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El delito de sobrevivir (I)

La huida

De cómo un joven hondureño se enfrentó al crimen organizado y a los gobiernos de México y EEUU para salvar su vida y la de su familia

Álvaro Guzmán Bastida 2/08/2017

<p>Ricardo Arzu-Suazo, en una imagen reciente.</p>

Ricardo Arzu-Suazo, en una imagen reciente.

Foto cedida por su madre.

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Había esperado lo suficiente. Sus hermanos ya no corrían peligro. Era el momento de huir. Ricardo Arzu-Suazo se puso unas gafas de sol, una gorra negra y ropa deportiva ancha y oscura, y salió a la calle desértica de La Ceiba Atlántica, una ciudad costera al Norte de Honduras. Eran las dos y media de la madrugada de una tórrida noche del verano de 2015. Entre un silencio sepulcral, apenas se abrían paso el zumbido del flujo del río Cangrejal y el motor de algún que otro coche lejano. Ricardo sabía que cualquier encuentro inoportuno podría costarle la vida. Con lágrimas brotándole de los ojos azabache y los dientes apretados, caminó camuflándose entre la penumbra, rota sólo por las estrellas que le iluminaban el camino. Avanzó durante casi dos horas hasta llegar la casa de un amigo al otro lado de la ciudad. Pasó allí lo que quedaba de noche. A la mañana siguiente se subió a un autobús camino de la frontera de Guatemala, con una gorra de distinto color y los ojos todavía húmedos, todavía cubiertos por las gruesas gafas de sol.

Así, como un criminal, emprendió Ricardo el mismo viaje al Norte que había hecho su madre una década antes. Lo hizo huyendo de la Mara 18, una banda de verdaderos criminales que había impuesto su ley en La Ceiba y buena parte de Centroamérica. Y lo hizo para adentrarse en las fauces de un sistema migratorio que le trataría como a un criminal, siendo su único crimen huir de uno de los clanes de pistoleros que florecen entre los desechos del Estado hondureño y que a punto estuvo de llevarse por delante su vida y la de su familia. 

Centroamérica es la región con más homicidios del mundo. Desde hace una década, el Salvador, Honduras y Guatemala entierran más cadáveres por habitante que ningún otro país del planeta

A cinco mil kilómetros de distancia, Catalina Suazo Bernárdez se esforzaba por reunir el dinero que le faltaba para llevar a Ricardo hasta la frontera de EEUU. Ricardo, de apenas 20 años, era el único de los cuatro hijos de Catalina que quedaba en Honduras. Su viaje, el más determinante de la docena emprendidos por diferentes miembros por la familia, iba a resultar el más duro y accidentado de todos. 

Centroamérica es la región con más homicidios del mundo. Desde hace una década, el Salvador, Honduras y Guatemala entierran más cadáveres por habitante que ningún otro país del planeta. Hoy muere más gente en la región que cuando la atravesaban las guerras civiles que terminaron hace veinte años. Sólo en Honduras se producen al año ochenta y cinco muertes violentas por cada 100.000 habitantes, ochenta veces más que en la Unión Europea y diecisiete veces más que en EEUU. Algunos no se resignan a morir. Cada día diez mil personas –en su mayoría jóvenes— huyen de la paz más violenta. Huyen, como Ricardo, hacia el Norte, camino del país que les compra las drogas –el 90% de la cocaína consumida en EEUU llega hasta allí a través de Centroamérica— les azuza a golpe de talonario para que las erradiquen, y les suministra las armas para que se maten en el intento. 

El momento del viaje de Ricardo –en realidad el primero posible— no podía ser más inoportuno. Los jefes de Catalina, un matrimonio adinerado cuya refulgente casa de Connecticut se encargaba de limpiar y de cuyos hijos rubios cuidaban sus manos negras, se habían mudado a Argentina unos meses antes, dejándola sin techo y cortando de golpe el grifo no ya de su salario de madre emigrante, sino de su acceso al crédito: los viajes de sus otros hijos los había costeado a base de adelantos salariales y sucesivos malabarismos financieros para alimentarse con un pellizco menos del sueldo habitual al tiempo que ponía velas a la virgen para que ayudase a sus hijos a cruzar el Río Grande. Ahora, con apenas una docena de horas semanales mal cobradas por trabajos informales y un apartamento en el Bronx que pagar –antes trabajaba de interna— los casi seis mil dólares que cuesta encomendar a un hijo a las mafias en el mundo pobre con la esperanza de que se lo devuelvan un par de meses más tarde en el rico se hacían muy cuesta arriba. Poco importaba. “Yo ya no podía dormir”, cuenta Catalina, con voz descosida y ojos cansados, desde el Bronx. “A ellos, a las maras, no les importa matar a los familiares. Hay tanta gente inocente que ha muerto en Honduras por esa gente… Yo a Ricardito lo tenía que sacar de ahí”.

Carne de subcontrata

Lo sacó a duras penas, pero lo sacó. “No teníamos dinero para ir en puro bus”, recordaba años después Ricardo. Los ‘coyotes’, como se conoce a quienes cobran por guiar a inmigrantes latinos hacia el Norte, camino de los Estados Unidos, le instruyeron para que se encaramara a la cubierta de un tren de largo recorrido. El viaje, a lomos del ferrocarril apodado ‘la bestia’, es uno de los más peligrosos del mundo. Se aconseja no quedarse dormido, y conviene agarrarse fuerte a los barrotes de la cubierta del tren, que circula a toda velocidad, a menudo de noche. Un descuido en alguna de sus innumerables sacudidas y uno puede terminar con los huesos sobre la vía, mutilado como tantos por ‘la bestia’. Ricardo aguantó despierto y bien sujeto. Siguiendo las instrucciones de los coyotes, saltó del tren en marcha en algún punto del estado de Durango, o quizá de Zacatecas. Hasta ahí, a mil kilómetros de casa y con otros tantos por recorrer hasta la frontera, llegaron los ahorros de Catalina, que ya había entregado 1500 dólares a los coyotes. “Después me tocó dormir en la calle, esperando que mi mamá mandara más”. 

Ricardo regateaba horas de sueño de día y caminaba de noche, para evitar así ser descubierto por la subcontrata del sistema migratorio estadounidense: la policía mexicana. “Caminábamos sin comer, sin tomar agua”, recordaba años después. “Mi miedo era que no me agarrara ninguno de migración de México. Por el día siempre andaban buscando gente inmigrante para deportarnos”. El tiempo corría en su contra: la piel negra de garífuna, paria perpetuo en su Honduras natal y allá adonde fuera, le situaba en el punto de mira de la “migra”. Su plan era alcanzar un refugio del que apenas tenía unas vagas coordenadas y ganar tiempo hasta que su madre reuniera el dinero suficiente para hacer el segundo pago a los ‘coyotes’. Nunca alcanzó el refugio. Una noche de octubre, tres meses después de huir de Honduras de incógnito para salvar la vida, el Estado mexicano se encargaba de devolver a Ricardo a su país.

Ricardo regateaba horas de sueño de día y caminaba de noche, para evitar así ser descubierto por la subcontrata del sistema migratorio estadounidense: la policía mexicana

En 2014, y gracias a un discreto acuerdo entre la administración Obama y el gobierno de Peña Nieto, Estados Unidos empezó a pagar decenas de millones de dólares anuales a México para políticas de control fronterizo y deportación masiva de jóvenes que, como Ricardo, huyen de la violencia perpetrada por las maras en Centroamérica. El resultado, el Programa Frontera Sur, supone la enésima transacción clientelar entre Estados Unidos y sus vecinos de abajo, a los que paga para hacer el trabajo sucio de sus políticas más violentas, empezando por la guerra contra las drogas de la que se alimentan las propias maras mientras se desangra la región. Frontera Sur ha sido todo un éxito: si en 2013 México deportaba 80.000 inmigrantes, los dólares proporcionados por Obama hicieron que la cifra se disparase. Para 2014, las deportaciones habían aumentado un 35%. En 2015, mientras un empresario inmobiliario y estrella de la ‘telerrealidad’ lanzaba su campaña presidencial acusando a México de “mandar” a EEUU a los peores “criminales” y “violadores”, Ricardo fue uno de los 118.000 centroamericanos que el país azteca expulsó de su territorio. Era la primera vez en su historia que México deportaba a más gente que EEUU.

Lo recibieron a balazos. Apenas había pasado una semana desde su regreso a La Ceiba, y Ricardo caminaba por una de las calles principales de la ciudad en dirección a la casa de una amiga. Lo llamaron por la espalda. Esperándose lo peor, no se giró, sino que aceleró el paso calle abajo. “Queremos hablar contigo”, alcanzó a escuchar. Sabía lo suficiente para no darse la vuelta. De haberlo hecho, se habría topado con una docena de pandilleros, con las cabezas cubiertas por pañuelos negros. A los pocos segundos, oyó el primer disparo. Arrancó a correr cuesta abajo saliendo de la calzada a medio asfaltar. Cuando se disponía a saltar un pequeño barranco hacia una zona de chozas, sintió que le alcanzaba un tiro en la pierna. Se precipitó a un par de metros de altura, quebrándose el fémur derecho. Por suerte, la algarabía alertó a un grupo de vecinos de las chozas contiguas, que se acercaron a prestarle ayuda y ahuyentaron a los mareros. “Gracias a Dios, me salvaron la vida”, recordaba años después Ricardo. “Si no fuera por esa gente, yo no estaría aquí para contar lo que pasó. La policía tardó más de dos horas en llegar”. Para entonces, Ricardo ya estaba en el hospital. El clavo de aluminio que le atravesaba la pierna cuando salió del quirófano veinte días después le serviría de recordatorio: quedarse en La Ceiba era un suicidio. Tenía que volver a huir.

Segundo intento 

Ricardo estaba marcado. Su madre decidió llevarlo a Trujillo, ciudad colonial de la que provienen tanto ella como su padre, tres horas al este de La Ceiba. Pero el estigma le persiguió hasta allí. Después de alojarse en casa de su tía abuela durante un par de semanas, esta le pidió que se marchara, por miedo a represalias de las maras. Una amiga de su madre se negó a darle techo, igual que las hermanas de su padre. En febrero de 2016, después de que los padres de un primo que habían accedido a dejarle quedarse le pidieran que se fuera, su madre dijo “basta”. “Decidí traerlo de nuevo”, recuerda Catalina, con la mano derecha apoyada sobre uno de sus párpados abombados, salpicado de pecas. “No me sentía tranquila, porque donde él llegaba, ya la gente lo rechazaba y decían que no querían que estuviera en su casa, porque él corría peligro y también a ellos les iba a pasar lo mismo. Entonces lo volvía a traer. Pero todo esto es un dineral…”

Esta vez, el viaje avanzó sin tantos problemas. Tras cruzar Guatemala, de nuevo en autobús, Ricardo empalmó un tren con otro en México. Catalina había reunido el dinero con la ayuda de su hijo mayor antes de la partida de Ricardo, evitando así retrasos inoportunos. “Hice unos amigos en el tren, y ellos me ofrecieron espacio en unos carros para llevarme hasta el río entre México y Estados Unidos”, recordaba años después Ricardo. Tanto él como sus compañeros cruzaron a pie el Río Grande hasta llegar su orilla texana, junto a la pequeña ciudad de Eagle Pass. Su madre le había instruido para que caminase hasta toparse con la policía migratoria de Estados Unidos y se dejase aprehender para pedir asilo político. No hizo falta: “Al llegar al otro lado, nos estaba esperando migración”. El 29 de julio de 2016, casi un año después de huir de Honduras por primera vez, Ricardo llegaba a Estados Unidos. Pero sus problemas no habían hecho más que empezar. 

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Continuará.

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Álvaro Guzmán Bastida

Nacido en Pamplona en plenos Sanfermines, ha vivido en Barcelona, Londres, Misuri, Carolina del Norte, Macondo, Buenos Aires y, ahora, Nueva York. Dicen que estudió dos másteres, de Periodismo y Política, en Columbia, que trabajó en Al Jazeera, y que tiene los pies planos. Escribe sobre política, economía, cultura y movimientos sociales, pero en realidad, solo le importa el resultado de Osasuna el domingo.

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