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MEDIOS, INTELECTUALES, PODER

¿Queda algún lugar digno para los intelectuales académicos?

Profesores e investigadores ganan influencia y reconocimiento en los medios pero a cambio han de trabajar de forma más condensada, más rápida, más imprecisa y, sobre todo, más posicionada

María Eugenia Rodríguez Palop 6/09/2016

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Hay pocas cosas tan difíciles como identificar a un intelectual; identificar a los intelectuales como grupo de manera concluyente, definir su mayor o menor complacencia con el poder, halagarles o criticarles, cuando ni su calificación ni su clasificación nos resultan claras. ¿Cuáles son las dinámicas, roles y funciones propios de los intelectuales? ¿De qué factores dependemos para localizarlos, contextualizarlos y juzgarlos? 

Decía Gramsci que la pregunta frente al intelectual no era la de ser o no ser, porque no se es un intelectual, sino que se ejerce esa función en una estructura social o en un proceso histórico. Las disquisiciones acerca de cuáles han sido y son esas funciones han sido muchas después, y las discusiones sobre intelectuales orgánicos y tradicionales, incluso sobre la idea misma de intelectual colectivo, parecen inacabables. “Todo grupo social – afirmaba Gramsci-- que surge sobre la base original de una función esencial en el mundo de la producción económica establece junto a él, orgánicamente, una o más capas intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función, no sólo en el campo económico, sino también en el social y en el político [...]” (La formación de los intelectuales). Si se asume una perspectiva como esta, ¿hasta qué punto procede lanzar una crítica a tal o cual intelectual o regodearse en el análisis, más o menos ácido, del papel ejercido por tal o cual generación de intelectuales? ¿No resulta más interesante analizar las estructuras objetivas o subjetivas que, en un contexto dado, favorecen o no el ejercicio de las funciones propias de un intelectual? ¿Se dan en España semejantes estructuras? Y, en concreto, ¿es la Universidad un espacio apropiado para la vida intelectual? ¿Queda algún lugar en nuestro país para los intelectuales académicos? Voy a intentar contestar algunas de estas preguntas muy brevemente aquí.

Bourdieu sostiene que los intelectuales han de hablar en nombre de una autoridad intelectual --en particular la de la ciencia-- “[…] dotarse de medios de expresión autónomos, independientes de los requerimientos públicos o privados, y organizarse colectivamente para poner sus propias armas al servicio de los combates progresistas”, a fin de enfrentarse a la demagogia política que legitima las medidas represivas o las políticas culturales hostiles a la vanguardia (Intelectuales, política y poder). Es decir, que los intelectuales ni están al servicio de una clase social, ni son tampoco doxósofos o simples opinadores sometidos a intereses espurios, sean públicos o privados, pero, desde luego, tienen una función social ligada al progreso que ejercen con una cierta autonomía.

En España la Universidad ha dejado de ser un agente de cambio de social

Seguramente no me equivoco mucho si digo que, por lo general, es así como se ve a sí mismo el intelectual académico. Alguien que ante el poder mediático, por ejemplo, siempre se debate entre la atracción (por el vacío en el que se mueve la labor universitaria), el desprecio (falta de calidad) y la desconfianza (manipulación y falta de veracidad). El académico sabe que con su salto a los medios gana influencia y reconocimiento pero a cambio ha de trabajar de forma más condensada, más rápida, más imprecisa y, sobre todo, más posicionada; ese salto le ayuda a superar su autarquía pero también le desacraliza como intelectual. Y es que no es siempre fácil salir de la trinchera elitista y minoritaria que supone la Universidad, por muy agobiante que sea.

Al menos en España, la Universidad ha dejado de ser ya (si es que lo fue alguna vez) un agente de cambio de social, ha acabado reproduciendo las desigualdades sociales, y se ha ocupado fundamentalmente de formar a las élites y trabajar para ellas. La lógica del sistema universitario es hoy la de perpetuar los privilegios sociales y de género, y los mecanismos docentes funcionan como instrumentos de censura que evitan la transformación social. En este entorno, la carrera académica exige, en buena parte, asumir acríticamente ciertas estructuras de dominación, incluso, en ocasiones, llegar a somatizarlas; una mezcla premoderna de educación eclesiástica y militar que convierte al intelectual en una eficaz herramienta de colonización mental y domesticación social.

Esta dominación cultural, que es una dominación simbólica eminentemente masculina, se ejerce a través de lo que Bourdieu denomina el “habitus”, un proceso de conversión de las estructuras objetivas de dominación en auténticas estructuras mentales, y la sufren tanto los dominantes como lxs dominadxs, profesorxs y estudiantes, todxs ellxs víctimas (en distinta medida) de esa violencia simbólica que garantiza el orden social.

La nuestra es, sin duda, una Universidad empobrecida, burocrática, jerarquizada, envejecida, precarizada y endogámica

Como dice Sebastiaan Faber en este mismo debate, la Universidad española adolece de “[…] cierta falta de democracia y cultura crítica”; cierta cercanía cómplice a las élites políticas y culturales; “cierta exclusión de voces críticas y disidentes; y cierto exceso de tutelaje y jerarquía”. En esta Universidad, el intelectual activo y crítico que no se somete al sistema no solo no recibe reconocimiento alguno sino que es objeto de todo tipo de persecuciones envidiosas, de evaluaciones negativas y humillantes, o, en el mejor de los casos, de la murmuración y el ostracismo. La nuestra es, sin duda, una Universidad empobrecida, burocrática, jerarquizada, envejecida, precarizada y endogámica, que necesita urgentes y profundas modificaciones, si bien, claramente, no todas las que están hoy sobre la mesa me parecen aceptables. Y es que cortarse la cabeza no es la mejor solución para superar una jaqueca, y el modelo de las derechas PP-Cs, el de una Universidad-empresa, con profesores excelentes-empresarios de sí mismos, y estudiantes-clientes-mano de obra adocenada y barata, es, simplemente, la muerte de la Universidad por decapitación.

Así las cosas, es evidente que cuando lxs académicxs saltan a los medios, con sus dudas y sus costes, no lo hacen por razones económicas (nadie que conozca lo que cobra un columnista, cuando cobra, puede sostener semejante afirmación, máxime si hablamos de quien no puede ser amenazado con el paro). Lo que busca, con no poco esfuerzo, es una oportunidad de escapar de esa zona de confort y parabienes que le ofrece la Universidad pero que resulta, sin embargo, asfixiante, rígida, controlada, y, muchas veces, estéril.

Ciertamente, saltar de la Universidad a un oligopolio mediático sometido a la lógica del capital especulativo y al frenesí de las ventas, en el que, como dice aquí Fernández Liria, las mentiras no pueden siquiera combatirse, no es finalmente muy liberador. Y la situación se agrava, sin duda, cuando la batalla política se traslada a la comunicación, y los partidos giran de forma trepidante alrededor de un líder mediático, porque entonces la importancia de los medios hegemónicos y de su margen de manipulación se incrementa notablemente. En estas circunstancias, tiene razón Innerarity cuando afirma que la discusión mediática discurre dentro de un marco que apenas se discute; ejes trazados de antemano; “premisas públicamente aceptadas a partir de las cuales se describen los problemas”, y ahí, desde luego, el académico honesto tiene muy poco margen real de maniobra.

Saltar de la Universidad a un oligopolio mediático sometido a la lógica del capital especulativo no es muy liberador

En fin, que lxs profesorxs e investigadorxs salgan del espacio universitario para ejercer de intelectuales o para influir en el devenir de las cosas, no solo es una buena noticia, sino que es, probablemente, lo único que pueden hacer para adoptar la postura subversiva que les corresponde. Pero no merece la pena abandonar el páramo universitario para caer en manos de grandes empresas y accionistas que solo encuentran en sus firmas una forma más rápida y rentable de hacer negocios. Así que lo que quizá debería preocuparnos no es tanto si hemos de sufrir a tal o cual pseudointelectual vociferando de televisión en televisión o haciendo el ridículo de un plató a otro, ni siquiera que lleguen a mentir o que se sientan más o menos impunes; lo que debería preocuparnos es hasta qué punto hemos generado espacios para compensar esto; hasta qué punto hay hoy en España espacios adecuados para formar y divulgar un pensamiento verdaderamente crítico y autónomo. 

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María Eugenia Rodríguez Palop es profesora de Filosofía del Derecho en la UC3M, investigadora en el Instituto de derechos humanos y en el Instituto de Estudios de Género.

Hay pocas cosas tan difíciles como identificar a un intelectual; identificar a los intelectuales como grupo de manera concluyente, definir su mayor o menor complacencia con el poder, halagarles o criticarles, cuando ni su calificación ni su clasificación nos resultan claras. ¿Cuáles son las dinámicas,...

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  1. Jesús Díaz Formoso

    MANIFIESTO POR LA DESPENALIZACIÓN DE LA DISIDENCIA EN LA UNIVERSIDAD No al juicio a 25 estudiantes, 1 técnico y 1 profesor de la UAB Aceptamos desde hace décadas que las universidades son un espacio donde debería reinar la libertad, el pensamiento crítico y reflexivo, la innovación teórica, el cuestionamiento de paradigmas políticos o científicos y el impulso a la construcción de referentes para la transformación de la vida social, en la dirección de la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y los hombres que vivimos en el presente. Por esa razón nuestra sociedad traslada al espacio universitario la producción de nuevos conocimientos y la transmisión al resto de la sociedad de los avances científicos y de la crítica de dogmas y de prácticas. En la realidad cotidiana del entorno de la mayoría de las universidades no siempre es así. Pero el reconocimiento de que las Universidades son lugares donde debe primar la libertad está asumido, y la libertad académica es uno de los principios que dan sentido al ámbito universitario, de acuerdo con las Recomendaciones de la UNESCO en su Conferencia General de 1997, y ratificadas por todos los Estados miembros de este organismo [1]. Como consecuencia de lo anterior, los ataques a la libertad académica, del profesorado o del alumnado universitario, son considerados un síntoma de que un Estado no se ajusta a los mínimos requeridos para ser considerado “democrático”, ni aún por las menos exigentes de las definiciones que se otorguen a ese término. Los procesos penales contra personal universitario, derivados del ejercicio de la adopción de posiciones disidentes ante el statu quo, de la manifestación de opiniones y posturas políticas o de la actuación para hacer públicas las mismas, se han asociado siempre a acciones de carácter autoritario, cuando no directamente antidemocráticas o fascistas. En el Estado Español, una de las acciones de la dictadura del general Franco que mayor repercusión internacional tuvo, por lo que comportaba de ataque a la libertad académica y a cualquier principio rector del espacio universitario, fue la destitución de tres profesores en un proceso que se desarrolló durante las movilizaciones estudiantiles de 1965. En aquel momento, el Gobierno de Franco, a través de su Consejo de Ministros, expulsaba de la Universidad a los profesores José Luis López-Aranguren Jiménez, Agustín García Calvo y Enrique Tierno Galván, y sancionaba por dos años a otros dos profesores [2]. Las acusaciones que impulsaron dicha actuación hacían referencia a la inducción a actividades subversivas al alumnado universitario, en el contexto de movilizaciones estudiantiles y de ocupación de facultades (“adhesión a la insubordinación”, “incitación y estímulo de manifestaciones colectivas”, “presencia al frente de reuniones estudiantiles”…) de acuerdo con la resolución del Tribunal Supremo de 1967 que ratificó la decisión [3]. La Ley de Amnistía del año 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre) revocaría esas decisiones gubernamentales y judiciales, ante la evidente naturaleza antidemocrática de la acción punitiva. Durante los siguientes 50 años no se habían vuelto a producir situaciones similares, de acción represiva contra la disidencia en política universitaria. Hasta que hemos vuelto a ver como la acción del Gobierno, en este caso a través del Ministerio Fiscal, de nuevo actúa en contra de personal y alumnado universitario. Y con argumentos equiparables a los esgrimidos por las autoridades franquistas. La movilización social contra las políticas de los recientes gobiernos del Estado Español, sobre todo desde el año 2010 coincidiendo con la llamada “crisis”, asociada al colapso en 2008 del capitalismo financiero, unida al impulso de un programa neoliberal extremo desde la Unión Europea y desde los gobiernos estatal y autonómicos, se incrementó notablemente. En ese contexto, las movilizaciones estudiantiles se plantearon cuestionar una orientación de las universidades públicas hacia funcionamientos similares a los de las universidades privadas. Y, entre otras cosas, se plantearon hacer frente a la subida de tasas de matrícula, que seguían un ritmo de crecimiento que ha venido dificultando el acceso o la permanencia en la universidad de sectores cada vez más amplios de estudiantes. El sistema universitario del Estado Español se ha situado entre los más caros de Europa. Este fenómeno es especialmente acusado en Catalunya, donde las tasas universitarias han crecido por encima de las de otras universidades del Estado y la inversión pública en educación superior es una de las más bajas [4]. La protesta contra el precio de las matrículas universitarias, junto con la reclamación de que se detuvieran los despidos de personal derivados de los recortes en la financiación de las universidades, que se aplicaran las resoluciones aprobadas en el Claustro, y algunos aspectos organizativos impulsaron en el mes de abril de 2013 a diversos colectivos estudiantiles de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a trasladar la movilización al Edificio del Rectorado de la universidad. Como en muchas otras movilizaciones, el espacio del Rectorado fue ocupado, al igual que había ocurrido en las anteriormente mencionadas protestas durante el gobierno de Franco, o como se había hecho en otros países (“Mayo del 68”) o durante las luchas del Profesorado No Numerario (PNN) en los años de la llamada “Transición Española” durante los años 70 del siglo pasado. Formas de protesta que han tenido continuidad en múltiples ocasiones también en los últimos años. La movilización estudiantil en la UAB contó rápidamente con el apoyo explícito de diversos sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la Universidad y, a título individual, de docentes que impartieron clases en los espacios ocupados por el alumnado durante varias semanas. La respuesta de las autoridades académicas fue el inmovilismo. Oídos sordos a las peticiones de diálogo. Ninguna concesión a lo que, en definitiva, eran las resoluciones del órgano más plural de la universidad: el Claustro. Finalmente, al cabo de un mes la ocupación del Rectorado fue abandonada por voluntad propia de quienes la protagonizaban. Mientras, el Rector de la UAB y diversos miembros de su Equipo de Gobierno denunciaron a la policía y a la fiscalía a una serie de integrantes de la comunidad universitaria que eran conocidos por su participación en movilizaciones dentro de la misma universidad y por sus posiciones críticas. Entre las personas denunciadas hay 25 alumnos. Y también un profesor y un trabajador del PAS (Personal de Administración y Servicios) que, además de ser representantes sindicales, habían tenido un papel relevante en una candidatura anterior al Rectorado, así como en diversas movilizaciones en defensa del carácter público de la universidad. El profesor encausado, Ermengol Gassiot, además de docente de arqueología prehistórica, es actualmente secretario general del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya. Por otro lado, el miembro del PAS encausado, Jordi Gassiot i Pintori, es técnico medio (audiovisuales) de la UAB y actualmente forma parte de la Coordinadora Nacional Confederal de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Al inicio de este pasado mes de julio hemos sabido que la Fiscalía ha solicitado formalmente penas de un mínimo de 11 años y 5 meses de cárcel para las 27 personas, además de una prohibición de pisar la UAB durante 5 años. Nos encontramos con que las Instituciones españolas vuelven a actuar contra la disidencia universitaria, como en época del Gobierno de Franco, y buscando un castigo desorbitado, que supera incluso al que la Dictadura impuso en 1965. Y los argumentos no se apartan de los que encontrábamos entonces. En su escrito de acusación el fiscal utiliza las militancias sociales, sindicales y políticas de los y las encausadas para argumentar que seguían un “plan criminal”, que se incentivaba e impulsaba de manera conspirativa la movilización estudiantil [5][6]. El escrito de acusación del fiscal garantiza que todos los encausados/as van a ser juzgadas y, a tenor de las elevadas peticiones, con un riesgo real de ser condenadas. Y sería la primera vez desde hace más de 40 años que universitarios/as van a la cárcel por su postura política dentro de la misma universidad, por levantar la voz ante lo que consideran injusto, por ser disidentes. Por todo esto, los y las firmantes de este manifiesto, trabajadores/as y miembros de universidades de Catalunya, del resto del Estado Español y del mundo, hacemos un llamamiento de alerta. Nos preocupa profundamente una situación que puede ser indicativa de la pérdida de pluralismo y de libertad en las universidades. Consideramos que el pensamiento crítico y el debate público abierto y dinámico son activos imprescindibles del mundo académico y que esta denuncia, este procesamiento penal, abre de nuevo un camino aterrador que, si no reaccionamos con firmeza, nos conducirá a la progresiva expulsión de la libertad de pensamiento de la Universidad. Por todo lo expuesto, solicitamos: 1) A la Universitat Autònoma de Barcelona, que a través de su nuevo Equipo de Gobierno retire la demanda civil que todavía mantiene contra los y las encausadas y, especialmente, que manifieste públicamente su desacuerdo con la persecución penal de miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, (ex)estudiantes y trabajadores, tanto docentes como de administración y servicios. 2) A las autoridades judiciales, que emprendan las actuaciones pertinentes para archivar la causa judicial sin ninguna acción contra las personas encausadas. 3) A las instituciones competentes en política universitaria, científica y judicial, que lleven a cabo las medidas oportunas para cerrar este proceso, tanto en su versión penal como civil. 4) A todas las formaciones políticas, sindicatos y otras organizaciones sociales, que mantengan un compromiso inequívoco para garantizar la libertad de expresión, la libertad política y la libertad académica en las universidades de Catalunya y del resto del Estado Español. PARA FIRMAR ESTE MANIFIESTO - http://repressiouab.precarietat.net/es/manifiesto

    Hace 6 años 3 meses

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