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“Represento a diez mujeres que han decidido reclamar la paternidad de sus hijos a la ONU, ya que quedaron embarazadas de cascos azules”. Quien lo cuenta es Mario Joseph, abogado haitiano que vive entre intimidaciones y amenazas de muerte desde que, en 1996, se unió al Bureau des Avocats Internationaux (BAI)/Institute for Justice and Democracy in Haiti (IJDH) en la capital, Puerto Príncipe.

“Represento a diez, pero hay muchas más mujeres, alrededor de 500, que están en la misma situación y no quieren emprender ninguna acción”, afirma en conversación teléfonica con CTXT. 

–¿Por qué no lo hacen?

–Tienen miedo a ser discriminadas por la gente mayor; ellas son negras, pero sus hijos son más blancos que ellas, muchos con el pelo lacio. Algunas se han marchado de sus vecindarios para establecerse donde no las conozcan. Para denunciar, además de un abogado, necesitas el apoyo de la gente cercana. Muchas de estas mujeres sienten además que estos trece años de impunidad de la ONU muestran que no tiene sentido denunciar estos abusos porque no obtendrán justicia. 

–¿Y tiene sentido?

–Mi trabajo es que la ONU asuma su responsabilidad.

El pasado 21 de marzo, el coche en el que viajaba el expresidente Jean Bertrand Aristide fue tiroteado –y van…– en el centro de Puerto Príncipe cuando salía de una citación judicial. El abogado Joseph debía haberle acompañado, pero se quedó en su despacho. “Es un intento de asesinato en toda regla”, grita. “Los disparos iban dirigidos a la puerta de atrás del vehículo donde estaba Aristide y su acompañante resultó herido”. Prosigue vehemente: “Y no pasará nada, como siempre, porque la justicia en Haití es débil”. Hace una pausa: “No hay justicia en Haití”.

Muchas de estas mujeres sienten además que estos trece años de impunidad de la ONU muestran que no tiene sentido denunciar estos abusos 

Mario Joseph no acompañó a Aristide porque está inmerso en un (nuevo) pleito contra la ONU. 

El 22 de marzo, un día después del atentado contra el expresidente, el canal en lengua inglesa de Al Jazeera programó un reportaje de producción propia titulado Haiti by Force. En él, una decena de mujeres haitianas denuncian haber sido violadas por soldados de la ONU. 

Femi Oke, la reportera de Al Jazeera, cuenta que en los barrios donde se desplegó la misión escuchó historias de violaciones por parte de los cascos azules aproximadamente de una de cada doce mujeres con las que habló. 

La misión de la ONU en Haití conocida como MINUSTAH se estableció en 2004 para “reforzar el Estado de Derecho” tras el derrocamiento, promovido por Washington, de la tercera presidencia –constitucional– de Aristide. “Si los soldados vienen a Haití y explotan y abusan de niñas y mujeres, y se van del país y las dejan con un bebé… ¿cuáles serán los derechos de esos niños?”, se pregunta Joseph.

Mandó notificaciones legales a la ONU en 2016. La respuesta: “El silencio, silencio total. Durante los 13 años de la MINUSTAH ha habido numerosas violaciones. La ONU reconoce 85 entre 2008 y 2015, pero nuestros cálculos rondan las 2.000 violaciones, de las cuales unas 300 se han ejercido sobre menores”.

Un abogado valiente

El momento más peligroso en la lucha activista del abogado ocurrió cuando logró sentar al derrocado dictador Jean Claude Baby Doc Duvalier –hijo y sucesor de François Papa Doc– ante un tribunal haitiano. El dictador fue absuelto de todos sus cargos y Joseph apeló el 30 de enero de 2012. Ahí empezó la pesadilla de las intimidaciones. Las amenazas de muerte por teléfono cinco o seis veces al día durante meses, las pintadas intimidatorias en su casa y en el despacho, altercados en sus ruedas de prensa alentados por paramilitares y los abogados de Baby Doc, identificaciones policiales a cualquiera que entrara o saliera del BAI y la inminencia de una detención arbitraria decretada por Jean Renel Sanon, ministro de Justicia del Gobierno Martelly –que tenía a dos de los hijos de Duvalier en su gabinete– movilizaron a la Organización Internacional Contra La Tortura (OMCT), a Amnistía Internacional y a una larga de serie de asociaciones de abogados y de derechos humanos norteamericanas como el National Lawyers Guild o el Center for Justice and Accountability. “Hoy día, Baby Doc está muerto y nosotros seguimos esperando respuesta a nuestra apelación”, recuerda Mario Joseph.

Ahí empezó la pesadilla de las intimidaciones. Las amenazas de muerte por teléfono, las pintadas intimidatorias en su casa y en el despacho, altercados en sus ruedas de prensa 

Al despacho de Joseph acuden mujeres violadas, personas expulsadas de los campos de refugiados posterremoto, presos políticos y comunes, disidentes amenazados, víctimas del cólera en busca de reparación y damnificados por la violencia política. La gente pobre. De hecho, la vida de Joseph está amenazada desde que decidió, siendo hijo de una campesina analfabeta que le educó sola, burlar la fatalidad de los haitianos pobres –no ir a la escuela, no ver nunca un médico o vivir con menos de dos dólares al día– para convertirse en abogado defensor de los derechos humanos de sus paupérrimos y devastados compatriotas. “Recibo amenazas a diario”, relata al otro lado del teléfono. “En este país hay gente manejada por los Estados Unidos que son depredadores de los derechos humanos”.

Sangre en venta

Paul Farmer, médico especializado en sida, cuenta en su libro Haití para qué: “En 1985 un campesino de la parte central de Haití hizo la pregunta: ‘¿No sabe que Estados Unidos comercia con sangre haitiana?’. Admiré las implicaciones metafóricas de un tráfico de sangre que la historia y la licencia poética autorizarían como una descripción válida de tres siglos de historia haitiana. Sin embargo, después de oír este comentario por segunda y tercera vez, decidí estudiar el tema”. 

Farmer acabó descubriendo la empresa Hemo Caribbean and Co., en marcha desde los años sesenta, financiada por capital norteamericano, organizada por el entorno del dictador François Papa Doc Duvalier y manejada por un corredor de Bolsa de Miami. Los hemofílicos estadounidenses –y también los alemanes y los suecos en menor medida– fueron durante años los beneficiarios indirectos del comercio de plasma haitiano. “Algunos venden su plasma una vez a la semana y se ganan entre 150 y 250 dólares al año”.

Farmer lleva trabajando más de tres décadas en el pequeño país caribeño y su diagnóstico es aterrador: “Haití y los haitianos existen para servir a los poderosos”.

Fuerzas de ocupación

La conversación telefónica con Mario Joseph tiene lugar a los pocos días del anuncio por parte de la ONU de la retirada en un plazo de seis meses de la misión MINUSTAH y su reemplazo el próximo octubre por un operativo con menos efectivos al que se ha llamado MINUJUSTH, Misión de Naciones Unidas para el apoyo de la justicia en Haití [resolución 2250 del Consejo de Seguridad del 13 de abril], para “garantizar la seguridad de Haití, en un momento en el que el país puede alegrarse de un progreso notable en su estabilización y la consolidación democrática”, según declaró la enviada especial de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, Sandra Honoré. 

Los hemofílicos estadounidenses fueron durante años los beneficiarios indirectos del comercio de plasma haitiano

“Son fuerzas de ocupación que no vienen a cumplir el objetivo que anuncian”, protesta Joseph. “Pueden cambiar el nombre a la misión, pero la impunidad de los cascos azules continuará. Si la ONU viene a apoyar los derechos humanos, puede empezar a respetar la ley y dar una indemnización al país y a las víctimas”, afirma con rotundidad. “No están aquí para proteger la democracia y los derechos humanos, sino para proteger a los imperialistas y a su marioneta Jovenel Moise”, actual presidente del país.

Violación de menores

Nueve menores haitianos denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual continuado por parte de 134 cascos azules de Sri Lanka entre 2004 y 2007. Estos soldados, supuestamente en misión de paz, crearon una red de pedofilia a cambio de pasteles, galletas o un par de dólares. Tras el descubrimiento de esta red en 2007, 114 de los soldados señalados fueron enviados a casa. La red incluía también a cascos azules de otros países como Bangladesh, Brasil, Jordania, Nigeria, Pakistán y Uruguay. Ninguno ha sido encarcelado. 

La ONU no tiene jurisdicción sobre los cascos azules, dejando las acciones penales a los países que aportan las tropas. “Fue Estados Unidos quien impuso que fueran los países de origen quienes juzgaran los delitos de sus cascos azules en las misiones”, denuncia Joseph. “No estamos de acuerdo con este proceder, porque no hay ningún mecanismo legal que pueda aplicarse. La ONU ha elaborado sus propias leyes para no hacer nada ni estar obligada a saber si se desarrollan estos procesos penales”, se lamenta. “Los nombres de los culpables se mantienen como confidenciales, haciendo imposible determinar la rendición de cuentas”.

Los cascos azules han sido acusados ​​de abuso sexual en todo el mundo. El último caso son las atrocidades sexuales en menores en la República Centroafricana. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informó hace un par de semanas de, según la ONU, un total de 145 casos de explotación y abusos sexuales que involucraron a tropas y civiles en todas las misiones de paz en 2016.

En el vídeo que hizo público Guterres, deja claro que, entre las medidas a tomar por la ONU, no se contempla castigo a los culpables ni reparación a las víctimas.

Los cascos azules han sido acusados ​​de abuso sexual en todo el mundo. El último caso son las atrocidades sexuales en menores en la República Centroafricana

La primera denuncia por abusos sexuales a menores cometidos por cascos azules de la ONU la hizo Graça Machel, ex primera dama mozambiqueña y segunda esposa de Nelson Mandela, en 1996. “Desde entonces, la ONU ha sido incapaz de crear mecanismos para que prosperen las denuncias”, repite Joseph.

10.000 muertos

“Imagínese si la ONU va a España, o a Estados Unidos, o a Canadá y viola a niños y lleva el cólera a estos países”, reflexiona Joseph. Hace una pausa y prosigue: “No, bueno, eso no va a ocurrir nunca”. Y se enfada: “¡Los derechos humanos no son sólo para los blancos ricos!”.

El tercer frente que el abogado haitiano tiene abierto contra la ONU es el de obtener una compensación para las víctimas de una mortal cepa de cólera introducida por las fuerzas de paz nepalíes tras el terremoto de 2010 y que ha costado la vida a alrededor de 10.000 personas e infectado a otras 800.000. Hacía cien años de la última epidemia de cólera en Haití. 

“Presenté en 2013 una demanda en nombre de 5.000 personas contra la ONU en la que solicitamos una compensación de 50.000 dólares por cada persona infectada y 100.000 para las familias de cada víctima mortal… y la ONU ha acabado ofreciendo 400 millones de dólares que aún no sabe de dónde sacará y no ha admitido su responsabilidad argumentando que sus efectivos tienen inmunidad diplomática”, acusa Joseph. 

La Organización Panamericana de la Salud había calculado que harían falta más de 2.000 millones de dólares para erradicar definitivamente la enfermedad del país en 2023. “La enfermedad rebrota en las temporadas de lluvia y sigue infectando a gente”, apunta el abogado. “Las tropas de la ONU no pasaron ningún control sanitario antes de su traslado a un destino que, tras un terremoto, era altamente vulnerable a las enfermedades. El desastre podría haberse evitado por sólo 2.000 dólares”.

El abogado haitiano Mario Joseph, reconocido internacionalmente por exigir cuentas a las Naciones Unidas, afirma que la posición legal de esta institución se explica por la presión de Estados Unidos, principal contribuyente al presupuesto de sus misiones de mantenimiento de la paz. “La ONU ha adoptado la doctrina que usan los abogados en EEUU: la responsabilidad no debe ser aceptada jamás voluntariamente ya que podría complicar futuros litigios”.

Vencer

“¿Por qué Haití?”–se pregunta Joseph. “No cejaré hasta que la justicia se imponga en mi país porque es posible. Lucharé por los derechos de la gente pobre. Lucharé para derribar este sistema injusto. No tengo miedo. Cualquier movimiento en el sistema, cualquier acción que haga que el gobierno tenga que responder y movilizarse en los tribunales, significa que la lucha de nuestra gente por la justicia y la democracia vale la pena. Debemos proseguir la lucha”. Y termina: “En 1803 vencimos a la armada más grande del mundo, la de Napoleón y obtuvimos la victoria. Hemos derrotado a dictadores como Duvalier y obtuvimos la victoria. Porque la victoria es para la gente y está de nuestro lado. Ganaremos los procesos para pedir cuentas a la ONU y no sólo para Haití sino para todos los países pobres, es una lucha por el mundo”.

Baseball in the times of Cholera fue el documental ganador del Tribeca Film Festival 2012