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Brexit y el mito de los gorrones del Este

Cameron ha acusado a los residentes procedentes de los países orientales de la UE de abusar del sistema de seguridad social. Sólo un 3,32% de los 790.000 residentes polacos, el mayor contingente comunitario, la recibe

Lourdes Jiménez Londres , 9/03/2016

<p>David Cameron</p>

David Cameron

Luis Grañena

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La Unión Europea ha decidido ceder a las presiones de Reino Unido para que no abandone el proyecto europeo y autorizará un mecanismo para limitar a 4 años el acceso de ciudadanos comunitarios a las prestaciones sociales de los Estados miembros. En el acuerdo alcanzado a finales de febrero, se detallaba que “a raíz de ampliaciones anteriores de la UE” cualquier Estado que sufra una “entrada de trabajadores comunitarios de magnitud excepcional” podrá acogerse a este mecanismo para salvaguardar el sistema de seguridad social de cada país. De esta forma, el Consejo de Europa ha evitado que el primer ministro David Cameron haga campaña a favor del Brexit –la salida de Reino Unido del proyecto europeo– de cara al referéndum del próximo 23 de junio, planteado, entre otras cosas, según el Gobierno británico, por la preocupación del aumento de los inmigrantes comunitarios.

Los últimos datos públicos desglosados por países, de febrero del 2015,  desvelan que sólo el 2,2% de quienes piden y/o reciben prestaciones estatales estando en edad de trabajar son ciudadanos de la Unión Europea, según el Departament for Work and Pensions. De entre los 5.129.000 beneficiarios sólo 113.945 son inmigrantes comunitarios. El 92,76% son ciudadanos británicos (4.758.3000).

En este documento se desglosa la información por nacionalidades y por tipos de ayudas: Job Seeker (se paga a personas en edad de trabajar que están buscando trabajo); Employment and Support Allowance, que remplaza la figura de Incapacity Benefits y Income Support (se paga a las personas que por enfermedad o accidente ya no pueden trabajar y a las que han cotizado lo suficiente); Lone Parent (prestaciones para familias monoparentales); Carer (ayudas para personas que cuidan de otras); Disabled (pagos a personas con discapacidad); Bereaved (pago para personas viudas); Other Income Related (otros ayudas no especificadas).

Atendiendo a los datos de la Office for National Statistics, algo más de tres millones de personas de la Unión Europea vivían en Reino Unido en diciembre de 2014 y, de ellos, 113.945 estaban cobrando algunas de estas ayudas en febrero de 2015, lo que supone que alrededor de un 3,7% de la ciudadanía comunitaria cobra ayudas. De entre los nacionales británicos (59.233.000), aproximadamente un 8% son perceptores (4.758.300).

El Gobierno conservador de Cameron encargó, sin embargo, a finales del año pasado un informe para apoyar su medida de restringir a cuatro años el acceso a prestaciones. En él, no hay datos brutos, ni tablas; el estudio dice que casi la mitad de los inmigrantes comunitarios reciben beneftis durante sus primeros años en Reino Unido, en concreto, entre el 37% y el 45%. Una información que hasta el The Guardian, principal periódico del país, ponía en cuestión: ¿De dónde vienen los datos? ¿Dónde está el contexto de estas cifras?”, se preguntaba.

Cameron además no ha dudado en señalar a los países del Este como origen del aumento de la inmigración y del deterioro del sistema de seguridad social. Un argumento que se reflejaba en el documento de conclusiones del Consejo Europeo: se creará “un mecanismo de alerta y garantía que responda a situaciones de flujos de entrada de trabajadores procedentes de otros Estados miembros de una magnitud excepcional, también como resultado de políticas del pasado a raíz de ampliaciones anteriores de la UE”. En este sentido, los informes estadísticos ingleses siempre señalan 2004 como punto de inflexión; este año se incorporaron a la Unión Europea Polonia, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Malta, Estonia, Letonia, Lituania y Chipre. Además, suelen hacer mención aparte bajo el título “EU2” a Rumanía y Bulgaria, que entraron en 2007.

Pese a toda esta literatura que castiga a los Estados miembros del oriente europeo, las cifras dicen otra cosa.  En términos absolutos, y según el citado documento del Departament for Work and Pensions, tres de los cinco países que más benefits piden son occidentales: primero Polonia (26.000), seguida de Irlanda (14.070), Portugal (10.750), Eslovaquia (6.600) y Holanda (5.740). Y entre los diez primeros, sólo cuatro se incorporaron a la Unión Europea después de 2004. Además, países como Francia (5.000), España (4.260) o Alemania (4.010) están por encima de Rumania (3.430) o Bulgaria (1.670).

En términos relativos, teniendo en cuenta el total de nacionales de esos países residentes en el Reino Unido,  croatas, eslovenos, checos, eslovacos y holandeses son las cinco nacionalidades que más prestaciones sociales están recibiendo, seguidos de portugueses, suecos y franceses.

Llama la atención que a pesar de ser los polacos el mayor contingente de residentes comunitarios (790.000) la proporción que percibe las prestaciones es muy baja: sólo el 3,32%. Algo similar ocurre con los rumanos, el cuarto contingente (170.000) y sólo reciben prestaciones el 2,02%.

 

Pese a las cifras, el Consejo Europeo concluye en su informe que si el próximo 23 de junio los ingleses deciden quedarse en la UE, entrarán en vigor estas nuevas medidas para que la inmigración comunitaria no genere una “presión excesiva para el funcionamiento adecuado de los servicios públicos”. Por eso, no sólo restringirán el acceso a las prestaciones sino que generarán mecanismos para “luchar más eficazmente” contra los “abusos del derecho a la libre circulación”.

La Marea Granate en Reino Unido, colectivo de emigrantes españoles, ha lamentado en un comunicado este acuerdo que tildan de “xenófobo” porque castiga a los inmigrantes y señalan que afectará especialmente a la ciudadanía española, cuyo principal destino de emigración son las islas británicas, según el Instituto Nacional de Estadística.

Además, señalan la “pasividad” del Gobierno en funciones, presente en la reunión europea donde se alcanzó el acuerdo por no haber defendido los intereses de sus ciudadanos. “Nos echan de nuestro país, nos obligan a rogar el derecho a votar hundiendo así las cifras de participación, nos quitan la sanidad por habernos ido y, después de todo, no nos defienden cuando Europa legisla en nuestra contra. Nos afecta legalmente, pero también emocionalmente”, concluyen.  

La Unión Europea ha decidido ceder a las presiones de Reino Unido para que no abandone el proyecto europeo y autorizará un mecanismo para limitar a 4 años el acceso de ciudadanos comunitarios a las prestaciones sociales de los Estados miembros. En el

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1 comentario(s)

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  1. Peña

    -muy buen artículo. Y muy esclarecedor. Quién lo firma?

    Hace 5 años 8 meses

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