral, en el que el efecto más importante de la aplicación del art. 155 ha sido hacerle la campaña electoral al “bloque independentista”, las encuestas apuntan una situación muy similar entre los tres bloques, aunque con reforzamiento dentro de ellos de ERC y Ciudadanos, aunque el primero superaría al segundo en más de 6 puntos. Es decir, la única alternativa real a un nuevo Govern independentista sería un Govern soberanista de izquierda. Rajoy lo tiene crudo. ¿Cómo podrá aceptar o justificar cualquiera de estas dos alternativas en las elecciones que el mismo ha convocado y organizado después de la aplicación del artículo 155?

Comentaristas como Enric Juliana, pero también Luis María Ansón, Fernando Garea, Jose Antonio Zarzalejos o Juan Luis Cebrián, comienzan a apuntar ya los peligros que ello implica no solo para la carrera política de Rajoy sino para el propio régimen del 78. Rajoy no tendrá otra opción política que convocar elecciones generales en la primavera de 2018 e intentar su propio “bloque constitucionalista” para legitimar su actuación con un “gobierno de salvación nacional”, si no se abre antes una crisis sucesoria en el PP.

Esto nos lleva a la tesis que Sin Permiso ha mantenido estos años: que las causas de la crisis estructural del régimen del 78 lo hacen irreformable. Que antes o después –cuanto antes mejor dado el coste de la crisis- es necesario un proceso constituyente que democráticamente encuentre una solución alternativa. Hemos sido testigos de las dificultades, errores y vacilaciones del proceso soberanista catalán, pero también lo estamos siendo de la incapacidad del gobierno Rajoy para darle una solución democrática y su amenaza en convertir el régimen del 78 en el régimen del 155. Para imponer no solo un gobierno constitucionalista minoritario y antidemocrático en la Generalitat, sino también tapar su corrupción y aplicar la vuelta de tuerca del ajuste neoliberal que le exige la Unión Europea.

Hay convocadas muchas movilizaciones para los próximos días en Catalunya, desde una gran manifestación el 11 de noviembre hasta una concentración en Bruselas a principios de diciembre, coincidiendo con el “día de la Constitución española” o una fecha cercana. Hasta entonces, distintos actos como las colgadas de carteles ya realizadas el domingo 5 y distintos actos de lucha sindical y “paro nacional” el miércoles 8 de noviembre. También han vuelto las caceroladas a las 22 horas todos los días por la libertad de los presos políticos. Sin contar los múltiples actos descentralizados de protesta en actos deportivos como el que hubo en el campo del FC Barcelona durante el partido del sábado 4 de noviembre. O, cuando escribimos estas líneas, el corte de la N-II  de 2.000 personas a su paso por Mataró en protesta por una agresión fascista pocos días antes. Los Comités de Defensa de la República  (CDR) están jugando un papel muy importante de resistencia y organización por barrios y pueblos. En Manlleu se reunieron el 4 de noviembre una representación de 172 CDRs. En el comunicado que se hizo público, podemos leer: “Con la consolidación de la red de vecinos y vecinas que hicieron posible la celebración del referéndum del 1 de octubre, estamos preparados y preparadas para defender la República de forma pacífica pero contundente. Por todo esto llamamos a la población a participar de forma activa en los Comités de Defensa de la República de su municipio.” Existen incluso CDRs en ciudades extranjeras y muy lejanas, como en la Ciudad de México.

Se trata de una iniciativa de resistencia y coordinación de actos de lucha muy necesaria y debería animar a las izquierdas españolas, por sentido común, a diseñar una alternativa unitaria y de movilización en solidaridad con la situación de represión que sufren las libertades democráticas en Catalunya. Lo hemos dejado dicho más de una vez, y es algo de lo que se está tomando cada vez más conciencia en muchos (?) sectores de la izquierda española que ven más allá del inmediato oportunismo electoral: las libertades que hoy son atacadas en Catalunya lo serán pronto, si no lo son ya, en el conjunto del Reino. La solidaridad con Catalunya es condición necesaria para evitar la extensión de la represión de las libertades democráticas en el conjunto del Reino de España.

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Este texto se publicó en sinpermiso

Daniel Raventós y Gustavo Buster son editores de Sin Permiso.