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El 4 de octubre de 2015 cinco millones de portugueses acudieron a las urnas para participar en unas elecciones legislativas que eran vistas como un referéndum sobre los cuatro años anteriores. Habían sido años duros, marcados por el colapso económico del país, el rescate europeo y la intervención de la Troika. El primer ministro, Pedro Passos Coelho, había apostado por la austeridad más absoluta y todos los portugueses se habían visto afectados por los recortes y el aumento de la carga fiscal. Ahora tocaba decidir si seguir adelante con la ruta “disciplinada” que marcaba el conservador o dar el Ejecutivo al Partido Socialista (PS) liderado por António Costa, el exregidor de Lisboa que prometía “pasar página a la austeridad”.

La noche de las elecciones todo apuntaba a un segundo Ejecutivo de Passos Coelho. La coalición formada por su Partido Social Demócrata y el derechista Centro Democrático Social había logrado 107 de los 230 escaños en la Asamblea de la República y se asumía que el Presidente de la República le encargaría formar un Gobierno minoritario. Los tertulianos esperaban la dimisión de Costa, cuyo partido había conseguido sólo 86 escaños. Sin embargo, la intervención inesperada de los líderes de los otros partidos de la izquierda con presencia parlamentaria lo cambió todo. Pese a la tradicional enemistad entre las facciones, el marxista Bloque de Izquierda (BI) y el Partido Comunista Portugués (PCP) se declaraban dispuestos a formar una inédita alianza parlamentaria para facilitar un Gobierno progresista en Portugal.

BI y PCP descartaban entrar en un Gobierno de coalición formal pero prometían votar en contra de la investidura de Passos Coelho y a favor de la de Costa, y acordaban igualmente dar un apoyo parlamentario negociado al futuro Ejecutivo minoritario dentro de la Asamblea de la República. El Gobierno socialista prometía sacar adelante las medidas sociales promovidas por sus socios de la izquierda, aunque avisaba de antemano de que estas se promulgarían a medida que fuese posible, tomando en cuenta los límites comunitarios a los que el país continuaba sujeto.

Los Presupuestos Generales para 2017 dejan en evidencia que el fin de la austeridad queda pospuesto para mejores momentos económicos

El 10 de noviembre los 123 diputados de la izquierda votaban en contra del brevísimo XX Gobierno de la República, y 16 días después Costa se convertía en primer ministro. Paulo Portas, el vicepresidente saliente, bautizaba a la alianza parlamentaria con el nombre geringonça, palabra que en portugués quiere decir “un aparato inestable de manejo complicado que se estropea fácilmente”. Los medios portugueses celebraron que, por primera vez, los partidos de la izquierda dialogaran entre sí, pero a la vez predijeron que el “Gobierno de los perdedores” sería efímero, augurando elecciones en verano.

“El Ejecutivo Costa ya tiene garantizado su sitio en la Historia: por primera vez gobierna un partido que no ganó las elecciones, y por primera vez la izquierda apoya al PS,” declaraba Nuno Saraiva, editor del Diário de Noticias, el editorial publicado el día que los nuevos ministros juraron sus respectivos cargos. “No obstante, el nuevo primer ministro no puede garantizar que contará con el apoyo suficiente para aprobar los Presupuestos Generales o evitar futuras mociones de censura. […] La izquierda está de enhorabuena, pero veamos cuánto tiempo tarda en chocar con la realidad”.

Negociaciones permanentes

Un año después el Gobierno de la geringonça pervive. Entre el colapso de entidades como Novo Banco y Banif el pasado diciembre, las durísimas negociaciones con Bruselas para la aprobación de los Presupuestos Generales, y la amenaza de una multa comunitaria por incumplir los objetivos del déficit en 2015, no ha sido un año especialmente fácil. El Ejecutivo ha tenido que mantener un complicado balance entre las exigencias de sus socios en el Parlamento y las autoridades europeas, hostiles ante las promesas gubernamentales de “pasar página a la austeridad”. Además, ha logrado mantener sus compromisos europeos, consiguiendo reducir el déficit y el paro.

Pese a las presiones desde dentro y fuera del país, el Ejecutivo minoritario y la alianza parlamentaria de la izquierda sigue adelante, y a lo largo de los últimos 11 meses gran parte de los objetivos sociales pactados el pasado otoño se han promulgado. Las de implementación más inmediata fueron las medidas sociales. Durante los primeros meses del año se derogó la polémica ley del aborto aprobada por el anterior Gobierno, que introducía tasas para interrumpir el embarazo voluntariamente y obligaba a quienes querían abortar a acudir a un psicólogo. También se aprobó la adopción por parte de parejas homosexuales, el acceso libre a la reproducción asistida, la supresión parcial de la financiación de los colegios concertados y la reposición de los cuatro festivos suprimidos por el anterior Ejecutivo.

Hay nuevos impuestos, pero la mayoría de los portugueses pagarán un poco menos de IRPF. Los libros de texto en el primer ciclo de la enseñanza pública pasan a ser gratuitos

Más difíciles de implementar fueron las medidas económicas. La reducción de los impuestos directos y el aumento de las ayudas sociales a los más perjudicados por la crisis se produjeron casi inmediatamente, pero otras medidas tuvieron que ser negociadas. Se estudió y debatió la reposición íntegra de los salarios de los funcionarios públicos –exigido por el BI– y el aumento del salario mínimo a los 600 euros mensuales –causa abanderada por el PCP–. Al final se acordó reponer los salarios públicos de manera escalonada a lo largo de 2016  y no de forma inmediata. A la vez, se pactó con los comunistas para subir los salarios mínimos de manera más gradual: de 505 a 530 euros este año, y así sucesivamente hasta alcanzar los 600 en 2019.

Otras mejoras quedaron en el ámbito de lo simbólico. La presentación de los Presupuestos Generales para 2017 el pasado viernes 14 de octubre dejó en evidencia que el fin de la austeridad queda pospuesto para mejores momentos económicos. Sigue en vigor, hasta finales del año que viene, el polémico impuesto extraordinario creado por Passos Coelho en 2013 para recaudar fondos, y se introducen nuevas tasas sobre el patrimonio, los refrescos, el alcohol y el gasóleo. Se mantiene la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público y los severos límites sobre los gastos administrativos dentro de los ministerios. Sólo se actualizarán las pensiones de los más pobres, y aunque los funcionarios han recuperado sus sueldos íntegros de antes de la crisis, estos no serán actualizados y valen, según un reciente informe de PwC, entre un 10 y 13% menos que en 2010 debido a las nuevas cargas fiscales.

Pese a ello, hay algunos avances sociales. Hay nuevos impuestos, pero la mayoría de los portugueses pagarán un poco menos de IRPF. Los libros de texto en el primer ciclo de la enseñanza pública pasan a ser gratuitos. Se aumentan las ayudas a las víctimas de la violencia de género. El Ministerio de Cultura, suprimido durante la época de Passos Coelho, no sólo vuelve a existir, sino que recibe más financiación pública. Son medidas casi simbólicas, pero demuestran que el Gobierno está dispuesto a gestionar el poco dinero que tiene de manera distinta a la del anterior Ejecutivo.

Pero a nivel de calle, ¿convence? ¿Algo ha cambiado en el primer año del Gobierno de la geringonça?

Mario Pereira ha notado el cambio de Gobierno en su bolsillo. Dueño de una pequeña tasca en el barrio lisboeta de Cais do Sodré, se ha visto directamente beneficiado por la rebaja del IVA de restauración del 23 al 13% el pasado julio.

“Nunca he sido votante de la izquierda y Costa no me inspira nada de confianza, pero reconozco que Passos Coelho casi me arruinó cuando subió el IVA hace cuatro años. No es que sea la panacea, pero en tiempos difíciles cualquier tipo de alivio fiscal viene bien, y psicológicamente tiene su impacto. El ahorro es mínimo, pero aun así hemos notado como cada vez más la gente vuelve a las viejas costumbres de cenar fuera de casa”.

Para Matilde Lopes el cambio ha sido más simbólico. Funcionaria de la Cámara Municipal de Lisboa, confiesa que nunca pensó que la alianza de izquierdas duraría –“nunca antes habían dialogado entre sí y nadie esperaba que empezaran a hacerlo ahora”–, pero dice sentirse gratamente sorprendida. “Siempre pensé que la izquierda era excesivamente idealista como para gobernar de manera eficaz. Este último año han demostrado que pueden liderar el país de manera eficaz y solidaria”.

“El anterior Ejecutivo estaba más preocupado con cumplir con Bruselas que con el bienestar de los pobres. Durante este último año se hizo un esfuerzo real para reponer las pensiones, y aunque queda mucho camino por delante, creo que es alentador que por lo menos estén intentando devolver lo que perdimos con la crisis. Portugal sigue siendo un país pobre y sin dinero, pero el actual Gobierno por lo menos gestiona lo poco que tenemos de otra manera”.

Ante quienes dicen que el Ejecutivo es inestable y lo critican por estar a la merced de sus socios en el Parlamento, Lopes responde que “es bueno tener Gobiernos minoritarios, porque eso les obliga a dialogar. El anterior Ejecutivo tuvo una mayoría absoluta y hacía lo que quería. Este tiene que hacerle caso tanto a Bruselas como a los comunistas, y eso lleva a que se consigan decisiones consensuadas y duraderas”.

Durante los primeros meses del año se derogó la polémica ley del aborto aprobada por el anterior Gobierno, que obligaba a quienes querían abortar a acudir a un psicólogo

João Lima coincide con Lopes al opinar que, para la mayoría de los portugueses, el impacto del primer año del Gobierno de la izquierda ha sido más bien simbólico. “Los más pobres han notado una diferencia inmediata. A mi tía abuela le han aumentado la pensión, y siendo viuda y tan mayor, cualquier euro adicional le viene bien”, explica Lima, que trabaja de modista en Oporto.

“Para mí, el impacto de este Gobierno lo veo más cara al futuro. Soy gay y algún día me gustaría adoptar un niño. Ese derecho fue una de las primeras medidas que aprobó el Parlamento en esta legislatura, y sí sólo por eso se nota un cambio de filosofía ahí arriba”.

Para otros, el primer año de la geringonça no ha sido muy diferente de los cuatro años anteriores bajo el Ejecutivo de Passos Coelho.

Patricia Duarte trabaja como profesora particular de portugués en Lisboa, y para ella los últimos doce meses han sido complicados. El colapso de Banif ha dejado a su esposo, empleado del banco, en riesgo de ser despedido. “No noto un cambio porque en mi casa seguimos obligados a tomar decisiones financieras complicadas y medir cada céntimo que gastamos ante el peligro del despido inminente”, explica la lisboeta. “No somos tan pobres como para recibir las ayudas del Gobierno, y como ni yo ni mi esposo somos funcionarios, nuestros sueldos siguen iguales”.

“El único cambio que he notado personalmente es que ya no hay huelgas de metro y asumo que será porque el Ejecutivo canceló el plan de privatizarlo. El problema es que ahora el tren llega tarde por averías, porque no hay dinero para repararlo correctamente”.

Diogo Medina, funcionario de la Administración Regional de Salud de Lisboa y el Bajo Tajo, también considera que poco ha cambiado durante el último año. “Los cambios han sido cosméticos. La reposición de los festivos, por ejemplo, es algo insignificante: los economistas ya han señalado que cuatro días más o menos no tienen un impacto real sobre la economía nacional. La gente se había acostumbrado a no tenerlos, fue absurdo reestablecerlos”.

Para Medina, lo que sí ha cambiado es la comunicación del Ejecutivo: “Los tres partidos lanzan mensajes contradictorios y como el Gobierno depende de los otros dos realmente no sabemos cuál es la ideología que domina. ¿El Ejecutivo defiende la clase media o comparte la posición del BI que considera que los que tienen ahorros superiores a los 50.000 euros están acumulando riqueza? Hay mucha inseguridad económica porque realmente no sabemos cuáles son los objetivos del Gobierno”.

En el ámbito de la salud, Medina concede que se han llevado a cabo reformas administrativas que pueden resultar revolucionarias, pero que el público en general desconoce. También apunta a nuevas medidas que mejorarán la calidad de vida de los pacientes. “Ahora las personas seropositivas pueden conseguir sus medicamentos en las farmacias, cuando antes sólo se les administraban en los hospitales. También hay un programa piloto para incorporar higienistas a los centros de salud públicos, una medida que puede suponer un ahorro para el sistema y ser más cómodo para los pacientes; hasta ahora se emitía un ‘cheque dentista’ para que los pacientes se trataran en el sector privado”.

No obstante, Medina argumenta que si el Gobierno quiere poner en marcha las medidas transformadoras que requiere el país, primero tiene que solucionar los problemas de la débil economía nacional que, según el FMI, crecerá por debajo de la media europea hasta 2020.

“Sin dinero no se pueden efectuar cambios serios. Faltan médicos en los hospitales lusos y cada Navidad vivimos situaciones críticas en las salas de urgencia, ya que siempre tenemos más pacientes en esa época del año. En 2015 se registraron tiempos de espera de 24 horas en algunos hospitales”, critica este funcionario. “Es obvio que tenemos que contratar más médicos, pero no hay dinero, por lo que se ha creado un protocolo para desviar pacientes a hospitales menos concurridos. Es una opción a corto plazo, pero no supone una solución al problema de fondo”.

A largo plazo, se necesita contar con más recursos económicos, insiste. “Se pueden tener grandes planes para transformar el país, y estoy de acuerdo con muchos de ellos. Pero para nada sirve promulgar leyes progresistas en el Parlamento si la aplicación real de las mismas requiere dinero, dinero que el Gobierno no tiene”.