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"Todo el mundo sabía y nadie hablaba"

Discurso de Bettino Craxi ante el Parlamento italiano, 29 de abril de 1993

Bettino Craxi 10/06/2015

<p>Berlusconi y Craxi, en 1984.</p>

Berlusconi y Craxi, en 1984.

Wikipedia

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Hace unos diez meses, más o menos, tomando la palabra en el Parlamento, dije con franqueza lo que un ex presidente de la República definió entonces como la apertura de la" gran confesión" hacia la que habrían debido o deberían abrirse, con toda la sinceridad necesaria, todos o al menos la mayor parte del mundo político. Los jueces que me acusan han visto en cambio en ese gesto una "confesión extrajudicial" y lo han elevado, sin dudarlo y  de inmediato, a prueba de primer grado contra mí. Esa verdad era y sigue siendo la única evidencia de ese cargo. Siempre que un comunicado, un análisis o una reflexión hecha en el Parlamento puedan considerarse como una prueba penal. Recuerdo que, incluso antes de esa fecha, al comentar en caliente los primeros escándalos milaneses que abrían el libro inagotable de capítulos que hoy se extienden por todas partes, me había permitido decir: "La clase política tiene que reflexionar sobre lo que está ocurriendo".

Esta declaración fue malinterpretada como expresión de una actitud intimidatoria, provocativa y chantajista. En realidad no era difícil detectar ya toda la dimensión del problema que se había abierto, toda su gravedad y complejidad. No era difícil ver la inutilidad y el error de una defensa y una justificación que no estuvieran marcadas por el lenguaje de la verdad. Por la responsabilidad que me competía, por el papel que, durante mucho tiempo, tuve como secretario general del Partido Socialista, no he negado la realidad, no he minimizado, ni minusvalorado el significado moral, político, institucional de la cuestión que estaba saliendo a la luz referente a la financiación irregular e ilegal de los partidos y a sus actividades políticas, así como la gran trama putrefacta que se había conectado a estos, incluso sin nuestro conocimiento. Como recordarán, hablé delante de ustedes siguiendo una pista que me permitirán retomar. 

Decía en julio del 92: "Hay un problema de moralización de la vida pública que tiene que ser tratado con seriedad y con rigor, sin pretensiones, hipocresía, injusticia, juicios sumarios y gritos a la española. Ha surgido, de manera devastadora, el problema de la financiación de los partidos, mejor dicho, de la financiación del sistema político en su conjunto, de sus degeneraciones, de los abusos que se cometen en su nombre, de las ilegalidades que suceden desde hace tiempo, quizá desde tiempos inmemoriales. Debemos primero decir la verdad de las cosas y no escondernos detrás de palabras nobles y altisonantes que, muy a menudo y en ciertos casos, tienen todo el sabor de la mentira. 

Se ha propagado en el país, en la vida de las instituciones y en la Administración pública una red de corrupciones grandes y pequeñas que indica un estado de creciente degradación de la vida pública, un estado de cosas que despierta la más viva indignación y que legitima una alarma social real, y reclama con urgencia una red opuesta capaz de maniobrar con velocidad y eficacia. Los casos son de la más diversa naturaleza, rayando a menudo en el chantaje mafioso, y a veces se presentan con un carácter particularmente odioso de inmoralidad.

Desgraciadamente, en la vida de los partidos, y de forma habitual, resulta difícil identificar, prevenir y combatir las áreas infectadas, ya sea por la imposibilidad objetiva de llevar a cabo un control adecuado, o por la existencia y prevalencia de una lógica perversa. Y, de esta manera, a la sombra de la financiación irregular de los partidos --y, repito, del sistema político--, florecen y se entrelazan los casos de corrupción y de soborno, que como tales deben ser definidos, tratados, probados y juzgados. Y, sin embargo, hay que decir, y todo el mundo lo sabe, que gran parte de la financiación política es irregular o ilegal. Los partidos, especialmente aquellos que cuentan con aparatos --grandes, medianos o pequeños--, periódicos, actividades de propaganda y promoción y demás estructuras políticas, han recurrido o recurren a la utilización de recursos adicionales irregulares o ilegales. Si una gran parte de esta cuestión fuera considerada materia puramente criminal, entonces gran parte del sistema sería un sistema criminal.

Hay un problema de moralización de la vida pública que tiene que ser tratado con seriedad y con rigor, sin pretensiones, hipocresía, injusticia, juicios sumarios y gritos a la española

No creo que haya nadie en este aula, responsable político de organizaciones importantes, que pueda ponerse de pie y pronunciar un juramento en sentido contrario a lo que afirmo: tarde o temprano los hechos se encargarían de declararlo perjuro. Y, además, si uno va a  buscar los hechos, se ha demostrado y se demostrará que muchas sorpresas en realidad nunca han sido tales. Por ejemplo, en el candente caso de la financiación en el exterior, bastaría con decir el archiconocido "Todo el mundo sabía y nadie hablaba” . Y decir además: "Una financiación irregular e ilegal del sistema político, por muchas reacciones y críticas negativas que implique y por todas las degeneraciones que haya podido generar, no es y no puede ser considerada y utilizada por nadie como explosivo para hacer saltar por los aires el sistema, para deslegitimar a una clase política o para crear un clima en el que ciertamente no pueden surgir ni las correcciones que se imponen ni una obra eficaz de restauración sino solo la desintegración y la aventura".

A esta situación hay que ponerle remedio, remedios. Lamento que, entonces, todo esto fuera subestimado. Tantas verdades negadas o calladas han salido a flote una detrás de otra; saldrán más, pueden y deben salir todavía. Y mientras muchos se consideran a salvo bajo una capa de reticencia y de mentira, no se ha puesto en marcha ningún remedio razonable y constructivo. Esto debe aplicarse también a los partidos que, si tienen que seguir existiendo como elementos activos de la democracia italiana y europea, aunque con un papel diferente y diferentes configuraciones, deben enfrentarse a nuevas reglas, exigentes y útiles, para renovar y revivir su esencia asociativa y democrática.

En cambio, con la fuerza de una avalancha, se ha abierto el camino a un proceso de criminalización de los partidos políticos y de la clase política. Un proceso, a menudo, generalizado e indiscriminado, que ha afectado particularmente a la clase política y a los partidos de gobierno, aunque tampoco ha esquivado a los demás. Parecía obvio que retrocediendo años, incluso décadas en el ámbito de las formas de financiación ilegal de la actividad política, de su articulación, de su organización y de las contiendas electorales, aparecería cada día un episodio, un caso, un escándalo. Y así fue. Y así será. La lista de investigaciones y posteriores contrainvestigaciones, de arrepentidos, de arrepentidos con efecto retardado, de los que van en contra de los arrepentidos, de revelaciones verdaderas o falsas, intencionadas o convenientemente mutiladas, de reos confesos por fuerza o por amor, estaba destinada a ser interminable. A esta situación se han añadido los casos de corrupción personal que son ajenos a la responsabilidad de los partidos, pero que pesan con enorme gravedad. Pero con todas las hierbas al final se ha hecho un fardo.

Todo se reduce a una sola acusación generalizada. Las campañas de propaganda han girado sólo en torno a consignas y simplificaciones brutales. De esto se ha ocupado una parte de la prensa y de la información, que se ha extralimitado en sus derechos y deberes, distorsionando a veces sin medida, destacando los motivos de la acusación y escondiendo los de la defensa, atropellando sin ningún respeto derechos constitucionalmente garantizados que hacían imposible la defensa, creando un clima que ha destruido personas, familias, y que ha generado tragedias. La criminalización de la clase política, ahora en su punto álgido, empuja hacia cargos extremos, formula acusaciones para los delitos más graves, más infames y peligrosos socialmente. Es un proceso que parece que ya no atañe solo a determinadas personas sino a todo un periodo histórico, marcado en su conjunto. Un auténtico proceso histórico y político a los partidos que durante mucho tiempo gobernaron este país.

Se ha propagado en el país, en la vida de las instituciones y en la Administración pública una red de corrupciones grandes y pequeñas que indica un estado de creciente degradación de la vida pública

Me pregunto cómo y cuándo se concilia esto con la verdad, qué relación tiene con la verdad histórica, con los sucesos y con las diferentes y difíciles etapas que hemos atravesado y en las que muchos de nosotros hemos tenido responsabilidades de gobierno. ¿Hemos sido realmente protagonistas, testigos o cómplices de un sistema criminal? ¿Realmente la política y las mayorías políticas se han impuesto a los ciudadanos a través de la implementación y el soporte de un diseño criminal? ¿De verdad los años ochenta, de los que se habla sobre todo, sin ahorrarse los precedentes, fueron los años oscuros de la regresión, la represión, del hampa político que describen y cantan en primera fila los que están de vuelta de subversiones, de revoluciones perdidas, de rupturas traumáticas que se han frustrado o impedido? Esa interpretación es solo una lectura falsa, mistificada de la realidad y de la historia. Quien ha dirigido durante años una oposición democrática tiene que hacer valer de un modo muy distinto sus razones.

Por mi parte, no me olvido de que en los años ochenta Italia fue capaz de remontar la curva regresiva del estancamiento, de la inflación, que salió de la crisis económica para entrar en un ciclo de expansión y desarrollo sin precedentes, que le ha permitido alcanzar las cotas de desarrollo más altas de los países de la Europa industrializada. Ha sido un avance poderoso, intenso y generalizado, que ha reducido muchas desigualdades y que ha allanado el camino para reducir muchas otras que todavía dividían y dividen a nuestra sociedad.

Fueron los años en los que se puso fin al capítulo de las subversiones militares, al terrorismo y sus sangrientas consecuencias. Y fueron también los años de un nuevo prestigio internacional, dentro de una comunidad europea que se amplía y se consolida, con una Italia que se une al club económico y político de las principales naciones industrializadas del mundo occidental. Todos los ciclos, como es normal, pasan, entran en contradicción, se terminan, degeneran. Llegan así los años de dificultad, de crisis, que todavía estamos atravesando. Pero los efectos y las consecuencias de un periodo crítico habrían sido muy diferentes y mucho más costosos si no hubiéramos tenido como base el sólido crecimiento alcanzado durante los años ochenta, que nos permitió dar un importante salto hacia adelante.

A la sombra de una financiación irregular de los partidos y del sistema político florecen y se entrelazan los casos de corrupción y soborno, que como tales deben ser definidos, tratados, probados y juzgados

La financiación ilegal de los partidos políticos y de las actividades políticas no son, sin embargo, una invención y una creación de los años ochenta. Como es sabido, tiene raíces mucho más antiguas y repartidas entre las fuerzas que se oponían entre ellas, luchando entre sí, con frecuencia sin evitar los ataques. Al igual que en la sociedad italiana la corrupción en la Administración pública y en la vida pública tampoco nació en los ochenta. El asunto de la financiación de la política, de sus aspectos legales, de la financiación procedente de las vías más diversas desde el extranjero, de la búsqueda de recursos adicionales respecto a una ley sobre la financiación pública hipócrita e hipócritamente aceptada y generalmente no respetada, acompaña la historia de la sociedad política italiana, de sus amargos conflictos, de sus contradicciones y sus sombras, desde el final de la guerra hasta hoy.

No cabe duda de que un ejercicio demasiado prolongado del poder por las mismas coaliciones de partidos ha terminado creando un terreno más fácil de transitar para el abuso y las distorsiones que se han producido. Pero la honestidad y la verdad desearían que en lugar de un proceso distorsionado, forzado y exasperado, llevado a cabo principalmente en una dirección, se diera paso a una reconstrucción lo más objetiva posible y adecuada a todo lo que ha pasado. Se trata de una realidad que no se puede partir en dos como una manzana, no se puede separar así entre el bien y el mal, uno apenas rozado por la sospecha; otro, responsable de todo tipo de errores y atrocidades.

Me parece notable que se hayan liquidado, con unas pocas frases hechas, algunos pretextos y algunas falsas reverencias, la propuesta de una investigación parlamentaria que abarcaría como mínimo 15 años de nuestra historia política. El Parlamento tendría el deber de hacerlo, y habrían surgido una montaña de presupuestos de partido sin duda falsos, de órganos de control que no han controlado, de auditores que no han auditado. Que todo esto se produjo sin que hubiera declaraciones sensacionalistas y denuncias, clamorosos conflictos, salvo casos esporádicos y aspectos particulares, significa que el sistema y sus irregularidades no sólo eran reconocidos sino aceptados y compartidos al menos por la mayoría. Y, por otro lado, en el sistema han participado y concursado, de maneras diferentes, todos los principales grupos industriales del país, públicos y privados. Grupos y empresas importantes en sus sectores y en la economía nacional y, en muchos casos, también presentes e influyentes en los mercados internacionales, grupos poderosos capaces de influir y condicionar las competencias de la política y del Estado.

Es necesario decir, y todo el mundo lo sabe, que gran parte de la financiación política es irregular o ilegal

De estos se puede decir todo menos que hayan sido víctimas de la prepotencia, de la imposición, de un sistema vejatorio y opresivo del cual estaban ansiosos por liberarse. Los que están siendo investigados y los que lo serán, si la verdad, como es de esperar, se abre camino también para ellos, son los principales grupos del país, proveedores del Estado, deudores de impuestos a medida de diversa índole, beneficiarios de obras públicas, exportadores, dueños de grupos periodísticos y especuladores varios. Se trata de conductas ilegales del mundo empresarial, realizadas con pleno conocimiento y responsabilidad y con fines de diversa naturaleza de orden económico, empresarial, comercial pero también de orden público para sostener un sistema, sus equilibrios y su estabilidad y para apoyar directamente a personajes políticos con los que entablar relaciones amistosas más comprometidas.

Ilegalidades en el mundo político, ilegalidades en el mundo de los negocios, a las que se han añadido ilegalidades en el mundo judicial. Una investigación judicial es mucho más contundente, aceptada y respetada cuanto más contundente y riguroso es el respeto a la ley que impone, sin prevaricación, arbitrariedades y excesos de ningún tipo.

Desgraciadamente, en muchos casos ha ocurrido todo lo contrario. No hay fin que pueda justificar el uso de medios ilegales, de violaciones sistemáticas, flagrantes e incluso exaltadas de la ley, de los derechos de los ciudadanos y de los derechos humanos. No hay consenso popular, apoyo político o campaña mediática que pueda justificar el quebrantamiento de los principios garantizados por la Constitución y garantizados por la ley. No lo justifica tampoco la ausencia, insensibilidad o retraso de los organismos de control, la debilidad o la desorientación de las defensas, la barrera del prejuicio negativo. No lo han visto o no le ven aquellos que no quieren y prefieren, por oportunidad, superficialidad o cálculo, volver la cabeza hacia otro lado.

¿Quién no ha visto forzamientos macroscópicos en la interpretación de las leyes para hacer un mal uso de los poderes judiciales? Hace cuatro siglos que fue escrito en Inglaterra el Leviatán, que dice: “Si el juez utiliza arrogantemente el poder de interpretar las leyes, todo se volverá impredecible. Ante un método semejante, la seguridad se resiente”. ¿Quién no ha visto detenciones ilegales, fáciles, colectivas, espectaculares y hasta caprichosas, frente a un Estado de Derecho y una legalidad que en nuestro país consideraba la detención como “extrema-ratio”? ¿Quién no ha visto las detenciones ilegales que hacen palidecer la civilización del habeas corpus? Detenciones a efectos de confesión que son todo lo contrario a lo que está reconocido y aceptado. ¿Quién no ha visto registros con efecto retardado, en particular los de las sedes de los partidos, manifiestamente innecesarios pero útiles para una cuidada puesta en escena y para asegurar un espectáculo denigrante?

Si esta cuestión fuera considerada materia puramente criminal, entonces gran parte del sistema sería un sistema criminal

A la orden del día también están las sistemáticas violaciones del secreto de los sumarios, ahora prácticamente socavado o inexistente o existente solo por razones de criterios discriminatorios o arbitrarios dictados por intereses y oportunidades de naturaleza varia, incluyendo las políticas. ¿Hay alguien que no se haya percatado del ejemplar calendario político de ciertas operaciones? Cuando la justicia funciona con relojería política contiene ya en sí algo aberrante. Lamentablemente, hay materia también para escribir un capítulo sobre los derechos humanos, su mortificación y sus violaciones. 

Asomándose a la realidad italiana hace unos meses, una misión internacional compuesta por altos magistrados y representantes del Colegio de Abogados de París señalaba con cautela en su primer informe: "Los magistrados a cargo de las investigaciones sobre la corrupción aplican las leyes relativas a la detención preventiva de manera particularmente extensiva. Sin llegar a expresiones tales como "tortura" o "inquisición" --utilizadas por diversas personalidades-- no parece posible dudar de que la detención preventiva sistemática de varios sospechosos --muchos de ellos de notable notoriedad-- motivada oficialmente por la preocupación ante una posible "contaminación" de las pruebas, tiene en realidad como objetivo ejercer presión para obtener confesiones de culpabilidad, o la denuncia de cómplices".

Esto, que muchos jueces han admitido públicamente, subrayando la eficacia de este método es una práctica claramente represiva, y está en contradicción con lo dispuesto en el artículo 275 del nuevo Código Procesal Penal italiano, que indica que la prisión preventiva debe ser una medida coercitiva de carácter excepcional, y con textos internacionales vigentes sobre protección de los derechos humanos. En el mismo informe se señala que "los excesos observados en la aplicación del Código Procesal Penal durante las investigaciones sobre la corrupción resultan aún más preocupantes porque parecen escapar a cualquier tipo de control. De hecho la mayor parte de los recursos ante el Tribunal de la Libertad ha sido rechazada. La opinión pública italiana, que es muy favorable a la represión de los sobornos, ejerce una considerable presión sobre el poder judicial, a la que este último no es insensible, y logra que algunos jueces a cargo de las investigaciones escapen a cualquier crítica pública”.  

La misma delegación de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme señala también: "La tarea de ‘limpieza’ que algunos jueces se atribuyen y que proclaman públicamente plantea problemas en las relaciones entre el poder judicial, ejecutivo y legislativo; y no sólo porque muchos políticos son objeto de la mayoría de los procedimientos en curso, junto a empresarios y hombres de negocios, sino por la distorsión de estas relaciones, que pueden ir más allá del caso concreto y determinar una inclinación del orden democrático".

Siento tener que decir esto, pero las reiteradas declaraciones de los magistrados, a veces solemnes, a veces indignadas, queriendo sonar como una proclamación de independencia y de indiferencia hacia la política, hacia los efectos de la política, hacia los objetivos de la política, en muchos, demasiados casos no convencen en absoluto y no pueden convencer. Estoy pensando en las detenciones la víspera de la formación de gobiernos locales o inmediatamente después de su formación, en las redadas de órganos administrativos enteros, en las operaciones preelectorales, en los scoops con plazos políticos, en la disparidad en el tratamiento, que merecerían un estudio aparte, en la selección prudente, en la tenacidad con la que a veces se mueven en una dirección y otras veces no.

Este gran proceso político fue anunciado por los ideólogos, magistrados y no, de la ruptura traumática, que escribían en sus periódicos: "El sistema político es la cuna más acogedora y, al mismo tiempo, la defensa más formidable del crimen organizado, de la violencia mafiosa y camorrista de los lobbies ilegales”. Leemos hoy un periodismo que se mueve paralelo a algunos textos de literatura terrorista que arremetían contra el ‘régimen político-mafioso, DC-PSI’ y contra "el Amerikano Craxi que trata de acelerar el proceso de construcción del SIM (Estado Imperialista de las Multinacionales)", contra el "gánster Craxi que se propone como centro de gravedad del panorama político".

Contra un demonio de esta naturaleza, entonces, todo era posible, todo estaba justificado, todo valía.

Puede ocurrir a lo largo de la historia que sea inevitable y necesario utilizar la violencia cuando se está en el poder; pero es necesario entonces llamar a las cosas por su nombre, reconocerlo como tal y no mistificarlo y proclamarlo en nombre de las leyes y el ordenamiento en vigor. En ese caso, sabremos sin posibilidad de equivocarnos que estamos frente a una nueva fuerza, a una nueva ley, a un nuevo poder. Una revolución: así ha sido definido por muchos lo que está ocurriendo ahora. Puede ser. Pero entonces hay que ser conscientes de que una revolución es siempre en sí misma una gran incógnita y una gran aventura, y también que una revolución sin una clase revolucionaria orgánica está destinada a destruir y preparar un fracaso seguro. Ha habido violencia en el uso del poder judicial, en el uso de los cada vez más poderosos medios de comunicación; ha habido un exceso de violencia en la controversia política, en la crítica, en el lenguaje, en la conducta. Y la violencia no hace más que generar violencia, en los juicios, sentimientos, pasiones, en el ánimo. ¿En qué democracia del mundo, durante este siglo, las investigaciones legales, y el ambiente crispado que se ha creado alrededor de ellas, ha causado tantos suicidios, intentos de suicidio y muertes súbitas? ¿En qué país civilizado y del mundo libre se han celebrado en la plaza pública tantos procesos sumarios, se ha asistido a tantos linchamientos públicos y se han consagrado tantas sentencias de condena antes incluso de que se se celebrara el juicio? Todo esto no puede no hacernos reflexionar. Tendría que hacernos reflexionar y espero que nos haga reflexionar.

Hay un problema democrático de renovación y recambio de la clase política. Es un problema que debe resolverse democráticamente, de la forma más transparente y directa, sin provocar la asfixia del pluralismo político y sin recurrir a la barbarie de la justicia política

Por lo demás, no creo que la moralización de la vida pública pueda sobrevenir con la denuncia y con la superación de la financiación ilegal de los partidos y de las actividades políticas y con la condena de todas las conductas corruptas que ha provocado. No creo que consista sólo en eso la corrupción de la vida pública. No creo que proceder de manera violenta, con el endurecimiento inevitable de traumas y conflictos que brotarán, pueda abrir un periodo ordenado y fecundo en la vida democrática. No creo que por esta vía el país se encamine hacia un periodo de recuperación económica, de reequilibrio social, de renovación de la clase política e institucional, de consolidación de la unidad nacional y a la vez de reconquista de un prestigio internacional tanto más necesario cuanto más fuerte se vuelve la competencia para conquistar áreas de influencia en el mundo.

Hay un problema democrático de renovación y recambio de la clase política, un problema de alternancia de fuerzas en las responsabilidades del gobierno. Es un problema que debe resolverse democráticamente, de la forma más transparente y directa, sin provocar la asfixia del pluralismo político y sin recurrir a la barbarie de la justicia política. Una política empapada de demagogia y de hipocresía no llegaría muy lejos. Tampoco llegarían muy lejos los que todavía hoy continúan sin utilizar el lenguaje de la verdad, por no hablar de los que se presentan ante el país con el aire olvidadizo y el aspecto del que no sabe siquiera lo que debería inevitablemente saber, de los que vivieron hasta ayer presas de distracciones superficiales, de quienes denuncian nomenclaturas ignorando que la suya propia mantiene toda su esencia y olvidando su función, su responsabilidad, incluso de quienes juzgan desde lo más alto de sus amistades mafiosas.

El 2 de noviembre del año pasado murió repentinamente Vincenzo Balzamo, miembro del Parlamento, secretario administrativo nacional del PSI. Después de semanas de angustia y tensión, un infarto truncó su vida. Sólo unos días antes había sido imputado por graves delitos. Desde su muerte he sido considerado por los investigadores una especie de heredero universal de todas las conductas achacables al Onorevole Balzamo y he sido golpeado por un aluvión de imputaciones por complicidad en hechos reales o supuestos atribuidos a los responsables de la administración del PSI.

Desafortunadamente, la desaparición prematura de Balzamo, que deja un vacío doloroso, nos ha privado de un testigo esencial y decisivo para muchos asuntos que son objeto de investigación. Hasta su muerte, los investigadores atribuían a Balzamo la complicidad con los delitos imputados. A su muerte cubren conmigo el lugar que ha quedado vacío. En ausencia de cualquier evidencia que pueda ligarme a los actos considerados delictivos, la traslación de conductas de otros a mi propia responsabilidad, en razón del cargo que ocupaba y de la ventaja económica que el partido obtuvo, es un hecho del todo arbitrario e inadmisible en el derecho procesal penal. A menos que, dado el carácter extraordinario de mi caso, no se haya cancelado, y sólo en mi caso, el principio jurídico de la responsabilidad personal consagrado en la Constitución. La verdad es que desde el principio se ha lanzado contra mí una acción inspirada en un evidente intento de persecución que numerosos hechos que surgen de la simple lectura de los autos prueban y confirman de forma clara e inequívoca.

El objetivo "Craxi" era un objetivo político básico, y para intentar cobrarse la pieza se ha actuado con la mayor determinación y a veces con una absoluta falta de escrúpulos, violando reiteradamente el derecho y las prerrogativas de inmunidad e inviolabilidad de los parlamentarios. La junta que decide los aforamientos ha dicho recientemente en la Cámara que lo que debe determinar la concesión del aforamiento es "la existencia de una mera sombra de voluntad de persecución". La existencia de "fumus persecutionis", un principio de derecho que no puede ser ignorado y borrado, se confirma cada vez que el magistrado abre una investigación preliminar contra un diputado, antes de comunicar la imputación y antes de que se conceda la autorización para  procesarle.

Y bien, en el "caso Craxi", los magistrados encargados de la investigación, sin comunicar la imputación y sin la autorización para proceder, han pedido con insistencia, con encarnizamiento creciente y también, varias veces, con una actitud coercitiva, elementos de prueba para sostener unas acusaciones preconcebidas en un teorema elaborado previamente y bien diseñado. Todo esto ocurrió sistemáticamente a partir de los primeros pasos de la investigación. El resultado es, pues, un cúmulo ingente de pesquisas que se han llevado a cabo contra mí, de manera ilegítima, a través de interrogatorios, registros, comprobaciones patrimoniales, declaraciones de testigos e incautación de documentos. Se han llevado a cabo controles transversales para violar la prohibición de investigar, a falta de la autorización del Parlamento, con el fin de construir una hipótesis acusatoria irremediablemente viciada porque se construyó de forma artificial, con datos amañados y seleccionados para sustentarla.

Entrando un momento en los detalles, recuerdo que se ha llegado incluso a embargar la cuenta de mi despacho en Milán, administrado por mi secretaria, que todavía hoy sigue en la cárcel. Los periódicos dieron enseguida gran espacio a la noticia, y los titulares gritaban: "Ocho mil millones hallados en la cuenta de la secretaria de Craxi". En realidad esa cuenta estaba prácticamente en rojo en ese momento y los ocho mil millones se referían al conjunto de movimientos realizados en la cuenta durante los años precedentes. [...]

Sin embargo, no soy el único que ha advertido la presencia de una "mano invisible", irresponsable, ilegal, que, como suele ocurrir en situaciones confusas y traumáticas, se ha movido y se mueve con el objetivo de enturbiar las aguas y hacer más cómoda la organización y desarrollo de maniobras de distinta índole. Es un hecho que en estos últimos meses una "mano invisible" ha simulado robos en mi oficina y ha conseguido hacer redadas en mi despacho, el de mi mujer y mi hijo, en los locales de mi secretaria, y, en la misma noche, en la casa donde vive mi hija en Milán y en su oficina de Roma.[... ]

No soy el único que ha advertido la presencia de una "mano invisible", irresponsable, ilegal, que, como suele ocurrir en situaciones confusas y traumáticas, se ha movido y se mueve con el objetivo de enturbiar las aguas y hacer más cómoda la organización y desarrollo de maniobras de distinta índole

Contra mí se han desencadenado campañas violentas y denigrantes, de tal brutalidad y tal naturaleza que no tienen precedentes en toda la historia de la nación. He ostentado la máxima responsabilidad del Partido Socialista durante dieciséis años, guiándolo en diez campañas electorales, y también durante mucho tiempo he participado y mantenido la responsabilidad del Gobierno. De las actividades de la estructura nacional del partido, incluidas las administrativas, he asumido toda la responsabilidad política y moral frente al Parlamento y al país, como era mi deber, pero he rechazado y vuelvo a rechazar las acusaciones que considero absolutamente infundadas, instrumentales y la campaña de agresión personal y política que todo el mundo ha podido ver y evaluar. [...]

Ante todas las actividades que se describen y que suscitan graves imputaciones, el secretario político del Partido Socialista no ha participado de ninguna manera, ni de forma directa o indirecta. Ni he intervenido en ninguno de los casos citados para favorecer contratos de obras, asignación de suministros, compra de inmuebles y todo lo demás. En un momento dado se enumeran en el sumario los nombres de 41 empresarios y ejecutivos de empresas privadas con los que habría participado en acciones de índole criminal. De estos 41 empresarios y directivos de empresas, a 38 no los he visto ni conocido; solo con uno de ellos he mantenido en el tiempo una relación de amistad [Berlusconi]. Luego se enumeran 44 empresas de diferentes sectores productivos a favor de las cuales yo habría intervenido en acciones de índole criminal. Nunca he intervenido, en ningún momento he actuado a favor de cualquiera de estas 44 empresas ni he mantenido relaciones con ninguna de ellas, de sus oficinas o instalaciones y por ese motivo tampoco con los funcionarios públicos citados pero, a menudo, no nombrados. Respecto a mi posición, el ministerio público no ha reconstruido los hechos, sino que se ha limitado a construir un teorema. [...] 

Antes de quitarse la vida de forma trágica, el diputado socialista Sergio Moroni declaró: “Sin duda estamos viviendo meses que marcarán un cambio radical en la forma de ser de nuestro país, de su democracia, de las instituciones que son su expresión. En el centro está la crisis de los partidos (de todos los partidos) que tienen que modificar la sustancia y la naturaleza de su función”. “Sin embargo, no es justo que esta 'suceda a través de un proceso sumario y violento, en el cual la rueda de la fortuna asigna a algunos individuos el papel de víctimas sacrificiales. No me es ajena la convicción de que fuerzas oscuras estén maquinando diseños que nada tienen que ver con la renovación y la limpieza”. “Durante muchos años la forma de vida de los partidos y sus sistemas de financiación han estado cubiertos por un gran velo de hipocresía, compartida por todos. Hay toda una cultura italiana para redactar reglas y leyes que todo el mundo sabe que no podrán respetarse, basada en un entendimiento tácito para consensuar después los protocolos y comportamientos que permitirán violar de forma solidaria esas mismas leyes”.

"Tampoco me parece justo”, continúa Moroni, “que un asunto tan importante y sensible se consuma a diario sobre la base de crónicas periodísticas y televisivas a las que se permite destruir la imagen y la dignidad personal de hombres simplemente transcribiendo declaraciones y afirmaciones de otros. Me doy cuenta de que existe el derecho a la información pero existen también los derechos de las personas y de sus familias". "A eso se suma la propensión al linchamiento de sujetos políticos, que buscando un fin mezquino olvidan haber sido en gran parte protagonistas de un sistema contra el que hoy se erigen en censores." "No creo que nuestro país vaya a construir el futuro que se merece cultivando un clima de "pogromos" contra la clase política, cuyos límites son conocidos, pero que ha hecho de Italia uno de los países más libres”.

Cuando Sergio Moroni se suicidó, un juez instructor sentenció con palabras viles: "También se puede morir de vergüenza". Después de leer en la Cámara su carta testamento, el presidente dirigió a todos una invitación a la reflexión. Yo creo que esta reflexión debe llevar directa y esencialmente al valor de la justicia, que debe ser rigurosa, pero también serena, equilibrada, objetiva y humana.

En mi caso, la Cámara puede otorgar o negar el permiso para procesarme después de haber examinado si con respecto a mí se ha violado una o más normas que protegen mis derechos como parlamentario y mis derechos como ciudadano. Espero que los diputados quieran hacerlo de la forma más franca y libre, con todo el sentido de la justicia de la que son capaces".

 

Este fue el último discurso de Bettino Craxi ( Milán, 1934), primer ministro italiano entre 1983 y 1987, ante el Parlamento italiano. Aquel día, la Cámara denegó a los jueces de Milán el permiso para procesar a Craxi por cuatro de los seis delitos que se le imputaban. Un año después, cuando había sido condenado en firme por corrupción y financiación ilegal, el político socialista huyó a Hammamed, Túnez, bajo la protección del dictador Ben Alí. Allí murió el 19 de enero de 2000. 

Traducción de Mónica Andrade.


 

 

Autor >

Bettino Craxi

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