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Justo antes de Semana Santa, tuvo lugar en Budapest una cadena de protestas que la ciudad no veía desde hacía años. El desencadenante fue una reforma legislativa que Fidesz --el partido que gobierna el país y el Parlamento, con una cómoda mayoría-- sacó adelante sin ninguna consulta previa. En esencia, la ley imposibilita que la Universidad Centroeuropea (CEU, por sus siglas en inglés) pueda seguir operando en el país. Esta universidad, muy prestigiosa en círculos académicos, fue fundada en 1991 por George Soros.

Este no fue el primer ataque ni el último contra el multimillonario de origen húngaro. La ultraconservadora formación gobernante libra desde hace tiempo una guerra propagandística sin cuartel, de cara a los comicios que tendrán lugar el año que viene.

A mediados de julio, el Ejecutivo de Víktor Orbán ha lanzado un nuevo golpe: una campaña publicitaria contra la inmigración, en la que el filántropo es el protagonista. Las autoridades han publicado miles de anuncios  en medios y han llenado las calles de carteles. En ellos, una fotografía del magnate sonriente, con la leyenda “¡Que Soros no ría el último!”. La acompañan ‘datos’ y eslóganes para apoyar la necesidad de políticas de rechazo a los migrantes.

A mediados de julio, el Ejecutivo de Víktor Orbán ha lanzado un nuevo golpe: una campaña publicitaria contra la inmigración, en la que Soros es el protagonista

Numerosas voces críticas han acusado de antisemitismo al Gobierno. Soros tiene raíces judías y los carteles, para muchos, evocan las imágenes utilizadas en la década de los treinta del pasado siglo para acusar a los judíos de manipular las esferas políticas y económicas. Finalmente, el Ejecutivo de Orban anunció que los retiraría el pasado 15 de julio. Su decisión, advierten, no es una marcha atrás ante la polémica desatada, también a nivel internacional. Simplemente la campaña ha llegado a su fin.

La ofensiva viene de lejos. “Las cosas se torcieron cuando el imperio de Soros defendió la asistencia a los inmigrantes”, declaró el primer ministro Viktor Orbán en una entrevista radiofónica el pasado mes de abril, en referencia a la contundente respuesta internacional que había recibido su reforma legislativa para cerrar la CEU. Para el primer ministro, este asunto tenía que ver con la seguridad de los húngaros, el control fronterizo, la seguridad pública y el terrorismo. 

Desde que el gobierno húngaro, que asume abiertamente una postura anti inmigratoria, construyese una valla en su frontera sur para frenar el flujo de inmigrantes árabes y africanos en la ruta de los Balcanes, las ONG defensoras de los derechos de los inmigrantes también han sido calificadas de enemigos del Estado. A esta lista de adversarios se suma Bruselas (una simplificación para referirse a la UE), que quiere que Hungría acepte a 1.294 refugiados, de acuerdo con la cuota establecida.

Para hacer pública su oposición a la política de refugiados de la UE, el gobierno inició en primavera una profusa campaña publicitaria. El eslogan “Paremos a Bruselas” apareció en miles de anuncios y generó el rechazo de la Unión Europea.

Además de la ley contra la CEU, Fidesz también ha aprobado a mediados de junio otra polémica norma: la llamada “ley civil”, que busca poner barreras a los “lobbies que se hacen pasar por ONG”. Esta obliga a aquellas organizaciones con donaciones desde el extranjero [más de 24.000 euros de financiación directa o indirecta] a inscribirse de nuevo como “organización cívica financiada desde el extranjero”  y a insertar en sus páginas web un rotulo con esta frase. De acuerdo con las asociaciones, la verdadera intención de este cambio aparentemente pequeño es etiquetar a ciertas organizaciones de “agentes extranjeros” o “agentes de Soros”, y cuestionar de esta forma su integridad. Entre las organizaciones que están en el punto de mira se encuentran algunos observatorios de los derechos humanos como Transparencia Internacional o el Comité Húngaro de Helsinki.

Tras la aprobación de esta norma, a mediados de julio, la Comisión Europea abrió un nuevo procedimiento de infracción contra Hungría. El tercero. En abril cayó otro por las medidas adoptadas contra la CEU. En junio, el Colegio de Comisarios de la Unión Europea inició otro –también para Polonia y República Checa-- por negarse a aceptar refugiados.

Manifestaciones masivas y el nacimiento de Momentum

A mediados de abril, decenas de miles de húngaros salieron a la calle en Budapest para protestar por estas polémicas leyes, pero no se produjo ninguna réplica en las poblaciones rurales del país. Aunque el detonante de las marchas fue la ley anti CEU, los manifestantes mostraron su descontento genérico con el gobierno. También exhibieron su apoyo a las ONG asediadas y reclamaron la igualdad de las mujeres, motivados por un comentario abiertamente sexista del primer ministro. A raíz de una pregunta sobre el despido de la embajadora de Hungría en Washington, respondió que él no se ocupaba de “asuntos de mujeres”.

En la manifestación muchos participantes ondeaban banderas de la UE, mientras que otros enarbolaban pancartas contra la cada vez más sólida alianza de Orbán con la Rusia de Vladimir Putin. Otro político objeto de las críticas fue el presidente János Áder, antiguo miembro de Fidesz, por firmar y promulgar la norma contra la Universidad Centroeuropea. El mandatario, cuya autoridad es meramente simbólica, según la Constitución, aprobó la ley a pesar de que su predecesor, László Sólyom (un antiguo juez constitucional) dejó claro que era totalmente anticonstitucional. Áder habría podido mandar la ley al Tribunal Constitucional para que la revisaran, pero decidió no hacerlo.

La ley civil, aprobada en junio, obliga a aquellas organizaciones con donaciones desde el extranjero a inscribirse de nuevo como “organización cívica financiada desde el extranjero”

El Gobierno no cedió a las protestas y los medios de comunicación afines al gobierno intentaron menospreciar su importancia denominándolas “protestas fantasma”. Estos mismos medios también afirmaron que fueron los “agentes de Soros” quienes las organizaron y sostuvieron, sin presentar ninguna prueba. Llegaron incluso a sostener que habían traído a parte de los manifestantes en avión para que las marchas parecieran más numerosas.

“Hasta los pacíficos y honrados cristianos sintieron un picor en las palmas de las manos”, declaró Orbán ante las protestas. Muchos pensaron cuando oyeron este comentario que el primer ministro estaba sugiriendo una respuesta violenta, ya que en húngaro si alguien dice que le pica la palma de la mano significa que esa persona está a punto de golpear a otro. Orbán no llegó a tanto, pero afirmó que era “una prueba de fuerza para todos nosotros”. Aun así, quiso ridiculizar a los manifestantes diciendo que al mismo tiempo que la muchedumbre “coreaba cosas horribles” y acusaba al gobierno y al país de graves irregularidades, también alegaban que ya no había democracia.

Orbán tiene pocos motivos para preocuparse por su futuro político. La próxima primavera de 2018, habrá elecciones parlamentarias en Hungría y el partido gobernante, Fidesz, es el mejor situado para ganarlas. Para conseguirlo, la estrategia es clara: mantener unida a la base del partido mediante un clima constante de terror. Los enemigos --según los portavoces políticos del gobierno y los medios de comunicación controlados por el Estado-- son los inmigrantes, George Soros y Bruselas. Este mensaje extremadamente simplista se inculca en la sociedad con una meticulosidad extraordinaria.

Para ganar las próximas elecciones, probablemente le baste con obtener menos de tres millones de los ocho millones de votantes existentes. Esto sería suficiente para Fidesz, que ha modificado la ley electoral de tal forma que los partidos de la fragmentada oposición lo tienen muy difícil para plantarle cara: la formación derechista obtendría una mayoría de escaños en el parlamento aun con una victoria en las urnas relativamente pequeña. Por ejemplo, en los comicios legislativos de 2014, Fidesz obtuvo menos del 45% de los votos y aun así fue suficiente para mantener una mayoría parlamentaria de dos tercios y que la divida oposición obtuviera solo un tercio.

Los miembros del Gobierno han advertido en reiteradas ocasiones que la próxima campaña electoral será la más brutal de los últimos treinta años. El vice primer ministro, Zsolt Semjén, declaró en marzo que esperaba que esta fuera una campaña “eufórica”, puesto que la oposición tendría que luchar por su “supervivencia misma”. “Como carecen de un programa alternativo viable, lo único que les queda es su estilo ignominioso, sobre todo si reciben apoyo y órdenes de fuera”.

A pesar de su poder, hay señales que indican que Fidesz tampoco es totalmente invulnerable. A comienzos de este año sufrieron una derrota en Budapest a manos de un actor inesperado. Según diversas informaciones, la capital húngara tenía muchas posibilidades de optar a los Juegos Olímpicos de 2024. Pero, el movimiento político Momentum --ahora oficialmente un nuevo partido político--, pensado para atraer a los votantes jóvenes y partidarios de la UE, hizo campaña a favor de un referéndum para que sus habitantes pudieran tener la última palabra sobre si presentar o no la candidatura. El movimiento se oponía a la celebración de los juegos, con el argumento de que Hungría no podía permitirse organizarlos mientras el sistema sanitario y el educativo siguieran estando en ruinas, la economía siguiera sin ser lo suficientemente competitiva y la corrupción siguiera alcanzando niveles nunca vistos. Momentum consiguió reunir más de un cuarto de millón de firmas a favor del referéndum, muchas más de las necesarias según la ley. Como las encuestas mostraban que la mayoría estaba en contra de la candidatura, el gobierno y la alcaldía de Budapest decidieron no iniciar una batalla perdida de antemano y retiraron la candidatura sin organizar la consulta.

A pesar de que Momentum logró alcanzar un cierto peso en las encuestas tras su éxito con esta campaña --lo que provocó fuertes ataques de los medios de comunicación progubernamentales y estatales--, Fidesz no perdería un número significativo de votos. Los simpatizantes del partido también mantuvieron su lealtad tras la ola de protestas contra la ley anti CEU.

Como afirma el analista político conservador, y antiguo miembro de Fidesz, Péter Tölgyessy, Orbán ha apuntalado su poder mediante cientos de pequeños cambios en el sistema legislativo. “Sabe que perder unas elecciones supondría el fin absoluto de su régimen, por eso no puede permitirse otorgar ni un 1% de posibilidades a la oposición”, señala Tölgyessy, quien, a principios de mayo, ofreció un extenso análisis de la situación de Hungría ante un numeroso público, en una ponencia organizada por el Grupo Eötvös József. Este colectivo está compuesto, en su mayoría, por pensadores de derechas que en el pasado han colaborado con Fidesz como políticos o expertos. Ahora están en contra de las políticas indudablemente “antiliberales” del gobierno de Orbán.

Según Tölgyessy, la actual política de Orbán está conduciendo a Hungría hacia un callejón sin salida. El país no será capaz de equipararse a los países de Europa occidental, pero, tal vez, la mayoría de la gente quizá no desee otra cosa. La sociedad húngara no es precisamente partidaria de ofrecer respuestas democráticas a los problemas: una encuesta realizada en 2009 demostró claramente que de toda la región, los húngaros eran los más desilusionados con el sistema democrático multipartidista y los que más añoraban el antiguo sistema socialista. Orbán es consciente de esto. Es en parte la razón de su éxito, basado en el rechazo a los valores occidentales, afirma Tölgyessy.

La tarea consiste ahora en mantener activo el pensamiento racional y el debate hasta que caiga el régimen de Orbán, aunque ni siquiera Tölgyessy sea capaz de afirmar a ciencia cierta cuándo llegará ese día.

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Zsuzsanna Wirth es reportera de Direkt36, un centro húngaro de periodismo de investigación

Traducción de Álvaro San José.