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El criminal nazi al que España no quiso juzgar

Ramón J. Campo 12/02/2015

Liberación de los presos de Mauthausen por la 11ª División Acorazada de los EEUU.
Liberación de los presos de Mauthausen por la 11ª División Acorazada de los EEUU. Donald R. Ornitz. US Army

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España no ha querido juzgar a un criminal nazi y se convierte en el primer país de la Unión Europea que toma esa decisión a pesar de haber tenido 9.000 españoles en los campos de concentración durante la II Guerra Mundial.

Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf, John Demjanjuk y Theodor Szehinskyl son cinco criminales nazis, supuestos miembros de la organización SS Totenkopf-Sturmbann (Batallón de la Calavera) del Tercer Reich, que fueron procesados por el Juzgado Central de Instrucción número 2 por la causa de genocidio interpuesta por el grupo Nizkor. Éste representaba a varios supervivientes y familiares de víctimas españolas del régimen nacionalsocialista en una querella presentada en 2008.

Estos ciudadanos españoles, muchos de ellos apátridas porque se vieron obligados a vivir en Francia al no poder regresar a su país, llegaron por primera vez a un juzgado casi setenta años después de la liberación del campo de Mauthausen, que se cumplirá el próximo 6 de mayo. París los reconoció como víctimas. Pero, ni la dictadura de Franco, que permitió o promovió su entrada en los campos de la muerte porque eran republicanos exiliados detenidos en la Línea Maginot, ni los gobiernos españoles de la democracia les han pedido perdón ni reconocido por aquellos cuatro años infernales (1941-1945), los peores de sus vidas.

Solo en los campos de Mauthausen y Gusen, en Austria, murieron 4.761 españoles. Todavía hoy la bandera constitucional de España no ondea en la galería de los emblemas de los países que tuvieron presos en esos recintos. Es como si a los sucesivos gobiernos españoles les diera vergüenza reconocer a estas víctimas.

Goyo Dionis, abogado de grupo Nizkor, cree que la reforma de la justicia universal, aprobada en 2014, no se debió exclusivamente a la presión que sufrió el Ejecutivo español por el proceso abierto contra China o los vuelos de la CIA o el caso Couso.

"El único sumario abierto con un criminal procesado y dispuesto para ser juzgado era el caso Mauthausen", destaca este abogado, activista pro derechos humanos. Pero en los seis años que duró el proceso no dio tiempo a sentar al acusado en el banquillo de la Audiencia Nacional. "Llegamos tarde", asumió el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza.

El periplo de los cinco criminales nazis es similar. El Centro Simon Wiesenthal los buscaba y pretendía que fueran juzgados en Europa. En 2013 los alemanes pusieron en marcha la campaña "Tarde, pero no demasiado tarde",  con recompensas de 25.000 euros para quien proporcione información relevante para capturar a alguno de ellos. Todavía puede dar sus frutos pero, en el caso de que así sea, ninguno de estos criminales podrá ser juzgado en España.

De los cinco inculpados, el más conocido fue John Demjanjuk, procesado tanto por la Fiscalía de Múnich como por la de la Audiencia Nacional. Se escapó a Estados Unidos en 1952. Era conocido como Iván el Terrible y fue juzgado en Alemania por matar a 27.900 judíos en el campo de Sobibor, en Polonia. Murió poco después, a los 91 años, tras ser condenado el 12 de mayo de 2011 a una pena que nunca cumplió. Estaba en libertad debido a su avanzada edad y vivía en una residencia de ancianos en Rosenheim, en el sur de Alemania.  

El juez Ismael Moreno había emitido una orden europea de detención en 2011 contra Iván el Terrible como cómplice de delitos de genocidio y lesa humanidad, pero nunca se ejecutó. Moreno pidió a Alemania su entrega por su responsabilidad en el campo de Flossenburg (Alemania) entre 1942 y 1945, en el que fueron confinados 155 españoles, de los cuales 60 perdieron la vida. El equipo jurídico del grupo Nizkor asistió al juicio de Múnich para preparar lo que podía ser el de España y la Fiscalía de la Audiencia Nacional barajó trasladarse a la capital de Baviera para interrogarlo durante el juicio celebrado en Alemania, pero todo quedó en buenas intenciones.

El croata Antton Tittjung y el rumano Johan Leprich, guardias del campo de concentración de Mauthausen, ni siquiera tuvieron que cruzar de vuelta el Océano Atlántico porque su abogado, Joseph T. McGinness, logró dilatar el proceso de extradición reclamada por la Audiencia Nacional. En 2010, alegó que sufrían demencia senil. Argumentó que no habrían resistido el viaje y sufrirían indefensión. Leprich vive en Detroit, con una grave enfermedad física, y Tittjung, en un pueblo de Wisconsin, afectado por párkinson y alzhéimer.  

El serbio Josias Kumpf, otro criminal nazi que residía en Austria, murió en 2009 apenas un mes después de que la Audiencia Nacional dictase una orden internacional de detención. Había sido guardián de campos de concentración. En 1956 huyó a Estados Unidos, donde fue descubierto en 2001. Le fue retirada la nacionalidad estadounidense y se refugió en Austria. Había participado en la masacre de 8.000 judíos en el campo de Sachsenhausen y falleció en un hospital de Viena.

Theodor Szehinskyl, de 89 años, era la última oportunidad del listado de criminales nazis dispuesto para ser entregado por las autoridades estadounidenses a España. También se escondió en Estados Unidos en 1950 acogiéndose a las disposiciones de la Displaced Persons Act (DPA) y, ocho años más tarde, el 13 de marzo de 1958, la Corte del Condado de Delaware, accediendo a su petición, le concedió la nacionalidad norteamericana.

La posterior aparición de documentos y testimonios sobre su pasado derivó en una acción legal del Estado contra él para revocar la nacionalidad. La Corte de Filadelfia lo juzgó y en 2003 dictó una orden de deportación. Estaba bajo tutela de la Policía de Inmigración de Estados Unidos en el limbo judicial en espera de que España reclamara su entrega. El Juzgado Central de Instrucción número 2 fue informado por la fiscalía antinazi de Estados Unidos en marzo de 2013 de que no hacía falta una orden de extradición sino que bastaba con aplicar el título de viaje para deportarlo y sentarlo en el banquillo. En unos días se podría abrir el primer juicio de un criminal nazi en España.

Esta vez no hizo falta ningún abogado para dilatar la entrega con un informe médico, solo la acción de la justicia española que retrasó el proceso, empujada por la decisión del Gobierno. Tres días antes del auto de procesamiento contra el último criminal nazi de la Audiencia Nacional, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que impidió el uso del título de viaje o salvoconducto para evitar que fuera entregado inmediatamente por las autoridades norteamericanas, que informaron al Ministerio de Asuntos Exteriores de este veloz proceso.

Los testimonios de los presos de Mauthausen se convirtieron en papel mojado. Dos de ellos, Jesús Tello y Ramiro Santiesteban, no consiguieron testificar contra sus captores. Tello perdió a su padre en Gusen y él mismo fue un Pochaca, el mote que recibían los presos más jóvenes que salían del campo para trabajar en una cantera en el pueblo austriaco. En ese camino se jugaron la vida al sacar las célebres fotografías del campo, tomadas por el fotógrafo catalán Francisco Boix, y entregárselas a una mujer austriaca que las escondió. Estas imágenes fueron pruebas fundamentales para celebrar los juicios de Nuremberg y condenar a los criminales nazis en 1946. Son algunas de las paradojas que han vivido estos apátridas a lo largo de sus vidas, tras salir de Mauthausen.

La Audiencia Nacional recibió un informe de 60 folios de las autoridades policiales de Estados Unidos sobre el estado médico de Theodor Szehinskylj: no revestía gravedad y podía ser entregado. El criminal nazi estuvo un año a disposición de España para ser juzgado, pero en febrero de 2014 el Congreso de los Diputados aprobó la proposición de ley del PP que iba a limitar la jurisdicción de España fuera de las fronteras. “Fue un triste final para el sumario y un escarnio para las víctimas españolas que han perdido la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional”, señalaba hace unos días el abogado Goyo Dionis en una entrevista en Heraldo de Aragón. "España ha perdido su compromiso internacional", dijo. Y, mientras tanto, Theodor sigue en el limbo, pero libre.

El último capítulo de esta mala película tuvo lugar el pasado 15 de enero cuando el pleno de la Audiencia Nacional archivó la causa de Mauthausen. De los 17 magistrados y el presidente Fernando Grande-Marlaska, cinco emitieron votos particulares, pero la suerte ya estaba echada. Los presos de Mauthausen celebrarán el próximo 6 de mayo el 70 aniversario de la liberación del campo, pero en el olvido. Su país los abandonó durante toda su vida. Y España habrá ganado el premio de ser uno de los pocos países europeos que nunca ha juzgado a un criminal nazi del holocausto.

Ramón J. Campo (@RamJCampo) es autor del documental Juego de Espías y de los libros Canfranc. El oro y los nazis (Mira Editores, 2012), La estación espía (Península, 2006), Yak-42, honor y verdad (Península, 2004) y El oro de Canfranc (Biblioteca aragonesa de cultura, 2002)

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