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La decisión gubernamental de impedir a los catalanes votar el pasado 1-O, incluso mediante el empleo de la fuerza policial, además de haber incrementado el número de independentistas, ha incurrido en una práctica antidemocrática, objeto de investigación por la justicia. La declaración de ilegal del referéndum del 1-O, capaz de originar la anulación de sus resultados, no permite a las fuerzas de orden público tratar la intención de votar como una infracción penal, ya que pretender introducir una papeleta en una urna es una conducta no delictiva e inocentemente democrática. Desde ese criterio, un juez investiga los atropellos policiales a los pretendidos votantes.

Los organizadores de la respuesta policial contaron con que la publicidad  dada a esas expectativas de actuación policial bastaría para que los catalanes convocados ilegalmenta las urnas se inhibieran, permanecieran en su casa 

Los errores cometidos por quienes organizaron la respuesta policial al desarrollo de la jornada del referéndum declarado ilegal, dirigidos por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, fueron de cálculo, improvisación, errónea distribución de funciones, atribución de cometidos a unos cuerpos policiales o a otros, así como de equivocado señalamiento de objetivo a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, o mala interpretación de las instrucciones dadas por la juez Mercedes Armas.

Pero la realidad no es esa. Los organizadores de la respuesta policial contaron con que la publicidad  dada a esas expectativas de actuación policial bastaría para que los catalanes convocados --ilegalmente, sí-- a las urnas --inexistentes, claro-- en los colegios electorales --cerrados o prohibidos, desde luego-- mediante papeletas --requisadas a millones-- se inhibieran, permanecieran en su casa o, como mucho, se manifestaran en las calles y protestaran porque se les había impedido ejercer el derecho a decidir. Ya sabían que la suspensión del referéndum se había realizado mediante su declaración de ilegal por el Tribunal Constitucional (TC), brazo armado del Gobierno desde que en 2015 --aprovechando su mayoría absoluta en ambas Cámaras-- el PP reformó la ley orgánica  y el TC,  máximo intérprete de la Constitución, quedó habilitado también para “la suspensión de disposiciones, actos o actuaciones” y otras muchas medidas penales o administrativas, siempre sin  proceso previo  ni necesidad de oír a las partes. No constaba que el voto se convirtiera en delito.

La realidad del referéndum del 1-O --ilegal-- consistía en unas urnas (un poco raras, sí) en las que se introducían unas papeletas (con escasas garantías de control del voto ni vigilancia electrónica, cierto es), sin que en ese hecho nadie pudiera apreciar maldad alguna, como cuando se pretende cometer un asesinato, un robo o algo así, con independencia de que el Gobierno central pudiera gestionar después con el TC que anulara sus resultados. Pero el puro hecho de introducir las papeletas carecía de relevancia penal. No era posible tampoco que la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas en las instrucciones dadas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que impidieran la apertura de los centros de votación o lograran su cierre, contemplara el ejercicio de la fuerza contra quienes pretendieran votar o tras depositar la papeleta. A nadie le cabe en la cabeza que los golpes y violencia ejercida por algunos policías sean muestra de la obediencia debida a la autoridad judicial.

¿Votantes delincuentes?   

A pesar de las imágenes explícitas de aquella violencia, muchos comentaristas tenaces y algunos tertulianos insaciables vienen a decir que los policías se quedaron cortos en su castigo a los votantes. Un comentario de Félix Ovejero, profesor de la Universidad de Barcelona, publicado el 3 de octubre en El País, y titulado Información y propaganda, niega que pueda calificarse de “error” o “torpeza” que las fuerzas del orden cumplieran con su cometido. Y se pregunta: “¿Cuál es el error? ¿Que usaran la fuerza?” La respuesta a sí mismo es inmediata: “Oigan, un antidisturbio no es un filósofo de la palabra que aborda su tarea por el método deliberativo de disuadir con argumentos a quien con su comportamiento delictivo se apodera ilegalmente de locales públicos”.

Desde su convicción de que “el Derecho no es más que fuerza”, Ovejero aprovecha para criticar al líder socialista, que se quejó ante Mariano Rajoy por el empleo de la fuerza policial el 1-O: “Intelectualmente, no se puede estar, como Pedro Sánchez, a 'favor de la legalidad', pero en contra de su efectividad. O se es idiota o se es un sinvergüenza buscando rédito populista” Ovejero se permite también criticar a la prensa y a la opinión pública, a los que señala que “los derechos y libertades que la ley reconoce, en la democracia se garantizan, si es preciso, por la fuerza, máxime cuando quien los enfrenta es directamente un delincuente”.

“Lo que era ilegal y constitutivo de un presunto delito de desobediencia”, razona el juez, era la “convocatoria, organización y promoción del referéndum”. Y añade: “Lo que no es ilegal ni ilícito es que los ciudadanos, convocados por su Administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación”

Acaso más graves resultan las palabras televisadas de Alfonso Guerra (experto en calificar en su momento a Adolfo Suárez de “tahúr del Missisipi” y anticipar que si llegaba el golpe de Estado, simbolizado históricamente en el caballo de Pavía, “Suárez se subiría a su grupa”), preguntándose con asombro si es posible la “negociación o diálogo ¿con los golpistas?” y comparándola con que “el 23-F se hubiera negociado con Tejero, Milans del Bosch o Alfonso Armada” (olvida el llamado “pacto del capó”, que permitió la salida de guardias civiles por una ventana del Congreso y la irresponsabilidad penal de los mismos).

Y en cuanto a la violencia policial el 1-O, Guerra se admira de quienes “se rasgan las vestiduras por una carga policial” y quienes “dan un golpe de Estado y ponen la mirada en la policía”. El veterano dirigente socialista ridiculiza los daños sufridos por las víctimas de los disparos policiales de pelotas de goma, empujones o atropellos armados y lo relaciona con “el odio a España” de los separatistas catalanes, desde el odio que le supura a Guerra en el gesto de su rostro crispado.

Afortunadamente, la realidad va por otro lado y ya el juez Francisco Miralles, del juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, investiga por delitos de lesiones la intervención policial en 23 centros de votación de Barcelona el 1 de octubre, donde resultaron heridas al menos 130 personas. La resolución del juez Miralles abre una investigación para determinar si hubo “proporcionalidad” en 23 locales, no solo en uno como pretendía la fiscalía, que también aseguró que “en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana”. En su resolución, el juez Miralles argumenta que “resulta evidente que no es así, al menos, según las diversas grabaciones realizadas por los ciudadanos y los profesionales que allí se encontraban, emitidos por los medios de comunicación”.

El juez corrige a la fiscalía

La autoridad judicial --tan ensalzada por los contrarios al ejercicio del derecho a decidir, que pretendían atribuir a la juez Armas la orden de agredir a los pretendidos votantes-- afirma que “existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos”, mediante salvas y pelotas de goma. El juez Miralles tampoco comparte la pretensión del Ministerio Fiscal de que quienes pretendían votar el 1 de octubre perdieran su derecho a expresar su opinión. “Lo que era ilegal y constitutivo de un presunto delito de desobediencia”, razona la autoridad judicial, era la “convocatoria, organización y promoción del referéndum”.

Con contundencia jurídica, el juez añade: “Lo que no es ilegal ni ilícito es que los ciudadanos, convocados por su Administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación” que se les indicó, “a reunirse o a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado, incluido depositar un papel sin valor legal en una urna”.

De este modo, de acuerdo con el criterio judicial, queda claro que la calificación de “delincuente” atribuida por algunos a quien pretendía votar, cae por su base. De ahí que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, reconociera el viernes, 6 de octubre que, a la vista de las imágenes de la actuación policial, solo podía “pedir disculpas”, actitud que asumió ese mismo día el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntado por lo dicho por Millo: “Lo que haya dicho, bien dicho está”.

En cuanto al presidente del Gobierno, en la larga entrevista publicada el domingo por El País, cuando, a la vista de la intención del PSOE de reprobar a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, “por las cargas policiales del 1 de octubre”, se le preguntó si tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera aceptarán “medidas más duras” y se le añadió “¿les ha consultado?”, la respuesta de Mariano Rajoy fue escueta: “Estamos hablando”.