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Ser ‘whistleblower’ en Europa: condenado por denunciar delitos

Raphael Halet, Rudolf Elmer y Jonathan Sugarman narran la persecución a la que se han visto sometidos tras desvelar prácticas de evasión fiscal de multinacionales y fraudes bancarios

Alexandre Mato Bruselas , 30/11/2016

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Hablar de Edward Snowden es hablar de alguien famoso: del informático que reveló el espionaje masivo practicado por Estados Unidos a escala mundial. Hablar de Raphael Halet, Rudolf Elmer y Jonathan Sugarman es hablar de personas casi anónimas, perseguidas judicialmente y condenadas al ostracismo laboral.

Como Snowden; Halet, Elmer y Sugarman son whistleblowers. En castellano les llamaríamos soplones, delatores o chivatos. Sus informaciones han descubierto prácticas de evasión fiscal de multinacionales, fraudes bancarios que costaron cientos de millones de euros al contribuyente europeo o el blanqueo de dinero en paraísos caribeños. Tras hacer sonar el silbato, sus vidas laborales están arruinadas. Ninguna empresa de sus sectores profesionales los quiere contratar. La Europa que se escandaliza cuando EEUU persigue a Snowden es igual de implacable con sus propios informantes de delitos económicos. Y es en Bruselas, junto al Parlamento Europeo, donde tiene lugar la conversación de estos tres informáticos. 

Luxemburgo defiende a sus evasores fiscales

Un tribunal de Luxemburgo volverá a juzgar dentro de unos días a Raphael Halet por filtrar anónimamente al periodista Edouard Perrin documentos internos de PriceWaterHouseCoopers (PWC), que mostraban la ingeniería fiscal con la que cientos de multinacionales evadían miles de millones de euros en impuestos. Perrin y otro antiguo trabajador de la consultora, Antoine Deltour, también deben comparecer ante el tribunal.

La Fiscalía de Luxemburgo recurrió los nueve meses de cárcel a Halet y los doce meses a Deltour. Perrin fue absuelto, porque no acepta una sentencia que reconoce la “innegable contribución en favor de una mayor transparencia” en cuestiones fiscales de estas tres personas. Los miles de documentos de PWC son la base del gran escándalo de evasión fiscal conocido en 2014 como LuxLeaks. Y muestran que, entre 2002 y 2010, hasta 340 multinacionales firmaron con la hacienda luxemburguesa cientos de acuerdos fiscales, tax rulings, para pagar pocos impuestos.

Sólo en la división bancaria, hablamos de 100 millones de francos suizos no declarados

La maquinaria evasora ocurrió cuando el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el primer ministro del país. Halet trabajaba entonces en el Departamento de Fiscalidad de PWC y por su ordenador pasaron miles de páginas de esos pactos. “Los documentos los tenía delante de mí todos los días, los fotocopiaba todos los días porque eran de trabajo, los intercambiábamos entre los compañeros”, explica el antiguo empleado de la consultora, que desmiente cualquier “tipo de acceso fraudulento”.

Raphael Halet era un administrativo sin responsabilidad en el engranaje fiscal pero un día vio en la televisión el reportaje de Perrin sobre “la evasión fiscal practicada por Luxemburgo, en general, y particularmente por PWC”. A partir de ese momento, explica, “es cuando tomo conciencia de que algunos departamentos de la empresa, como el mío, son los que hacen la evasión”.

Se inicia así un contacto anónimo entre Halet y Perrin que termina con el envío de cientos de acuerdos fiscales de multinacionales. El reportero trabaja con la documentación y finalmente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desentraña en otoño de 2014 la gran evasión practicada en Luxemburgo. Para el ciudadano Halet comienza una pesadilla.

Apenas unos días después del estallido de LuxLeaks, “la policía vino a mi casa para registrar mi ordenador, mi iPad, a realizarme un interrogatorio privado pero de apariencia oficial”, describe el extrabajador de PWC. Halet ya estaba en el punto de mira. El interrogatorio resultó ser ilegal, la autorización era sólo para requisar su ordenador. Investigadores privados de PWC acompañaron a la policía y les indicaron qué requisar.

Posteriormente, en un interrogatorio de casi 12 horas, representantes de la consultora ofrecen a Halet, afirma, “mi silencio a cambio de no reclamarme diez millones de euros y no quedarse con mi casa”. El acuerdo evitaba a Halet una denuncia ante la justicia. Pero PWC se salta el acuerdo de confidencialidad y en enero de 2015 un tribunal luxemburgués inculpa a Halet, que también es despedido. Casi dos años después sigue desempleado.

Banqueros de la piratería caribeña

La lucha de Rudolf Elmer es más prolongada pero también muestra la connivencia de las grandes empresas con el sistema judicial de otro paraíso fiscal, Suiza, donde bancos y banqueros son los reyes. Entre 1994 y 2002, él fue uno de ellos, el número dos del banco suizo de inversión Julius Baer en las Islas Caimán.

Elmer estaba contratado por la filial caribeña, dentro de la estructura del holding bancario pero al margen de la entidad con base en Zúrich. Trabajaba para una trust company o sociedad especializada en los fondos que emplean las grandes fortunas para sortear las haciendas nacionales. “Sólo en la división bancaria, hablamos de 100 millones de francos suizos no declarados”, calcula Elmer, pero “la evasión real entre los clientes es muy difícil de cuantificar porque también tienen joyas, casas, oro, obras de arte. Y estos activos son comprados por sus sociedades de inversión y se pasaban por nuestro trust durante décadas y generaciones”.

Prácticas mafiosas que llevaron a Elmer a un centro psiquiátrico varias semanas

Despedido en 2002, Elmer guarda en su propia casa copias de la información de los clientes y de los fondos gestionados y durante unos años las envía a medios suizos e internacionales para denunciar la trama caribeña. Por primera un banquero suizo cambia de bando y explica cómo las grandes entidades colaboran con la evasión fiscal. La primera represalia que sufre es pasar 30 días en prisión, acusado de vulnerar el secretario bancario suizo.

Durante años, Elmer y su familia fueron espiados por detectives privados de Julius Baer. Estos llegaron, incluso, a entregar un pequeño juguete a su hija cuando volvía del colegio. Fueron prácticas mafiosas que llevaron a Elmer a un centro psiquiátrico varias semanas, durante las cuales analizó la información en su poder. Así, descubrió el blanqueo de dinero del narcotráfico por parte de policías mexicanos, la fortuna de armadores griegos o las cuentas de políticos brasileños. En total, más de 1.300 clientes con cuantiosos fondos, cientos de ellos suizos.

Wikileaks y el periódico The Guardian publicaron esa información pero, en vez de investigarla, la justicia suiza abrió dos nuevos casos contra Elmer por vulneración del secreto bancario y falsedad documental. Elmer pasó otros 180 días encarcelado y su entorno fue investigado. “Tuvimos que romper la comunicación con nuestros familiares porque sus trabajos podían estar en peligro. La persecución era tan alta que hasta mi mujer fue juzgada por vulnerar el secreto bancario”, señala Elmer.

Once años después del primer juicio, ha sorteado el delito de vulneración del secreto bancario gracias a los propios documentos y contratos de Julius Baer, que prueban que él no estaba sujeto a las leyes suizas. Aun así, la Corte Federal suiza todavía estudia un nuevo recurso suyo contra la sentencia de 14 meses de prisión condicional por falsedad documental y amenazas.

Ley del silencio en Irlanda

“A mí me hubiese encantado un juicio porque el caso habría sido yo contra el Banco Central de Irlanda y Unicredit por sus fallos en el cumplimiento de las leyes”. Lo dice Jonathan Sugarman al conocer la lucha judicial de su colega. Sin embargo, él sufre un intento deliberado de las autoridades bancarias irlandesas de silenciar los graves errores de supervisión que permitieron la quiebra bancaria de la isla.

Sugarman se incorporó a Unicredit Irlanda en 2007 como gestor de riesgos. Al brillante economista le bastaron cuatro meses para descubrir que el banco no estaba cumpliendo las reglas de liquidez irlandesas: las entradas de cash, o dinero, debían cubrir el 90% de las salidas en la actividad diaria. Sugarman acudió a sus jefes. “Ojalá supiese hoy si era una práctica deliberada de Unicredit o si ocurría porque no tenían ni idea de que lo que estaba pasando”.

Estábamos vulnerando las leyes, mi nombre iba a aparecer en ese informe y era algo que no podía aceptar

No le escucharon y la situación de liquidez del banco empeoraba así que Sugarman se negó a firmar las cuentas bajo su supervisión. “Estábamos vulnerando las leyes, mi nombre iba a aparecer en ese informe y era algo que no podía aceptar”, explica. En Irlanda, incumplir las reglas de liquidez de manera deliberada o por omisión suponía penas de cárcel de hasta 5 años.

El exbanquero denuncia la pasividad del Banco Central de Irlanda y de los reguladores financieros, a los que también informó sin éxito sobre el grave agujero. Él se pregunta si “tiene algo que ver que el presidente de mi banco en Irlanda, después de que yo denunciara un agujero de miles de millones de euros, fuese nombrado director” de la institución.

Sugarman abandonó su empleo en septiembre de 2007, el mismo mes que en el vecino Reino Unido se producía la primera quiebra bancaria de la crisis europea. Northern Rock caía por sus problemas de liquidez y a finales de 2008 el sistema financiero irlandés se resquebrajaba hasta llevarse por delante al país. “Ningún regulador o banquero ha ido a la cárcel por incumplir las normas”, denuncia Sugarman, que se pregunta “¿cuántos tenéis en España?”.

Quizás, como dice Rudolf Elmer sobre Suiza, “el sistema judicial y los bancos están en el mismo barco. Es un sistema que está moralmente corrupto y sólo lo puedes combatir si lo expones internacionalmente a todo el planeta”.

Autor >

Alexandre Mato

Periodista por la UCM, donde cursó un Máster en Relaciones Internacionales.
Antiguo editor jefe de cierre de 'Mercados', ha pasado por la Cadena Ser, Informativos Telecinco y 'El Confidencial'. Colabora con la TVG o Telemadrid. Vive en Bruselas.

 

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