Las referencias que se hagan en los Tratados y sus preámbulos al proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa pretenden principalmente señalar que la meta de la Unión es promover la confianza y el entendimiento entre pueblos que viven en sociedades abiertas y democráticas que comparten un patrimonio común de valores universales. No equivalen al objetivo de la integración política

Sección C, p 1 del Proyecto de Decisión del Consejo Europeo

Mantener la unidad de la Unión Europea es el mayor desafío que tenemos todos y es por lo tanto el principal objetivo de mi mandato (…) La línea que no he cruzado, sin embargo, son los principios sobre los que se fundó el proyecto europeo (…) Para tener éxito todos necesitaremos alcanzar compromisos. Porque el fracaso comprometería nuestro futuro común

Carta del presidente Donald Tusk a los miembros del Consejo Europeo

El próximo Consejo Europeo de 18-19 de febrero puede suponer el bloqueo definitivo del proceso de construcción política de Europa. De aprobarse el proyecto de decisión hecho público [la propuesta de nuevo encaje del Reino Unido en la Unión Europea ofrecida por Donald Tusk a David Cameron], cuyas medidas deberán ser incorporadas a los Tratados, la Unión Europea quedará reducida definitivamente a la gestión burocrática del mercado único y a la coexistencia pactada de la gobernanza de la zona euro con los distintos Estados miembros que mantienen sus propias monedas y sistemas financieros. “Pactada” en este caso significa, según el proyecto de decisión, que la “Europa a dos velocidades” no podrá utilizar la “cooperación reforzada” para relanzar un proyecto político ni económico de construcción europea que cuestione las murallas jurídicas levantadas por esta nueva interpretación de los Tratados.

El proyecto de construcción política neoliberal de Europa, que sufrió una importante derrota con el rechazo en Francia y Países Bajos del proyecto pseudoconstitucional en 2005, que lo convirtió en un acuerdo intergubernamental en el nuevo Tratado de Lisboa de 2007 y que ha gestionado de la manera que todos sabemos las dos últimas crisis de Grecia y los refugiados, encalla definitivamente: Francis Fukuyama (1) no hubiera podido prever un “Fin de la Historia” más decepcionante para la UE.

Me permito aconsejar a quienes no han leído los documentos preparatorios del Consejo del 18 y 19 de febrero --o se han limitado a la implorante carta a los Estados Miembros de su presidente, el polaco Donald Tusk--, que estudien con atención el Proyecto de decisión y los cinco documentos interpretativos que lo acompañan. Pende aún su negociación, pero las concesiones no vendrán de los negociadores británicos. Su principal instrumento de presión es que sin una campaña de movilización del Gobierno y las empresas británicas, que hasta ahora no se ha producido, el referéndum británico tendrá unos efectos demoledores en lo que queda de legitimidad de la UE.

La crisis griega se ha resuelto con la humillación del tercer memorándum, después de un asedio económico del BCE que, para cumplir su mandato de salvaguardar el euro y a los acreedores de la deuda soberana, no ha dudado en poner en evidencia que no existe opción de salida del euro, sólo la destrucción de la economía griega. Pero Gran Bretaña está fuera del euro, tiene en Londres el centro financiero más importante de Europa y cuenta con poderosos aliados en los Estados miembros de la UE que tampoco se han incorporado al euro. La negociación sobre el referéndum británico se convertirá en un paraguas de las reticencias y resistencias de los Estados de Europa central y del este que se ven sometidos a la misma disciplina austeritaria pero no participan en la toma de decisiones de la zona euro.

La crisis griega se ha resuelto con la humillación del tercer memorándum, después de un asedio económico del BCE que no ha dudado en poner en evidencia que no existe opción de salida del euro

Este escenario deja la zona euro, dividida entre un centro acreedor y una periferia deudora, sometida a las tensiones políticas del mantenimiento o la flexibilización de la política de austeridad cuando se adivina en el plazo de un año una nueva recesión internacional. Derrotado el Gobierno Syriza-ANEL, pero bajo la presión de la movilización popular, mientras el Reino de España se encuentra sin gobierno y sin aparentes posibilidades de tenerlo en el primer semestre del año, con un Gobierno portugués que solo puede sobrevivir en la negociación de una flexibilización de los objetivos del déficit fiscal de la Comisión Europea, Renzi parece dispuesto a explotar a favor del Gobierno italiano las fisuras abiertas.

El chantaje británico

David Cameron se encuentra ante un referéndum –que podría ser convocado el 23 de junio-- que no había querido, pero que no ha tenido más remedio que defender para mantener la unidad de los conservadores británicos. Su esperanza era que una necesaria coalición con los liberales-demócratas, completamente opuestos al mismo, hubiese obligado a aplazarlo otra legislatura. Pero su éxito electoral, en parte alentado por una reacción nacionalista al referéndum de Escocia, le obliga ahora a evitar una nueva división de los conservadores sobre la base de imponer las condiciones británicas a la UE para no abandonarla.

Hasta ahora, la prensa se ha centrado en un aspecto secundario pero sensible: la discriminación de los trabajadores comunitarios residentes en el Reino Unido en el acceso a las prestaciones del Estado de bienestar. En caso de “emergencia” (una definición ambigua de crisis fiscal) el Gobierno británico podría suspender o recortar beneficios sociales a los trabajadores emigrantes comunitarios. La propuesta inicial de Cameron era fijar esa discriminación en un periodo inicial de cuatro años. La contrapropuesta de Tusk es “graduar” esa discriminación según la creciente integración del trabajador en el mercado de trabajo del estado miembro huésped.

Otra de las “líneas rojas” británicas es la no transferencia a otros Estados miembros de las ayudas familiares a las que tienen derecho los trabajadores en el Reino Unido. La contrapropuesta de Tusk es que se sitúe un límite al volumen de esas transferencias que los trabajadores comunitarios envían a sus familias. Los tabloides británicos contrarios a la UE agitan el espectro del traslado del campo de refugiados de Calais al territorio insular del Reino Unido.

Rajoy asistirá al próximo Consejo Europeo con una mera “capacidad técnica”, sin posibilidades de negociación política, y sin definición de cuáles son los intereses del Reino de España

Más allá de estas cuestiones sociales, el centro de las negociaciones es el objetivo de una “unión cada vez más estrecha”. Hasta el Tratado de Lisboa de 2007, la interpretación de este objetivo fundacional de UE apuntaba a la evolución institucional hacia una integración política que dotase de legitimidad representativa a las instituciones comunitarias, es decir, a una construcción política. Su misma configuración, aunque ambigua y sin separación de poderes efectiva, apunta a esa aspiración, que fue el punto de partida del debate constitucional europeo.

Es más, el surgimiento de las instituciones europeas respondía a un pacto social de postguerra según el cual el funcionamiento de las mismas debería desarrollar las condiciones económicas de una confluencia social y política. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE, adoptada en 2000, respondía a la crisis de ese pacto social como consecuencia de las políticas neoliberales y a un intento de reconstrucción como condición del llamado Tratado Constitucional Europeo. Sobre esta base participaron los demócratacristianos y los socialdemócratas europeos hasta que el neoliberalismo de finales de los años 80 y los 90 impusieron un giro al proceso de construcción europea, que acabó encallando en 2005. Ahora, según el Proyecto de decisiones del próximo Consejo Europeo, se trata abandonar ese objetivo fundacional e interpretarlo en el acervo comunitario como la gestión intergubernamental pactada de dos esferas de gobernanza europea claramente delimitadas: la zona euro y la zona no-euro del mercado único común.

El problema del chantaje británico es que, hasta ahora, su credibilidad ha sido escasa entre los propios intereses empresariales que los conservadores dicen representar. Una reciente encuesta de The Financial Times a las 100 principales compañías británicas en Bolsa ha puesto de relieve su total falta de preparación para una salida del Reino Unido de la UE tras el referéndum de junio: sólo 4 empresas han desarrollado planes de adaptación. Pero al mismo tiempo, sólo 18 declaran estar dispuestas a defender abiertamente la permanencia en la UE.

Lo que está en juego es el sentido mismo de las transferencias de soberanía realizadas para unos objetivos de construcción europea que ahora se frustran definitivamente

Todo ello recorta el margen de negociación del próximo Consejo Europeo, a pesar del llamamiento de la carta de Tusk. Para iniciar una movilización a favor de permanecer en la UE, Cameron necesita hacerlo sobre la base de una victoria de sus condiciones. La alternativa es una salida de la UE por la derecha, un segundo referéndum de Escocia como consecuencia o, casi peor para la oligarquía europea, una victoria de la permanencia en la UE hegemonizada por los laboristas de Jeremy Corbyn sobre la base de la defensa de los derechos sociales y de otro modelo de UE.

Y mientras tanto… en el Reino de España

El Gobierno Rajoy en funciones solo parece haber despegado hasta el momento una iniciativa europea desde las elecciones generales de diciembre: consultar al Eurogrupo la disposición para aplicar cierta flexibilidad a los objetivos del déficit fiscal de los presupuestos de 2016, aprobados con los únicos votos del PP. La respuesta del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, a su antiguo rival en el cargo, De Guindos, no ha dejado duda: “Cuando hay turbulencia en los mercados, mano firme”. Es decir, cualquiera que sea el próximo gobierno, de entrada, 11.000 millones de euros de recortes en 2016.

Rajoy asistirá al próximo Consejo Europeo con una mera “capacidad técnica”, sin posibilidades de negociación política, y sin definición de cuáles son los intereses del Reino de España en esta encrucijada comunitaria. La petición de un pleno de debate previo en el Congreso de los Diputados en la mesa del Congreso –que cuenta con una mayoría PP-Ciudadanos-- de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Creación de la Comisión Mixta para la UE (cuya ineficacia e incumplimientos legislativos en las pasadas legislaturas son clamorosos), ha sido rechazada por la vicepresidenta en funciones, Sáenz de Santamaría. El primer argumento es que el Gobierno en funciones responde exclusivamente ante el Congreso ya disuelto, no ante el que está en sesión (interpretación curiosa para una abogada del Estado); el segundo es que los gobiernos anteriores sólo han rendido cuentas de los Consejos Europeos a posteriori, después de su celebración (interpretación curiosa para una vicepresidenta en funciones “técnicas”).

En definitiva, la representación del Reino de España en el Consejo Europeo del 18-19 de febrero se hará sin capacidad de negociación política alguna. Al menos debería advertir a los socios comunitarios que cualquier decisión debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados, tratándose especialmente de una interpretación de los Tratados que afecta al acervo comunitario.

No será el único Estado miembro en esta situación. Al menos el primer ministro belga, Charles Michel, ha advertido a Cameron de las dificultades que esperan a las conclusiones del Consejo Europeo en el Parlamento de Valonia y en el de la comunidad germanófona belga.

Las izquierdas en el Congreso de los Diputados deben preparar con cuidado el debate posterior al Consejo Europeo del 18 y 19 de febrero. Debe comparecer el presidente de la delegación, Rajoy, y no como se ha pretendido el secretario de Estado de la UE, que ni siquiera asiste a las reuniones decisivas del Consejo. Deben hacer un control riguroso de las intervenciones de la delegación española tanto en la fase preparatoria (COREPER, reunión de sherpas..) como en las sesiones del Consejo. ¿Cómo y quién fijó los intereses españoles?, ¿quién emitió las instrucciones “técnicas”?, ¿qué contrapartidas se especificaron? Lo que en definitiva está en juego es el sentido mismo de las transferencias de soberanía realizadas para unos objetivos de construcción europea que ahora se frustran definitivamente.

No es casualidad que esos mismos día se reúna en Madrid el MDdE25, del que Sin Permiso ha dado amplia información. Su objetivo es la democratización de la UE, su transformación radical de un proceso institucional de gobernanza neoliberal en una recuperación del proyecto de construcción de una Europa de los ciudadanos y los pueblos. Las fuerzas de la izquierda tienen una ocasión inédita de confrontar su modelo alternativo con el que han defendido el PP y el PSOE hasta ahora y contribuir institucionalmente al giro que propone el MDdE25.

Notas:

(1) Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay, (2014), convertido en una amarga reflexión sobre las limitaciones del orden neoliberal, resume en tres principios la estabilidad política del sistema: control representativo (accountability), división de poderes y eficacia administrativa. Quizás sea innecesario señalar que el proyecto neoliberal de construcción europea se basa precisamente en sortear estos tres principios fundamentales.

G. Buster es miembro del comité editorial de Sin Permiso

Este texto fue originalmente publicado en Sin Permiso el 14 de febrero 2016.