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La campaña No al TTIP, CETA, TiSA que reúne a más de 350 organizaciones sociales, ambientales, sindicales, asociaciones de jueces y sectores profesionales expresa su profunda preocupación ante el Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA).

Durante el largo proceso de las negociaciones y la revisión legal, repetidamente hemos señalado que encontrábamos grandes problemas en el texto del CETA. Aportamos contribuciones concretas que podrían haber provocado un cambio hacia una más transparente y democrática política comercial que tuviera en su centro la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las poblaciones. Pero nuestras preocupaciones no se vieron reflejadas en el texto final del CETA firmado en el Consejo de la UE el pasado octubre de 2016.

Y por ello seguimos con nuestra declaración firme de oposición a la ratificación del tratado. Nuestras objeciones son compartidas por un número creciente de personas en ambos lados del Atlántico:

-- 3,5 millones de personas de toda Europa, un verdadero récord, firmaron una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP.

-- Más de 2.100 gobiernos regionales y locales se declararon territorios libres del CETA y del TTIP.

-- Surgieron cuestionamientos constitucionales en Alemania y en Canadá y posiblemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará y dirimirá sobre la legalidad de los controvertidos privilegios de los inversores extranjeros en el CETA.

-- En ambos lados del Atlántico, los agricultores, los sindicatos, la sanidad pública, los consumidores, los grupos de defensa de los derechos ambientales y digitales, otras ONG, así como las pequeñas y medianas empresas (pymes) rechazaron este tratado.

-- En octubre de 2016, cuatro gobiernos federales belgas se preocuparon acerca de los impactos negativos del Tratado, y, en particular, su peligroso ICS (Sistema de Tribunales de Inversiones) o sea un tribunal para dirimir los litigios inversores - Estados, y casi llegaron a impedir que su gobierno federal firmase el CETA.

A pesar de la controversia, el gobierno canadiense y las instituciones europeas están tratando de acelerar la ratificación del CETA. En Canadá, la legislación que permite que entre en vigor el tratado ya se introdujo, sin dejar tiempo para cualquier consulta pública sobre el tratado final. El Parlamento Europeo también parece que desea acortar sus procesos de consultas internas, y por lo tanto limitar el debate sobre la ratificación del texto de 1.600 páginas.

Después de eso, grandes secciones del tratado entrarán en vigor provisionalmente, mucho antes de que los parlamentos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea puedan opinar y votar.

Necesitamos un cambio de paradigma que lleve a una política comercial transparente e inclusiva basada en las necesidades de las poblaciones y de nuestro planeta

Para lograr apoyos para la ratificación del CETA y disipar preocupaciones, numerosas declaraciones se anexaron al texto en los pasados meses. Sin embargo, no se cambió ni una letra del texto oficial del CETA desde su versión final publicada a comienzos de 2016. Y las declaraciones anexas, incluso un Instrumento adjunto de interpretación no solucionan ninguno de los problemas que surgen del conflictivo texto del CETA, como los expertos han demostrado.

Queremos resaltar algunas de nuestras preocupaciones fundamentales sobre el tratado, tal como fue firmado.

-- El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos sobre medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Nada en el tratado o en las declaraciones anexas podría detener a las corporaciones de utilizar los derechos del inversor que provee el CETA para intimidar a los gobernantes de manera que se alejen de las regulaciones de interés público, por ejemplo, para abordar el cambio climático. El CETA, incluso, deja la puerta abierta para compensar a las corporaciones por beneficios no realizables (lucro cesante) cuando un cambio en la política afectara a sus inversiones. Lejos de haber reformado radicalmente el ISDS, el sistema de resolución de litigios inversores-Estado, el CETA lo expande y lo arraiga.

-- El ICS del CETA garantiza a los inversores unos derechos no forzosos pero no sus correspondientes obligaciones. No permite a los ciudadanos, a las comunidades o a los sindicatos a presentar una demanda cuando una compañía viola normas ambientales, laborales, sanitarias, de seguridad y otras. Esto puede ser incompatible con el derecho comunitario ya que establece un sistema legal paralelo, que autoriza a los inversores a eludir los tribunales existentes. El ICS es discriminatorio porque garantiza derechos a los inversores extranjeros que no son permitidos ni a la ciudadanía ni a los inversores nacionales.

-- En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborales y desarrollo sostenible no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones. Quedan como declaraciones huecas que no tienen en cuenta los peligros que otros capítulos del tratado afectan a derechos de los trabajadores, a la protección del ambiente y a medidas para mitigar el cambio climático.

-- El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas. El CETA es el primer tratado de la Unión Europea que hace de la liberalización de los servicios, la regla, y de una regulación de interés público, la excepción. Esto amenaza el acceso de la población a servicios de alta calidad tales como el agua, el transporte, la asistencia social y sanitaria, así como atenta contra una provisión de servicios públicos que estén de acuerdo con los objetivos de público interés.

-- Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, que el crecimiento económico será más lento con el tratado, y que la pequeña ganancia en ingresos iría principalmente a los dueños del capital y no a los trabajadores. Como resultado, se espera que, estando en vigor el CETA, la desigualdad sea mayor.

-- El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros. También se restringirán severamente las reformas que tienen por objeto eliminar las causas claves de la inestabilidad financiera y que aseguren una mejor protección de los consumidores y la economía en conjunto.

-- El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos  en Canadá * a, al menos, 858 millones de dólares canadienses por año (621 millones de euros). También impactaría negativamente en los derechos fundamentales, tales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos y limita la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá para reducir unas patentes excesivas (derechos de propiedad intelectual) que a su vez limita el acceso al conocimiento y a la innovación. Algunos derechos de propiedad intelectual en el CETA se parecen mucho al texto del ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación), un tratado comercial antifalsificación para proteger las patentes y la propiedad intelectual que fue rechazado por el Parlamento Europeo.

-- Las normas del CETA en cuanto a la cooperación reguladora y las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, y potenzialmente socavando las tan necesarias políticas de interés público.

En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida con una pequeño beneficio para los consumidores, aumentaría el control sobre las semillas, obstruiría las políticas de la compra de alimentos locales y amenazaría los estándares de la producción y procesamiento de alimentos, destruyendo todo el esfuerzo para impulsar la agricultura sostenible.

-- Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser desafiadas por el CETA basándose en las declaraciones de que son solo medidas gravosas, que no tienen base científica y que pueden ser barreras disimuladas al comercio. Nada en el texto del CETA o en las declaraciones anexas protege efectivamente el papel del principio de precaución en la política reguladora europea, mientras algunas secciones hablan directamente de principios conflictivos.

El CETA es el resultado de un proceso de negociación en gran medida secreto entre el anterior gobierno canadiense y la anterior Comisión Europea. El texto final del CETA y las declaraciones anexas ignoran casi todas las enmiendas razonables y muy específicas propuestas por la sociedad civil para abordar los errores del tratado. El intento para reabrir las negociaciones, por el gobierno de la región de Valonia en Bélgica, fue bloqueado. Ahora, solo es posible el llévelo o déjelo, el voto afirmativo o negativo del tratado de las 1.600 páginas.

Por todas las razones expresadas, alentamos a las eurodiputadas y eurodiputados del grupo de los socialistas en el Parlamento Europeo a que voten en contra de la ratificación del CETA el próximo 15 de febrero en Estrasburgo.

Un reciente análisis de Greenpeace ha evaluado el contenido del CETA en relación al documento ‘Diez principios progresistas del S&D para una nueva era de acuerdos comerciales’ que la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo publicó hace unos cuantos meses. El análisis ha puesto en evidencia las graves contradicciones entre estos principios progresistas y lo que se esconde en el CETA.

Tal como están las cosas, el CETA no es un tratado comercial progresista. Sería una equivocación adoptar este tratado, con sus muchas y preocupantes disposiciones, como un modelo para futuros tratados. El CETA es una versión retrógrada y aún más intrusiva de las viejas políticas de libre comercio diseñadas por y para las grandes multinacionales. Necesitamos un cambio de paradigma que lleve a una política comercial transparente e inclusiva basada en las necesidades de las poblaciones y de nuestro planeta. La ratificación del CETA nos llevará muy lejos de ese cambio imprescindible.

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* En una versión anterior no se precisaba que el aumento del coste de las prescripciones médicas sería en Canadá.