Uno de los grandes desencuentros, durante los dos años que duró la tramitación en el Congreso de la ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, fue el conjunto de sentencias emitidas por los tribunales franquistas. También fue el que, finalmente, propició que Esquerra Republicana de Catalunya, uno de los promotores de la iniciativa junto a Izquierda Unida, acabara rechazando la norma en el Parlamento. Fue el único grupo, además del Partido Popular, que votó en contra del texto aquella mañana de otoño, en la que a la carrera de San Jerónimo acudieron víctimas y familiares del franquismo. Durante la jornada hubo incluso quien afirmó que, entonces sí, la guerra “había acabado”. Hoy, 40 años después de la muerte del dictador Franco, las asociaciones recuerdan que los crímenes contra el patrimonio no han sido reparados.

Acompañando a la ley a su paso por las Cortes, esquelas de uno y otro lado de la guerra aparecieron en los diarios. Se discutió sobre el devenir de las fosas comunes y sobre los nombres de calles franquistas, pero hubo otro punto que, quizá por perderse en el lenguaje jurídico, pareció no llegar a la opinión pública: la norma declaró ilegítimos los tribunales de Franco, un reconocimiento simbólico que quedó muy lejos de la nulidad de sus sentencias. Estas eran, nada menos, las que condenaron a pena de muerte a miles de republicanos y, al tiempo, aquellas con las que el régimen confiscó el patrimonio de los derrotados. También se aplazaron las aspiraciones de quienes aún conservan los recibos del dinero rojo: los documentos que la Administración franquista dio a quienes les entregaban sus ahorros en moneda republicana, declarada ilegal. Cada una de las pesetas entregadas entonces vale hoy 86 euros, según apuntó el juez Baltasar Garzón, el enero pasado, en un escrito al Gobierno.

El dinero rojo, que hijos y nietos de la guerra reclaman hoy sin éxito, es una más de las injusticias contra el patrimonio de las víctimas, pero la única que cuenta con una organización concreta al respecto. “Pensamos que nuestro caso era más evidente, porque tenemos los recibos en casa. Querían dinero para ganar la guerra y la moneda republicana era la única que valía fuera de España, la que estaba respaldada con oro”, dice Agustín Aranda, de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista. A los 70 años, este pacense residente en Barcelona ayuda a recuperar los ahorros heredados por su esposa, la cual los recibió de su madre antes de que esta muriera. “Yo no los he podido cobrar, a ver si algún día tú puedes hacerlo”, le dijo.

Según cuenta Aranda, entre las más de 750 personas de su agrupación también hay supervivientes de la guerra y la posguerra, que entregaron ellos mismos su dinero, y a los que el Estado niega la validez del documento. Garzón hizo llegar una intención de declaraciones al Gobierno: sin embargo, estos asociados prefieren el reconocimiento de las leyes. Las costas de un juicio de esta suerte, que podrían ascender a la tercera parte de la cantidad demandada, se escapan de las manos de una agrupación que reúne a pensionistas y ancianos, y que hoy reclama más de 600 millones de euros. Es cuatro veces la partida que el Estado destina, en sus presupuestos anuales, a la Iglesia católica.

Han abierto algunas fosas comunes, nos han dado un ramo de flores y nos han rezado un responso. Para lo demás, con el Estado hemos topado

Según cuenta Aranda, su organización se ha reunido recientemente con Miquel Iceta, portavoz socialista en el Parlament catalán, el cual “se mostró interesado” por la causa. También espera convencer a Ciudadanos y a Podemos; sobre estos últimos reposan las esperanzas más personales de algunos de los miembros de la asociación. Los partidos tradicionales, relata el activista, “nunca han querido. Se han repartido el dinero como les ha venido en gana, han rescatado a la banca. Y sí, han abierto algunas fosas comunes, nos han dado un ramo de flores y nos han rezado un responso. Para lo demás, con el Estado hemos topado”.

Ya durante la segunda legislatura de Zapatero, la Comisión Constitucional de la Cámara Baja discutió, a propuesta de Convergència i Unió, si se aceptaban los resguardos. Jesús Quijano, portavoz entonces de los socialistas en esta materia, recuerda hoy el voto en contra de su grupo: “El reintegro de aquel dinero, o del valor de unos recibos que se daban a cambio, ofrecía muchas dudas jurídicas relativas a la titularidad legítima de tales recibos”. En el caso de las confiscaciones realizadas durante la guerra, son los archivos de las comisiones de incautación de bienes quienes dan cuenta de los inmuebles o el ganado arrebatado a los perdedores. El de León, el mejor conservado, menciona 6.488 expropiaciones en esa provincia. 

Partidos y sindicatos, sí. Víctimas civiles, no

La ley de 2007 reconoció grandes indemnizaciones para las víctimas del franquismo, en lo relativo a las pérdidas humanas y a los años que los presos pasaron en la cárcel. Pero Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cita aquella norma como una nueva ocasión perdida para reponer las propiedades de quienes fueron expoliados en la dictadura: “Los juicios sumarísimos llevaban asociados a las condenas, en numerosas ocasiones, confiscaciones de bienes, incluso hubo vistas celebradas de forma póstuma en los que las condenas coincidían casualmente con el patrimonio de la persona juzgada”. A finales de 2008, una vez el juez Garzón se había mostrado partidario de desarrollar los derechos de las víctimas, Esquerra Republicana volvió a pedir en el Congreso la nulidad de las sentencias y la reposición de las propiedades expropiadas. De nuevo, no.

Hay ocasiones en las que el Estado sí ha actuado: en 1986, el Gobierno acordó devolver a los partidos políticos y organizaciones sindicales sus bienes inmuebles, requisados por la ley de responsabilidades políticas de 1939. En 2005, un real decreto amplió los supuestos: muchas confiscaciones habían ocurrido solo de facto, sin siquiera esperar a la justificación de las normas. En 1995, el Estado había concedido 285 millones de pesetas, como indemnización por los bienes incautados, a los familiares de Juan Negrín, último presidente de la Segunda República, ya durante la guerra. “Los partidos y los sindicatos solucionaron su recuperación patrimonial sin haber peleado por el mismo derecho para la ciudadanía común. Hablamos de decenas de miles de propiedades, casas, tierras de cultivo, de las que se apoderaron pistoleros de Falange”, recuerda Silva. Los archivos de este partido, así como los de la Guardia Civil franquista, se perdieron en la Transición.

¡Pero cómo va a estar prescrito, si está en un recibo de papel!

Que solo los herederos del dinero rojo estén reclamando su dinero, sin grandes movimientos por parte de quienes vieron afectados sus inmuebles o sus tierras, se explica por el “miedo” que según Silva, durante décadas, prevaleció en los pueblos, donde las historias se silenciaron con más vehemencia. También era el “miedo”, en cualquier caso, lo que provocó que durante la dictadura los portadores de los recibos de la moneda puesta en circulación por el enemigo decidieran no reclamar sus ahorros, y olvidar así que habían empleado la divisa de la República, y no la nacional, una vez la guerra había empezado. La norma dictada por Franco en noviembre de 1936 condenó los billetes republicanos marcados a partir del 18 de julio de aquel año, cuando empezó la contienda, y los convirtió así en otra muestra de afecto o repudia a los sublevados.

“Esto no se ha cerrado, por mucho que digan que hablamos de procesos prescritos. ¡Pero cómo va a estar prescrito, si está en un recibo de papel! ¿Cómo se pueden reír del pueblo de esta manera?”, lamenta Aranda, que reitera su confianza en el nuevo escenario político. Balti Picornell, diputado en el Parlament balear y miembro del círculo de memoria histórica de Podemos, solo se atreve a realizar declaraciones a título personal: “Si es suyo, les pertenece y se lo quitaron, que se lo devuelvan. Sin ninguna duda”. Aunque el programa de su partido, así como el de los socialistas, promete desarrollar la memoria histórica –ocho años después se prefiere, en cambio, el adjetivo democrática–, no hay menciones en él a este respecto. Lo relativo al patrimonio de las víctimas civiles promete permanecer, una vez más, tal y como lo dejó Franco.