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Cambio climático

Invertir en una transición justa

El cambio de modelo debe ser eficaz, gradual y positivo para alcanzar los objetivos, minimizar los trastornos y generar oportunidades

Nick Robins 25/10/2017

<p>El J.R. Mora de hoy: Fin del acuerdo</p>

El J.R. Mora de hoy: Fin del acuerdo

J.R. Mora

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El gran trasatlántico inversor está --¡por fin!-- cambiando el rumbo. Billones de dólares de fondos de inversión respaldan un cambio rápido hacia una economía libre de emisiones de carbono. El motivo es sencillo: el cambio climático impide a los inversores institucionales ofrecer rentabilidad a largo plazo a los ahorradores y a los pensionistas.

Desgraciadamente este año han surgido nuevos nubarrones en el horizonte con la decisión del presidente Trump de retirar a EE.UU. del Acuerdo de París. Entre las numerosas razones que dio Trump, una era que cumplir con los objetivos supondría una pérdida de millones de empleos para EE.UU., muchos de ellos en la industria minera: “Da la casualidad de que adoro a los mineros”, explicó el presidente.

Según una revisión de los datos disponibles realizada por el ministerio alemán de Medio Ambiente, las declaraciones del presidente Trump sobre la pérdida de empleos son “dudosas y engañosas”, y se basan en investigaciones realizadas por organizaciones que niegan el cambio climático. Las pruebas internacionales recogidas por la OCDE en un artículo reciente, demuestran que las políticas verdes “no tienen por qué dañar el empleo global si se implementan adecuadamente”.

En EE.UU., solo la energía solar da empleo a más personas que el petróleo, el carbón y el gas juntos. Y para el año 2050, según un estudio del profesor Marc Jacobsen de la Universidad de Stanford, una economía global basada en energías renovables y en la eficiencia energética crearía 24 millones de empleos indefinidos y a jornada completa.

Trabajadores atrapados

Sin embargo, las ventajas de conjunto que ofrece un futuro libre de emisiones de carbono no significa que podamos ignorar las consecuencias para el empleo, y todavía menos para los inversores. Las consecuencias macroeconómicas de la transición no tienen precedentes ni en amplitud ni en calado. Habrá trastornos sociales y, si no se gestionan adecuadamente, la transición saldrá perjudicada, caerá el rendimiento económico y menguará la rentabilidad de las inversiones.

Los inversores son cada vez más conscientes del riesgo que conlleva tener activos hundidos en sus carteras, pero todavía no se han dado cuenta de las consecuencias negativas potenciales que esto tiene para los trabajadores y para las comunidades que dependen de las industrias intensivas en emisiones de carbono, es decir, el riesgo de dejar en la estacada a los trabajadores y a sus comunidades. Entre los temas clave que merecen atención están la identificación del lugar y la calidad de los nuevos “trabajos verdes”, así como el modo de  negociar el ritmo y el proceso de cambio de los sectores en declive. No se trata solo de unos pocos programas de reciclaje, sino del destino económico de regiones enteras.

Para los inversores ávidos de rentabilidad, la necesidad de añadir una dimensión social a sus estrategias contra el cambio climático es cada vez más imperiosa y multidimensional.

La “transición justa” se ha convertido en el lema de aquellos que reconocen que la descarbonización solo tendrá éxito si respeta a los trabajadores de la industria de combustibles fósiles

No hay que olvidar París

El primer elemento catalizador reside en el propio Acuerdo de París, que además de hacer un llamamiento para que se desarrollen políticas que aseguren la descarbonización y la resiliencia, también afirma que estas deberían tener en cuenta “los imperativos de una transición justa para los trabajadores”. La “transición justa”, defendida desde hace tiempo por el movimiento sindicalista internacional, se ha convertido en el lema de aquellos que reconocen que la descarbonización solo tendrá éxito si respeta a los trabajadores de la industria de combustibles fósiles y canaliza las inversiones hacia la renovación de las regiones que dependen de los sectores con altas emisiones de carbono.

De hecho, la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, por sus siglas en inglés) ya ha creado un nuevo Centro de Transición Justa. Sabemos que la historia de la desindustrialización a lo largo de los últimos 40 años ha dado como resultado en numerosos lugares del mundo una serie de heridas económicas y sociales prolongadas, y ha contribuido tanto a la pérdida de oportunidades como al estancamiento económico. Muchos de estos costes también tienen dimensiones raciales y de género.

Si no se abordan estos problemas, se producirá inevitablemente una reacción violenta. Por ese motivo, si los inversores quieren que se produzca una transición sin complicaciones, es esencial comprender cuáles son las consecuencias sociales.

El auge de los populistas

El mayor riesgo para los inversores es la llegada de los populistas que niegan el cambio climático utilizando el declive estructural de los sectores con mayores emisiones de carbono para bloquear otras acciones que sirvan para construir una economía no contaminante. Las protestas de este tipo debilitan el argumento a favor de la redistribución de capital hacia modelos industriales más limpios y eficientes, muchos de los cuales ofrecen un gran potencial para la creación de empleo (como por ejemplo el eólico, la energía solar y la eficiencia energética).

A esto se añade la constatación de que la desigualdad que causa la mala gestión de las transiciones puede deprimir a largo plazo el potencial económico de los países. De acuerdo con el FMI, la desigualdad “es propensa a reducir el ritmo y la duración del crecimiento”, del cual deriva la rentabilidad de los inversores. En resumen, es probable que una transición que pretenda reducir las emisiones sin reducir la desigualdad afecte al rendimiento de las inversiones a largo plazo.

Conectando agenda

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el exhaustivo marco de Naciones Unidas para asegurar la prosperidad de los pueblos y el planeta para el año 2030, animan a los inversores a establecer una relación entre trabajos y clima. Retrospectivamente, los ODS pueden considerarse, en realidad, como una hoja de ruta para llevar a cabo una “transición justa”, sobre todo en materia de erradicación de la pobreza (objetivo 1), igualdad entre géneros (objetivo 5), energía no contaminante (objetivo 7), trabajo decente (objetivo 8) y acción por el clima (objetivo 13).

No obstante, en demasiadas ocasiones estos objetivos se consideran de forma individual y diferencian los objetivos medioambientales de los sociales. Asimismo, la importancia de una transición justa no se limita a las economías posindustriales, también hay que pensar que los países emergentes y en vías de desarrollo no solo están entre los mayores productores de combustibles fósiles, sino que a menudo también dependen para su desarrollo económico de los sectores con mayores emisiones de carbono. Además, sus sistemas de protección social son muy frágiles y en ellos habitan la gran mayoría de las personas cuyos medios de subsistencia sufren por el impacto cada vez mayor del cambio climático. Todo esto pone de manifiesto la necesidad de adoptar una perspectiva verdaderamente mundial.

Empezar por la G

En la práctica, la tarea de los inversores es desarrollar estrategias climáticas que enlacen la A y la S de ASG (criterios ambientales, sociales y gubernamentales). Para conseguirlo, la G de gobierno es un buen punto de partida. La participación de los accionistas es un elemento clave para que los inversores se aseguren de que su capital se alinea con una trayectoria compatible con el objetivo climático de un futuro con temperaturas medias que no superen en más de dos grados la de la era preindustrial.

Algunos inversores han comenzado a integrar las consecuencias para los trabajadores y las comunidades en su compromiso climático. CalPERS, por ejemplo, lo ha hecho ya en su trabajo con las empresas de servicios públicos estadounidenses. Asimismo, los sindicatos han desarrollado, mediante el Comité sobre el capital de los trabajadores (Committee on Workers Capital), una serie de Principios orientados a la resolución de los accionistas (Shareholder Resolution Principles) que exigen a las compañías elaborar planes de descarbonización paralelos al diálogo social.

Las resoluciones que instan a las corporaciones estadounidenses a publicar escenarios climáticos han obtenido este año un apoyo del 62% en Exxon y del 67% en Occidental. Como consecuencia, el siguiente paso debe ser incorporar de forma explícita las repercusiones sociales de la transición a las estrategias de participación proactiva de los accionistas, por ejemplo, en torno al análisis de escenarios y a la estrategia corporativa (incluyendo el diseño e implementación de los planes de empleo).

Un enfoque territorial

La asignación de capital es otro elemento fundamental sobre el que es necesario actuar. En este caso, el objetivo es conectar el interés creciente por la inversión con repercusiones sociales y por los activos verdes. La pregunta es cómo canalizar la inversión hacia las regiones clave que han quedado marginadas por la desindustrialización y hacia aquellas que son más susceptibles de sufrir el impacto de la descarbonización.

En EE.UU., hace tiempo que los fondos de pensiones elaboraron estrategias para que la “inversión económicamente dirigida” ayude a las economías locales a proporcionar una prosperidad que permita pagar las futuras pensiones prometidas. Uno de los inconvenientes de la globalización es la menor importancia de la localización a la hora de tomar decisiones económicas y financieras. Ahora existe una oportunidad para adoptar un enfoque territorial en la inversión climática.

Esto identificaría y crearía canales de activos verdes a los que podrían tener acceso los inversores en inmobiliaria, infraestructura, capital privado y renta fija. Los proyectos renovables comunitarios ofrecen atractivas formas de combinar la descarbonización, la inversión territorial y la potenciación de las comunidades, tal y como persiguen algunos fondos de pensiones del Reino Unido. El lanzamiento de bolsas de valores sociales también podría ayudar a movilizar financiación de capitales públicos.

Ya existen prometedoras iniciativas emergentes, como por ejemplo el Fondo de Transición Justa de Appalachia, aunque todavía tienen que atraer a las principales carteras de inversores institucionales. Un camino posible sería desarrollar “zonas (piloto) de financiación sostenible”, que se centrarían en lugares altamente necesitados o vulnerables, y que identificarían acciones prácticas que posteriormente se podrían escalar.

Movilizar capitales

A menudo, estas estrategias territoriales solo funcionan si existen las políticas adecuadas, lo que pone de manifiesto la necesidad de que los inversores integren la transición justa en su diálogo con los gobiernos. Hay que destacar en los últimos años la voluntad creciente de los inversores para presionar a favor de introducir políticas climáticas ambiciosas. Cerca de 400 inversores con una cartera de más de 22 billones de dólares en activos están presionando a los gobiernos para que pongan en marcha una rápida implementación del Acuerdo de París.

Ahora que estamos inmersos en el desarrollo de “planes de movilización de capital” que harán realidad los objetivos climáticos, los inversores necesitan trabajar en conjunto con los responsables políticos y las demás partes interesadas para garantizar que se distribuyan los fondos públicos y los incentivos necesarios que permitan responder al riesgo de desempleo al que se enfrentan los sectores y las comunidades vulnerables, y que permitan aprovechar las oportunidades de renovación que existen. Es fundamental que los inversores se comuniquen con los sindicatos, las agrupaciones comunitarias y las autoridades regionales para comprender cómo sus estrategias de inversión contra el cambio climático podrían ayudar a estimular la regeneración económica de forma más amplia.

En definitiva, la transición tendrá que ser muchas cosas: eficaz a la hora de alcanzar los objetivos climáticos, gradual en el sentido de minimizar los trastornos y positiva en el sentido de generar oportunidades y beneficios. También tendrá que ser justa. La actuación de los inversores será fundamental para alcanzar este componente indispensable.

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Nick Robins es codirector de la Investigación para concebir un Sistema Financiero Sostenible dentro del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente. Este artículo expresa sus opiniones a título particular.

Este artículo se publicó en Esg-Magazine.

Traducción de Álvaro San José.

Agradecimientos: La idea para escribir este artículo surgió a partir de las discusiones mantenidas durante el seminario Authentic Investor que tuvo lugar en Findhorn en mayo de 2017. Agradezco a los participantes en el seminario, y a otras personas, sus valiosas aportaciones, en especial a: Robin Alfred, Andrea Armeni, Vonda Brunsting, Abigail Herron, Rob Lake, Søren Larsen, Will Pomroy, Fiona Reynolds, Shannon Rohan, Anne Simpson, Alison Tate, Lily Tomson y David Wood.

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Nick Robins

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