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Crónica judicial

Las tarjetas ‘black’ o la impugnación de toda una era

Las acusaciones intentan que los gastos asociados a las tarjetas se conviertan en símbolo del descontrol de la extinta Caja Madrid. Blesa y Rato responden que era una parte más de la retribución

Rubén Juste de Ancos San Fernando de Henares, Madrid , 5/10/2016

<p>Rodrigo Rato</p>

Rodrigo Rato

Luis Grañena

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La magnificencia de una civilización puede medirse por su vanguardia arquitectónica: desde la Gran Pirámide de Guiza, construida hace más de 2.500 años bajo la dinastía de Keops, cuyos 146 metros solo fueron superados por la catedral de Colonia, ya en el siglo XIII, símbolo del Sacro Imperio Romano Germánico; a su sucesor, el monumento a Washington, un monolito de 1788 con una altura de 170 metros, que mostraba el poder del nuevo EE.UU. independiente. Desde entonces EE.UU. construyó su poder sobre las imágenes de rascacielos, desde los edificios de Chicago a las Torres Gemelas. En España, fuimos pioneros con el edificio Telefónica en Madrid, construido en 1928, aunque el salto se dio con la construcción de las torres de Plaza de Castilla en 1988, sede de Caja Madrid y el primero de los rascacielos inclinados del mundo.

Aquellas torres, que pretendían ser la puerta de Alcalá del siglo XXI, las “Puertas a Europa”, simbolizaban un nuevo poder económico que pronto vio hundidas sus ambiciones: lo que iba a ser sede del Grupo Kio, el gran grupo industrial de los 90 capitaneado por Javier de la Rosa bajo capital kuwaití, se llevó por delante a empresarios, miembros del gobierno, y hasta al administrador privado del Rey, que fueron acusados de estafar al inversor kuwaití y de utilizar los fondos para sobornar autoridades. Ese origen se olvidó, y aquellas torres se reconvirtieron en buque insignia de la nueva Caja Madrid.

Adquiridas durante la presidencia de Miguel Blesa en 1997, al año de acceder al cargo, en 2000 dividió las dos torres, y una fue llamada Realia, la inmobiliaria de la caja, y la otra Caja Madrid. Rodrigo Rato se atrevió a poner el cartel de “Se vende” dos meses antes de la salida Bolsa de Bankia, acomplejado con la torre inclinada, pues como flamante presidente de la cuarta entidad financiera española prefería ocupar la torre más alta de Europa, la torre Cepsa, situada en la vieja Ciudad Deportiva del Real Madrid y comprada por Caja Madrid en 2007 por 815 millones.

El resultado, unos años después, es de sobra conocido: Blesa y Rato encausados, Caja Madrid ha dejado de existir (y todas las cajas de ahorros, excepto Caixa de Pollença y Caixa Ontinyent) y su sucesora Bankia ha sido rescatada, nacionalizada e intervenida por las autoridades europeas.

Como una margarita deshojada, perdieron la gemela torre Realia, ahora propiedad de Carlos Slim (dueño actual de la inmobiliaria) y también la torre Cepsa (propiedad de Bankia-Frob), vendida a finales de septiembre al fondo IPIC (Dubai) por una opción de compra de 400 millones, y  revendida inmediatamente después a Amancio Ortega por 490 millones.

A 25 kilómetros de allí, mientras aquel imperio se deshace, Blesa y Rato intentan defenderse en el caso de las tarjetas black, un juicio sobre el que planea la opacidad en la gestión de Caja Madrid desde la era Blesa. 65 consejeros y directivos están acusados de apropiarse de 12 millones de euros de la entidad por medio de estas tarjetas: el imperio de las dos torres se sienta en el banquillo.

En los primeros días del juicio, planea sobre el ambiente el intento de la acusación de convertir los gastos asociados a las tarjetas en un símbolo de los excesos cometidos en la extinta Caja Madrid; de hacerlos aparecer como una muestra de la mala gestión que explique la larga cadena de despropósitos cometidos en Bankia y que han culminado en el mayor rescate financiero en la historia del país: se asume así responsabilidad de los representantes de sindicatos y partidos en la dirección de la entidad y su mala praxis en su política de remuneraciones como muestra de mala gestión en la fusión de las cajas reunidas en Bankia, la salida a Bolsa, las preferentes, y el rescate y posterior nacionalización. El indicio que agita la acusación: tales tarjetas no aparecen ni en el documento de fusión fría entre cajas (SIP), ni en el folleto de emisión de acciones, ni en el Informe de Gobierno Corporativo que debían enviar a la CNMV. Ello les lleva a concluir que existía un daño patrimonial no reflejado en ningún documento y que desconocían inversores y la propia Bankia, presentada como afectada.

La nueva Bankia

La nueva Bankia muestra los dientes. Formada por el tándem Goirigolzarri y De Guindos (Bankia y FROB), está presente como acusación en el juicio, cuyo resultado orientará la narrativa que distinga una y otra etapa. No es tarea menor justificar la inyección de 17.959 millones millones procedentes del dinero del rescate europeo, seguida de la destrucción de la obra social de Caja Madrid (se cerraron casi la totalidad de centros al salir de Bankia y quedarse sin acciones ni activos) y el despido de 5.000 empleados. Un saldo negativo que los actuales gestores tratan de poner en valor con los 50.000 millones ingresados, procedentes de las ventas de participadas, y que en todo caso no garantizan la devolución de lo inyectado en Bankia.

Primero Blesa, y después Rato y Moral Santín, como consejeros, hicieron un recorrido por el origen de las tarjetas black: la defensa de Miguel Blesa se basó en adjudicar a las tarjetas el carácter de instrumento de retribución que continuaba una política de “dignificación” que empezó con el anterior presidente, Jaime Terceiro, y estableció un paralelismo con el aumento de las dietas que inició Terceiro para los miembros del consejo. Para ello, puso énfasis en la fecha en que se creó la cuenta asociada a las tarjetas black: “Mayo 88”, una cuenta abierta en la época de Terceiro. Trataba así de contrarrestar la declaración ante el juez a principios de año de Terceiro, que dijo que las tarjetas eran para representación y tenían una cuantía mucho más austera.

El fiscal preguntó por la desproporción de la retribución en la era Blesa respecto a la de Terceiro, lo que el expresidente asoció con el crecimiento de la Caja, que, entre los años 1988 y 2000 multiplicó su peso por cuatro.

El expresidente de Caja Madrid basó su defensa en dos elementos: las tarjetas eran un instrumento por el cual se disponía de parte de la retribución, y segundo, no hubo órgano interno o externo que advirtiera de irregularidad alguna. Sobre lo primero advirtió de que el monto estaba fijado de antemano, y que si existía un aumento del límite en distintos meses era una cuestión de “límite operativo”, como el de cualquier tarjeta de crédito, pues la cuantía anual estaba prefijada y obedecía a las condiciones del contrato de cada uno.

Sobre el carácter opaco frente a Hacienda, Blesa asume que tal función correspondía a los involucrados, y que “confiaba en la buena fe” de los consejeros para declarar tales ingresos. El último cuestionamiento a su opacidad --las tarjetas no aparecían en informe alguno enviado a la CNMV-- fue contrarrestado por el chascarrillo del día en prensa, diciendo que aquellas tarjetas habían dejado suficientes “pistas” para saber de su existencia.

 Así se utilizaron las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia | Datadista

Para apoyar al antiguo jefe llegó a declarar el ex director financiero y presunto cerebro de la trama, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien, con su desparpajo de alto funcionario eterno de Caja Madrid, pudo aclarar que una “pista” es un término de auditoría para aludir a un “elemento para evidenciar una infracción”, como gastos desmedidos, o desajustes entre operaciones que saltan automáticamente en el sistema. Pero la prensa, una vez más, corrió más que la defensa y nada quedó de tal aclaración.

La declaración de Rato obedeció más a la de un hombre de la Troika que a  la de un expresidente de una Caja de Ahorros. En un tono gris, acentuado por las cuasi opacas gafas Ray Ban, se dirigió al fiscal con tono molesto, para denunciar que los errores, si los hubiera, tenían que haber sido reflejados por algún órgano interno de la entidad. Declaró que su función no era la de gestionar las retribuciones ni las tarjetas ni conocer su operativa. También explicó que de la distribución se encargaba el secretario general de la caja, Enrique de la Torre, mientras que de su gestión se encargaba el Comité de Medios y la Dirección Financiera dirigidos por Ildefonso Sánchez Barcoj.

Respecto a la transparencia y funcionamiento de aquella cuenta, Rato negó un conocimiento profuso, declarando que se había enterado de muchas cosas durante la instrucción, por ejemplo que la cuenta ‘Mayo 88’ estaba sujeta a inspección fiscal. Sobre su responsabilidad de declarar aquellos ingresos, asumió haberlos incluido como gasto deducible hasta el año 2015. Finalmente, molesto y vengativo, hizo un llamamiento: “Es una lástima que no contemos con la presencia de la Agencia Tributaria para que nos contara qué criterio ha utilizado”, quizá recordando que su máximo responsable fue un día su subordinado. 

Rato declaró que las tarjetas eran un mero instrumento de liquidez, que adelantaba parte de la retribución asignada en el contrato. Y tuvo tiempo también para ajustar cuentas con su otrora mano derecha Francisco Verdú Pons, que se arrogaba el honor de ser el único que no aceptó la tarjeta: “No la rechazó, la aceptó, si no la quiso usar es otra cosa”, aseguró.

El fiscal Alejandro Luzón le inquirió como responsable de poner fin a las tarjetas, unos días antes de su dimisión. Rato asoció esa decisión a su carácter nominativo: las tarjetas desaparecían con el usuario que las utilizaba. Seguidamente Luzón citó la palabra estrella: “¿Se trataba de eliminar una pista?”, preguntó. Harto, sacó el orgullo de expresidente del Fondo Monetario Internacional, mezclado con una marcada chulería madrileña: “¿Pero qué pista?”.

Sánchez Barcoj, el fontanero de la Caja

Serio y desubicado, Rato dejó paso al presunto cerebro de la trama, que se despachó a gusto. Era la declaración más esperada, la del director de medios y posterior director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, presunto encargado de gestionar las tarjetas y quien más gastó: 575.079,24 euros. Su declaración quedó marcada por la defensa de toda una clase que había habitado hasta entonces en Caja Madrid, marcando una distancia con aquellos que ocupaban el piso más alto en la torre Bankia: “Accedí por oposición hace 35 años a la Caja, me costó mucho llegar donde llegué, pues soy de familia humilde, y nunca he tenido una tacha”, remarcó al final.

Barcoj llegó con un conocimiento enciclopédico, que le permitía dar abundantes detalles, tras su paso como directivo en la época Terceiro, la de Blesa, y la de Rato: era el fontanero de la Caja. Viéndose acorralado por el desvío de acusaciones de Blesa y Rato hacia él, declaró en todo momento no dedicarse a las tarjetas de consejeros, sino únicamente a las de directivos. Para diferenciar funciones, explicó que la cantidad la fijaba el presidente, que pasaba a la comisión de retribuciones y de ahí al comité ejecutivo, que aprobaba la propuesta. Barcoj no era miembro de ninguno de estos órganos. Ildefonso es el acusado más temido por los abogados de Bankia y el FROB, que sufrieron en el interrogatorio.

Como testigo, Sánchez Barcoj había puesto a Bankia el dedo en la llaga, al denunciar al juez Andreu que el actual secretario general de Bankia, Miguel Crespo, había recibido pagos similares a las black, vía aportaciones por pensiones, por valor de 552.000 euros con arreglo al ejercicio 2011, el de formación de Bankia y el más polémico. En 2012, Bankia le obligó a devolver tal importe, manteniendo a Crespo en el consejo.

Ildefonso defendió en todo momento la legalidad y transparencia de las tarjetas opacas como un instrumento ligado a una retribución global, que era adelantada de esa forma. Aquella fórmula podía “resultar más cómoda, o no”, dijo. Y su transparencia era tal que podía ser consultada desde cualquier oficina o desde Internet, añadió. De las tarjetas de los consejeros no podía responder, dado que no se ocupaba de ellas, y también, porque estaban “protegidas”. En cuanto al delito fiscal que se le atribuye, declaró haber incluido dicha cantidad en su correspondiente declaración.

Ildefonso Sánchez Barcoj contestó a todas las preguntas y tuvo tiempo de explayarse con la prueba del Excel. Adujo que aquello no era un recibo bancario ni un extracto de movimientos, pues carecía del correspondiente código del establecimiento donde se hacía la compra. Para descalificar tal prueba declaró ser enemigo de los casinos y el juego, por lo que le resultaba un disparate que le hubieran acusado de ir en horario de trabajo al casino, dada la referencia “Casino Club de Golf” que aparecía en uno de los gastos: “Ese establecimiento es propiedad de Caja Madrid y no tiene ni casino ni golf, tiene un restaurante y salas de reuniones”, justificó. También recordó algunos cargos extraños, apuntados en el Excel como “venta de combustible a domicilio”, asociado a un gasto en una gasolinera, cuando según Barcoj, “yo no tengo chalet en la sierra”.

Por último, respecto a la influencia de esos gastos en el agujero de Bankia, respondió lo mismo que el resto de consejeros: que los gastos no fueron a Bankia, únicamente los activos y pasivos, y que aquellos gastos eran como cualquier otro gasto de la Caja, como el pago de la luz, o el agua. Se despidió con una velada nota: “El rescate no tuvo nada que ver con los gastos de las tarjetas; puede ser que tuviera que ver con los activos, o con los 22.000 millones que se pidieron”.

Moral Santín José Antonio Moral Santín se sentó en la silla de los acusados con ganas, aunque sin la seguridad de Barcoj. El profesor y consejero nombrado a petición de Izquierda Unida tenía muchas cuentas pendientes: “Estaba deseando poder hablar”, dijo, a sabiendas de la campaña de desprestigio que sufrió, desde los carteles con su cara en una diana colgados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Somosaguas hasta el detalle de sus gastos en prensa, unos gastos que llegaron a los 575.071,66 euros.

Moral Santín abundó en la defensa de Rato y Blesa aduciendo el carácter instrumental de la tarjeta, que venía siempre asociado a una retribución fijada en el contrato, y desglosada en dos partes, una por tarjeta, otra en cuenta. El exconsejero se remontó, para justificar su existencia, a la época de Terceiro, diciendo que “desde 1995 hasta 2011” no cambió de tarjeta, la cual utilizaba como parte de la remuneración dada su participación en el consejo de Corporación Financiera Caja Madrid y otras participadas.

Para ello aportó a la causa el acto de la comisión ejecutiva de 1995, donde se solicita una tarjeta de crédito justificada en el desempeño de sus funciones y en el tiempo dedicado al trabajo de la caja y participadas. Respecto al porqué no se aportaban justificantes de gastos, explicó que era “remuneración”, y que la tarjeta era un simple instrumento para disponer de ello; “formaba parte de recursos remunerativos, uno de los tres que había”.

La declaración de esos importes se hacía, según Moral, al final del ejercicio, cuando les entregaban un documento con sus ingresos globales y las deducciones correspondientes. El exdirigente de IU tuvo un rapto de sinceridad, y tras un silencio explicó que las retenciones practicadas podían haber sido diferentes: “Si se hubieran hecho bien las cosas el impacto habría sido de entre 2.000 y 3.000 euros”, apuntando a que, de haberse utilizado otro tipo de procedimiento de retención, la cuantía sería baja para un delito fiscal.

Finalmente, para terminar el desfile de consejeros, apareció Francisco Baquero Noriega, de CCOO, quien, consecuentemente con la declaración de opacidad que denunció Ildefonso Sánchez Barcoj respecto a las tarjetas de los consejeros, afirmó que los movimientos de aquella tarjeta no podían ser consultados. Ahí entraría, por consiguiente, el sistema que explicó Barcoj, por el cual se avisaba al titular de la tarjeta cuando este se acercara al límite operativo mensual, dado que éste no podía saber cuánto le quedaba.  

A las 19:30 terminaba el juicio de las black en la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, mientras en la sala de abajo continuaba el juicio de la Gürtel. El proceso a la gestión de una caja, arriba; el juicio por comisiones por adjudicaciones, abajo. Fuera, las cajas desaparecidas, los sindicatos escondidos y el PSOE hecho jirones. La audiencia es en estos días una metáfora de la arquitectura de una era, observada a lo lejos por grandes inversores como Amancio Ortega y Carlos Slim, que contemplan desde la torre Cepsa y Realia cómo el poder de toda una era se deshace a sus pies.

 



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Autor >

Rubén Juste de Ancos

Doctor en Sociología. Asesor de Unidos podemos en el Congreso. Amante del periodismo de Marx e Ida Tarbell. Esta decía que "no hay medicina más efectiva para llegar a los sentimientos de un público fervoroso que las cifras".

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