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Tribuna

De la insumisión a la desobediencia cívica (o el vuelo de la imaginación por Cataluña)

La solución pasa por un referéndum. Si el inmediato se efectúa como ejercicio serio de desobediencia cívica ha de corresponderle el compromiso de un referéndum pactado y legal en un plazo asumible

José Antonio Pérez Tapias 6/09/2017

Pedripol

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Nuestra imaginación siempre nos acompaña, incluso cuando nos ponemos muy intelectualistas y no le reconocemos la importancia que tiene. Hoy quiero dejar que la mía fluya como imaginación política, consciente, eso sí, de que no me valen florituras del tipo “la imaginación al poder”. Pero visto que quienes están en el poder no alcanzan más allá de sus respectivas cerrazones mentales, quizá lo que produzca la imaginación de los ciudadanos llegue a algún sitio cual mensaje en la botella lanzado a las agitadas aguas de un Estado español del que no es descabellado imaginar también que puede naufragar. Sabido es que el homo imaginans tanto puede dejar volar su preciada capacidad para vislumbrar lo positivo que pueda acaecer como para lo negativo en lo que nos podemos hundir. Con todo, mi mensaje en la botella es acerca de un posible desbloqueo de la situación de conflicto que se vive en Cataluña y que afecta a ella y, por extensión, a toda España. 

Voy a imaginar que en las semanas que faltan para el 1 de octubre, fecha del referéndum para la independencia anunciado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, se abriera paso la posibilidad de un acuerdo que hiciera posible encauzar razonablemente el conflicto planteado. Como se trata de imaginar, puedo arriesgarme a proponer lo que parece imposible, pero me acojo a la reflexión del filósofo Leszek Kolakowski cuando escribía El hombre sin alternativa afirmando que hay que pensar lo imposible para abrir paso a lo posible incluso cuando todavía parece irrealizable. No obstante, trataré de que mi imaginación no se lance cual caballo desbocado hacia lo que se pudiera pensar como algo de ninguna manera plausible. Por ello, por ser una imaginación que también se apoya en el entendimiento y, con él, en el análisis de la realidad, sitúa su punto de despegue en el momento actual, conocida toda la secuencia de hechos próximos que hasta él nos han traído –nos ahorramos ahora mencionar los de una larga historia que se remonta siglos atrás--,  desembocando en la reacción independentista, con la consiguiente crisis del Estado: desde la sentencia del Tribunal Constitucional obligando a los recortes en el Estatut aprobado por el Parlamento de Cataluña, por las Cortes españolas y por la ciudadanía en referéndum, hasta la ley de referéndum elaborada para ser aprobada por vía exprés en el Parlamento catalán, acompañada por la llamada Ley de transitoriedad hacia la república catalana, que igualmente se pretende tramitar mediante modos que ningunean a ese mismo parlamento. 

El aquí y ahora que nos preocupa se describe una y otra vez, de manera harto recurrente, como inevitable “choque de trenes”: parece estar asegurada la colisión entre, por una parte, el tren impulsado por la Generalitat hacia una secesión al precio que sea, con procedimientos que dejan que desear en cuanto a legitimidad democrática –está claro que se saltan la legalidad propia del orden constitucional del Estado español-- y, por otra, el tren que al parecer el Gobierno español ha puesto en marcha para responder con todos los recursos de la ley al desafío independentista. Si el primer convoy parece marchar alocadamente acelerado hacia lo que puede ser un muro donde se estrelle, el del Gobierno del Estado no puede ocultar que se trata de la pesada maquinaria jurídica puesta en marcha disimulando que su maquinista se sentó a ver venir la catástrofe pensando que no le pillaba. Craso error, en el que otros muchos le han acompañado en esa especie de temeraria pasividad en la que se instalaron. 

El camino que emprendió Artur Mas, luego seguido con ciego ahínco por el presidente Puigdemont y las fuerzas políticas que le apoyan, es un camino de insumisión

Cuando mi imaginación echa mano de los recuerdos no me falla la memoria al refrescarme consideraciones hechas tiempo atrás en las que explicitaba por mi parte que el camino que emprendió Artur Mas, luego seguido con ciego ahínco por el presidente Puigdemont y las fuerzas políticas que le apoyan, es un camino de insumisión. Es evidente su voluntad de ruptura con el Estado español entrando en abierto desacato respecto a su ordenamiento legal. Sorprendía tal dinámica insurreccional en una sociedad en la que muchos de sus ciudadanos  no parecen dispuestos a arriesgar patrimonio y estatus por una aventura secesionista de curso incierto. Pero aun así hay que reconocer que la pasión nacionalista mueve muchos corazones –aunque afecte malamente a muchas cabezas--. A una lógica de insumisión responde el planteamiento de un referéndum unilateral al margen de las leyes vigentes, diseñado con la cobertura ideológica de un proceso constituyente, aunque bajo ella quede encubierto que tal “procés” escinde por la mitad a la ciudadanía de Cataluña, extrañándola como demos, es decir, como pueblo constituido por individuos dispuestos a ejercer sus derechos políticos, para reducirla a colectividad étnica embarcada en un proceder de corte excluyente. 

La memoria a la que mi sensibilizada imaginación recurre también me hace presente con toda intensidad que la desaforada carrera del independentismo hacia una hipotética secesión tiene componentes reactivos que, aunque no justifiquen cómo se plantea el referéndum previsto –diferente es la legitimidad del independentismo para ser opción política con todas las de la ley--, explican cómo y por qué se han desarrollado con tal fuerza. Es innegable que desde el Estado español no se ha atendido en ningún momento, como debió haberse hecho, la reivindicación de realizar un referéndum para que la ciudadanía catalana se pronunciara acerca de la relación de Cataluña, habida cuenta de su condición de nación política, con el Estado. Es decir, la petición planteada bajo la fórmula del “derecho a decidir” nunca se tomó en serio; peor aún, se vio denostada e ideológicamente distorsionada haciéndolo coincidir de forma improcedente –por más que desde el independentismo se alentara la misma confusión-- con derecho de autodeterminación, cuando lo que en principio se planteaba podía encauzarse como referéndum consultivo en el marco legal. El mismo PSC llevó eso en su programa electoral en las elecciones autonómicas de 2012. 

La respuesta reactiva por el lado de un soberanismo convertido en independentismo dispuesto a resolver por vía rápida la secesión, acogiéndose a un principio democrático unilateralmente absolutizado al desgajarlo del principio de legalidad, incentivó a su vez la reacción del nacionalismo españolista tan expresamente representado en el Gobierno del Estado, de manera que éste se aprestó a defender la mitificada unidad de la nación española instalándose en ese inmovilismo que ha hecho de “la ley por la ley” su trinchera, en este caso separando el principio de legalidad de una adecuada comprensión y puesta en práctica del principio democrático. Así la confrontación quedó servida, viéndose roto por los tirones de un lado y otro el equilibrio entre principio democrático y principio de legalidad que ha de darse en una democracia constitucional que efectivamente quiera serlo. La “ley por la ley” puede llevar no sólo a una posición antidemocrática, sino, paradójicamente, incluso a una ilegalidad, toda vez que se actúa contra la coherencia que han de mantener, como muestra el jurista Luigi Ferrajoli, una constitución y las leyes que de ella se derivan con los derechos fundamentales que ellas mismas han de garantizar. El bloqueo del “derecho a decidir”, en consulta factible desde la misma Constitución si hay voluntad política para la pertinente solución jurídica, puede verse como cercenamiento de derechos fundamentales de participación política. 

El bloqueo del “derecho a decidir”, en consulta factible desde la misma Constitución si hay voluntad política, puede verse como cercenamiento de derechos fundamentales de participación política

Llegados al punto en que estamos, la colisión entre las dos dinámicas antagónicas descritas es irremediable salvo que de alguna manera cambien su sentido. Parece que echar marcha atrás en un referéndum con tanto énfasis anunciado no es posible. Pero cabe pensar algo que es más que un matiz interesante: ¿y si la dinámica de insumisión con la que se presenta ese referéndum se ve replanteada como dinámica de desobediencia cívica? La desobediencia cívica –hablo de “cívica” para acentuar, con el filósofo francés Étienne Balibar, un carácter de compromiso activo que queda un tanto opacado con el término “civil”--, a diferencia del rupturismo que implica el desacato de la insumisión, exige al sistema jurídico-político respecto al cual se practica, no obedeciendo ciertas leyes, que sea coherente y consecuente con sus propios principios constituyentes. 

Puede considerarse por quienes lo han promovido si es posible reconducir el referéndum hacia una desobediencia cívica organizada, a partir de la decisión a su favor de los individuos –se evitaría el problema de actuaciones punibles por parte de funcionarios y cargos públicos--, la cual, si bien comporta cargar con la sanción correspondiente --¿cómo sancionar a toda  la ciudadanía que participara?--, apunta a una exigencia que reclama una solución política mediante aplicación o cambio de la legislación. Eso, en este caso, puede cifrarse en realizar más adelante un referéndum legal conforme a lo que establece el artículo 92 de la Constitución –“solución Rubio Llorente”, teniendo en cuenta de consuno los artículos 149,1,32 y 150.2--, máxime teniendo en cuenta obstáculos que hasta ahora se han mantenido como insalvables de hecho: remitir la solución del conflicto actual a una reforma de la Constitución en la que se modifiquen las condiciones para un referéndum sobre la estructura del Estado o sobre la independencia de una de sus partes es un camino tan de largo recorrido que se sabe que no es solución aquí y ahora para el problema que hay que resolver. Si fuera posible reconducir, tras la insoslayable negociación, el “sentido” del referéndum del 1 de octubre, podría aplazarse lo previsto en la llamada Ley de transitoriedad, lo que por otra parte ahorraría no sólo los graves problemas jurídicos que de ella se derivan, dado como está redactada, sino cuestiones que suponen quebrantos serios en cuanto a derechos de los ciudadanos, los cuales han de verse garantizados. 

Imaginemos que se diera lo expuesto. La imaginación misma no puede dejar de irse al otro lado, suponiendo que de una vez se dejara ese inmovilismo que ante el 1 de octubre ampara la decisión de no hacer nada políticamente hasta que tan fatídica fecha pase. Es como esperar a que un barco se hunda del todo para después salvar a su pasaje y tripulación. Hay que actuar, dialogar, proponer alternativa a lo que es el dilema insoluble de democracia sin constitución o constitución sin democracia, es decir, o el delirio de la secesión de Cataluña o el narcótico de la indisoluble unidad de la nación española. Y lo que la imaginación alcanza a ver es que la solución pasa por un referéndum. Si el inmediato se efectúa como ejercicio serio de desobediencia cívica ha de corresponderle el compromiso de un referéndum pactado y legal en un plazo asumible. Otras posibilidades la imaginación se atreve a verlas en un horizonte que no pasa de un oscuro cuya negrura corresponde a un futuro en el que nadie gana y todos pierden. Y la urgente necesidad de despejar ese horizonte es la que no admite demora, ni siquiera la que supone la muy interesante propuesta del PSOE de constituir en el Congreso de los Diputados una comisión de estudio para la evaluación del Estado de las autonomías y las posibles vías de futuro para su desarrollo. Hace falta ciertamente formular con claridad la propuesta de un Estado federal plurinacional como solución a la crisis del Estado, pero la mejor manera de contribuir ahora a ello, cuando la biblioteca está ardiendo –valga el símil recordando la de Alejandría-., es apagar el incendio, primero, para luego estudiar. Esto es, negociemos una salida a la crisis pactando qué hacer con el referéndum convocado ahora y cómo proceder para un referéndum posterior. 

Imaginar es gratis y el papel, como suele decirse, lo aguanta todo. Lo que será muy costoso es que cada cual se quede apalancado en sus posiciones y que unos y otros naufraguemos en una realidad política que se hunde. 

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Autor >

José Antonio Pérez Tapias

Es catedrático y decano en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada. Es autor de 'Invitación al federalismo. España y las razones para un Estado plurinacional'(Madrid, Trotta, 2013).

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5 comentario(s)

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  1. Justiniano

    A ver, Prof. Fernández Tapias; es evidente que usted no es jurista. El eructo jurídico del derecho a decidir no existe en ningún ordenamiento jurídico. Deje de hacer demagogia y deje de sugerir cualquier relación entre el bodrio del derecho a decidir y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están consagrados en los textos internacionales ( en los de verdad, no en el derecho internacional inventado e imaginado por Junqueras) y en el derecho interno español. De ninguno de esos derechos han sido privado los catalanes. Es más, cierta parte de catalanes se ampara en esos derechos para privarnos a los demás de los mismos. Deje de decir estupideces. Con la basura nacionalista no caben posiciones tibias y menos procedentes de alguien que se supone, aunque es mucho suponer a estas alturas, procede del mundo de la izquierda.

    Hace 4 años 4 meses

  2. Jose Gallardo

    ¿Cuantos de los países européos formaban parte del imperio romano? Un montón y ahóra son independientes. ¿ Cuantos formaban parte del imperio carolíngio? Un monton, y ahora son independientes de romanos y carolíngios. Con Cataluña ocurrirá lo mismo, se separará de España, por desobediencia, rebelíón, insumisión, o lo qué se quiera llamar. Ya hay un número de catalanes qué no quierén tener dos reyes: Felipe y el Opus Dei, lo suficientemente grande como para conseguir la separación. No hay más qué hacer.

    Hace 4 años 4 meses

  3. Gekokujo

    Señor Pérez Tapias, si no quiere que Catalunya se independice ya solamente tienen que promover una moción de censura, razones tienen a porrillo para escoger, y abrir el melón constitucional. Suena tumultuoso, pero ya no caben más excusas.

    Hace 4 años 4 meses

  4. Gerardus

    La cuestión es si el Estado Español va a consentir un estado vecino en su territorio ( actual). No, nunca, creo. Y los rupturistas no se contentan con nada menos. Así , las barricadas ya afloran. Contra o con un estado fuerte los catalanes tendrán que claudicar. Y, si no, luchar contra la mitad y todo (?) el Estado Español.

    Hace 4 años 4 meses

  5. fer

    Dónde están los del UKIP? Menos mal que no se han venido a España, aquí los referendums de secesión tienen un montón de exito y sus mentiras para apoyarlos.

    Hace 4 años 4 meses

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