Diciembre de 1999. Gritos de júbilo en las calles, heridos y cientos de periodistas, consternación en los pasillos, alarmas en los centros de estudio y en los cenáculos de la economía mundial. La Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha fracasado en Seattle. Las delegaciones se vuelven a casa sin haber encontrado los acuerdos necesarios para continuar.

El régimen multilateral de comercio, cristalizado en la Organización Mundial de Comercio, comienza su deriva como una organización zombi, apenas cuatro años después de su nacimiento. No ha sido, desde entonces, capaz de cerrar acuerdo alguno de alcance. Durante los primeros años no extrañó: la última ronda de negociaciones comerciales multilaterales, la Ronda Uruguay, duró 8 años (entre 1986 y 1994). En 2001 se abre la Ronda de Doha, o Ronda de Desarrollo. Los resultados 14 años después son absolutamente decepcionantes. Los esfuerzos del G20 por resucitar, al inicio de la crisis, la Ronda, y las posteriores negociaciones, han llevado a la organización a un callejón sin salida. Sigue funcionando de oficio en asuntos menores, pero no ha sido capaz de promover un nuevo marco de liberalización internacional del comercio.

El motivo fundamental de esta parálisis debe encontrarse en la arquitectura tanto de la OMC como del proceso de negociación. La OMC se basa en el principio de "un país un voto", lo cual lo asemejaría al caso de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde en términos de voto cuenta lo mismo China que San Marino. El asunto se complica más porque mientras que en la Asamblea General de Naciones Unidas las decisiones se toman generalmente por mayoría (simple o cualificada), en la OMC se requiere  unanimidad para adoptar nuevas regulaciones internacionales. Poner de acuerdo a los 159 miembros de la organización es complicado. Si a esto unimos el principio de “no hay nada acordado hasta que todo esté acordado”, que elimina la posibilidad de acuerdos parciales, las posibilidades de alcanzar acuerdos globales se reducen al mínimo. Estos dos principios fueron heredados del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), la pata más débil de la arquitectura económica internacional surgida tras Bretton Woods en 1944 (donde se crearon el FMI, el Banco Mundial y una malograda Organización Internacional del Comercio que no llegó a ver la luz por la negativa de Estados Unidos a participar en la misma), que basó su mecanismo de actuación en esos principios. Pero el GATT se creó con 23 países, la mayoría de ellos desarrollados, en un momento (1947) en el que buena parte del planeta era todavía colonia de las potencias occidentales.

El segundo aspecto que ha bloqueado las negociaciones comerciales multilaterales es la inclusión de los capítulos destinados a servicios. Los temas "Singapur", denominados así por haber sido incorporados a la agenda en la conferencia ministerial realizada en ese país (comercio e inversiones, comercio y política de competencia, transparencia de la contratación pública y facilitación del comercio.) resituaban la agenda de la OMC en ámbitos en los que el GATT había entrado sólo de manera marginal. Mientras que el GATT -y sus acuerdos anejos- se centraba fundamentalmente en el comercio de bienes y mercancías, la agenda de Singapur profundizaba en vectores de internacionalización que habían pasado a ser el motor de la globalización: las inversiones internacionales y su protección, la política de competencia, y los servicios -y particularmente los servicios de interés público-. Aspectos todos muy sensibles a las particularidades nacionales que iban más allá de rebajar aranceles para las mercancías que llegaban a las aduanas.

En efecto, levantar barreras --arancelarias o no arancelarias-- a los productos y mercancías puede ser más o menos complejo, pero generalmente se circunscribe a la gestión aduanera o, a lo sumo, a las certificaciones --salud de alimentos, etcétera-- necesarias para importar o exportar. Pero los temas "Singapur" se refieren a una modificación sustancial del ordenamiento económico interior de cada país, en lo cual es difícil poner de acuerdo a todos los miembros. Cabe destacar que los servicios representan el 70% de la producción económica mundial, pero sólo un 20% del comercio internacional.

Por otro lado, la posición en materia de comercio de mercancías agrícolas, que ya supuso un importante bloqueo en la Ronda de Uruguay, volvió a paralizar las negociaciones, llevando la ronda a varios colapsos durante los últimos años.

Frente al colapso de las negociaciones multilaterales, las principales economías mundiales se han centrado en recuperar espacio por la vía bilateral, particularmente las economías emergentes. Por poner un ejemplo, Corea del Sur ha firmado 8 acuerdos de libre cambio, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, al tiempo que está negociando otros 10. China tiene firmados otros 13 y está negociando otros seis. La Unión Europea ostenta la plusmarca en materia de acuerdos bilaterales: más de 20 entre acuerdos de libre cambio, acuerdos de asociación con componente comercial y acuerdos multilaterales como el Espacio Económico Europeo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

La clave para la proliferación de acuerdos bilaterales se basa en varios motivos, aunque se pueden señalar dos clave: en primer lugar, es más fácil negociar sobre aquello que se quiere negociar --no hace falta tener un acuerdo "omnicomprensivo"--, los intereses son más conciliables a una o dos bandas, y el desequilibrio de fuerzas juega a favor de las economías grandes, que ofrecen condiciones severas a cambio de acceso a mercados apetecibles para las exportaciones del negociador más pequeño.

De esta manera, la política de acuerdos de libre cambio y acuerdos comerciales bilaterales se ha convertido en otro ámbito de competencia global. Ámbito en el que además hay que señalar, como ya lo hizo la OCDE, que el flujo económico comercial "sur-sur" sobrepasó al "norte-sur" entre 2008 y 2010. La posición dominante de la Unión Europea y Estados Unidos en la economía mundial hace agua ante economías emergentes que fortalecen sus vínculos de inversiones, comercio y cooperación sobre la base de intereses compartidos.

Si se mezclan estos ingredientes en la coctelera (ocaso de la OMC y primacía de los acuerdos bilaterales, fracaso en la incorporación de aspectos relacionados con las inversiones y el comercio de servicios, pérdida de peso económico global de la Unión Europea y de Estados Unidos) se obtendrá el cóctel liberalizador que nos están sirviendo: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones.

En términos geoeconómicos, el movimiento de la Unión Europea y de Estados Unidos es razonable, si atendemos a los motivos que han movido a estas negociaciones. Con Estados Unidos todavía durante años ocupando una situación principal en la economía mundial y una Unión Europea que languidece en términos de crecimiento, este acuerdo le interesa más a Europa que a Estados Unidos, que está negociando su propio acuerdo Transpacifico, con mucha mayor relevancia para ellos. Varios problemas surgen en el proceso.

El primero  es que las negociaciones abren ventanas de oportunidad para la liberalización de sectores o de desequilibrios de poder que difícilmente serían aceptables en el marco nacional o incluso de la Unión Europea. Las negociaciones y posiciones negociadoras se mantienen en secreto por motivos estrictamente estratégicos -no enseñar las cartas antes de tiempo- pero esta realidad ha puesto todas las luces rojas sobre la ciudadanía europea, que no sabe qué o cómo se está negociando aspectos clave de su modelo social.

El segundo es el desequilibrio existente entre las partes. Aunque las balanzas comerciales están bastante equilibradas, la Unión Europea es exportadora neta frente a Estados Unidos, particularmente en el ámbito de bienes y mercancías, mientras que Estados Unidos es inversor neto en la Unión Europea. La Unión Europea está más interesada en el incremento de la relación comercial y Estados Unidos en la protección y rentabilidad de sus inversiones.

De esta manera, la agenda del Tratado se basa en aspectos que han tenido poco recorrido en la OMC, tales como el comercio de servicios, el reconocimiento de estándares, la eliminación de trabas basadas en la política de competencia o la protección internacional de inversiones. Aspectos todos ellos que suponen modificar no sólo la estructura tarifaria que se mantiene con Estados Unidos, sino modificar regulaciones económicas internas de la Unión Europea, en aspectos como los servicios públicos, las denominaciones de origen, regulaciones ambientales o los requisitos para ejercer determinados servicios profesionales. Elementos todos sensibles porque suponen un proceso de armonización que puede amenazar los principios básicos del modelo socioeconómico europeo.

¿Será el resultado positivo o negativo? ¿Llegará el TTIP a buen puerto o descarrilará en el último momento como ya lo han hecho otras iniciativas de carácter similar? Quien escribe estas líneas no se ve con autoridad para ofrecer un veredicto definitivo, aunque, sin duda, preferiría que el futuro patrón de crecimiento económico europeo no se llevara por delante su modelo social. De momento, lamentablemente, es lo que está ocurriendo.