1. Número 1 · Enero 2015

  2. Número 2 · Enero 2015

  3. Número 3 · Enero 2015

  4. Número 4 · Febrero 2015

  5. Número 5 · Febrero 2015

  6. Número 6 · Febrero 2015

  7. Número 7 · Febrero 2015

  8. Número 8 · Marzo 2015

  9. Número 9 · Marzo 2015

  10. Número 10 · Marzo 2015

  11. Número 11 · Marzo 2015

  12. Número 12 · Abril 2015

  13. Número 13 · Abril 2015

  14. Número 14 · Abril 2015

  15. Número 15 · Abril 2015

  16. Número 16 · Mayo 2015

  17. Número 17 · Mayo 2015

  18. Número 18 · Mayo 2015

  19. Número 19 · Mayo 2015

  20. Número 20 · Junio 2015

  21. Número 21 · Junio 2015

  22. Número 22 · Junio 2015

  23. Número 23 · Junio 2015

  24. Número 24 · Julio 2015

  25. Número 25 · Julio 2015

  26. Número 26 · Julio 2015

  27. Número 27 · Julio 2015

  28. Número 28 · Septiembre 2015

  29. Número 29 · Septiembre 2015

  30. Número 30 · Septiembre 2015

  31. Número 31 · Septiembre 2015

  32. Número 32 · Septiembre 2015

  33. Número 33 · Octubre 2015

  34. Número 34 · Octubre 2015

  35. Número 35 · Octubre 2015

  36. Número 36 · Octubre 2015

  37. Número 37 · Noviembre 2015

  38. Número 38 · Noviembre 2015

  39. Número 39 · Noviembre 2015

  40. Número 40 · Noviembre 2015

  41. Número 41 · Diciembre 2015

  42. Número 42 · Diciembre 2015

  43. Número 43 · Diciembre 2015

  44. Número 44 · Diciembre 2015

  45. Número 45 · Diciembre 2015

  46. Número 46 · Enero 2016

  47. Número 47 · Enero 2016

  48. Número 48 · Enero 2016

  49. Número 49 · Enero 2016

  50. Número 50 · Febrero 2016

  51. Número 51 · Febrero 2016

  52. Número 52 · Febrero 2016

  53. Número 53 · Febrero 2016

  54. Número 54 · Marzo 2016

  55. Número 55 · Marzo 2016

  56. Número 56 · Marzo 2016

  57. Número 57 · Marzo 2016

  58. Número 58 · Marzo 2016

  59. Número 59 · Abril 2016

  60. Número 60 · Abril 2016

  61. Número 61 · Abril 2016

  62. Número 62 · Abril 2016

  63. Número 63 · Mayo 2016

  64. Número 64 · Mayo 2016

  65. Número 65 · Mayo 2016

  66. Número 66 · Mayo 2016

  67. Número 67 · Junio 2016

  68. Número 68 · Junio 2016

  69. Número 69 · Junio 2016

  70. Número 70 · Junio 2016

  71. Número 71 · Junio 2016

  72. Número 72 · Julio 2016

  73. Número 73 · Julio 2016

  74. Número 74 · Julio 2016

  75. Número 75 · Julio 2016

  76. Número 76 · Agosto 2016

  77. Número 77 · Agosto 2016

  78. Número 78 · Agosto 2016

  79. Número 79 · Agosto 2016

  80. Número 80 · Agosto 2016

  81. Número 81 · Septiembre 2016

  82. Número 82 · Septiembre 2016

  83. Número 83 · Septiembre 2016

  84. Número 84 · Septiembre 2016

  85. Número 85 · Octubre 2016

  86. Número 86 · Octubre 2016

  87. Número 87 · Octubre 2016

  88. Número 88 · Octubre 2016

  89. Número 89 · Noviembre 2016

  90. Número 90 · Noviembre 2016

  91. Número 91 · Noviembre 2016

  92. Número 92 · Noviembre 2016

  93. Número 93 · Noviembre 2016

  94. Número 94 · Diciembre 2016

  95. Número 95 · Diciembre 2016

  96. Número 96 · Diciembre 2016

  97. Número 97 · Diciembre 2016

  98. Número 98 · Enero 2017

  99. Número 99 · Enero 2017

  100. Número 100 · Enero 2017

  101. Número 101 · Enero 2017

  102. Número 102 · Febrero 2017

  103. Número 103 · Febrero 2017

  104. Número 104 · Febrero 2017

  105. Número 105 · Febrero 2017

  106. Número 106 · Marzo 2017

  107. Número 107 · Marzo 2017

  108. Número 108 · Marzo 2017

  109. Número 109 · Marzo 2017

  110. Número 110 · Marzo 2017

  111. Número 111 · Abril 2017

  112. Número 112 · Abril 2017

  113. Número 113 · Abril 2017

  114. Número 114 · Abril 2017

  115. Número 115 · Mayo 2017

  116. Número 116 · Mayo 2017

  117. Número 117 · Mayo 2017

  118. Número 118 · Mayo 2017

  119. Número 119 · Mayo 2017

  120. Número 120 · Junio 2017

  121. Número 121 · Junio 2017

  122. Número 122 · Junio 2017

  123. Número 123 · Junio 2017

  124. Número 124 · Julio 2017

  125. Número 125 · Julio 2017

  126. Número 126 · Julio 2017

  127. Número 127 · Julio 2017

  128. Número 128 · Agosto 2017

  129. Número 129 · Agosto 2017

  130. Número 130 · Agosto 2017

  131. Número 131 · Agosto 2017

  132. Número 132 · Agosto 2017

  133. Número 133 · Septiembre 2017

  134. Número 134 · Septiembre 2017

  135. Número 135 · Septiembre 2017

  136. Número 136 · Septiembre 2017

  137. Número 137 · Octubre 2017

  138. Número 138 · Octubre 2017

  139. Número 139 · Octubre 2017

  140. Número 140 · Octubre 2017

  141. Número 141 · Noviembre 2017

  142. Número 142 · Noviembre 2017

  143. Número 143 · Noviembre 2017

  144. Número 144 · Noviembre 2017

  145. Número 145 · Noviembre 2017

  146. Número 146 · Diciembre 2017

  147. Número 147 · Diciembre 2017

  148. Número 148 · Diciembre 2017

  149. Número 149 · Diciembre 2017

  150. Número 150 · Enero 2018

  151. Número 151 · Enero 2018

  152. Número 152 · Enero 2018

  153. Número 153 · Enero 2018

  154. Número 154 · Enero 2018

  155. Número 155 · Febrero 2018

  156. Número 156 · Febrero 2018

  157. Número 157 · Febrero 2018

  158. Número 158 · Febrero 2018

  159. Número 159 · Marzo 2018

  160. Número 160 · Marzo 2018

  161. Número 161 · Marzo 2018

  162. Número 162 · Marzo 2018

  163. Número 163 · Abril 2018

  164. Número 164 · Abril 2018

  165. Número 165 · Abril 2018

  166. Número 166 · Abril 2018

  167. Número 167 · Mayo 2018

  168. Número 168 · Mayo 2018

  169. Número 169 · Mayo 2018

  170. Número 170 · Mayo 2018

  171. Número 171 · Mayo 2018

  172. Número 172 · Junio 2018

  173. Número 173 · Junio 2018

  174. Número 174 · Junio 2018

  175. Número 175 · Junio 2018

  176. Número 176 · Julio 2018

  177. Número 177 · Julio 2018

  178. Número 178 · Julio 2018

  179. Número 179 · Julio 2018

  180. Número 180 · Agosto 2018

  181. Número 181 · Agosto 2018

  182. Número 182 · Agosto 2018

  183. Número 183 · Agosto 2018

  184. Número 184 · Agosto 2018

  185. Número 185 · Septiembre 2018

  186. Número 186 · Septiembre 2018

  187. Número 187 · Septiembre 2018

  188. Número 188 · Septiembre 2018

  189. Número 189 · Octubre 2018

  190. Número 190 · Octubre 2018

  191. Número 191 · Octubre 2018

  192. Número 192 · Octubre 2018

  193. Número 193 · Octubre 2018

  194. Número 194 · Noviembre 2018

  195. Número 195 · Noviembre 2018

  196. Número 196 · Noviembre 2018

  197. Número 197 · Noviembre 2018

  198. Número 198 · Diciembre 2018

  199. Número 199 · Diciembre 2018

  200. Número 200 · Diciembre 2018

  201. Número 201 · Diciembre 2018

  202. Número 202 · Enero 2019

  203. Número 203 · Enero 2019

  204. Número 204 · Enero 2019

  205. Número 205 · Enero 2019

  206. Número 206 · Enero 2019

  207. Número 207 · Febrero 2019

  208. Número 208 · Febrero 2019

  209. Número 209 · Febrero 2019

  210. Número 210 · Febrero 2019

  211. Número 211 · Marzo 2019

  212. Número 212 · Marzo 2019

  213. Número 213 · Marzo 2019

  214. Número 214 · Marzo 2019

  215. Número 215 · Abril 2019

  216. Número 216 · Abril 2019

  217. Número 217 · Abril 2019

  218. Número 218 · Abril 2019

  219. Número 219 · Mayo 2019

  220. Número 220 · Mayo 2019

  221. Número 221 · Mayo 2019

  222. Número 222 · Mayo 2019

  223. Número 223 · Mayo 2019

  224. Número 224 · Junio 2019

  225. Número 225 · Junio 2019

  226. Número 226 · Junio 2019

  227. Número 227 · Junio 2019

  228. Número 228 · Julio 2019

  229. Número 229 · Julio 2019

  230. Número 230 · Julio 2019

  231. Número 231 · Julio 2019

  232. Número 232 · Julio 2019

  233. Número 233 · Agosto 2019

  234. Número 234 · Agosto 2019

  235. Número 235 · Agosto 2019

  236. Número 236 · Agosto 2019

  237. Número 237 · Septiembre 2019

  238. Número 238 · Septiembre 2019

  239. Número 239 · Septiembre 2019

  240. Número 240 · Septiembre 2019

  241. Número 241 · Octubre 2019

  242. Número 242 · Octubre 2019

  243. Número 243 · Octubre 2019

  244. Número 244 · Octubre 2019

  245. Número 245 · Octubre 2019

  246. Número 246 · Noviembre 2019

  247. Número 247 · Noviembre 2019

  248. Número 248 · Noviembre 2019

  249. Número 249 · Noviembre 2019

  250. Número 250 · Diciembre 2019

  251. Número 251 · Diciembre 2019

  252. Número 252 · Diciembre 2019

  253. Número 253 · Diciembre 2019

  254. Número 254 · Enero 2020

  255. Número 255 · Enero 2020

  256. Número 256 · Enero 2020

  257. Número 257 · Febrero 2020

  258. Número 258 · Marzo 2020

  259. Número 259 · Abril 2020

  260. Número 260 · Mayo 2020

  261. Número 261 · Junio 2020

  262. Número 262 · Julio 2020

  263. Número 263 · Agosto 2020

  264. Número 264 · Septiembre 2020

  265. Número 265 · Octubre 2020

  266. Número 266 · Noviembre 2020

  267. Número 267 · Diciembre 2020

  268. Número 268 · Enero 2021

  269. Número 269 · Febrero 2021

  270. Número 270 · Marzo 2021

  271. Número 271 · Abril 2021

  272. Número 272 · Mayo 2021

  273. Número 273 · Junio 2021

  274. Número 274 · Julio 2021

  275. Número 275 · Agosto 2021

  276. Número 276 · Septiembre 2021

  277. Número 277 · Octubre 2021

  278. Número 278 · Noviembre 2021

  279. Número 279 · Diciembre 2021

CTXT necesita 15.000 socias/os para seguir creciendo. Suscríbete a CTXT

Tribuna

El estado del Derecho

El Gobierno ha activado el artículo 155 de la Constitución sin advertirlo a la ciudadanía ni cumplir los requisitos constitucionales

Juan Moreno Yagüe 4/08/2017

<p>Justicia.</p>

Justicia.

Boca del Logo

A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!

Necesitamos tu ayuda para realizar las obras en la Redacción que nos permitan seguir creciendo. Puedes hacer una donación libre aquí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El título de este texto puede parecer erróneo, pero enseguida verán que no lo es porque trata, precisamente de eso, de analizar el estado al que nuestros representantes políticos están llevando al Ordenamiento Jurídico. En los últimos días se han sucedido varios acontecimientos protagonizados por los Poderes Públicos, tanto desde Madrid, por el Gobierno central, como desde Barcelona, por el Parlamento de Cataluña. A estas alturas, prácticamente todo el mundo sabe de qué va el asunto ese de la pretendida “independencia”, como forma de resolver un problema que tiene fundamentalmente una base u origen fiscal y tributaria. Pues bien, los protagonistas han entrado en una espiral de imprevisibles consecuencias, emitiendo propaganda al respecto del asunto, llegando de manera descarada a ocultar a la ciudadanía el peligroso juego en el que se han enzarzado, y las graves consecuencias que se pueden derivar de él: la perdida de legitimidad democrática y jurídica de todos los protagonistas intervinientes.

Les explico.

El pasado día 22 de julio de 2017, un sábado, el Gobierno de España ejecutó la  posibilidad de “intervención” de una Comunidad Autónoma que contempla la Constitución en el artículo 155, tan de moda en los últimos tiempos. La Administración Autonómica intervenida, como habrán adivinado, fue Cataluña. A través de la Orden 686/2017 del Ministerio de la Presidencia y Para las Administraciones Territoriales, y como Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se adoptaron una serie de medidas que ejecutan las previsiones de fondo del texto constitucional, pero sin advertirlo. Pensarán ustedes que esto es imposible, que una acción de tal calibre hubiera abierto los telediarios, los noticiarios de radio y habría sido portada de todos los periódicos al día siguiente. Sólo tienen que mirar aquí https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8620.pdf y leer las tres páginas de la exposición de motivos o justificación de las medidas adoptadas para comprobar por qué, efectivamente, estamos ante una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución Española.

La Exposición de Motivos de la citada Orden alude a un batiburrillo de argumentos que van desde los efectos derivados de la gestión (el suministro) de los Fondos de Financiación Autonómica y el Fondo de Liquidez Autonómica, a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017, que como saben declara nulas las partidas del presupuesto de 2017 de la Generalitat dirigidas a costear un posible referéndum. Batiburrillo que en definitiva supone que el Gobierno se erige en guardián y ejecutor de oficio de dicha resolución del Tribunal Constitucional, sin cumplir ni uno sólo de los requisitos establecidos en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para la ejecución de estas sentencias (que este mismo Gobierno reformó recientemente obviando la misión que el constituyente otorgó al Tribunal Constitucional).

Lo hace alegando específicamente “el riesgo que para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos en Cataluña, para la financiación de las empresas privadas y los entes públicos en los mercados, el aumento de la prima de riesgo” y el gasto “irregular” detectado de aproximadamente 25.000 euros pueden suponer, y para garantizar el cumplimiento de las Constitución y de las leyes. Para conjurar estos riesgos, el Gobierno dispone una serie de medidas que se resumen de la siguiente manera:

- Todo el personal de la administración autonómica que desarrolle funciones de intervención o fiscalización, en relación a gastos de dinero público, remitirá individual y semanalmente al Gobierno, mediante “certificado electrónico”, un documento asegurando que no se ha empleado ni un solo euro en “el referéndum” del que trata la sentencia del TC en relación a los gastos que sean de su competencia. Todos los sujetos se identificarán perfectamente, y además deberán incluir el visto bueno de sus superiores en el caso de tenerlos.

- La forma será la siguiente: los certificados se enviarán a la persona que ostenta la Intervención General de Cataluña, que los remitirá todos los miércoles a Moncloa, con el suyo propio y además, deberá informar si ha detectado falsedades en los certificados que le remitan los demás interventores.  

- Se procederá a identificar a todas las personas que manejen dinero público en la Administración catalana (con fecha límite para ello el 26 de julio) y, el colmo del despropósito jurídico se procederá a informar a Moncloa de cualquier consulta o petición por parte de cualquiera que tenga por objeto saber cómo “podría financiarse cualquier acto o actividad relacionada con un referéndum”.

La tentativa, la conspiración o incluso la simple ideación (como concepto penal) del referéndum se prohíben mediante Orden Ministerial.

Lo anterior se establece en un apartado “A”. Luego hay un apartado “B”, en la que el propio Gobierno también establece qué se entiende por incumplir la Orden y las consecuencias de ese incumplimiento.

Si se detecta la mínima desviación de un euro para “el referéndum”, como efecto se “suspende” la “financiación”. Se advierte que, además, se buscará a los responsables para encausarlos penalmente (¿sabían ustedes que en el año 2005 se eliminó del Código Penal el hecho de celebrar referéndums “ilegales”?).

Si se detecta la mínima desviación de un euro para “el referéndum”, como efecto se “suspende” la “financiación”

Y por si fuera poco jurídicamente que todo eso se haga mediante una Orden Ministerial, el Boletín Oficial del Estado de ese día también establece qué se entiende por incumplir la Orden; con los mismos efectos y consecuencias: incumplir los plazos, enviar información “incorrecta”, remitir información “inidonea” o no enviar las cosas tal y cómo se dispone en la Orden (imaginamos que  eso quiere decir en los respectivos modelos “oficiales” que les facilitarán).

Ahí es nada.

Un supuesto de 155 de manual sino fuera porque no se cumplen ni uno sólo de los requisitos establecidos por la Constitución a la que tanto se alude. Un supuesto de 155 de manual sino fuera porque no ha habido requerimiento previo al presidente Puigdemont, el cual, como no ha sido requerido, no lo ha desatendido, y por lo tanto, tampoco se ha dado intervención al Senado para que, aprobándolo por mayoría absoluta, se pudieran adoptar estas medidas publicadas en el BOE.

Por si a alguien le queda alguna duda, recuerden que el apartado segundo del artículo 155 dispone que el Gobierno, para ejecutarlo, en tal caso, “podrá dar instrucciones a las autoridades de la Comunidad Autónoma”. Y eso es lo que se ha hecho. Si por casualidad, lector o lectora, trabaja usted para alguna Administración Autonómica, piense en qué situación se encontraría si comienza a recibir órdenes desde Madrid y debe cumplirlas frente a las de sus superiores jerárquicos. Pues eso, un 155 de manual.

A muchas personas esto y estas medidas no les parecerán “tan graves”. Me temo que el personal encargado de la intervención y fiscalización de la Administración Catalana no estará de acuerdo con ese parecer. Y es que es inevitable preguntarse por qué tienen que obedecer una orden de ese tipo si no se ha producido dentro de los parámetros legales, si incumple la misma Constitución.

Dadas las circunstancias, los hechos y la reacción, el Gobierno utiliza medidas legales y constitucionales que podrían ser adecuadas, eso dependerá del parecer de cada cuál, pero lo hace de manera torticera, “a escondidas” y sin asumir el papel (y en su caso el deber) que le corresponde institucionalmente.

El Gobierno utiliza medidas legales y constitucionales que podrían ser adecuadas, eso dependerá del parecer de cada cuál, pero lo hace de manera torticera, “a escondidas” y sin asumir el papel (y en su caso el deber) que le corresponde institucionalmente

Se podría pensar que actúa cometiendo un “abuso del Derecho” o un “fraude de Ley”. Pero no. Es más grave aún. Lo hace sin cumplir ni uno solo de los requisitos del artículo 155 de la Constitución, adoptando medias que indudablemente son propias de tal artículo y lo hace justificándolo en un posible incumplimiento contable en relación a una sentencia del TC -de 6.000 euros de cuantía, para ser exactos- violando además  las recientes normas sobre la ejecución de las sentencias del guardián de la Constitución. Se atribuye las funciones del Tribunal Constitucional, sustituyéndolo.

¿Por qué es tan grave? Porque en un asunto de esta transcendencia, en el que hemos entrado en un juego de legitimidades legales y democráticas, saltarse los mecanismos establecidos, siendo el que se los salta en este caso el mismo Estado, que debería actuar de manera impecable, no sólo es peligroso, sino que es temerario. Actuar de esta forma sólo puede conducir a dañar su propia “legitimidad”. El Estado no cumple su propia legalidad y no respeta las formas democráticas básicas en tan “grave asunto”.

Pero ha sucedido otro hecho igual de trascendente para el estado de Derecho.

En esta historia un protagonista destacado es el Tribunal Constitucional, que con su sentencia anulando preceptos del Estatut, aprobado con referéndum incluido (ese sí legal) y por las Cortes, abrió la caja de Pandora que ahora nadie sabe cómo cerrar. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite  el recurso de inconstitucionalidad presentado el lunes 31 de julio de 2017 por el Gobierno de la nación contra el artículo 135 en la redacción que el día 27 de julio publicó el Parlamento de Cataluña de su Reglamento (de funcionamiento).  

Dicho recurso, que ha conllevado por petición del Presidente del Gobierno y como efecto automático la suspensión de la norma impugnada, en aplicación del privilegio procesal previsto en el artículo 161.1 CE, no debió siquiera pasar el trámite de admisión. Pero claro ¿puede el Tribunal rechazar en el trámite de admisión un recurso del Gobierno? La respuesta es evidente. No, ya que la ley no lo contempla, presuponiendo que no sucederán cosas como las que a continuación veremos.

Y ambos sucesos están relacionados. La aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución y la reforma del Reglamento del Parlament.

Cualquiera que tenga la paciencia de leer el preceptivo informe del Consejo de Estado, informe que debe solicitar el Gobierno antes de interponer un recurso de inconstitucionalidad http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-722 , descubrirá con pavor que la norma cuestionada existe en otros parlamentos autonómicos así como en el Congreso y el Senado. Y no, no se asusten. Otros parlamentos no han previsto normas para la desconexión de España. Lo que sucede es que el tan traído artículo 135 del Reglamento del Parlament lo único que hace es eliminar la necesidad de unanimidad para tramitar un proyecto o una proposición de ley por el procedimiento de lectura única, exigiendo mayoría. Como hacen, insisto, los Reglamentos del Congreso, del Senado y de otras Cámaras autonómicas. Pues bien, en el informe del Consejo de Estado se analiza la norma cuestionada, comparándola con las similares de otros parlamentos autonómicos y con las normas iguales del Congreso y del Senado, y por supuesto con la regla de la mayoría que establece el artículo 79.2 de la Constitución para expresar la voluntad de una Cámara legislativa y la correspondiente relación con el artículo 23 de la Constitución y el derecho de los diputados y diputadas a participar en los “asuntos públicos”, en este caso en la tramitación de leyes y que en ese análisis se llega a una conclusión difícilmente discutible:

La norma de la que se dota Cataluña y su Parlament para la tramitación de proyectos y proposiciones de ley mediante un procedimiento especial  “abreviado” (denominado Lectura Única) no puede considerarse contraria a la Constitución. Y no sólo porque exista  en otros Reglamentos de otros parlamentos sin que se haya podido declarar su inconstitucionalidad, sino porque con ocasión de su aplicación nuestro Tribunal Constitucional se ha manifestado en varias ocasiones (una de ellas en el caso de la reforma del artículo 135 de la Constitución, aunque ahí el Tribunal no encontró razones para entrar en el fondo del asunto),  y ha establecido una doctrina que parece clara: ese tipo de procedimiento, en abstracto, como regulación de un procedimiento para la tramitación de leyes, es perfectamente constitucional. En su caso, lo que pudiera ser inconstitucional es el acto o forma en que se aplique para tramitar una ley en concreto, acto legislativo, ese sí, que podría ser objeto de análisis constitucional, y en caso de que se incumplieran las reglas constitucionales o estatutarias, ser la futura ley en cuestión, tramitada mediante un procedimiento de lectura única, declarada “no acorde con los principios y normas constitucionales”, por no haberse respetado las formas previstas en su tramitación.

Lo sería porque se incumplieran las reglas de tramitación, no porque las reglas de tramitación sean inconstitucionales per se.

El Dictamen deja claro a lo largo de su argumentación, que no hay motivo apreciable para un recurso contra ese artículo, y menos aún sobre la base argumental del Gobierno, “presuposiciones sobre futuros acontecimientos” y “presunciones de que se pretende con ella tramitar leyes sobre referéndum o independencias”. El pavor del que hablamos se debe a lo siguiente.

El Dictamen del Consejo de Estado, en su última página, y después de un examen riguroso de la situación y las normas involucradas, después de dejar claro que lo recurrible sería el acto de desarrollo legislativo que en aplicación del procedimiento de lectura única se hiciera, pero no la norma en sí misma reformada por el Parlamento de Cataluña el 26 de julio, esto es, el Reglamento, establece, de modo sorpresivo, que “no ve inconveniente para la interposición del mencionado recurso de inconstitucionalidad.  ¿Cómo que no ve inconveniente si en más de veinte páginas ha ido relatando la adecuación de la reforma a las normas constitucionales?

Lamentable que después de un análisis tan minucioso, el Consejo de Estado no haya sabido estar a la altura de lo que la situación y la propia institución demandan.

Con esos mimbres se ha anunciado que el recurso se interponía porque se violaban los derechos de las minorías en el Parlamento, se hacía algo inconcebible y nunca visto con esa reforma, o peor aún, porque se pretendía impedir “la democracia”, ha llegado a decir algún representante político.  

Si alguien se toma la molestia de leer la reforma https://www.parlament.cat/document/bopc/229381.pdf descubrirá que el Parlamento de Cataluña se ha dotado a través de esas modificaciones de una norma que contiene numerosos avances democráticos. Una reforma que les ha llevado meses de tramitación pausada e inteligente y que no se trata de una “cacicada”, sino de un texto que resuelve numerosos problemas que se  venían produciendo habitualmente en ese y en otros Parlamentos.

Si alguien se toma la molestia de leer la reforma descubrirá que el Parlamento de Cataluña se ha dotado a través de esas modificaciones de una norma que contiene numerosos avances democráticos

Y por supuesto, de entre los muchos artículos que contienen el texto de la Reforma del Reglamento, el 135 y su regulación del procedimiento de Lectura Única en la tramitación de un proyecto de ley a petición del Gobierno o a petición de los impulsores parlamentarios en el caso de una proposición de ley, no hay nada que presente el más mínimo indicio de inconstitucionalidad. Podrá gustar más o menos, pero no es contraria a la Constitución.

De nuevo el Gobierno coloca al Tribunal Constitucional en una situación endiablada, intentando que con base en la Constitución resuelva algo que solo tiene una solución política. Desgraciadamente, podemos imaginar que sucederá. Será la enésima vez que algo que se permite en otras Comunidades Autónomas, se impida en Cataluña, volando así los últimos puentes para el entendimiento si es que todavía quedaba alguno.

Todo el revuelo mediático en relación a cómo se pueden tramitar y aprobar leyes en el Parlamento  Catalán se ha montado sobre prejuicios y suposiciones al respecto de su utilización para “lograr un referéndum” o “la independencia”. Y sobre la base de suposiciones no podemos andar jugando con fuego, que es lo que el Gobierno ha vuelto a hacer al impugnar una norma que carecía de transcendencia y desde luego no es contraria a nada de lo establecido en la Constitución de 1978.

Una vez más, en Cataluña, las leyes se proponen, se tramitan, se debaten, se votan, y se suspenden  en su aplicación de manera inmediata. Imagino el grado de frustración, sobre todo cuando esas mismas normas a veces rigen sin problemas en otras Comunidades Autónomas.

Aunque también es cierto el esfuerzo que los dirigentes políticos catalanes están haciendo para que esas inadmisibles tesis adquieran base de certeza ante la opinión ciudadana. Efectivamente, al tiempo también se ha presentado una iniciativa en el Parlamento Catalán dirigida a regular un referéndum. Algo que ya saben ellos mismos no sólo es imposible legalmente, sino que no conducirá a nada de lo que se supone pretenden.

Así, forzando y retorciendo el Derecho, unos y otros están conduciendo al sistema y a los mismos ciudadanos a una situación absurda, en la que muchos de los habitantes de Cataluña creen que “el derecho a decidir” consiste en un referéndum y que eso solucionará “el problema” , ya que desde Madrid sólo saben cometer injusticias contra ellos y muchos no habitantes en Cataluña comienzan a pensar que las autoridades públicas catalanas merecen ser tratadas como supuestos terroristas (vayan acostumbrándose a la palabra sedición, que en la propaganda que nos viene, será habitual).

Nada puede terminar bien cuando aquellos a quienes corresponde hacer el Derecho prescinden en sus enfrentamientos de mínimo respeto a las bases del Estado de Derecho, enzarzándose en maniobras que tratan de burlarlo una y otra vez.

El estado del Derecho en el Estado de Derecho es actualmente deplorable pues las más importantes instituciones están bajo el mando de personas que no creen en ellas, que no les guardan ninguna lealtad. Antisistemas, en definitiva.

Es lamentable que existiendo soluciones jurídicas, democráticas y legales, para solucionar el conflicto planteado, ni unos ni otros estén interesados en resolverlo. Un análisis profundo de los comportamientos de unos y otros permite afirmar que ninguno está interesado en el referéndum o en la independencia, sino en el mantenimiento del conflicto. Aunque sea a costa de agrietar en lo más profundo las instituciones esenciales del Estado de Derecho.

-----------------------------------------------

Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe es Vicepresidente Tercero del Parlamento de Andalucía y miembro de la Mesa en representación del grupo Podemos Andalucía. Abogado.

Necesitamos tu ayuda para realizar las obras en la Redacción que nos permitan seguir creciendo. Puedes hacer una donación libre aquí

Este artículo es exclusivo para las personas suscritas a CTXT. Puedes suscribirte aquí

Autor >

Juan Moreno Yagüe

Suscríbete a CTXT

Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí

Artículos relacionados >

4 comentario(s)

¿Quieres decir algo? + Déjanos un comentario

  1. Gaspar

    Gracias. Un análisis muy coherente.

    Hace 4 años 4 meses

  2. arturios

    O han cambiado el enlace o este es sensible a mayúsculas, el bueno es https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8620.pdf

    Hace 4 años 4 meses

  3. Gregor S

    "como forma de resolver un problema que tiene fundamentalmente una base u origen fiscal y tributaria" A partir de esta frase al principio, he dejado de leer el resto. Si la profundidad del análisis se queda en el topicazo, no hay que desperdiciar el tiempo, que es oro.

    Hace 4 años 4 meses

  4. J Borda

    Se ve bien que en Madrid, lo que cuenta son cortinas de humo y no soluciones. Resolver algún problema quita humo, que es muy necesario para tapar las tramas de corrupción. Terminará con Barcelona ardiendo, otra cortina de humo mas.

    Hace 4 años 4 meses

Deja un comentario


Los comentarios solo están habilitados para las personas suscritas a CTXT. Puedes suscribirte aquí