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El tasazo universitario

El decreto de Wert ha disparado el precio de estudiar un grado y, sobre todo, el de cursar un máster. Además, ha generado una importante brecha económica entre comunidades: la misma carrera cuesta 5.000 euros más en Cataluña que en Galicia

Carlos Larroy Zaragoza , 23/04/2015

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El Gobierno central lleva meses vendiendo que la recuperación “ha llegado para quedarse” y que, gracias a las “reformas” aplicadas, ya puede derogar recortes y subidas de impuestos que ha ejecutado en esta legislatura. Cabe mencionar el IRPF. O las tasas judiciales. Pero en materia de Educación no parece que vaya a rectificar sino todo lo contrario. Así lo indica la reciente aprobación del decreto 3+2 que, de aplicarse tal y como están los precios ahora, dispararía aún más el coste de matricularse en la universidad (estudiar cinco años costaría unos 1.200 euros más que ahora).

Tres cursos han pasado ya desde que el ministro José Ignacio Wert aprobara su decreto de “medidas urgentes” para reducir el gasto educativo que, entre otras muchas medidas, recogía un aumento de las tasas universitarias, es decir, de lo que tienen que pagar los estudiantes por cursar una titulación. En este tiempo, sacarse una carrera en España a la primera se ha elevado una media de 800 euros, según los propios datos del Ministerio, lo que supone un incremento del 21%. De esta forma, el precio medio de estudiar un grado de cuatro años ha pasado de los 3.648 euros de 2011 a los 4.440 actuales. Y mención especial merecen los másteres no habilitantes, que se han encarecido nada más y nada menos que un 46%.

Estudiar una carrera en las universidades públicas españolas siempre ha estado subvencionado, aunque en mucha menor medida que en otros países europeos (en Dinamarca, por ejemplo, tanto los grados como los másteres son gratuitos). Antes de la aprobación de este decreto, los españoles cubrían alrededor del 15% del coste real de la enseñanza con el pago de sus matrículas. Pero Wert, con el objetivo de reducir el gasto, decidió que ese 15% era lo mínimo que debía abonar un estudiante y permitió que los gobiernos autonómicos elevaran ese importe hasta un máximo del 25% del coste. En términos económicos, esto ha supuesto para las administraciones autonómicas un importante ahorro, ya que transfieren menos dinero a los campus al haberse reducido la subvención de las titulaciones.

Tras la aprobación de este decreto, en 2012, cada gobierno autonómico empezó a retratarse, al menos en materia de política universitaria. Algunos decidieron congelar las tarifas -en realidad, solo uno, la Xunta de Galicia-, otros optaron por subirlas de acuerdo con la inflación -como se había hecho hasta entonces- y otro grupo aprovechó la ocasión para disparar sus precios. Madrid y Cataluña se han llevado la palma en este sentido. Ambas comunidades tenían ya unas de las matrículas más caras de España, pero aun con todo optaron por subirlas más y el encarecimiento en estos tres años supera el 65%. De hecho, CiU ha hecho que sacarse una carrera en su territorio cueste de media 8.044 euros (3.218 euros más que en 2011).

 

La subida que ha aplicado el PP madrileño ha sido similar: sus estudiantes pagan ahora 7.276 euros por los cuatro años, casi 3.000 euros más. De hecho, este tema acaba de entrar en la campaña de las autonómicas de mayo, después de que el ex ministro de Educación Ángel Gabilondo,ahora cabeza de lista del PSOE al Ejecutivo de Madrid, haya prometido que, si gobierna, bajará los precios hasta el nivel previo al 'tasazo' de Wert.

Lo cierto es que, ya sea por ideología o porque el PP gobierna actualmente en 13 de las 17 comunidades autónomas, ha sido este partido el que mejor ha aprovechado la ocasión que les brindó el ministro. De hecho, Castilla y León y la Comunidad Valenciana siguen a Madrid y Cataluña en el ranking de las comunidades más caras y que más han subido las tasas estos años. Por el contrario, en los dos únicos feudos que el PSOE ha conseguido mantener, Andalucía y Asturias, las tarifas han aumentado un 3,4% y un 4,5%.

No obstante, también ha habido gobiernos autonómicos del PP que no se han aprovechado del decreto. Ya se ha mencionado Galicia, que ha congelado sus tarifas y tiene los campus públicos más baratos del país. Pero también cabe destacar a los Ejecutivos de La Rioja, Extremadura y Cantabria, con incrementos inferiores al 8%.

En cualquier caso, dos conclusiones quedan claras tres años después del tasazo. La primera es la enorme brecha que se ha creado entre comunidades. No hay más que pensar que las más caras (las catalanas) cobran 5.000 euros más que las universidades públicas gallegas por sacarse la misma carrera. Y la segunda, que el aumento de estos precios, unido a la reducción de las becas del Ministerio, ha minado la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Así lo recuerdan las propias asociaciones estudiantiles cada vez que convocan una huelga (de hecho, aunque se estén manifestando por otro tema, por ejemplo contra el 3+2, en sus pancartas continúan pidiendo que se derogue este decreto).

Más castigo para el repetidor

Los precios que se han expuesto hasta ahora presuponen que el estudiante va a aprobar todas sus asignaturas a la primera. Porque Wert decidió castigar con tasas mucho más altas al que suspendiera materias. Si la primera matrícula debe cubrir entre el 15% y el 25% del coste real, la segunda debe estar entre 30% y el 40% del coste, la tercera en el 65%-75%, y la cuarta, en el 90%-100%.

“De este decreto, quizá ésta sea la medida que tiene más sentido -apunta Miguel Ángel Ruiz, quien fuera vicerrector de Gestión Académica de la Universidad de Zaragoza durante la implantación de Bolonia-, ya que es verdad que en algunas titulaciones, como Medicina, los repetidores hacen un poco de tapón y dificultan que entren nuevos alumnos. En todo caso, no estoy de acuerdo con que se castigue tanto en la segunda matrícula, sino más bien en la tercera y en la cuarta”. En este sentido, Ruiz recuerda que los repetidores, en el caso de que sean beneficiarios de una beca del Ministerio, ya sufren un castigo por haber suspendido asignaturas: no poder volver a recibirla el siguiente curso.

El 3+2 y los másteres

Los másteres, que empezaron a aparecer en 2005 en las universidades públicas españolas por la inminente llegada del plan Bolonia, se han encarecido aún más que los grados. El Gobierno socialista estableció al principio que costaran como máximo 1.680 euros (28 euros por crédito) y que ese precio se fuera actualizando conforme al IPC. Sin embargo, Wert decidió que, en primera matrícula, el estudiante debía aportar ya de entrada entre el 40% y el 50% de su coste real (frente al 15%-25% de los grados). Y eso ha supuesto que su precio se haya disparado nada menos que un 46% en solo tres años. De media, ahora valen 2.358 euros, frente a los 1.614 de 2011.

Madrid y Cataluña vuelven a ser las comunidades con los posgrados más caros. Y, de nuevo, con diferencia. Casi 4.000 euros cuesta matricularse en un máster en estos campus, después de que sus precios se hayan más que duplicado en tres años. “Los másteres en algunas universidades públicas españolas están casi ya al precio de los campus privados”, lamenta Fernando Zulaica, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. 

 

No obstante, hay que matizar que el Ministerio de Educación hizo una excepción con algunos posgrados, en concreto, con los que ha denominado 'habilitantes'. Son muy pocos, pero se los intenta proteger porque es obligatorio cursarlos si el estudiante quiere ejercer su profesión. Entre ellos están el antiguo CAP -ahora máster de profesorado en ESO y Bachillerato- o el de Abogacía (un graduado en Derecho no puede ser abogado sin cursar este posgrado). En estos casos, lo que tienen que pagar sus estudiantes se encuentra en la misma horquilla que un año de carrera normal: entre el 15% y el 25% de su coste (frente al 40%-50% de los másteres no habilitantes). No obstante, Zulaica considera que “todos los másteres, o si no la mayoría” deberían considerarse habilitantes, en tanto que abren más puertas para poder ejercer una profesión. “Por eso, nosotros estamos defendiendo que todos, sean habilitantes o no, deberían costar lo mismo”.

En cualquier caso, el fuerte encarecimiento de los másteres está más en la picota que nunca después de que Wert haya aprobado el decreto 3+2. Este va a cambiar el actual modelo universitario de cuatro años de carrera y uno de máster (4+1), por el de tres años de grado y dos de posgrado, lo que supondrá un nuevo encarecimiento (un año de máster cuesta de media el doble que uno de grado). Es verdad -como defiende Wert- que, para ejercer la mayoría de las profesiones, no será necesario sacarse un máster. Pero el vicerrector Zulaica señala que la creación de grados de tres años hará “indispensable” cursar un posgrado para encontrar salidas laborales. “Si ya ahora, con carreras de cuatro años, los estudiantes se sacan un máster para especializarse y mejorar su currículum, cuando los grados tengan tres años será todavía más necesario, ya que en ese tiempo solo se puede dar un barniz”.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), donde también están las privadas, ha acordado posponer la aplicación de este decreto al menos hasta el curso 2017-2018. Su presidente, Manuel López, ya explicó que no se oponían al sistema 3+2 (que, de hecho, está vigente en otros países europeos). Pero añadió que ven necesario aplicar una moratoria para analizar qué carreras conviene reducir a tres años y, además, analizar qué repercusiones económicas podría suponer para los alumnos. Porque si un curso de grado cuesta ahora de media 1.110 euros, un año de máster se dispara hasta los 2.358. La diferencia no es baladí: con el 3+2 se pagarían 1.258 euros más que con el 4+1. Y de ahí que hasta la propia Consejería de Educación de Castilla y León (PP) haya planteado reducir el precio del primer año de máster para que el nuevo modelo no afecte al coste global de estudiar en la universidad.

El Gobierno central lleva meses vendiendo que la recuperación “ha llegado para quedarse” y que, gracias a las “reformas” aplicadas, ya puede derogar recortes y subidas de impuestos que ha ejecutado en esta legislatura. Cabe mencionar el IRPF. O las tasas judiciales. Pero en materia de Educación no...

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Carlos Larroy

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