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TRIBUNA

El laberinto de la deuda municipal

El frenesí “sacar facturas de los cajones” ha servido para blanquear deudas provenientes de la corrupción, imposibilitando legalmente la acción judicial de futuros gobiernos locales. Es en este punto donde la auditoría municipal cobra mayor sentido

Juan José Santiago 6/07/2016

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En 2008 la UE "importó" la crisis financiera desde EEUU. Con ella llegó el primer golpe de Estado financiero al Reino de España, imponiendo recortes en los servicios públicos, la pérdida de derechos laborales y la concentración del sector bancario. No contentos con eso, el "rescate" del mismo y la reforma del artículo 135 de la Constitución terminaron por crear un problema de deuda pública donde realmente había uno de deuda privada. 

Actualmente la deuda pública supera el 100% del PIB, hipotecando los presupuestos públicos y el futuro de las próximas generaciones. El último dato de deuda pública (marzo 2016) asciende a la exorbitante cifra de 1.302.903.000.000 euros, es decir, 1,3 billones de euros. De los 1,1 billones de euros que no se refieren a deudas entre las diferentes administraciones, el 76% corresponde a la Administración central, el 20% a las autonomías, el 3% a las corporaciones locales y el 1% a la Seguridad Social. Este ascenso exponencial de la deuda pública --multiplicada por tres desde 2008-- se debe principalmente a la caída de la recaudación de impuestos por la destrucción de la actividad económica, al rescate bancario y a la especulación en torno a la financiación pública que todos recordamos por la ya famosa “prima de riesgo”. 

Con estos datos ya podemos observar una arista principal del psico-social “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”: el recorte se aplica con mayor dureza abajo que arriba. Mientras se dejó quebrar a las familias y se estrangula a los Municipios y Autonomías, la Administración Central disparó su endeudamiento repartiendo subvenciones a la banca y grandes empresas. El nuevo 135 fue el cierre perfecto por arriba: blindó los derechos de los acreedores a la vez que puso los presupuestos públicos en manos de la UE. 

Las medidas introducidas por Rajoy en el ámbito local (Plan de Pago a Proveedores --PPP-- y reforma de la administración local) también han seguido esta línea: la reforma local --y sus precios “estándar”-- ha intentado vaciar los ayuntamientos de competencias, centralizándolas en las Diputaciones. En ellas, las grandes empresas --volcadas en la privatización de bienes y servicios públicos-- pueden encontrar interlocutores “asequibles” a sus intereses. Aún más controvertido es el PPP, por el cual la Administración Central ha unificado las deudas de las Corporaciones Locales, convirtiéndose en tutor financiero y prestamista de último recurso. Además, el frenesí “sacar facturas de los cajones” ha servido para blanquear deudas provenientes de la corrupción, imposibilitando legalmente la acción judicial de futuros gobiernos locales contra el pago de dichas deudas. Aquí se hace patente la brecha entre legalidad y legitimidad de una deuda. Aunque el PPP haya hecho legales las deudas generadas en operaciones que ya  han sido consideradas delictivas por los juzgados (como, por ejemplo, las relativas a la Operación Poniente), estas deudas son claramente ilegítimas por estar pagando actos delictivos condenados. 

Es en este punto donde la auditoría municipal cobra mayor sentido. Ante la manifiesta ineficacia de los Tribunales de Cuentas para detectar la corrupción, somos los vecinos y vecinas quienes debemos garantizar la transparencia y la fiscalización de los gobiernos locales, sumando esfuerzos y denunciando las numerosas deudas ilegítimas. Según el Derecho Internacional, la ilegitimidad de una deuda se encuentra en la corrupción, pero también en el daño que genera en las condiciones de vida de las personas y los pueblos, en el ecosistema, sobre las mujeres, las minorías étnicas... en definitiva, en todo aquello que ataque a los Derechos Humanos. Integrando los diferentes aspectos, la Auditoría Ciudadana se convierte en un vehículo para aumentar la presión social, necesaria para acabar con aquellas disposiciones legales que nos obligan a pagar por nuestra propia tortura. 

Este asunto es importante. En la PACD una de las primeras cuestiones que observamos es el blindaje legal de las deudas y los procedimientos financieros entre los diferentes niveles territoriales de la Administración. En lo referente a las Corporaciones Locales, la mayor parte de sus ingresos procede de la participación en los tributos del Estado (PTE). De esta manera, en caso de que un ayuntamiento decidiera democráticamente no pagar una deuda ilegítima, ahora con el PPP el impago sería sobre la deuda que el ayuntamiento tiene contraída con la Administración Central. Éste, sin mayor impedimento, descontaría de la transferencia por PTE la cantidad impagada, con lo cual sería un impago fallido. 

Librarse de la deuda: tener la razón no basta 

Bebiendo de las experiencias de lucha contra la deuda en el Sur global, al calor del 15M, en 2011 surgió la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y, con ella, los Observatorios Ciudadanos Municipales --OCM--, catalizadores de las auditorías ciudadanas que ya están funcionando en muchos municipios. La PACD colabora con multitud de colectivos, difunde informes y trabajos, promueve debates y forma a la ciudadanía, potenciando el control democrático sobre los presupuestos públicos, la fiscalización de las cuentas municipales y el análisis integral de la ilegitimidad de la deuda pública, paso previo para liberar al erario público de su pago. Estamos convencidos de que la labor pedagógica es igual de importante que la investigación en sí. Por eso, la PACD es un espacio abierto, donde personas sin conocimientos previos y expertos en economía y deuda trabajamos mano a mano. 

No obstante, tenemos claro que un diagnóstico acertado poco sirve si no conseguimos la presión colectiva necesaria para modificar la legislación y lograr políticas más justas, transparentes y participativas. Muchos ayuntamientos “del cambio” ya han han iniciado análisis de ilegitimidad y habilitado páginas de transparencia. Pero no basta. Debemos poner freno al irreparable daño que el estrangulamiento financiero de los ayuntamientos está causando a la sociedad, pues son los servicios municipales los que garantizan el bienestar de la comunidad en último término. 

Cuando el desgobierno nos roba metiendo la mano en la caja municipal y se convierte en una amenaza para el buen funcionamiento de lo común, no podemos más que organizarnos desde abajo para pararlo. Sólo ejerciendo nuestra soberanía ciudadana como legítimo contrapoder, sólo golpeando juntos, podremos romper las cadenas de la esclavitud por deuda que arrastran nuestros municipios. Democracia o servidumbre. Está en nuestras manos. 

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Juan José Santiago. Activista PACD Sevilla. @jjosantiago

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda @auditciudadana 

Autor >

Juan José Santiago

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