A un año del final del milenio, un viento de hegemonía neoconservadora recorría plácidamente Europa: el euro entraba en vigor sin sobresaltos, Juan Pablo II iniciaba el Gran Jubileo en Roma, y las élites europeas celebraban alborozadas el décimo aniversario de la caída del muro. En España el PP llevaba tres años gobernando, Rato y Aznar liquidaban a ritmo frenético los últimos restos de empresas públicas, y el eurocomunismo, tras la era Anguita, quedaba limitado a una palabra en la enciclopedia. Era un nuevo tiempo libre de ataduras ideológicas, donde el dinero de las cajas favorecía noviazgos heterodoxos como el de CC.OO. y PP en Caja Madrid.

Ese 1999, tras diecisiete años dedicados a la entidad, un discreto manresano --siempre alejado de los fastos capitalinos-- lograba la dirección general de La Caixa, reemplazando nada más y menos que a uno de los apellidos más importantes de Cataluña: Vilarasau Salat, un tecnócrata del régimen (director general de Telefónica y Campsa y en varias direcciones del Ministerio Hacienda), primo de Carlos Ferrer Salat, el magnate de la industria farmacéutica, fundador del Círculo de Economía y de la CEOE. Él, hijo de familia humilde, labrado a sí mismo alternando trabajo y estudios, lograba posicionarse como punta de lanza de la burguesía catalana. Sólo ocho años después lograría acceder al trono supremo de La Caixa, el que ocupó Samaranch, el camaleónico representante deportivo del régimen, reconvertido en figura del deporte internacional. Era difícil superar a un hombre que vestía tan fácilmente el traje del poder, antes y después de la transición: procurador en Cortes, presidente de la Diputación de Barcelona, director de Deportes, embajador ante la URSS y finalmente presidente de La Caixa. 

Desde que Fainé accediera a la presidencia en 2007, todo ha cambiado. La Caixa ha pasado de ser una muleta del PP --junto al BBVA-- en las empresas públicas privatizadas y de repartirse el poder del Ibex35 junto a Bankia a ser el único conglomerado de empresas de capital español del Ibex35 capaz, además, de acoger a un gran número de políticos que habitan sus consejos de administración. Quizá la tarea le queda grande al magnate de la mayor entidad bancaria española en número de clientes, y de ahí que se cuestione seguir y previsiblemente, en la asamblea convocada para el 28 de abril anunciará su retiro de la presidencia de Caixabank a la Fundación La Caixa. De todos modos, no le quedaba otra, pues se acerca ya la fecha límite para decidirse por una u otra, el 30 de junio. En la decisión pesan las muchas guerras acumuladas y la responsabilidad asumida: tanto en el desafío de Cataluña, como en los enfrentamientos con el Gobierno o la justicia, tras el envite de la nueva Ley de Cajas de 2013, la imputación de Cristina de Borbón y la retirada de Telefónica de su aliado César Alierta, por sus conexiones con Urdangarin y Rato. 

Su vocación de servicio ha llevado a Fainé a dejar atados los cabos que permitan afianzar el poder de la Fundación sobre el holding, y esta opción pasa por ayudar a promover, discretamente, un Gobierno estable

Pero antes, su vocación de servicio ha llevado a Fainé a dejar atados los cabos que permitan afianzar el poder de la Fundación sobre el holding, y esta opción pasa por ayudar a promover, discretamente, un Gobierno estable. El poder de Fainé y La Caixa no tiene rival en España. Es la primera entidad bancaria en España por cuota de mercado, es la única gran caja reconvertida en fundación que ha sobrevivido, y mantiene casi intactas sus participaciones industriales. Una posición que le permite dar cobijo a altos cargos de los partidos principales. Todo ello le dota de una posición de gran influencia en la política de Estado.

Caixabank, el último conglomerado: prensa, telecos, bancos e industria

Fainé tiene hoy un bastón de mando poderoso y único. La Fundación La Caixa, que es accionista de control de Caixabank, le permite ser accionista significativo en medios de comunicación (PRISA –editora de El País-- y Telefónica, Movistar +), y en empresas de energía (Gas Natural-Fenosa y Repsol), infraestructuras y carreteras (Abertis), en agua (Suez Environment, dueña de Agbar) o en el sector inmobiliario (Servihabitat). 

Es el último referente de una soberanía económica privatizada y adquirida por capital nacional, y cuya venta supondría la pérdida total de poder sobre sectores estratégicos. La progresiva retirada de la beautiful people del PP del imperio conseguido a base de créditos de cajas de ahorros ha sido la avanzadilla: las Koplowitz ceden ante Slim, los Benjumea ante fondos de inversión,  mientras otros aguantan a pesar de que siguen aumentando sus números rojos, como es el caso de Florentino Pérez, los Villar Mir, Entrecanales o los Calvo-Sotelo. Su retirada dejaría en el aire los preciados recursos patrios, cedidos al albor de gobiernos afines. De las 35 empresas del Ibex, sólo quedan 16 con participaciones de control en manos de capitales patrios. El resto depende de fondos de inversión que condicionan el devenir de las compañías.

Un ejemplo de la situación de retirada lo tenemos en la última compañía de petróleo con capital español, Repsol, de la que La Caixa ha anunciado su interés en su venta, pues tanto Sacyr como Caixabank no pueden sostener su pérdida de capitalización, que ha reducido a casi la mitad de su valor en tres años (de 23.861 millones a 13.000 millones en 2016). Slim, que ocupa un sillón en el órgano de gobierno de la Fundación La Caixa, ya ha manifestado su interés por la petrolera. 

El patriarcado de Fainé: el sustento de los círculos políticos del Ibex35

Durante el periodo de recesión se ha ido erosionado progresivamente una de las labores sociales de la caja, encarnada por el supernumerario Isidro Fainé, esto es, aquella Obra social basada en la máxima opusiana escrita por Balaguer sobre el Apostolado del almuerzo: “Es la vieja hospitalidad de los Patriarcas, con el calor fraternal de Betania”. En otros términos, aquella que exige a un buen cristiano un esfuerzo por ser un buen amigo, sincero y leal con los suyos.

El entramado de empresas que conforman el holding La Caixa-Caixabank (Abertis, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Repsol y Caixabank) mantiene en sus consejos de administración a veinticuatro políticos y exmiembros del Estado

En total, el entramado de empresas que conforman el holding La Caixa-Caixabank (Abertis, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Repsol y Caixabank) mantiene en sus consejos de administración a veinticuatro políticos y exmiembros del Estado. Un número mayor de los veinte que tienen las empresas que conforman el holding del Estado vinculado a SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), es decir, en aquellos que los derechos de voto en manos del Estado presuponen que debe ser integrado en su totalidad por cuadros del mismo. En los seis consejos del holding de La Caixa se dan la mano el Partido Popular, el PSOE, CdC o el PNV. Todos bajo el brazo paternal de Fainé.

En la última etapa de Zapatero, y antes de la intervención de Bankia en 2012, Rato, continuando la labor de Blesa, era el otro gran patriarca del Ibex, el protector de cuadros del partido y del Estado en el Ibex. En total, Rato cobijaba a 28 políticos en los consejos de administración del holding (Ebrofoods, IAG, Mapfre, Bankia, Iberdrola e Indra). 

La edad, la prolongada recesión y los excesos han hecho mella en los viejos patriarcas españoles. El gran patriarca del reino abdicó en junio del 2014. Ese mismo año, en septiembre, moría Botín, y cuatro días después Isidoro Álvarez, de El Corte Inglés. Antes, en 2012, había caído Rodrigo Rato, el último sostén de la familia popular en el poder económico.

La penúltima punzada al grupo de patriarcas la ha dado César Alierta, recién salido de la presidencia de Telefónica rumbo a la fundación. El viejo amigo de Fainé era uno de los suyos, un patriarca y compañero de viaje en Telefónica, la empresa de la que La Caixa es accionista y Fainé vicepresidente. Ambos, Alierta y Fainé, en Telefónica y Caixabank, tenían bajo su manto a su propio núcleo de poderosos. Si Fainé tenía a la infanta Cristina, directora del área internacional de La Caixa, Alierta tenía a Rodrigo Rato y a Urdangarin. La lealtad es fundamental en los clanes, y eso implica un lazo fuerte, como es sostener hasta el final a la familia Urdangarin, alejarlos del foco, pagando en 2013 un tranquilo destino en Ginebra con un coste de 480.000 euros anuales para la caja, secundado por 300.000 euros puestos por el Estado en concepto de seguridad. Antes, le había tocado a Alierta (Telefónica) ayudar a la Familia Real, por lo cual, tras destaparse el caso Palma Arena en 2008, contrató a Urdangarin como presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica, enviándolo a Washington en 2009. 

Si Fainé tenía a la infanta Cristina, directora del área internacional de La Caixa, Alierta tenía a Rodrigo Rato y a Urdangarin

La fidelidad se ha mantenido hasta el final: Alierta tuvo que prescindir de Urdangarin en 2012, cuando fue imputado, y a finales de febrero de este año, tras la imputación de Cristina, Fainé no ha tenido más opción que apartar a la exduquesa, con gran dolor, de La Caixa, al menos hasta que termine el juicio del caso Nóos

Por su lado, Telefónica siempre fue el nido de la élite económica española desde su privatización. En su consejo coincidían los Albertos, Goirigolzarri (BBVA, hoy en Bankia), el consejero preferido por el PP, Abril-Martorell, o el jefe de la Casa Real José Fernando De Almansa Moreno-Barreda, con representantes del empresariado catalán como José María Mas Millet o Antonio Massanell Lavilla. Otras áreas, más discretas, han sido destinadas para las familias de los protegidos, como es el caso del marido de Soraya Sáenz de Santamaría, asesor jurídico de Telefónica, o Elvira Fernández, la mujer de Rajoy que, dejó el puesto cuando su marido llegó a La Moncloa.

Si bien en el consejo de Caixabank se han librado de los políticos, el patronato de su accionista de referencia, la Fundación La Caixa, mantiene a personajes clave como el exministro socialista Javier Solana o Francesc Homs, consejero de Economía de CIU de la última legislatura de Pujol, en sustitución de Artur Mas. En él se sientan también César Alierta y el compañero de viaje de Felipe González, Carlos Slim, que ha utilizado Caixabank como aval para su OPA de FCC.

Isidro Fainé, consejero de oro del Ibex35

El poder del banquero requiere no dejar el consejo de las participadas en manos de extraños. De ahí que sea consejero en La Caixa, Caixabank, Repsol, Telefónica y Gas Natural, además de las compañías The Bank of East Asia, el Banco BPI y Suez Environnement. Fainé es el consejero que más asientos tiene en el Ibex35.

Su posición como presidente de la mayor caja de ahorros de Europa le llevó a la presidencia de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y fue nombrado en junio del año pasado presidente de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (ESBG, por sus siglas en inglés). Además, es el único presidente de una fundación bancaria que simultanea la presidencia de la entidad bancaria en la que participa, a pesar de las restricciones que impone la Ley de Cajas de 2013.

El gran quebradero de cabeza: el memorándum y la ley de 2013

El memorándum obligaba a reconvertir las cajas en fundaciones y a limitar el peso de estas en las entidades bancarias en las que participaban, tanto en el consejo como en el accionariado

Uno de los golpes bajos a Fainé fue la firma del memorándum de Entendimiento (MOU) por Rajoy en diciembre de 2012 con la Unión Europea, en la práctica, el acta de defunción de los antiguos patriarcas y las cajas. El memorándum obligaba a reconvertir las cajas en fundaciones y a limitar el peso de estas en las entidades bancarias en las que participaban, tanto en el consejo como en el accionariado. Eso implicaba que tanto los consejeros como el presidente de la fundación no podían serlo a la vez del banco, ni la fundación podía sobrepasar el porcentaje de control (50,01% del capital) en la entidad bancaria. Además, los consejeros de las fundaciones sólo podrían participar en un máximo de cuatro consejos de otras empresas.

La Ley de Cajas de 2013, aprobada por Rajoy, incluía este criterio, una ley que parecía dirigida a la única gran caja superviviente, La Caixa, y a su presidente, al que le obligaban a elegir entre la fundación o el banco y limitar su poder. Era el acta de defunción de la antigua clase patrimonial vinculada a las cajas de ahorros. Un arma de doble filo que se llevaba por delante no sólo a una clase caracterizada por el uso partidista de las cajas, sino también un instrumento que mantenía viva la llama de la soberanía económica tras las privatizaciones de las grandes empresas públicas.

Tras una reunión entre Rajoy y Fainé en 2013, el Partido Popular introdujo una enmienda a la ley, permitiendo la compatibilidad en determinados supuestos, pero limitando dichos supuestos al 30 de junio de 2016. Es decir, lanzaba el balón hacia delante, pensando ya en la legislatura que empezaría a finales de 2015. 

De este modo, a Fainé le quedan dos meses para dejar atados varios asuntos complicados. Quizá el mayor sea el que se refiere a la fusión con otra entidad para mantener el porcentaje de control en Caixabank. Y es que el desarrollo de la ley de Cajas aprobado en octubre del año pasado exige a las fundaciones que sobrepasen el porcentaje de control (50%) establecer un fondo del 0,6% de los activos ponderados por riesgo (únicamente Kutxabank y Caixabank tienen que cumplirlo), algo que requiere más capital, es decir, una mayor rentabilidad que genere dividendos para la Fundación (única fuente de recursos). De modo que todo apunta a su fusión con otra entidad, lo que le permitiría cerrar oficinas y eliminar plantillas. Además, esto le ha obligado en diciembre a derivar las participaciones de Caixabank a Criteria, constituyéndose en enero esta como entidad financiera independiente para no figurar en el balance de la entidad matriz.

A Fainé le quedan dos meses para dejar atados varios asuntos complicados. Quizá el mayor sea el que se refiere a la fusión con otra entidad para mantener el porcentaje de control en Caixabank

La última obra del patriarca: la gran coalición

La política de Fainé en La Caixa o en sus participadas no entiende de sectarismo político.  Su voluntad piadosa le lleva a unir a múltiples sectores, desde gestores madrileños, como Gonzalo Rotaeche, actual consejero delegado de Caixabank, al jefe de la patronal, Juan Rosell. En la Fundación La Caixa también ha logrado una cierta cohesión, juntando a miembros de CiU y  del PSOE, enfrentados en la arena política.

La posición, sin embargo, en lo que se refiere a la política española es poco conocida. En Cataluña se hizo explícita su postura muy poco proclive a la independencia, y desde el inicio de la propuesta soberanista de Junts pel Sí abogaba por una tercera vía que no pusiera en riesgo las cuentas que La Caixa tiene en Cataluña. La CECA, que preside Fainé, alertó antes de las elecciones catalanas de los "riesgos para la estabilidad financiera" de dicha victoria. El resultado de Ciudadanos y la limitada victoria de JxS fue un alivio para el banquero.

En cuanto a la política nacional, su postura es más discreta. No obstante, en las elecciones generales, los miembros del holding Caixabank han sido los más activos en promover la gran coalición: desde Juan Rosell, consejero de La Caixa y presidente de la CEOE, que se inclinaba por una gran coalición, y que ha celebrado diversas reuniones con PSOE y Ciudadanos, la última antes de Semana Santa, el 21 de marzo. O los mediadores de la Gran Coalición Juan Luis Cebrián (presidente ejecutivo de PRISA, que está participada por La Caixa y en cuyo consejo está Alain Minc, consejero de Caixabank desde 2007), o Villar Mir (consejero en Abertis, donde coincide con Isidro Fainé y Salvador Alemany), o el ex de Gas Natural Felipe González (donde coincidía con Fainé). Aunque entre los mediadores hay diferencias entre quién debería liderar la coalición, debido a sus inclinaciones por uno u otro sector.

A pesar de lo explícito de estas peticiones, Fainé decía,  en la presentación de los resultados en enero que, ante las negociaciones, los banqueros deben ser “discretos”, aunque pedía “voluntad de pacto para intentar conseguir estabilidad institucional y seguridad jurídica”. Esa discreción se manifestó en octubre de 2015, dos meses antes de las elecciones, cuando ninguno de sus hombres acudió a la comida organizada por el lobby Puente Aéreo con Albert Rivera: ni La Caixa, ni Repsol, ni Agbar, ni Abertis, ni el Banco Sabadell ni el Grupo Godó. Desde la Caixa se justificó la ausencia por su voluntad de “no interferir”.

No hay que olvidar que los proyectos que tiene en mente antes de finalizar su mandato le obligan a contar con la complicidad del poder político y un Gobierno estable. Una primera medida es mantener su poder sobre las participadas a pesar del mandato de Bruselas, para lo cual ha tenido que realizar en los últimos meses múltiples canjes de acciones entre las tres entidades: Caixabank, Fundación La Caixa y Criteria. Una operación que ha despertado las sospechas de accionistas minoritarios, pero que se mantiene silenciada, mientras fue denunciada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Sociedades Cotizadas (AEMEC). Además, es una de las entidades que más preferentes emitió, por un valor de 4.897 millones y por lo cual la CNMV le multó con siete millones de euros por una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores. 

Por último, antes de dejar la entidad,  su deber con el trabajo le lleva a poner especial empeño en la obra más importante, en la fusión con otra entidad bancaria para que la fundación que presida a partir del próximo junio siga teniendo el control del único gran holding español existente. Pero según todo apunta, esto no sucederá hasta que no se forme un nuevo Gobierno, y este reorganice los entes reguladores. Hay dos pretendidas, Bankia y Popular.

Todo esto hace que Fainé piense en un Gobierno de coalición que proporcione estabilidad a España, a sus 14 millones de clientes, para asegurar también el poder atesorado por La Caixa y quizá para practicar el Apostolado del almuerzo con los suyos, aquellos que ahora se encuentran atrincherados en La Moncloa. El banquero piadoso es optimista con el desenlace: "El diálogo, y el espíritu de concordia y de que aquello que es razonable acaba saliendo siempre".